miércoles, 27 de mayo de 2009

LA ESTRATEGIA TERRORISTA DE ETA Y BATASUNA




El anuncio de ETA de fijar una «estrategia político-armada eficaz» ha avivado el debate sobre un hipotético cambio estratégico por parte del grupo terrorista. En los últimos meses medios políticos y periodísticos han insistido en la existencia de relevantes divergencias dentro del movimiento terrorista, sin que la realidad en torno a ETA y Batasuna confirme tan infundado argumento. Desde sectores políticos y mediáticos que defendieron la negociación con ETA emprendida por Zapatero pese a sus negativos costes, se ha alimentado la creencia de que una parte del entramado terrorista, representado por Ternera y Otegi, desea romper con la banda. En ese sentido, El País titulaba así una información publicada el pasado 2 de mayo: «La izquierda abertzale elabora por vez primera su estrategia al margen de ETA». En ella, se tildaba de «posibilistas» a personajes como Otegi, al que se presentaba como dispuesto a «actuar al margen de ETA» para «imponerle» a la banda el «cese de la violencia» mediante «una estrategia de hechos consumados».

En abierta contradicción, el mismo periodista que firmaba esta información había defendido antes la negociación con ETA señalando que aquel era «un proceso inédito en Euskadi, donde la falta de sincronía entre ETA y Batasuna condujo al fracaso de los anteriores intentos de paz» (El País 5/12/05). Añadía además: «En esta ocasión, se produce la particularidad de que no hay disensiones ni en Batasuna ni tampoco, y lo que es más importante, en ETA, donde existe un apoyo generalizado al proceso puesto en marcha por Batasuna». Sin embargo, la «sincronía» entre ETA y su brazo político en previos contactos había sido siempre total, circunstancia ésta que, al igual que ocurriría con el último proceso de negociación, garantizaría que la ruptura de la tregua en 2006 no fuera seguida de relevantes disensiones al cerrar filas el movimiento en torno a la decisión del liderazgo terrorista.

Esta misma unidad es la que refleja el último comunicado de ETA. La entrevista a los dos etarras en Gara revela una clara coincidencia conceptual con los planteamientos expresados por Otegi el pasado mes de marzo. En aquella ocasión Otegi hizo un llamamiento a «sumar fuerzas» a todos los sectores políticos y sociales independentistas vascos con el fin de impulsar una «frente independentista» y una «estrategia eficaz» que «ponga en marcha un proceso de cambio político» en el País Vasco. En esa comparecencia pública tras su salida de la cárcel, arropado por los responsables de LAB y otros destacados activistas etarras, Otegi anunciaba la búsqueda de una «estrategia independentista eficaz».

La coincidencia estratégica con ETA es todavía clara, apreciándose una estable coordinación entre el frente «político» y el «militar» de los terroristas. Lo que el movimiento integrado por ETA y Batasuna persigue ahora es la creación de un bloque de formaciones independentistas que progrese hacia la constitución de un «Estado vasco». En ese frente se prescindiría inicialmente del PNV con objeto de presionar a un partido que aún debe decidir si mantiene la radicalización emprendida en los últimos años en la búsqueda de un voto nacionalista que le garantice su hegemonía política en el País Vasco. El concepto de «Estado vasco», elaborado por ETA desde 2006, era reivindicado nuevamente en un comunicado de enero de 2009 al indicar los terroristas que «es el momento de unir fuerzas por este pueblo, sin excusas, para que los abertzales entremos en la fase de la independencia».

La declaración de Otegi en marzo reafirmaba esa misma línea. Abundaba así en lo reproducido al ser entrevistado por Gara en noviembre de 2008, cuando anunció un nuevo proyecto orientado a «vertebrar una alternativa política a la izquierda del PNV que lidere el cambio político desde posiciones independentistas» con el fin de «avanzar hacia la creación de un Estado vasco». La sumisión de Otegi a ETA sigue manifestándose en la ausencia de cualquier oposición significativa a su violencia, incluyendo la designación del nuevo gobierno vasco como «objetivo prioritario» de los terroristas. Previamente, Otegi había aceptado también que sus negociaciones para perfilar un «polo soberanista» de cara a las elecciones autonómicas de 2009 fracasaran debido al asesinato del empresario nacionalista Ignacio Uría.

Quienes describen a Otegi y Ternera como «posibilistas» parecen ignorantes a las dinámicas de la banda, como ya lo fueron cuando alimentaron en la anterior legislatura las expectativas sobre un falso deseo de Batasuna de imponer el final de la violencia. Por ello ignoraron el texto elaborado por Batasuna en 2005 en el que comunicaba a sus bases que la tregua no era más que un intervalo que sería interrumpido si la negociación no resultaba satisfactoria para los intereses de ETA. Hoy, igual que entonces, ETA y Batasuna continúan compartiendo una estrategia firme en su voluntad de mantener el terrorismo y que, además, se ha visto reforzada por la reciente negociación a pesar de la eficaz presión policial y judicial aplicada tras el final de la tregua. Los etarras entrevistados en Gara lo expresaban así: «El PSOE ha prometido a los poderes internacionales y del Estado que solucionará -policialmente este problema-. Y está intentado demostrar eso, vendiendo ya la piel del oso y con alguna borrachera represiva de por medio a raíz de ciertas detenciones. Pero llegarán las resacas, y otra vez el problema y su gravedad se situarán en el centro de la agenda política. Y antes de lo que creemos, les escucharemos hablar otra vez de diálogo, paz...».

Tras la ruptura de la negociación con el gobierno de Zapatero, en su documentación interna ETA se ha vanagloriado de haber obtenido un «gran logro» al demostrar la inutilidad de las instituciones democráticas, pues tanto el PSOE como el PNV aceptaron negociar con Batasuna en una mesa extraparlamentaria con el fin de eludir la ilegalización del partido pro etarra. Esa lógica llevaba a Otegi a declarar: «Yo no hablo de fracaso. Se puede afirmar que hemos avanzado, pero no hemos alcanzado un acuerdo resolutivo final. Y no lo hemos hecho porque todavía no existe ni la ambición ni la madurez suficiente por parte del Gobierno español para alcanzarlo. Pero no hay que desistir» (Gara 29/7/07). De nuevo se aprecia una identidad entre lo afirmado por Otegi y los etarras entrevistados en Gara, uno de los cuales declara: «No albergamos ninguna duda sobre para qué sirve lo avanzado en el proceso. En términos políticos, hemos llegado al nivel más elevado alcanzado nunca en un proceso. Ha evidenciado que este pueblo tiene ganados dos debates: el primero, que la resolución del conflicto llegará de un proceso de diálogo y negociación; y el segundo, que los vascos tienen todo el derecho a decidir su futuro y que hacerlo factible cerrará de una vez por todas la puerta del conflicto».

Frente a la evidencia que arroja el análisis de ETA y Batasuna, hay personas interesadas en suscitar confusión sobre las intenciones de Otegi y Ternera pese a la negativa de ambos a distanciarse de los postulados terroristas. Ello puede conducir a la repetición de errores pasados cuando desde el gobierno, e incluso desde algunas instancias judiciales, se buscó la rehabilitación de estos dirigentes terroristas, reforzándose a interlocutores absolutamente subordinados a los dictados de una ETA que rechaza abandonar el terrorismo.

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jueves, 21 de mayo de 2009

¿DERRUMBE MORAL?

Publicado el miércoles 21 de mayo de 2009 - SEMANA.COM

RAFAEL GUARÍN

En 2006 el presidente Álvaro Uribe exigió a las fuerzas militares y de policía “asepsia interna y eficacia externa”. Tres años después hay mayor eficacia, pero de la “asepsia” más bien poco. Los acontecimientos demuestran que las conductas anómalas lejos de desaparecer están entronizadas en segmentos del aparato estatal y amenazan con convertirse en el derrumbe moral de la política de seguridad.

En este asunto, colmado de minas “caza bobos”, es muy fácil plegarse a la crítica y asumir que son ciertas todas las denuncias, mientras en el otro extremo se atrincheran quienes quieren hacer creer que todo es un montaje de las guerrillas. La realidad es más compleja que la dibujada por unos y otros.

Hay que comenzar por aceptar que sí hay falsos positivos, vínculos de miembros de la fuerza pública con el narcotráfico e interceptación ilegal de comunicaciones; además, que constituyen el más duro golpe que ha recibido la legitimidad de la Política de Seguridad Democrática (PSD).

De la misma forma, se debe reconocer que es cierto que la guerra política, por razones tácticas y estratégicas, es en este momento el frente fariano y eleno más importante. Por física ignorancia, olvido o complicidad, se omite que la lucha revolucionaria presenta diversas formas. Se emplean armas que con menos riesgos, mayor economía y seguridad, garantizan superiores resultados; entre ellos la propaganda y la guerra jurídica.

Los falsos positivos son la mejor oportunidad para combinar ambos elementos. Son el motor de una campaña de propaganda que busca persuadir a los ciudadanos y a la comunidad internacional de que las bajas propinadas por el Ejército a las filas guerrilleras son una especie de masacre sistemática del Estado colombiano contra la población civil.

Un falaz argumento destinado a embaucar incautos. La técnica es muy sencilla: se trata de convertir en regla conductas criminales que son la excepción, agregando mentiras que las generalizan y amplifican. Por ejemplo, Anncol, una de las agencias de noticias de las Farc, reproduce un artículo publicado el pasado 22 de marzo en el periódico mexicano “La Jornada” en el que se afirma que las fuerzas armadas colombianas “han cometido cientos de asesinatos… de manera sistemática y generalizada”.

En todo caso, el hecho de que existan asesinatos perpetrados por corrompidos militares crea un ambiente que le otorga credibilidad a cualquier denuncia, sin importar su veracidad, contribuyendo a la propaganda y a la guerra jurídica que adelantan las organizaciones terroristas. La guerra jurídica no es un invento, es una táctica que busca destruir la voluntad de lucha de la fuerza pública y contener su acción.

En España, los etarras son instruidos para que al ser capturados digan a los jueces que han sido torturados y objeto de tratos inhumanos y degradantes. Los manuales de adiestramiento y seguridad de la banda terrorista vasca y los “Zutabe” (publicación interna) incautados por las fuerzas y cuerpos de seguridad enseñan esa treta. ¿Por qué en Colombia esas falsas denuncias no pueden ocurrir?

A pesar que es innegable, como lo afirma el general Fredy Padilla, que “el número de integrantes de las fuerzas militares incursos en delitos o que cometen errores es infinitamente pequeño, comparado con la gran cantidad de uniformados comprometidos con su deber”, las anomalías erosionan poco a poco la legitimidad de la fuerza pública y de la política de seguridad.

De no corregirse, tarde que temprano se reflejara en el apoyo popular y en la presión de la comunidad internacional, dos objetivos tácticos fundamentales en la estrategia fariana. No se debe volver al pasado donde los ciudadanos observaban con sospecha a un policía y con miedo a un soldado.

La política de Seguridad Democrática requiere de un urgente rearme moral que pasa por que dichos crímenes no queden en la impunidad. También necesita una efectiva respuesta a la propaganda y un apoyo decidido a los militares víctimas de tales montajes.

La reelección de la seguridad democrática en 2010 es un imperativo para acabar a los grupos armados ilegales. Pero no puede ser un cheque en blanco. La necesidad de mantener una política de firmeza contra el terrorismo no debe ser un aval a situaciones que violan el Estado de Derecho. Si se reelige deberá ser sin la posibilidad de que se repitan falsos positivos, chuzadas y criminales vestidos con traje de fatiga.

Pregunta: ¿Por qué será que la farcpolítica no tiene la atención de los medios de comunicación y de los columnistas?

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miércoles, 13 de mayo de 2009

LA CANDIDEZ DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

EL NUEVO HERALD - 13 de mayo de 2009


Hace unos días el Departamento de Estado publicó su informe ''Country Reports on Terrorism 2008''. Contiene un examen sobre las organizaciones terroristas y la actuación de los gobiernos en 142 estados. A pesar de las múltiples pruebas y de que el propio Comando Sur sabe de la confabulación del gobierno venezolano con las FARC y el ELN, no se incluyó a este país entre aquellos que patrocinan el terrorismo.

El asesinato de 8 soldados por parte de las FARC, en un ataque planificado y lanzado desde territorio venezolano, efectuado a finales de abril, colocó nuevamente el tema sobre la mesa. Aunque medios de comunicación y analistas se tragaron completo el anzuelo lanzado por Chávez y creyeron que su apoyo a las guerrillas ya estaba superado, no es así. A su manera, el propio teniente coronel lo reconoció. Hace un mes dijo que ''difícilmente alguien pueda decir que soy enemigo de las FARC. No soy su aliado ni su protector y tampoco su enemigo''. Ante la solicitud de ayuda de Uribe para que la Fuerza Armada Nacional venezolana persiguiera y capturara a los asesinos, evidenció que no lo hará porque eso involucraría a su país en el conflicto colombiano. Fue contundente, ''no valdrá presión de ningún tipo'' que lo obligue a combatirlas.

Pero en aras de expandir la ''revolución bolivariana'' y construir la ''patria grande'', Venezuela ya está involucrada en la situación colombiana. No se puede olvidar que el año pasado Chávez hizo explicito su apoyo a las guerrillas brindándoles cobertura política, propugnando por otorgarles estatus de beligerancia y ofreciéndoles financiación, que no se sabe si finalmente se concretó. Es conocido, además, el continuo flujo de munición y armamento, así como la complicidad frente a la instalación en Venezuela de campamentos guerrilleros, donde se mantienen secuestrados. En uno de ellos se esconde Iván Márquez, responsable del Bloque Caribe que asesinó a los soldados.

Sin embargo, en este tema el informe del Departamento de Estado lo trata con guantes de seda. Se equivoca gravemente en el diagnóstico al afirmar que es la simpatía ideológica de Chávez con las FARC y el ELN la razón que limita la ayuda a Colombia en la lucha contra el terrorismo, desconociendo que no se trata sólo de un problema de cooperación, sino de algo mucho más grave: complicidad con ambos grupos.

Las relaciones que mantiene con las FARC y el ELN no son humanitarias, tampoco improvisadas. Son una política del estado venezolano. La mejor prueba la proporciona el Departamento del Tesoro. En septiembre de 2008 incluyó en la llamada ''Lista Clinton'' a la mano derecha de Chávez, el ex ministro del interior Ramón Rodríguez Chacín, al igual que al director de Inteligencia Militar (DGIM) y al director de Servicios de Prevención e Inteligencia (DISIP). Los tres están implicados en actividades de narcotráfico relacionadas con las FARC. Según Adam J. Szubin, director de la la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, ''armaron, patrocinaron y financiaron a las FARC''. Nadie puede pensar que los tres altos funcionarios realizaran esa labor si no fuera porque estaban ejecutando una política y cumpliendo órdenes de Chávez.

Pero el informe trae un monumento a la candidez. Afirma que Chávez cambió de rumbo al pedir públicamente la liberación incondicional de los secuestrados y decir que la lucha armada estaba fuera de lugar en América Latina. ¡Qué ingenuidad! Ambas declaraciones eran maniobras en una coyuntura en que se comenzaba a sentir la presión internacional. Con habilidad generaron esa percepción, cuando en realidad eran una distracción para quedarse en la misma posición.

No existe tal cambio. Por el contrario, el gobierno de Chávez ratificó la decisión de convertir el territorio venezolano en un refugio y en un espacio para que las FARC se organicen, realicen adoctrinamiento, propaganda y contactos clandestinos con otros gobiernos y organizaciones, bajo la mampara de la Coordinadora Continental Bolivariana, su brazo internacional. En marzo pasado, para conmemorar el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda se inauguró en Caracas, con amplia publicidad, una ''Escuela de Formación'' de las FARC.

El gobierno de Obama debe estudiar con más seriedad el tema, no sea que la historia se repita. Rohan Gunaratna recuerda que aún después del primer atentado, en 1993, contra el World Trade Center, ''las autoridades norteamericanas cerraron los ojos ante la existencia de un entorno extremista dedicado a proporcionar personal y recursos para la yihad en distintas partes del mundo''. La atención la colocaron después de los carros bomba contra dos embajadas norteamericanas en el Cuerno de Africa. Ya era demasiado tarde.

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domingo, 10 de mayo de 2009

SINDICALISTAS ASESINADOS: UNA CONTABILIDAD RETORCIDA



Publicado en: Blog “Debate Nacional”

Por Libardo Botero*

Mayo 3 de 2009

Para el gobierno van 10 sindicalistas asesinados este año. Las centrales obreras, siguiendo su fuente dilecta, la Escuela Nacional Sindical (ENS), apuestan por 9, un poco menos como cosa rara. Yo pienso que pueden ser más. Hace poco un líder sindical me informaba del asesinato por delincuentes comunes, de un miembro de su organización; pero se niega a reportarlo pues no comparte el criterio de darle una connotación política que no tiene. Nos duele y repudiamos el asesinato de cualquier compatriota, ¿pero qué sentido tiene esta cruel contabilidad?

Somos el único país en el mundo que tiene una entidad dedicada a registrar esa cuenta fatídica, la ENS, y a edificar sobre ella un mito: que somos el país más peligroso del mundo para el sindicalismo. Hay una especie de morbo en rebuscar muertos a tutiplén para elevar la suma lo más alto posible y enrostrarla al gobierno, pese al evidente descenso de los casos. La Confederación Sindical Internacional reprodujo hace unas semanas la información de sus pares colombianos sobre 4 sindicalistas muertos, cuando ya se había aclarado que dos no eran sindicalistas y un tercero murió de infarto y no asesinado. A la CSI solo le interesa difundir la versión que le llega y parece regodearse con ello.

Para la lista cualquier tipo de muerto vale, con tal de presentar un “genocidio” contra el sindicalismo por obra y gracia del gobierno y los empresarios. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de los muertos no lo son por su calidad de sindicalistas, y los autores principales son guerrilleros, paramilitares o delincuentes comunes. Acaba de declarar el Fiscal Mario Iguarán: “En los dos últimos años se ha proferido más del 73 por ciento del total de las sentencias condenatorias que por asesinato de sindicalistas se han dictado en la historia judicial de este país. Y los culpables son las Auc, la guerrilla y la delincuencia común. Si bien se han asesinado sindicalistas en razón de su actividad, debe anotarse que en un buen número de casos son ultimados por causas ajenas a su calidad de sindicalistas. En otros casos, hemos concluido que la responsabilidad es atribuible a miembros de la Fuerza Pública, pero no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del empresariado colombiano”. Nada de eso se reconoce pues se quiere mostrar lo contrario a toda costa.

Tengo la sospecha de que nuestra situación no es diferente a la de otros países, o inclusive de menor cuantía, pero en ninguna otra parte tienen una entidad especializada en llevar esa estadística, ni grupos interesados en magnificarla y deformar el fenómeno. EEUU, por ejemplo, tiene un total de homicidios similar al de Colombia, entre 16 y 17 mil por año; y una tasa de afiliación sindical 3 veces superior a la nuestra, con unos 16 millones de miembros. Solo en los lugares de trabajo son asesinadas alrededor de 1.000 personas al año. La probabilidad de que un sindicalista sea asesinado –por diversas causas, ajenas a su afiliación- es significativa; es presumible que algunos centenares de sindicalistas mueran asesinados cada año. Y así puede ocurrir en México o Brasil, entre otros, con mayor sindicalización que nosotros, población más elevada y grados importantes de violencia. Pero no llevan esa contabilidad retorcida ni sufren la saña enfermiza que Colombia.

Según datos de la Fiscalía, en 2005 en Colombia fueron asesinados 1.294 comerciantes, 1.050 desempleados, 949 agricultores, 800 personas de oficios varios, 545 albañiles, 446 estudiantes, 428 guerrilleros, 381 vendedores ambulantes, 375 conductores, 236 soldados profesionales, entre otros grupos sociales. El mismo año la ENS reportó 72 sindicalistas asesinados y el gobierno 40. La tasa de homicidios del país es de 33 por cien mil habitantes, de 86 para policías y para los sindicalistas de apenas 5. Ser sindicalista es menos peligroso que ser comerciante, agricultor, albañil, estudiante o soldado. Pero para el mundo solo cuentan los asesinatos de sindicalistas. El resto de colombianos no tiene dolientes. Si aquella cifra baja a cero, así la degollina siga para el resto, bienvenidos serán el TLC, el Plan Colombia o el Acuerdo con la UE. ¿Podemos seguir permitiendo esa lógica perversa?

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

miércoles, 6 de mayo de 2009

UNA ALIANZA CLAVE EN TIEMPO TURBULENTOS

Publicado en Semana.com - Martes 5 de mayo de 2009

ROMÁN ORTIZ

Durante las pasadas semanas, se han multiplicado las críticas contra la “relación especial” entre Washington y Bogotá que ha constituido la apuesta central de la política exterior colombiana durante los pasados años. Una parte de los señalamientos han venido de las habituales posiciones de izquierda que sostienen el carácter dañino de una alianza con Estados Unidos a la vista de su naturaleza desquilibrada y su potencial para alejar a Colombia de sus supuestos “socios naturales” latinoamericanos.

Pero además, al tradicional coro antinorteamericano, se han añadido algunas voces desde la derecha que nada bueno esperan del nuevo inquilino demócrata de la Casa Blanca, menos dispuesto a apoyar las campañas antiterroristas de sus aliados y más inclinado a enfatizar los cuestionamientos sobre derechos humanos. En cualquier caso, venga de donde venga, la nueva oleada de nacionalismo “anti-gringo” olvida que el papel de Estados Unidos como socio estratégico de Colombia resulta irremplazable. En consecuencia, más que lanzar ataques demagógicos, parece urgente fortalecer una alianza cuyo valor estratégico resulta creciente para ambos países.

El Partido Demócrata y un sector de la administración Obama no lo están poniendo fácil a aquellos que defienden la necesidad de mantener la asociación estratégica entre Colombia y Estados Unidos.

Primero, fue la congelación del Tratado de Libre Comercio en el contexto de la carrera electoral por conquistar la Casa Blanca.

Luego, ha venido la modificación del Plan Colombia decidida más en función de las preferencias ideológicas de algunos congresistas estadounidenses que a partir de un análisis balanceado de donde pueden tener mayor impacto estratégico los menguantes dólares de asistencia económica y de seguridad. Entretanto, algunos líderes demócratas han dado muestras de un irritante doble rasero que les permite denunciar sin concesiones a Colombia por problemas de derechos humanos o ineficiencias en la justicia mientras no han tenido inconveniente en defender la necesidad de dialogar con tiranos como Bashar al Assad de Siria acusado de asesinar opositores dentro y fuera del país.

Las consecuencias de esta cadena de desencuentros han provocado un enrarecimiento del clima de confianza entre los dos gobiernos. Y sin embargo, ambos países se necesitan. Para Colombia, la relevancia de Estados Unidos resulta evidente tanto desde el punto de vista económico como de seguridad. Pero al mismo tiempo, la capacidad de Washington para proyectarse sobre el continente tiene bastante que ganar de una alianza estrecha con Bogotá.

De momento, las perspectivas de algunos académicos estadounidenses sobre la construcción de un orden hemisférico basado en una relación triangular entre Estados Unidos- México – Brasil están chocando con la realidad. Los efectos combinados de la guerra contra los carteles de la droga, la recesión económica y ahora la epidemia de gripa porcina prometen obligar al Estado mexicano a replegarse sobre si mismo. Entretanto, resulta difícil de concebir como las relaciones entre los estadounidenses y Brasil van a poder desprenderse de la ambigüedad entre cooperación y competencia que las han marcado tradicionalmente. Sin duda, existen un buen número de temas en los que Washington y Brasilia van a colaborar sin inconvenientes.

Pero también hay una lista de cuestiones relevantes – desde la crisis boliviana hasta la proliferación de armas nucleares – donde las diferencias se harán visibles tarde o temprano. En tales circunstancias, la influencia de la diplomacia estadounidense se beneficiaría notablemente de contar con socio en la región como Colombia. Dicho en otras palabras, existe el espacio geopolítico para que las relaciones Estados Unidos-Colombia se desarrollen en la dirección que tomaron en su momento los vínculos de Washington con Turquía o Tailandia.

Sin perder de vista el potencial de la relación bilateral, resulta imprescindible ser conscientes del momento por el que atraviesa la política estadounidense. Con apenas cien días de vida, la administración Obama todavía esta definiendo su estrategia exterior. Bajo tales circunstancias, las batallas entre los sectores pragmáticos del ejecutivo y aquellos afiliados a las posiciones más ideológicas del Partido Demócrata provocarán ambigüedades en el comportamiento de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la profundidad de la crisis económica reducirá la capacidad de Estados Unidos para respaldar a sus aliados. En este contexto, se deben entender las señales emitidas por Washington sobre la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio sea ratificado.

Para que estas perspectivas puedan materializarse, será necesario resolver dos cuestiones. Primero, la administración Obama tendrá que alcanzar un consenso sobre las condiciones bajo las que otorgará su respaldo al Tratado. Segundo, se tendrán que superar las barreras que los sectores opuestos a la liberalización del comercio entre Colombia y Estados Unidos tratarán de poner en el Congreso. Ambas tareas demandarán tiempo y esfuerzo.

Entretanto, la relación bilateral puede encontrar otros intereses comunes sobre los que crecer. A finales del presente año, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expulsará de la base ecuatoriana de Manta a un pequeño número de aviones de vigilancia electrónica norteamericanos comprometidos en el combate al narcotráfico. La decisión de Quito dañará los esfuerzos destinados a frenar el flujo de drogas en el Pacífico. Bogotá, que comparte con Washington el interés en desmantelar el negocio de la droga, debería alcanzar un acuerdo para permitir que los aparatos estadounidenses operen desde su territorio.

Al mismo tiempo, soldados colombianos se unirán próximamente a las fuerzas internacionales en Afganistán donde EE.UU. está reclamando más apoyo para estabilizar el país centroasiático. Se trata de un contingente reducido que debería crecer a medida que Colombia pueda desprenderse de algunas tropas adicionales para destinarlas a misiones en el exterior.

Las alianzas son como cualquier relación. Suelen atravesar por altibajos marcados por el debilitamiento de la confianza entre las partes. La mejor forma de resolver estas dificultades suele ser demostrar compromiso y actuar con generosidad.

*Román D. Ortiz es Coordinador del Área de Estudios de Seguridad y Defensa
Fundación Ideas para la Paz

domingo, 3 de mayo de 2009

SALIDA Y VOZ PARA EL FINAL DE ETA

22 de abril de 2009 - Diario ABC - Madrid


ROGELIO ALONSO

En su libro Salida, voz y lealtad (1970) Albert Hirschman propuso unas variables con las que analizar el funcionamiento de empresas en crisis. Con el agravante que supone el carácter criminal y fanatizado de los terroristas, su aplicación a una organización terrorista es útil para examinar cómo podría alcanzarse el final de ETA. Hirschman utilizó dos conceptos para evaluar las opciones de consumidores o miembros de organizaciones empresariales ante la disminución de los beneficios que éstas les reportaban. Por un lado, podían optar por la salida, abandonando la organización si los costes excedían a los beneficios. También podían permanecer dentro de la organización utilizando su voz para criticar su deterioro. Una eficiente política antiterrorista debería socavar la capacidad de ETA estimulando tanto las críticas internas como las defecciones, combinación que puede lograr el derrumbe del entramado terrorista. Para ello es imprescindible que se extienda y consolide entre los terroristas el convencimiento en torno a la inutilidad de su violencia y los efectos contraproducentes de la misma. De no ser así, la salida y la voz pueden surgir, pero sin devenir en el colapso de una organización terrorista cuyos líderes todavía no han extraído la conclusión que debería derivarse de su debilidad estructural.

Aunque la decadencia de ETA es progresiva debido a una intensa presión policial y judicial que constituye el más poderoso elemento de disuasión para la banda, ésta sigue sin interiorizar genéricamente que debe renunciar al instrumento que le acarrea tales costes. La documentación terrorista revela cómo la coacción estatal resulta asfixiante cuando una inclemente persecución policial confluye con medidas como la Ley de Partidos y la doctrina Parot. Estos factores han propiciado tanto la salida de activistas desencantados y agotados como la voz crítica de otros que exigían el final del terrorismo. Sin embargo, la negociación con ETA emprendida por Zapatero en la pasada legislatura derrotó importantes voces disidentes al demostrar el Gobierno que el terrorismo reportaba a ETA el rédito de una peligrosa legitimación como consecuencia de la directa interlocución mantenida. Por ello, aunque desde las cárceles se escuchan algunas voces críticas con el liderazgo, el debate interno abierto entre 2007 y 2008 ha concluido con un cierre de filas sobre la idoneidad de mantener el terrorismo. «Debemos dar lo más duro posible en su territorio y en todos los frentes, sobre todo en el militar y en el económico. Las razones que nos impulsaron a tomar las armas continúan tal cual. La lucha armada es legítima». Esta contribución de un recluso sintetiza el resultado de un intercambio de posiciones en el que la lealtad al maximalismo ideológico logró imponerse frente a expulsiones previas por articular críticas a la continuidad del terrorismo.

La documentación etarra muestra que el realismo sobre las dificultades por las que atraviesa la banda no es ajeno a la racionalización de los etarras. Sin embargo, siguen sin dar el paso ansiado por la democracia, pues desde su lógica el terrorismo continúa resultando eficaz, creencia reforzada por una reciente negociación que han podido interpretar en términos similares a los que ya expresaba el dirigente terrorista Txomin Iturbe en 1986: «Y en Euskal Herria, hasta los más tontos ven que incluso esa porquería de Estatutos que se han conseguido los han cedido por la presión de la violencia y que, si no, ni eso hubieran cedido». La negociación del marco jurídico político directamente entre ETA y representantes gubernamentales en 2006 ha reforzado esa lógica que en los ochenta ya llevó a Iturbe a advertir: «Conforme vayan fracasando las otras políticas y vean que no consiguen arrodillarnos, irán a la negociación».

En estas circunstancias sería conveniente moderar el triunfalismo sobre supuestas disidencias entre el colectivo de presos e incluso entre los líderes de la banda aireadas por algunos medios. Así ha de ser para que ante posibles atentados se evite el desánimo de una sociedad a la que se le ha prometido la inminente erradicación de ETA durante mucho tiempo. Pero también con objeto de impedir que los terroristas presenten como fortaleza la ausencia de la definitiva materialización de esa derrota tan anunciada, pero de incierta visualización. Es pues oportuno medir correctamente la acción comunicativa que con buen criterio incide en la debilidad de ETA sin ignorar que, desgraciadamente, la banda aún no ha asumido una voluntad de concluir su campaña terrorista. Este reconocimiento sirve para comprender que el final de ETA es fundamentalmente una responsabilidad de los terroristas que el Estado debe propiciar demostrando la inutilidad del terrorismo para obtener objetivos políticos.

Debe subrayarse, como sugiere el ministro del Interior, que el diálogo con ETA no volverá a producirse. Sin embargo, la disuasión que transmite disminuye al recordarse la opinión del presidente del Gobierno sobre la derrota de ETA. Al preguntarle si era posible acabar policialmente con ella, respondió: «Se puede debilitar mucho policialmente a ETA y hay que hacerlo, pero exige un gran esfuerzo del Estado y el apoyo de todos los partidos políticos.» Ante la insistencia del entrevistador sobre si mediante esos métodos sólo resultaba posible «debilitar mucho» a ETA, pero «no acabar» con ella, el presidente concluyó: «Debilitar mucho.» (20 Minutos 2/2/08).

Esa lógica da sentido a un hipotético escenario en el que la banda obtendría la recompensa de contraprestaciones a cambio de su promesa de renunciar al terrorismo. Se retroalimenta así la eficacia de una violencia que centra las reflexiones de los dirigentes etarras para cohesionar lealtades neutralizando potenciales voces críticas. Esta dinámica limita el alcance de importantes éxitos de la lucha antiterrorista, entre ellos la desmoralización de un entorno terrorista que llega a admitir: «La política carcelaria implantada hace 20 años se convertía en una gravísima agresión a presos y familiares. Pero la dispersión de 2009 tiene un alcance y unos efectos mucho más graves aún que la de 1989. Para empezar, entonces había 564 presos vascos y ahora son 739. [...] Y es seguro un fracaso vasco, en la medida en que no se ha articulado una respuesta efectiva a una situación que condiciona la vida diaria de todo un país» (Gara 19/4/09).

Ante la admisión de ese fracaso, la puerta que aún se mantiene abierta a futuras excarcelaciones anticipadas o contactos con líderes terroristas como Ternera u Otegi, a los que erróneamente se presenta como dispuestos a renunciar al terror sin concesiones, reduce el efecto disuasorio que posee la negación de cualquier expectativa de beneficio para ETA. Para que la conjunción de voz y salida desemboque en el fin de ETA, debe rechazarse la más mínima esperanza de éxito para los terroristas, trasladándoles a ellos exclusivamente la responsabilidad del problema y de su solución: «Porque hay algo importantísimo que de primeras ganaríamos sin ETA: no habría seiscientos detenidos al año. Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie. Viendo la flagrante diferencia entre lo que ETA nos da y lo que se nos quita en su nombre, mi dolor crece. No. Cinco muertos no lo valen. [...] ni cien, ni mil.» (Gara 6/3/03). En otras palabras, la disyuntiva de ETA debe ser el horizonte de un mal final o uno incluso peor todavía.

Rogelio Alonso es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios libros especializados en terrorismo.