RAFAEL GUARÍN
29 de marzo de 2010
La liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo no es un acto de humanidad, tampoco merito de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, menos una acción unilateral que muestre buena voluntad de las Farc. Nada de eso. Es otro episodio de la “táctica humanitaria”, diseñada por la guerrilla, dentro de su calculada estrategia terrorista.
Tres objetivos están detrás de la parafernalia humanitaria. Primero, avanzar en el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Las liberaciones serán aprovechadas para emplazar a los candidatos presidenciales a realizar el llamado “acuerdo humanitario”, sobre la base de que el nuevo gobierno las gradué como una organización política alzada en armas y no como un grupo terrorista.
En esa línea, desean esgrimir el “acuerdo” para permitir que intervengan “países amigos” de la “salida negociada”, lo cual les otorga de entrada estatus político y un tratamiento de igual a igual con el Estado. Sueñan con el llamado “Grupo Contadora”, acordado por Hugo Chávez e Iván Márquez en noviembre de 2007. Con la participación de varios de los gobiernos de izquierda del hemisferio, quisieron integrar un conjunto de países destinado a reconocer a las Farc como beligerante y presionar al gobierno de Colombia a una negociación.
El segundo propósito es posicionar la “salida negociada al conflicto social y armado” en la campaña presidencial. Como en el pasado, quieren que los candidatos emulen en materia de seguridad y paz, a partir de los planteamientos de las Farc. Para lograrlo, repiten la maniobra que realizaron en marzo de 2006. En esa oportunidad, dos agentes de policía fueron liberados en el Putumayo a instancia del candidato Álvaro Leyva. La firmeza ciudadana en rechazar a los secuestradores hizo fracasar la acción.
Romper esa firmeza contra el crimen, dividiendo a los ciudadanos entre partidarios y contradictores del acuerdo humanitario y del diálogo con las guerrillas, es el tercer objetivo. Buscan obtener legitimidad, demostrar que son actores políticos y presionar al gobierno movilizando sectores de la población a favor de la negociación y de la “solución política”. Es la paz como consigna de agitación y movilización.
La táctica humanitaria y la consigna del diálogo, pretenden trasladar la responsabilidad de los secuestros y de la violencia guerrillera al gobierno y a los candidatos presidenciales que no se allanen a las demandas farianas. Los señalamiento de que Uribe, antes de finalizar su periodo, debe celebrar el “acuerdo humanitario”, busca “probar” que él ha sido el obstáculo y subrayar la necesidad de un nuevo gobierno que “apueste a la paz y no a la guerra”, por supuesto, que no será uno que continúe la Política de Seguridad Democrática, sino que acepte su desmonte como punto de partida para un proceso de paz. Un gobierno de apaciguadores.
La guerrilla repite el mismo estribillo. Siempre, antes de las elecciones presidenciales, la organización terrorista reclama negociación, señala que está dispuesta a abordar en una mesa de diálogo la “solución de las causas que dieron origen al conflicto” y que se requiere un presidente que tenga real voluntad de resolver los problemas de los colombianos, como requisito para pactar la paz. Todos esos no son más que recursos tácticos empleados en el marco de su plan estratégico, no para alcanzar la paz, sino para escalar la guerra.
Igual sucede con las acciones terroristas. Cada final y comienzo de un nuevo gobierno está marcado por atentados y masacres. El “niño bomba” que murió en El Charco y el carro bomba que dejó 9 muertos en Buenaventura, buscan demostrar que la Política de Seguridad fracasó, que es inevitable la negociación con las Farc y manipular, a través del miedo, la voluntad de los ciudadanos. Si bien, en principio, los atentados fortalecen el rechazo a las Farc, Alfonso Cano y el Mono Jojoy saben que si son capaces de aumentar suficientemente la frecuencia y elevar el número de víctimas, pueden afectar la voluntad de los ciudadanos. De ahí, que tenga razón Naciones Unidas cuando advierte la posible ejecución de más actos de violencia.
En síntesis, estamos ante una ofensiva terrorista y una campaña de propaganda orientada a quebrar la voluntad de lucha del Estado contra las guerrillas, a través de la vía política.
Aunque Álvaro Uribe les devolvió el balón y neutralizó temporalmente la maniobra fariana, al aceptar la posibilidad de un acuerdo humanitario, lo responsable sería que los candidatos lo rechacen de forma unánime, exijan la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados y restrinjan cualquier diálogo a la decisión irrevocable de la guerrilla de renunciar a la violencia y de desmovilizase. Así se acaba con el aprovechamiento, por parte de las Farc, de las contradicciones y con la utilización de lo humanitario y del diálogo como una táctica al servicio de una estrategia de guerra.
Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
www.politicayseguridad.blogspot.com
29 de marzo de 2010
La liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo no es un acto de humanidad, tampoco merito de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, menos una acción unilateral que muestre buena voluntad de las Farc. Nada de eso. Es otro episodio de la “táctica humanitaria”, diseñada por la guerrilla, dentro de su calculada estrategia terrorista.
Tres objetivos están detrás de la parafernalia humanitaria. Primero, avanzar en el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Las liberaciones serán aprovechadas para emplazar a los candidatos presidenciales a realizar el llamado “acuerdo humanitario”, sobre la base de que el nuevo gobierno las gradué como una organización política alzada en armas y no como un grupo terrorista.
En esa línea, desean esgrimir el “acuerdo” para permitir que intervengan “países amigos” de la “salida negociada”, lo cual les otorga de entrada estatus político y un tratamiento de igual a igual con el Estado. Sueñan con el llamado “Grupo Contadora”, acordado por Hugo Chávez e Iván Márquez en noviembre de 2007. Con la participación de varios de los gobiernos de izquierda del hemisferio, quisieron integrar un conjunto de países destinado a reconocer a las Farc como beligerante y presionar al gobierno de Colombia a una negociación.
El segundo propósito es posicionar la “salida negociada al conflicto social y armado” en la campaña presidencial. Como en el pasado, quieren que los candidatos emulen en materia de seguridad y paz, a partir de los planteamientos de las Farc. Para lograrlo, repiten la maniobra que realizaron en marzo de 2006. En esa oportunidad, dos agentes de policía fueron liberados en el Putumayo a instancia del candidato Álvaro Leyva. La firmeza ciudadana en rechazar a los secuestradores hizo fracasar la acción.
Romper esa firmeza contra el crimen, dividiendo a los ciudadanos entre partidarios y contradictores del acuerdo humanitario y del diálogo con las guerrillas, es el tercer objetivo. Buscan obtener legitimidad, demostrar que son actores políticos y presionar al gobierno movilizando sectores de la población a favor de la negociación y de la “solución política”. Es la paz como consigna de agitación y movilización.
La táctica humanitaria y la consigna del diálogo, pretenden trasladar la responsabilidad de los secuestros y de la violencia guerrillera al gobierno y a los candidatos presidenciales que no se allanen a las demandas farianas. Los señalamiento de que Uribe, antes de finalizar su periodo, debe celebrar el “acuerdo humanitario”, busca “probar” que él ha sido el obstáculo y subrayar la necesidad de un nuevo gobierno que “apueste a la paz y no a la guerra”, por supuesto, que no será uno que continúe la Política de Seguridad Democrática, sino que acepte su desmonte como punto de partida para un proceso de paz. Un gobierno de apaciguadores.
La guerrilla repite el mismo estribillo. Siempre, antes de las elecciones presidenciales, la organización terrorista reclama negociación, señala que está dispuesta a abordar en una mesa de diálogo la “solución de las causas que dieron origen al conflicto” y que se requiere un presidente que tenga real voluntad de resolver los problemas de los colombianos, como requisito para pactar la paz. Todos esos no son más que recursos tácticos empleados en el marco de su plan estratégico, no para alcanzar la paz, sino para escalar la guerra.
Igual sucede con las acciones terroristas. Cada final y comienzo de un nuevo gobierno está marcado por atentados y masacres. El “niño bomba” que murió en El Charco y el carro bomba que dejó 9 muertos en Buenaventura, buscan demostrar que la Política de Seguridad fracasó, que es inevitable la negociación con las Farc y manipular, a través del miedo, la voluntad de los ciudadanos. Si bien, en principio, los atentados fortalecen el rechazo a las Farc, Alfonso Cano y el Mono Jojoy saben que si son capaces de aumentar suficientemente la frecuencia y elevar el número de víctimas, pueden afectar la voluntad de los ciudadanos. De ahí, que tenga razón Naciones Unidas cuando advierte la posible ejecución de más actos de violencia.
En síntesis, estamos ante una ofensiva terrorista y una campaña de propaganda orientada a quebrar la voluntad de lucha del Estado contra las guerrillas, a través de la vía política.
Aunque Álvaro Uribe les devolvió el balón y neutralizó temporalmente la maniobra fariana, al aceptar la posibilidad de un acuerdo humanitario, lo responsable sería que los candidatos lo rechacen de forma unánime, exijan la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados y restrinjan cualquier diálogo a la decisión irrevocable de la guerrilla de renunciar a la violencia y de desmovilizase. Así se acaba con el aprovechamiento, por parte de las Farc, de las contradicciones y con la utilización de lo humanitario y del diálogo como una táctica al servicio de una estrategia de guerra.
Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
www.politicayseguridad.blogspot.com
