miércoles, 18 de abril de 2007

PACTOS CON NARCOS

Published on Tue, april 18, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Hernando Gómez - alias "Rasguño" - "decidí explorar el camino de la justicia norteamericana, pues ese sistema contempla la posibilidad legal de llegar a un sometimiento con acuerdo previo"
Foto www.semana.com - Febrer0 7 de 2007


RAFAEL GUARIN

Mientras Colombia libra una guerra contra las drogas, en que guerrillas y paramilitares se convirtieron en empresas dedicadas a la cocaína y heroína, en Estados Unidos el Departamento de Justicia implementa un programa de ''Resocialización de Narcotraficantes'' que fomenta la impunidad.

Desde el gobierno de Bill Clinton se decidió promover arreglos directos con los narcos. El libro Pacto en la sombra, de Jorge Lesmes y Edgar Téllez, relata dicha iniciativa que hasta ahora, supuestamente, estaba en secreto aun para las administraciones de Samper, Pastrana y Uribe.

Tales acuerdos, suscritos con más de 300 narcotraficantes, son posibles sobre la base de confesar delitos, desmantelar rutas de tráfico y entregar millones de dólares. A cambio los mafiosos obtienen libertad inmediata o una corta reclusión, visa múltiple que incluye la familia, legalizan su situación y mantienen parte de la inmensa riqueza, sin obligarse a delatar a sus cómplices. En síntesis, se les premia con impunidad y acceso al sueño americano.

Una fórmula similar se extiende a las multinacionales que patrocinaron el paramilitarismo. La multa de $25 millones fijada a Chiquita Brands es el típico ejemplo de cómo por esta vía quedan sin sanción conductas delictivas.

No es posible que los colombianos paguen el combate a las drogas con miles de muertos y desplazados, mientras muchos de los que comercializaron la cocaína de las FARC y de los paramilitares disfrutan de las playas y la vida nocturna de Miami. Son los mismos que participaron en la organización de bandas de sicarios y de ejércitos privados, autores de masacres, reclutamiento de niños, expansión de la corrupción y captura de las instituciones democráticas.

Estos hechos reflejan un inaceptable doble rasero de la política antidroga. Las medidas que se imponen a las naciones productoras son desvirtuadas por las negociaciones ocultas con las cortes federales estadounidenses. El resultado es petardear los esfuerzos de los demás países que enfrentan el comercio ilícito.

Según la ONU, durante el año 2005 más de las dos terceras partes de la oferta de cocaína provenía de Colombia y su cultivo aumentó en 8% respecto a 2004. Una de las explicaciones a esas cifras y a la tendencia descendente de los precios de la misma, a partir de 2002, puede estar en los perversos incentivos derivados de la política de ``resocialización''.

Los ''pactos'' fomentan indirectamente el tráfico de estupefacientes y generan un nuevo cálculo de costo-beneficio. Resulta rentable dedicarse al narcotráfico si se tiene certeza que todo se resuelve con una generosa suma de dinero. También la capacidad disuasoria de la extradición se reduce, pues ésta comienza a percibirse como un camino para conseguir ''perdón y olvido'' en Estados Unidos. Aunque se saca del escenario a un narcotraficante, se motiva a decenas para ocupar su lugar.

Por otro lado, la estrategia pareciera dar razón a quienes afirman que el problema de las drogas es meramente económico y no de salud pública. Da la impresión de que recuperar los millones de dólares que salen de las fronteras es más prioritario que erradicar el fenómeno. Hace dos décadas el cartel de Medellín ofreció pagar la deuda externa a cambio de análogos beneficios. El gobierno Betancur acertadamente se negó. ¿Qué pasaría si Colombia pretendiera adoptar esa política? ¿Al fin y al cabo, los millones de dólares entregados por los mafiosos no resultan de crímenes cometidos en Colombia? Si los Rodríguez Orejuela acordaron desembolsar bienes por 2,100 millones de dólares, ¿cuánto sumará lo pagado por los más de 300 narcos?

La pasividad de los funcionarios del gobierno, del propio presidente Alvaro Uribe y de la oposición es vergonzosa. Nadie ha dicho una sola palabra sobre una situación claramente negativa para el país. Hay que exigir a la administración Bush colocar las cartas sobre la mesa y que se adopte conjuntamente una sola política criminal en esta materia. La disparidad actual es el mejor aliado de la delincuencia.

Del mismo modo, es obvio que después de medio millar de extradiciones Colombia tiene derecho a pedir el retorno de los criminales con cuentas pendientes. De lo contrario, el lema de los narcos en los años ochenta, ''preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos'', deberá cambiarse por ``preferimos una visa norteamericana que una cárcel en Colombia''.


Escríbame a: rafaguarin@gmail.com

sábado, 7 de abril de 2007

LOS RIESGOS DEL PLAN COLOMBIA

Published on Tue, april 5, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)








RAFAEL GUARIN


Los acontecimientos recientes demuestran que en el exterior el gobierno de Alvaro Uribe es vulnerable. Las revelaciones de vínculos de narcoparamilitares con políticos, mayoritariamente de la coalición gubernamental y algunos de la oposición, amenazan la ''política de seguridad democrática'' y enrarecen el ambiente, ad portas de la decisión del Congreso de Estados Unidos referente a la continuidad del Plan Colombia.


Nada generaría incertidumbre en su trámite si no fuera por las voces que comienzan a surgir con insistencia en los círculos políticos de Washington, relacionadas con la penetración paramilitar y la curiosa escalada de noticias de los últimos quince días, muy oportuna para los detractores del Plan. Veamos.

A pesar de la ratificación de confianza en Uribe, no deja de existir inquietud por la declaración del embajador saliente William Woods, en la que indica que si el ex director de la agencia de seguridad colombiana ``es culpable, ese sí es un problema''.

Por otro lado, la semana anterior comenzó con un informe no oficial filtrado por la CIA en la que se acusa al comandante del ejército, general Mario Montoya, de coordinar en 2002, bajo el actual gobierno, una operación militar en Medellín con las autodefensas al mando del narcotraficante alias Don Berna.


La lluvia de escándalos no para ahí. Hace unos días el ex embajador Myles Frechette recordó advertir sin éxito, al gobierno de Ernesto Samper y a la cúpula militar, el peligro que las cooperativas de seguridad CONVIVIR degeneraran en paramilitarismo y narcotráfico. Lo que desgraciadamente en ciertos casos ocurrió.

Independientemente de su veracidad, no cabe duda de que estos acontecimientos producen preocupación sobre el destino de los impuestos pagados por los ciudadanos estadounidenses. Sería tremendo comprobar que se han empleado ocasionalmente para acciones concertadas de la fuerza pública, los paramilitares y el narcotráfico; igual de grave resultaría que el Congreso actuara con precipitación y asumiera decisiones basadas en confundir con una política de Estado, la responsabilidad individual de criminales que se ocultan tras uniformes de las fuerzas armadas.


Los resultados del Plan Colombia son innegables. Hace cerca de una década se llegó a señalar que las FARC ganarían la guerra en 5 años y la Corporación RAND anunció un posible fraccionamiento territorial. La afirmación no parecía exagerada, si se tiene en cuenta que ese grupo propinó humillantes golpes al ejército y a la policía, expulsó a la fuerza pública de cerca de 200 municipios y controló amplias zonas del país.

La iniciativa de Clinton y Pastrana, complementada con la ''política de seguridad democrática'', puso freno a la más grande y exitosa ofensiva de las FARC, modificó radicalmente el escenario estratégico y fortaleció el poder coercitivo del Estado. En la medida que su componente militar, el Plan Patriota, avanzó en territorios de viejo dominio subversivo, la guerrilla se vio obligada a replegarse en regiones selváticas y a asumir las fronteras como refugio.


Gracias al Plan Colombia se crearon las condiciones para desmovilizar, según informes oficiales, a más de 30,000 miembros de las AUC y de 10,000 guerrilleros, iniciar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y elevar substancialmente los niveles de seguridad en las ciudades y el campo.

Ante las críticas es válido preguntarse: ¿qué hubiera pasado en Colombia sin la cooperación norteamericana? ¿Las FARC hubiera conquistado el poder por las armas? ¿Enfrentaríamos una verdadera guerra civil? ¿Se habría disuelto el Estado?


De ninguna forma es admisible siquiera pensar que la asistencia militar pueda clandestinamente servir a organizaciones terroristas, pero la respuesta inteligente no debe ser reducir la ayuda o eliminarla. Lo procedente es elevar los niveles de exigencia al gobierno colombiano y a sus fuerzas militares en materia de respeto a los derechos humanos y vigencia del estado de derecho.

Demócratas y republicanos deben exigir transparencia y justicia frente a la complicidad política con grupos paramilitares y guerrilleros, profundizar la acción conjunta contra tales organizaciones y complementar la actual versión del Plan Colombia con ambiciosos programas de desarrollo económico y social. La opción de desmontarlo sería un injusto castigo para el país, aliciente para el terrorismo y un golpe a la política de seguridad. Sus consecuencias contribuirían a consolidar el narcotráfico y las bandas armadas emergentes. Por su parte, las FARC y el ELN dirían haber derrotado el mayor esfuerzo estatal en cuarenta años.

Escríbame a: rafaguarin@gmail.com