www.semana.com - Fecha: 09/30/2006 - Edición: 1274
Rafael Guarín analiza los proyectos de decreto reglamentarios de la Ley de Justicia y Paz y su posible impacto en la extradición.
Por Rafael Guarín
En Colombia la negociación con los paramilitares está en vilo. Las expectativas giran alrededor de dos nuevos decretos que reglamentarán las leyes que sirven de marco al proceso de paz. El tema genera polémica ante dos riesgos: en primer lugar la posibilidad de que se elimine en la práctica la extradición y en segundo término que se trate de una maniobra que reviva disposiciones declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.
La semana pasada el Alto Comisionado para la Paz admitió que “lo más adecuado es eliminar esas partes del proyecto que crean confusión o ambigüedad”. Por su parte, los partidos de oposición y organizaciones de defensa de derechos humanos insisten en que se busca esquivar el cumplimiento de la sentencia de la Corte. En medio del debate los grupos paramilitares guardan estratégico silencio.
Para dar transparencia a la adopción de los textos se decidió presentarlos a la discusión pública en un esfuerzo por contrarrestar los efectos negativos que en la opinión ciudadana causan reconocidos narcotraficantes camuflados como paramilitares. A pesar de eso, algunas de las normas contempladas en los borradores siembran la desconfianza sobre sus verdaderas intenciones.
El contenido de los decretos es la puntada clave del proceso. El gobierno procura conciliar las obligaciones internacionales, la jurisprudencia constitucional y los compromisos adquiridos con los líderes de las AUC. No es una tarea fácil. La reciente crisis con los paramilitares está ligada a los cambios introducidos a la Ley de Justicia y Paz por el fallo de la Corte y a la incertidumbre frente a la extradición.
Sería contraproducente que con su expedición se quiera tranquilizar a los desmovilizados y brindarles las garantías que reclaman, sin importar que con ello se pueda causar responsabilidad internacional al Estado, abrir paso a la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o terminar eliminando la extradición.
Este último punto es decisivo en las relaciones con Estados Unidos y pieza crítica de los acuerdos. Para evadirla se pretende convertir en delito político el paramilitarismo, al cual posteriormente se podría vincular el narcotráfico con el argumento de ser ésta una conducta orientada a facilitar el cumplimiento de los objetivos de la organización sediciosa. De esa manera, uno de los borradores elimina subrepticiamente la extradición de los narcotraficantes que se esconden bajo la fachada de paramilitares, pues la Constitución prohíbe su aplicación respecto de los delitos políticos.
La consecuencia es gravísima. El mensaje a los carteles de la droga (si se sigue el proyecto de decreto) es que el camino para evadir la extradición consiste en crear un grupo armado ilegal, bajo un mando responsable, con capacidad de ejercer control en una porción del territorio nacional y realizar operaciones militares sostenidas. ¡Si se incluyen masacres mejor! En otras palabras, la aceptación del borrador de decreto estimulará la futura conformación de nuevos grupos armados, contribuirá a profundizar la violencia y alejará cada día más al país de la paz.
Pero un problema no menos delicado resultará del control constitucional de los decretos. Es factible que en algunos meses estemos ante un choque institucional de consecuencias impredecibles. El competente para el examen de constitucionalidad de tales disposiciones es el Consejo de Estado. No quiero imaginar que ocurrirá si esa corporación declara constitucional normas que contradicen el dictamen dado por la Corte al estudiar la Ley de Justicia y Paz.
No es absurdo. No sería la primera vez que ambos tribunales se encuentren en contravía. Varias veces se han enfrentado por la revisión de sentencias hecha por la Corte para proteger derechos fundamentales. Esperemos que esa eventual contradicción nunca suceda y que cuando llegue el momento del juicioso análisis que harán los miembros del Consejo de Estado su decisión armonice con el fallo precedente de la Corte Constitucional. No sea que a la postre se “constitucionalice lo inconstitucional”.
Lo que debe hacer el presidente Uribe es no incluir en los decretos temas que hayan sido objeto de examen negativo por parte de la Corte y mantener incólume la extradición. ¡Eso sí favorecería la transparencia! Tal actitud dejaría sin argumentos a quienes ven maniobras peligrosas y utilización de recovecos jurídicos para cumplir a toda costa compromisos adquiridos en la mesa de negociación entre el gobierno y los paramilitares, de espaldas a los colombianos.
En Colombia la negociación con los paramilitares está en vilo. Las expectativas giran alrededor de dos nuevos decretos que reglamentarán las leyes que sirven de marco al proceso de paz. El tema genera polémica ante dos riesgos: en primer lugar la posibilidad de que se elimine en la práctica la extradición y en segundo término que se trate de una maniobra que reviva disposiciones declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.
La semana pasada el Alto Comisionado para la Paz admitió que “lo más adecuado es eliminar esas partes del proyecto que crean confusión o ambigüedad”. Por su parte, los partidos de oposición y organizaciones de defensa de derechos humanos insisten en que se busca esquivar el cumplimiento de la sentencia de la Corte. En medio del debate los grupos paramilitares guardan estratégico silencio.
Para dar transparencia a la adopción de los textos se decidió presentarlos a la discusión pública en un esfuerzo por contrarrestar los efectos negativos que en la opinión ciudadana causan reconocidos narcotraficantes camuflados como paramilitares. A pesar de eso, algunas de las normas contempladas en los borradores siembran la desconfianza sobre sus verdaderas intenciones.
El contenido de los decretos es la puntada clave del proceso. El gobierno procura conciliar las obligaciones internacionales, la jurisprudencia constitucional y los compromisos adquiridos con los líderes de las AUC. No es una tarea fácil. La reciente crisis con los paramilitares está ligada a los cambios introducidos a la Ley de Justicia y Paz por el fallo de la Corte y a la incertidumbre frente a la extradición.
Sería contraproducente que con su expedición se quiera tranquilizar a los desmovilizados y brindarles las garantías que reclaman, sin importar que con ello se pueda causar responsabilidad internacional al Estado, abrir paso a la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o terminar eliminando la extradición.
Este último punto es decisivo en las relaciones con Estados Unidos y pieza crítica de los acuerdos. Para evadirla se pretende convertir en delito político el paramilitarismo, al cual posteriormente se podría vincular el narcotráfico con el argumento de ser ésta una conducta orientada a facilitar el cumplimiento de los objetivos de la organización sediciosa. De esa manera, uno de los borradores elimina subrepticiamente la extradición de los narcotraficantes que se esconden bajo la fachada de paramilitares, pues la Constitución prohíbe su aplicación respecto de los delitos políticos.
La consecuencia es gravísima. El mensaje a los carteles de la droga (si se sigue el proyecto de decreto) es que el camino para evadir la extradición consiste en crear un grupo armado ilegal, bajo un mando responsable, con capacidad de ejercer control en una porción del territorio nacional y realizar operaciones militares sostenidas. ¡Si se incluyen masacres mejor! En otras palabras, la aceptación del borrador de decreto estimulará la futura conformación de nuevos grupos armados, contribuirá a profundizar la violencia y alejará cada día más al país de la paz.
Pero un problema no menos delicado resultará del control constitucional de los decretos. Es factible que en algunos meses estemos ante un choque institucional de consecuencias impredecibles. El competente para el examen de constitucionalidad de tales disposiciones es el Consejo de Estado. No quiero imaginar que ocurrirá si esa corporación declara constitucional normas que contradicen el dictamen dado por la Corte al estudiar la Ley de Justicia y Paz.
No es absurdo. No sería la primera vez que ambos tribunales se encuentren en contravía. Varias veces se han enfrentado por la revisión de sentencias hecha por la Corte para proteger derechos fundamentales. Esperemos que esa eventual contradicción nunca suceda y que cuando llegue el momento del juicioso análisis que harán los miembros del Consejo de Estado su decisión armonice con el fallo precedente de la Corte Constitucional. No sea que a la postre se “constitucionalice lo inconstitucional”.
Lo que debe hacer el presidente Uribe es no incluir en los decretos temas que hayan sido objeto de examen negativo por parte de la Corte y mantener incólume la extradición. ¡Eso sí favorecería la transparencia! Tal actitud dejaría sin argumentos a quienes ven maniobras peligrosas y utilización de recovecos jurídicos para cumplir a toda costa compromisos adquiridos en la mesa de negociación entre el gobierno y los paramilitares, de espaldas a los colombianos.
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