EL DEBUT DE CANO

REVISTA SEMANA ON LINE - www.semana.com - Fecha: 07/14/2008 -

Foto: Alfonso Cano - www.eltiempo.com

RAFAEL GUARÍN

En la película “Soñar no cuesta nada”, al encontrar la “guaca” de las FARC, un soldado exclamó: “¡Yo creía que el Mono Jojoy era un HP! Pero, no… ¡es un huevón!” La frase parece describir lo que piensa medio mundo, no sólo de Jojoy, sino también de Alfonso Cano, a propósito del inimaginable rescate de Ingrid Betancourt, de once heroicos miembros de la fuerza pública y de tres norteamericanos.

No obstante el monumental ridículo de Cano y compañía, la Operación Jaque no es estupidez fariana. Tampoco lo fueron las muertes del Negro Acacio, JJ, Martín Caballero, Raúl Reyes e Iván Ríos. Igual pasa con la captura de Martín Sombra, la entrega de Karina y los resultados de los primeros cinco meses de 2008: se desmovilizaron 1427 integrantes de organizaciones al margen de la ley, se efectuaron 1098 capturas y 651 terroristas fueron abatidos.

Esos y otros resultados llevan a que sea equivocado ver en las Farc una sola organización. El quiebre de comando, control y comunicaciones de la guerrilla; su inmersión en el narcotráfico; el debilitamiento ideológico y las alianzas con bandas emergentes las amenaza con la implosión. Nada de eso ocurre por azar. Es efecto de la persistencia de la administración Uribe y del respaldo permanente de los ciudadanos a la Política de Seguridad Democrática. También, de la tenacidad y templanza de las Fuerzas Militares y de la acertada conducción política del gobierno.

Aunque el debut de Cano se tradujo en este devastador golpe que hace añicos el juego de chantaje de las FARC y la lógica del terrorismo que subyace al secuestro y a la consigna del acuerdo humanitario, son varias las razones para no caer en triunfalismos.

En primer lugar, las Farc cuentan con alrededor de 8.000 miembros y mantienen importante capacidad destructiva. Están pensando en cómo emplearla para devolver los embates. La decisión de aguantar la ofensiva estatal y preservar fuerzas las llevó en la práctica a desmovilizar muchos guerrilleros y a camuflarlos en la población. Se trata de colocar sus unidades fuera del alcance de las operaciones militares, mientras se crean las condiciones para pasar a la ofensiva.

Su principal fuente de financiación se mantiene. El narcotráfico provee los recursos necesarios para aceitar el aparato bélico y procurar nivelar la ventaja que le lleva la fuerza pública. Gracias a esos ingresos es posible la compra de armas antiaéreas o el patrocinio de acciones terroristas de gran envergadura.

Además, los cultivos ilícitos produjeron una muchedumbre cocalera que las Farc no logran representar, pero que es cantera de nuevos militantes y apoyos. Para algunos de éstos el Estado encarna al enemigo. El tema no se debe subestimar. El controvertido censo de cultivos de coca, presentado por Naciones Unidas, estima que unos 80.000 hogares y unas 382.559 personas estuvieron involucrados en esa actividad durante 2007.

Junto a esto, la alianza de frentes guerrilleros con bandas emergentes al servicio de narcotraficantes en Vichada, Urabá, Bolívar, Córdoba, Meta, Guaviare y Guanía plantea otro obstáculo: a los mafiosos les conviene que no se disuelvan las Farc, al igual que a los circuitos financieros internacionales que mueven los millones de dólares generados por el negocio. Doblegar la voluntad de lucha de la guerrilla pasa por combatir esos grupos y enfrentar a quienes se benefician del lavado de activos. De no hacerlo, simplemente la “función” de las Farc la cumplirán nuevas organizaciones criminales.

Si bien en algunas regiones las guerrillas son auténticas congregaciones de traquetos, se debe reconocer que en otras zonas existen en la comunidad creencias, construidas durante más de medio siglo de la mano del Partido Comunista, que justifican la violencia y repudian al Estado. A pesar de ser casos excepcionales, es suficiente para que sean refugios y bases de reclutamiento.

Finalmente, dos elementos adicionales le ayudan a Cano. La complicidad de la revolución bolivariana le brinda una retaguardia estratégica y una vanguardia política. Empero, las consecuencias del rescate y de las computadoras incautadas a Raúl Reyes dan al traste temporalmente con la diplomacia fariana y con la maniobra del llamado “Grupo Contadora”. Igualmente, apuntaron los reflectores sobre Chávez, Correa y Ortega, restringiendo su posibilidad de acción. La caída de las caretas tiene a su estratagema internacional a apunto de colapsar tanto en América Latina, Estados Unidos y Europa y a algunos de sus protagonistas a un paso de la judicialización.

Y, segundo, la falta de unidad de los partidos políticos alrededor de la Seguridad Democrática y de su continuidad después de las elecciones presidenciales de 2010 estimula a las Farc a prolongar su agonía y a aprovechar las contradicciones propias de la lucha democrática. El desvencijado Secretariado, más formal hoy que real, tiene la esperanza de que el próximo gobierno cambie a su favor el escenario. Es la lección aprendida durante medio siglo.

Las Farc no están acabadas, pero están en ese ineluctable camino. La clave está en perseverar, en que los ciudadanos y el gobierno mantengan una posición de firmeza contra el terrorismo y no caigan en la trampa de la “solución negociada al conflicto social y armado”. Tal como están las cosas, no hay con quién negociar ni qué negociar. El ofrecimiento a Cano y Jojoy debe ser el sometimiento a la justicia, la verdad y la reparación.

Lo otro, camaradas, es soñar. Pero, al fin y al cabo, soñar no cuesta nada.

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COLUMNA MÁS LEIDA.....

La columna del pasado domingo fue reproducida por uno de los más importantes portales de noticias venezolano: www.noticias24.com

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PIEDAD, UNA CABEZA LLENA DE...

EL NUEVO HERALD. Miami. Publicado el domingo 06 de julio del 2008

RAFAEL GUARIN

La semana pasada Jorge Ramos dedicó su columna de El Nuevo Herald a relatar una entrevista con Piedad Córdoba. Obviamente la senadora aprovechó para tergiversar la realidad colombiana, reproducir los discursos legitimadores de la violencia y hacer apología del crimen. En sus palabras hay por lo menos diez ejemplos:

• Según Piedad, las FARC no son el problema de Colombia y los grupos armados ilegales son ''consecuencia de un modelo de desarrollo injusto y excluyente''. ¡Mentira! Las FARC las creó el Partido Comunista y el ELN fue auspiciado por la revolución cubana. Surgen para conseguir el poder por las armas y no son resultado de las desigualdades que caracterizan a cualquier nación en vía de desarrollo. Por su parte, los paramilitares fueron más instrumentos del narcotráfico.

• ''El conflicto colombiano lleva 60 años''. Es el falso mito fundacional de las FARC. La muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 acentuó la violencia entre los partidos políticos, pero es equivocado creer que sea el origen de las actuales guerrillas. Estas surgen de la mano de ideologías foráneas que utilizan la problemática social para legitimar crímenes y disfrazarlos de causa política. No es el apoyo popular, ni la existencia de un ''conflicto'', es el narcotráfico el que impide que hayan desaparecido.

• Raúl Reyes y Manuel Marulanda tenían ''buena voluntad y la intención [de liberar] a los rehenes por parte de las FARC''. Además, Piedad cree que se necesitan más Marulandas ''para que Colombia pueda salir de todo este hoyo profundo en que está''. ¿Cuál buena voluntad? ¿Cuál? Nunca debieron secuestrarlos, tampoco someterlos a tratos crueles e inhumanos y, mucho menos, mantenerlos en la selva por tantos años. La ''buena intención'', que exalta la camarada, se traduce en la orden de asesinarlos en caso de rescate y en querer institucionalizar el secuestro bajo el disfraz de ''acuerdos humanitarios''. ¡Por Dios! ¡Colombia no merece más terroristas!

• Señaló que el gobierno colombiano prometió 100 millones de dólares por información que condujera al rescate de Ingrid Betancourt ''en un operativo similar al que hicieron cuando invadieron territorio ecuatoriano''. Esa opción estaba descartada. Por el contrario, la decisión era realizar un ''cerco humanitario'' e informar a la comunidad internacional la ubicación de los secuestrados, para evitar su asesinato por las FARC. Al igual que pagar recompensas a los guerrilleros a cambio de que los liberaran. La magnífica acción de inteligencia con la que las fuerzas militares consiguieron el regreso de Ingrid y 14 cautivos más lo demuestra.

• El ''principal obstáculo'' para el acuerdo humanitario es Alvaro Uribe, cuyo gobierno es un ''régimen mafioso''. La senadora omite que Colombia es una democracia donde a pesar de dificultades y altibajos el estado de derecho funciona. La mejor prueba son las actuales investigaciones y condenas a políticos de la coalición de gobierno y de la oposición por relaciones con grupos narcoparamilitares. Entre otras cosas, algunos de ellos avalados por la propia Piedad en las elecciones de 2003.

Olvida que la administración Uribe llegó al absurdo de ofrecer la excarcelación de todos los farianos a cambio de la libertad de Ingrid y de pedirle junto a Chávez ayuda. Ambos terminaron asumiendo la condición de cancilleres de la guerrilla. Para colmo de males, el semanario francés París Match reveló que de acuerdo a comunicaciones entre cabecillas de las FARC, en diciembre, Córdoba les recomendó no liberarla. ¡Aberrante!

• Las computadoras incautadas a las FARC son ''un montaje'' y ''una mentira''. Obvia afirmación de quien enfrenta dificultades jurídicas por presunta complicidad con esa organización. Hace unos días el Comité Ejecutivo de Interpol ''respaldó íntegramente'' el informe del secretario general y ''todas sus conclusiones''. La agencia ya había ratificado que las laptops no fueron alteradas por las autoridades colombianas.

• Miembros de las FARC no se refugian en Venezuela y lo que existe es una estrategia diseñada por el gobierno colombiano y el Departamento de Estado norteamericano. ¡La misma excusa de Chávez¡ La verdad es que no sólo están en Venezuela, también su gobierno les ofreció financiación, armas y protección. Testimonios de desmovilizados de la guerrilla, exsecuestrados y múltiples decomisos de armamento y munición lo comprueban, para no hablar de los correos electrónicos de Iván Márquez, ni de comunicaciones interceptadas.

• Uribe juega a ''la salida de guerra'' y no a ''un proceso de paz''. Quienes pretenden hacer la guerra al estado colombiano son el narcotráfico y las guerrillas. La política de seguridad democrática ha pacificado la casi totalidad del país y el ejercicio legítimo de la autoridad ha sido el más exitoso proceso de paz.

• En Colombia se ''quiere matar a todo el que piense distinto''. Tampoco es cierto. La oposición tiene garantías democráticas a pesar de que subsisten problemas de seguridad. En 2007 fueron asesinados 30 candidatos, la mayoría de partidos uribistas y algunos del liberalismo. Ninguno de izquierda. Casi todos por balas de las FARC.

• Finalmente, reconoce que no ''puede aspirar a la presidencia de Colombia'' por ''el desgaste'' político que ha ''sufrido''. Eso no piensan ella, Chávez y las FARC, que de acuerdo a los emails de la cúpula terrorista, apoyan su candidatura.

¿Qué está detrás de ese discurso? La legitimación de la existencia y accionar de las guerrillas y la correlativa deslegitimación del gobierno, dos elementos indispensables para la ''epopeya revolucionaria''. Es evidente que debajo del turbante de la camarada Piedad no hay precisamente ''una cabeza llena de ideas'', como le respondió a Jorge Ramos. ¿Usted qué opina?

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SENTENCIAS DE ILEGITIMIDAD

Publicado el 1 de julio de 2008 - www.semana.com
Foto de www.semana.com - Corte Suprema de Justicia

RAFAEL GUARÍN

No alcanzó a terminar el discurso el pasado jueves Álvaro Uribe cuando se comenzó a decir que la defensa de la legitimidad era un embeleco y que estábamos ad portas de un inminente fin del Estado de Derecho. La verdad es que hasta ahora nada indica que se esté saltando la ley, ni que el orden constitucional esté en peligro, en cambio sí la legitimidad de las instituciones democráticas.

En una sentencia, contaminada por evidentes intereses políticos y que extralimita su competencia, la Corte Suprema de Justicia colocó en entredicho la legitimidad del gobierno, al señalar que la reelección es “expresión clara y manifiesta de desviación de poder” y al remitir el fallo al Ministerio Público y la Corte Constitucional. Aunque algunos resaltan que se cuestiona solamente éste, sin afectar la voluntad de los más de siete millones de ciudadanos que votaron por Uribe, sectores de oposición ya descubrieron sus cartas: si se vició la reforma constitucional, obligatoriamente también la reelección y, por tanto, la inexorable consecuencia tiene que ser la renuncia del Presidente.

En ese sentido al gobierno le asiste razón en que no se trata de un problema judicial. El propio Carlos Gaviria reconoció que el recurso de revisión ante la jurisdicción constitucional, en estos casos, no existe. Cuestión que conocen los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y que ratifica el contenido puramente político de su pronunciamiento.

Esa maniobra de la Corte es el cierre, con broche de oro, de una estrategia, cuidadosamente ejecutada, de desprestigio y deslegitimación del gobierno. No es un hecho aislado cuyo efecto se quede en el debate jurídico de una reforma a la Constitución. Es mucho más que eso. Para medir su alcance forzosamente se debe interpretar en el contexto de eventos previos y concomitantes.

En marzo de 2007 Piedad Córdoba dijo en un foro en México que Uribe era “responsable de asesinato” y que Colombia representaba un “modelo de muerte, de exclusión y desaparición”. En el Polo Democrático acaban de afirmar que el Presidente es un “dictador populista” y que desconoce los fallos judiciales. El Partido Liberal no se queda atrás. En el exterior Hugo Chávez calificó de mafioso y paramilitar a Uribe. En la semana que culminó Daniel Ortega insistió en que Uribe preside un Estado terrorista y Rafael Correa se negó a reanudar relaciones hasta que Colombia tenga un “gobierno decente”.

Las Farc, felices con el panorama, no se cansan de justificarse repitiendo que en el país hay un “régimen sin legitimidad”. A esas “sentencias” se suma la contundente declaración de la Corte.

Esto contribuye al propósito guerrillero de crear en el exterior la idea de que la seguridad democrática no es más que terrorismo de Estado ejecutado de la mano de paramilitares y narcotraficantes. Y en el plano interno, a dar vuelta a la opinión pública con el fin de dominar el escenario electoral de 2010. Tal lectura pone en tela de juicio la continuidad de la ayuda militar de una posible administración de Obama a una “política criminal” y a moldear un clima internacional favorable a la injerencia de gobiernos que mantienen clandestinas relaciones con la guerrilla. Todo converge en reventar la política de seguridad. Por eso el problema es político y la solución escapa al mundo de los códigos y las barandas de juzgado.

En realidad, el debate sobre la legitimidad se vincula a la guerra irregular que adelantan las Farc y la revolución bolivariana. ¡No es cuento! El profesor Friedrich August Von der Heydte enseña que la revolución se da cuando se agota la legitimidad de la formula política que fundamenta determinado orden y es reemplazada por una nueva, sobre la cual se edifica otro orden. Eso explica que el centro de gravedad de la seguridad democrática sea la legitimidad y que en su contra la guerrilla y su aparato camuflado en la legalidad disparen a discreción. Finalmente, lo recuerda Eduardo Posada Carbó, la “falsa y errada noción de ilegitimidad del Estado colombiano” tiende a “justificar – explícita o implícitamente -, las acciones criminales de los enemigos del Estado”. De ahí que sea válida la referencia de Uribe de que la manifestación política de los magistrados se enmarca en la “trampa del poder del terrorismo agónico”.

Desde este punto de vista, no se trata de “suplantar la justicia con votos” o de vulnerar el Estado de Derecho, en palabras del editorial de El Espectador y de irreflexivos opositores. Se trata de enfrentar con instrumentos constitucionales el desafío político que significa la campaña nacional e internacional de deslegitimación de las instituciones democráticas.

El pleito por la legitimidad está sobre la mesa. En eso no hay duda. ¿Qué camino tomar? En el presidencialismo no existe la posibilidad de disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones, tampoco procedimientos como la moción de confianza que caracteriza el parlamentarismo. No tenemos mecanismos para esta situación. Por eso, resulta por lo menos imaginativa la fórmula propuesta: acudir directamente a los ciudadanos para salvaguardar la legitimidad de la institución presidencial.