miércoles, 29 de julio de 2009

QUIÉN AMENAZA A QUIÉN


By RAFAEL GUARIN
29 de Julio de 2009
EL NUEVO HERALD

Se asoma una nueva tormenta en América Latina por el acuerdo de cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter transnacional, que suscribirán los gobiernos de Barack Obama y Alvaro Uribe. El eje chavista, agrupado en el ALBA, pegó el grito en el cielo porque esa decisión permite a las tropas norteamericanas el uso de algunas bases militares colombianas. El argumento lo expuso el canciller Nicolás Maduro: ``El ejército de EEUU es una amenaza directa contra los gobiernos progresistas del continente y contra Venezuela''.

La principal hipótesis de guerra de Venezuela es una intervención estadounidense en su territorio, con el fin de controlar las riquezas energéticas y abortar el proceso revolucionario. Más que una amenaza cierta es una excusa con la cual Hugo Chávez pretende despertar sentimiento nacionalista, fortalecer su hegemonía, justificar una inusitada carrera armamentista e inclusive recibir el ofrecimiento de apoyo militar de las FARC, que nunca ha rechazado.

La alianza de Estados Unidos y Colombia es el principal obstáculo para la expansión de la ``revolución bolivariana'' y la construcción del ``bloque regional de poder'', que requiere el ``socialismo del siglo XXI''. Quebrar ese vínculo es un interés nacional vital para el actual gobierno de Miraflores. En esa lógica, así como se despedazó dicho nexo con Ecuador, debe romperse el que existe con Colombia, Perú y Honduras, entre otros. No gratuitamente, Chávez pide a Obama que retire a los miembros del ejército que están en ese último país, con el falaz razonamiento de que su presencia es un aval al gobierno de Micheletti.

Pero, en realidad, ¿quién amenaza a quién? Los acontecimientos de los últimos dos años demuestran que lo que perturba la paz y la seguridad del hemisferio no es la ``política de seguridad democrática'' implementada por Alvaro Uribe, tampoco el Pentágono, la CIA o el Comando Sur. Lo que desestabiliza y conspira contra las democracias en el hemisferio es el ánimo imperialista de Chávez.

La crisis generada en noviembre de 2007 con ocasión del retiro del presidente venezolano de las gestiones para la liberación de los secuestrados por las FARC, el reclamo que hizo de estatus de beligerancia para la guerrilla, la solicitud de excluirla de las listas de organizaciones terroristas, el respaldo a su proyecto revolucionario, la orden en marzo de 2008 de movilizar diez batallones a la frontera con Colombia y sus reiteradas advertencias de emplear los aviones rusos Sukhoy dejan claro de dónde provienen los atentados a la paz y la seguridad. La mano de la revolución bolivariana también está en los nexos del gobierno de Rafael Correa con el secretariado fariano, los anuncios de guerra contra Colombia de Daniel Ortega en el Caribe, los ataques de Evo Morales al gobierno de Alan García y el golpe de estado de Zelaya y el posterior contragolpe.

Es corriente que los países tengan hipótesis de guerra y estén preparados para actuar. Del mismo modo, es plausible que desplieguen políticas de disuasión y que denuncien lo que consideran amenazas a su seguridad. Empero, este no es el caso. Hace ya mucho tiempo que el poder de Estados Unidos tiene expresiones mucho más efectivas que los recursos militares. América Latina está en su órbita de influencia y esa nación no necesita de portaviones, ni de bases militares en Colombia, para hacer sentir su predominio en la región. Sólo obtusos militaristas pueden pensar lo contrario.

La utilización de las bases militares colombianas no tiene objetivos ofensivos contra nadie en el continente. La complementación de las operaciones antinarcóticos con acciones contra el terrorismo y el crimen organizado enfatiza que su objetivo es frenar el tráfico de estupefacientes, al tiempo que derrotar a las organizaciones armadas ilegales. A Chávez y compañía nada de esto debería preocuparles, si no fuera porque han hecho de la enemistad con Estados Unidos su bandera.

ara la administración Uribe la alianza con Estados Unidos es fundamental con el fin de disuadir una posible agresión en bloque de los gobiernos alineados con la revolución bolivariana. Si se examina con cabeza fría, ese escenario no es descabellado. De hecho, Chávez, Ortega, Evo y Correa al dar apoyo abierto y clandestino a las FARC ya le declararon una guerra irregular a la democracia colombiana. Así, pues, bienvenida la utilización de las bases militares del país sudamericano por los estadounidenses. Lejos de ser una amenaza es una garantía de seguridad en la región.

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martes, 21 de julio de 2009

UNA ESPADA RECORRE AMÈRICA


RAFAEL GUARÍN

En agosto de 2003 las FARC lanzaron en Caracas la Coordinadora Continental Bolivariana CCB, con el objeto de construir “un nuevo polo de poder alternativo al predominio de las potencias imperialistas del mundo”. Un objetivo político legítimo, si no fuera porque se pretende realizar de la mano de organizaciones terroristas.

El proceso organizativo de la CCB tiene cierta similitud con la red Al Qaeda. Osama bin Laden, aprovechando el sentimiento anti - estadounidense y el error del gobierno Bush en Irak, consiguió que grupos que tenían agendas locales, como el GSPC argelino, mutaran gradualmente y se fusionaran con el proyecto panislamista. Las Farc hacen lo mismo. Bajo el manto de la revolución chavista y a través de la Coordinadora, promueven la creación de una red, articulando aspiraciones locales de grupos extremistas en una agenda de alcance continental, de ahí que la mano fariana se extienda a 17 países, no sólo de Latinoamérica sino de Europa.

Ojalá se tratara de una fantasía más de izquierdistas retrógrados o de otro experimento del caprichoso foquismo guevarista. Pero no es así. Es una amenaza terrorista real que no debe obviarse y que es asumida con todo rigor por la guerrilla fariana y sus aliados. Una prueba son las conclusiones del II Congreso de la CCB realizado en Quito en febrero de 2008. Bajo el título “Contrapartida popular y estrategia revolucionaria continental”, se aprobó crear grupos insurgentes a lo largo y ancho de América Latina.

La Coordinadora pronostica una “guerra de alta intensidad, que tiene su primeros blancos de ataques definidos: Cuba y los procesos alternativos del norte de Suramérica, especialmente Venezuela, Colombia y Ecuador”. Por “procesos alternativos”, los camaradas entienden la revolución bolivariana de Chávez, el gobierno de Rafael Correa y el plan estratégico de las Farc.

Para proteger tales procesos y expandirlos, la CCB plantea el “fortalecimiento de las posiciones revolucionarias en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, su pacto de defensa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, la existencia y el fortalecimiento de las Farc - Ep y otras fuerzas insurgentes de Colombia y la vuelta del sandinismo al poder en Nicaragua”. Sobra decir, que todo eso se ha venido cumpliendo.

La directriz de la Coordinadora es la llamada “respuesta militar” en tres escenarios diferentes. Respecto a los países con gobiernos que califica de antiimperialistas (Venezuela, Ecuador, Bolivia o Cuba) la “respuesta” debería recaer en las fuerzas armadas, pero incorporando a la población civil en la defensa; exactamente lo que hace el gobierno de Hugo Chávez a partir de la Ley que regula la Fuerza Armada Nacional Venezolana (2005) y la adopción de la doctrina de guerra asimétrica.

Por otro lado, en aquellos países donde “existen fuerzas civiles insurgentes hay que potenciarlas y desarrollarlas para contribuir al viraje y garantizar la defensa frente a las fuerzas intervencionistas del imperialismo”, es el caso de Colombia y Perú. Y, por último, en “donde no exista ni una ni otra, procede crear esas influencias, esos factores, esas fuerzas”, en otras palabras, constituir “fuerzas civiles insurgentes” a lo largo del continente.

La cuestión sería pura retahíla revolucionaria si no fuera porque existen tres factores que pueden empujar la extensión de los grupos armados en la región. Primero, el aporte del gobierno de Venezuela a su organización y funcionamiento con recursos financieros, armas y entrenamiento. No es absurdo. La información incautada en el computador de Reyes demuestra hasta donde llegaron los acuerdos entre las Farc y el gobierno de Chávez en esa materia. Por algo, el 31 de mayo pasado el portavoz del Departamento de Estado alertó sobre el peligro de que “paren en otras manos” los “lanzamisiles antiaéreos portátiles que Venezuela le ha comprado a Rusia”.

Segundo, el narcotráfico. Curiosamente, Venezuela se convirtió en un paso privilegiado del tráfico de estupefacientes a Europa y en la ruta que emplean los carteles de la droga vinculados con las Farc. La droga es la misma fuente de recursos que posibilitó el resurgimiento de los Talibanes en Asia Central. Los ingresos por este concepto son suficientes para financiar la creación de pequeñas unidades operativas en diversos países.

Finalmente, existe un proceso de radicalización en América Latina derivado, entre otras cosas, de las políticas de la administración Bush y de la permanente campaña de agitación desplegada a lo largo del Continente por Hugo Chávez. Esto profundiza el sentimiento anti-estadounidense y crea un ambiente favorable al discurso de la CCB.

En conclusión, la Coordinadora Continental Bolivariana se transforma para estar en capacidad de combinar adecuadamente tácticas políticas y violentas. Actualmente, hace parte de la estrategia del terrorismo transnacional de las Farc, pero tiene como objetivo convertirse en una organización de terrorismo internacional y en un sólido soporte de la revolución bolivariana. Aunque la CCB no cuenta con organizaciones armadas más allá de Colombia y Perú, está trabajando para crear nuevas agrupaciones en el resto del continente. La coyuntura en Honduras es un excelente laboratorio.

El proceso de radicalización, la posibilidad de fuentes de financiación y el apoyo que los gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega dan a las FARC y a otros grupos extremistas, permiten avanzar en los objetivos de la Coordinadora. No es tarde para reaccionar y evitar que la “espada que recorre nuestra América”, según farianos y chavistas, aplaste las democracias latinoamericanas.

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domingo, 12 de julio de 2009

EL BAUTIZO DE MANUEL MARULANDA


RAFAEL GUARÍN

Toda organización terrorista necesita un discurso que explique su existencia y justifique el empleo de la violencia. Las Farc no son la excepción. Para eso realizan intensas campañas de propaganda que subrayan supuestas “causas estructurales” que dan origen y mantienen el conflicto, al igual que se arrogan ser una respuesta a la agresión del Estado. Que esa sea la argumentación guerrillera, vaya y venga, están en lo que están. Lo curioso es que la abrumadora mayoría de quienes escriben sobre estos temas terminan, por falta de investigación, deformación ideológica o ignorancia (otros por complicidad), repitiendo el enfoque fariano.

Dedicaré algunas columnas al tema. Un primer ejemplo, muy significativo, es la iniciación de Pedro Antonio Marín en las guerrillas comunistas. Si bien es cierto que luego del 9 de abril de 1948 Tirofijo integró con familiares un primer grupo armado liberal, en medio de la cruenta violencia bipartidista, no es menos cierto que su decisión de convertirse en guerrillero se enmarcó dentro de la estrategia de combinación de todas las formas de lucha, aplicada por el Partido Comunista.

La decisión de organizar guerrillas para adelantar la revolución se disfrazó, a finales de los años cuarenta, bajo la consigna de autodefensas campesinas. En realidad, se trataba de una estrategia orientada a organizar colectivos armados y otorgar legitimidad al uso de la violencia, excusándose en la problemática social y la ausencia de Estado. Los comunistas con destreza manipularon y convirtieron en insurgentes a algunos de los grupos que expresaban el sectarismo liberal – conservador.

Hacia 1952 Pedro Antonio Marín, Tirofijo, no tenía idea de la lucha de clases, tampoco de los señores Marx, Engels y Lenin. Ni siquiera sabía dónde quedaba la URSS, mucho menos se alcanzaba a imaginar que el Manifiesto Comunista sacraliza la violencia como instrumento de acción política. No fue iluminación divina la que le trajo a ese campesino las convicciones revolucionarias. Tampoco el Partido Liberal de sus ancestros. Fue el Partido Comunista.

De hecho, ese partido es quien se inventó a las Farc y al propio Manuel Marulanda. No lo digo yo. Lo dice el biógrafo e historiador oficial de Tirofijo y de la guerrilla, Arturo Alape. Leerlo no es precisamente un placer, es más bien un fastidioso sacrificio, pero, ante todo, una obligación si se quiere conocer la trayectoria fariana. Alape, cuenta en uno de sus libros el surgimiento de Marulanda, capítulo que omiten los “analistas del conflicto” y la escasa literatura sobre la guerrilla.

En el asentamiento armado de El Davis, dos miembros del Partido Comunista al clausurar un curso de formación política le hicieron una propuesta a Pedro Antonio Marín. Según las palabras de éste, que trascribe Alape, le dijeron:

“Hola, por qué vos no te ponés el nombre de Manuel Marulanda Vélez y te bautizamos aquí mismo en la escuela de cuadros del partido; la escuela marxista leninista te deja ese nombre como una cuestión de estímulo, para que lleves el nombre del dirigente obrero asesinado y lo lleves bien en alto”.

Tirofijo, le dijo a Alape que les contestó de la siguiente forma:

“El nombre me parece muy bueno, pero que lo pueda llevar yo, no sé, es demasiada la responsabilidad. Pero con tal de que me quiten ese apodo de Tirofijo – nadie en absoluto me bajaba de Tirofijo – y en mi interior era mi ánimo el de quitarme ese apodo, por ello estaba dispuesto a aceptar el nombre de Manuel…”

“¡Claro! Lo bautizamos Manuel Marulanda Vélez y el Pedro Antonio Marín pasará al olvido y así quedará en las actas de clausura del curso para el futuro de la revolución y quedarás nombrado desde hoy, nombrado con un nuevo nombre, dijeron ellos.

Se pararon los estudiantes y los profesores y me dieron un fuerte abrazo. ¡Felicitaciones Manuel Marulanda Velez! Así me bautizaron políticamente Manuel Marulanda Vélez.”

Frente a la adopción de su alias, Tirofijo narró que no lo hizo “por voluntad propia…, sino por voluntad de otros”. Esos otros eran los miembros del Partido Comunista. Al bautizarlo le endilgaron la responsabilidad de construir el aparato armado de la revolución. El terrorismo, las masacres, las minas antipersonales, las emboscadas, los desplazamientos, los secuestros y las actividades de narcotráfico, no obedecen a “las causas estructurales que le dieron origen al conflicto armado”, de acuerdo al discurso de las Farc, sino a la decisión libre y voluntaria del Partido Comunista de tomarse el poder, combinando su actividad legal con acciones ilegales, a través de un grupo armado que solo hasta 1964 se presentó públicamente: las Farc.

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lunes, 6 de julio de 2009

DEBATE HORA 20 - Caracol Radio


2 de julio de 2009

TEMA: UN AÑO DE LA OPERACIÓN JAQUE

http://www.caracol.com.co/programa.aspx?id=130992&au=839273

Participantes:

Juan Gabriel Uribe - Director de El Nuevo Siglo. Ex negociador de paz.
Francisco Gutierrez - Columnista de El Espectador
Alejandro Reyes - Columnista de El Tiempo
Rafael Guarín - Columnista de El Nuevo Herald y Semana.com

Debate en Hora 20 - Caracol Radio.


18 de junio de 2009

TEMA: HUNDIMIENTO DE LA LEY DE VÍCTIMAS

http://www.caracol.com.co/programa.aspx?id=130992&au=831968

Participantes:

Martha Lucía Ramirez - Ex ministra de defensa y candidata presidencial
Rodrigo Pardo - Ex canciller y Director de la Revista Cambio
Claudia López - Columnista de El Tiempo
Rafael Guarín - Columnista de El Nuevo Herald y Semana.com

viernes, 3 de julio de 2009

La derrota militar de los Tigres Tamiles y la posible evolución del conflicto étnico-político en Sri Lanka (ARI)




Foto tomada por Rafael Guarín. Manifestación en París en apoyo de los Tigres Tamiles. Abril de 2009.

Fuente: REAL INSTITUTO ELCANO - www.realinstitutoelcano.org

Rubén Campos Palarea y Amaia Sánchez Cacicedo
ARI 106/2009 - 30/06/2009

Tema: Este ARI explica las claves internas y geopolíticas de la derrota militar de los Tigres Tamiles por el gobierno de Sri Lanka tras un conflicto étnico-político que se ha prolongado durante 30 años, además de la posible evolución hacia una solución política definitiva del problema o hacia un rebrote a medio plazo de la violencia.

Resumen: El conflicto étnico-político entre la mayoría cingalesa de Sri Lanka y la minoría tamil se ha prolongado durante 30 años, dejando más de 75.000 muertos y cientos de miles de desplazados. Con la derrota militar en mayo de 2009 de los Tigres Tamiles en la última zona bajo su control en el norte de la isla y la muerte de su líder fundador, se cierra una etapa en la historia del país. El gobierno de Sri Lanka debe, sin embargo, afrontar enormes retos a corto plazo, con cientos de miles de desplazados por el conflicto, y a medio plazo, para lograr una solución política que conduzca a una reconciliación nacional creíble que impida un rebrote de la violencia. Este ARI concluye con unas recomendaciones sobre el papel potencial de los países de la región y de los países occidentales, incluyendo también el que debe desempeñar la diáspora tamil residente en estos últimos.

Análisis: La muerte del líder carismático de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE en sus siglas en inglés), Velupillai Prabhakaran, simboliza el fin de una era en Sri Lanka. El fundador de los Tigres Tamiles y sus lugartenientes más cercanos murieron en la última oleada de ataques del ejército a mediados de mayo, atrincherados en el último fragmento de territorio bajo su control en el norte de la isla.

El conflicto entre el gobierno y los LTTE ha dejado más de 75.000 muertos y cientos de miles de desplazados a lo largo de tres décadas. Esta derrota parece poner fin al objetivo de los Tigres de establecer un Estado independiente en el norte y este de la isla (Tamil Eelam). El final de esta fase militar del conflicto podría proporcionar una oportunidad para lograr una solución política y la reconciliación nacional, pero los retos pendientes son de gran envergadura y la voluntad y capacidad para liderar esta nueva etapa del gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa está todavía por determinarse.

Las raíces de este conflicto étnico-político se encuentran en la difícil convivencia en esta isla de Asia meridional entre la mayoría de la población cingalesa, de religión mayoritariamente budista (alrededor de un 74% del total de la población), y la minoría tamil, de religión mayoritariamente hindú (18%), establecida sobre todo en el norte y este de la isla.

La presencia de los tamiles, un pueblo proveniente del sur de la India, en Sri Lanka se explica por una dinámica migratoria desde tiempos muy antiguos, que se intensificó durante el dominio británico de ambos territorios en el siglo XIX para trabajar en las plantaciones imperiales de té y café. En esta época, entre la población original cingalesa se consolidó la percepción de que los británicos favorecieron a los tamiles, con puestos clave en el gobierno y en las estructuras administrativas.

Tras la llegada de la independencia en 1948, los partidos políticos de mayoría cingalesa impulsaron una política nacionalista que generó tensiones con la minoría tamil. Algunas medidas aprobadas en los siguientes años fueron el reconocimiento del idioma cingalés como la lengua oficial del país, la modificación de los requisitos de ingreso en la universidad a fin de favorecer a la juventud étnica cingalesa y la implantación del budismo como religión oficial.

Ante el rechazo de estas medidas por la comunidad tamil, se desarrolló en la década de 1950 un movimiento de protesta no violento encabezado por S.J.V. Chevalnayakam, que consiguió la firma de un acuerdo con el primer ministro Solomon Bandaranaike en 1957. No obstante, a causa de la presión de los nacionalistas cingaleses, el gobierno dio por roto el pacto unos meses después. Sin embargo, esto no evitó el que fuera asesinado dos años más tarde por un monje budista representativo de la facción cingalesa nacionalista más radical.

Tras décadas en las que el conflicto no pudo canalizarse por la vía de las negociaciones políticas, el movimiento por la autodeterminación tamil alcanzó una nueva dimensión en la década de los 70 con la fundación de varios grupos militantes violentos. Entre ellos destacó la guerrilla de los Tigres Tamiles, bajo el mando de Velupillai Prabhakaran, que contó con el apoyo logístico y financiero del gobierno indio.

Esa guerrilla ha sido una de las más organizadas internacionalmente en las últimas décadas, desde su capacidad para administrar una importante franja de territorio en el norte y este del país hasta el desarrollo de rudimentarias fuerzas navales y aéreas. Debido a su uso de atentados suicidas e indiscriminados, de niños soldados y abusos continuados de los derechos humanos en las zonas bajo su control, los LTTE fueron designados en varios países como un grupo terrorista y sus actividades se prohibieron.

En 1987 se firmó un acuerdo entre la India y Sri Lanka para colaborar en la resolución del conflicto, en el que se incluyó la intervención militar india en la isla para garantizar un alto el fuego, a cambio de reconocer diversas reivindicaciones de la comunidad tamil. Este acuerdo no tuvo éxito y las fuerzas indias finalizaron su retirada en 1991. Entre las víctimas de los atentados de los LTTE en esta época se encuentran el primer ministro de la India Rajiv Gandhi (1991) y el presidente de Sri Lanka Ransinghe Premadasa (1993). A finales de la década de los 90, en la cúspide de su poder, los Tigres habían creado un gobierno paralelo en aproximadamente un tercio del territorio de la isla.

Las fallidas negociaciones de paz de 2002 y la última campaña militar del gobierno
Con la mediación del gobierno de Noruega, se alcanzó en 2002 un nuevo alto el fuego y se produjeron nuevas negociaciones entre el gobierno y los Tigres Tamiles para una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, el diálogo tampoco fructificó en un acuerdo viable por la falta de una voluntad real de las partes de ceder en sus pretensiones y por las numerosas violaciones del alto el fuego.

Los Tigres Tamiles abandonaron unilateralmente las negociaciones de paz en abril de 2003, pero su propia participación en el proceso desencadenó luchas internas a nivel militar y posteriormente a nivel político. La mayor parte del grupo ubicado en el este del país se escindió de los LTTE en marzo de 2004 y pasó a apoyar al gobierno de Colombo en su intento de reconquistar el territorio, mientras sus líderes aceptaban puestos en el gobierno central y regional de la isla.

En 2005 llegó al poder en Colombo el nuevo ejecutivo del presidente Rajapaksa con intenciones iniciales de continuar las negociaciones de paz pero que finalmente acabó buscando una solución militar al conflicto. El intento de resucitar el proceso de paz en Ginebra durante principios del año 2006 fue en vano: el proceso finalmente sucumbió a la creciente desconfianza y a los reproches mutuos entre el gobierno de Sri Lanka y los LTTE.

Tras la “liberación” del este a finales de 2007 por el Ejército, favorecido por las disensiones entre los Tigres Tamiles, el frente de guerra se desplazó a la zona norte del país. En enero de 2009 las tropas tomaron el control de la ciudad de Kilinochchi, que había funcionado en la última década como la capital administrativa de los LTTE. A partir de este momento, el ejército fue ampliando la campaña hasta acorralar a los Tigres en un reducido espacio al norte del país.

Esta guerra abierta ha producido una gran crisis humanitaria, con cientos de miles de civiles atrapados entre las fuerzas militares del Estado y los LTTE y con graves violaciones de los derechos humanos por ambas partes denunciados, entre otros, por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Mientras que los Tigres Tamiles forzaron a miles de ciudadanos a luchar en sus filas o a convertirse en escudos humanos, el ejército de Sri Lanka bombardeó de forma reiterada zonas pobladas por civiles. Según Naciones Unidas, sólo desde el inicio de la ofensiva final se han producido 6.500 muertos entre la población civil.

Con la conquista final de las últimas posiciones de los LTTE y la muerte de su líder fundacional, la fase militar del conflicto parece haber llegado a su fin, aunque es posible que un número limitado de efectivos de los LTTE puedan estar todavía activos y dispersados por todo el país. En un discurso del 19 de mayo, el presidente Mahinda Rajapaksa ha declarado formalmente el norte del país como territorio “liberado” y ha llamado a acabar con las divisiones étnicas y religiosas con la promesa de una “solución interna para el conflicto”.

Retos para el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil: la necesaria reconciliación nacional
Tras la derrota militar de los Tigres Tamiles, los retos que debe afrontar el gobierno de Sri Lanka son enormes tanto a corto como a medio y largo plazo. De manera inmediata, se enfrenta a una situación humanitaria de considerable magnitud. Según fuentes gubernamentales, el número de desplazados internos recientes –mayoritariamente en el norte pero también en el este del país– se aproxima a 300.000 personas, a los que hay que sumar la población desplazada anteriormente tras décadas de conflicto armado.

Los desplazados internos recluidos en campos bajo control gubernamental requieren de asistencia humanitaria urgente. El gobierno tiene intención de comenzar cuanto antes las labores de reasentamiento de la población a zonas anteriormente bajo control de los LTTE. Dicha tarea deberá ir acompañada de la rehabilitación y reconstrucción de un tercio del país devastado por el conflicto. Para el desempeño de tan inmensa labor el gobierno sin duda requerirá la ayuda, tanto logística como financiera, de organizaciones humanitarias y donantes internacionales.

A medio y largo plazo, el aspecto político del conflicto todavía está pendiente de resolver. Para ello, será necesario implementar un mecanismo de reparto de poder político dentro del marco constitucional de Sri Lanka que permita a las provincias del norte y este un mayor grado de autonomía. Dicho ejercicio sólo podrá llevarse a cabo una vez se haya alcanzado un consenso político al respecto entre las principales comunidades étnicas del país. Con ese fin y en paralelo a las operaciones militares, el gobierno creó en 2006 una comisión multipartidista sobre la cuestión tamil constituida por los principales partidos políticos del sur del país. Los resultados han sido decepcionantes dado el boicot impuesto por la oposición y el principal partido político tamil.

Para volver a encauzar un proceso real de diálogo será indispensable llenar el vacío político dejado por los Tigres Tamiles que, pese a ser una organización armada, llegó a crear una administración paralela de facto en el norte y este del país. La Alianza Nacional Tamil (TNA), partido constituido por líderes políticos tamiles simpatizantes de los LTTE, que representaba indirectamente a los Tigres Tamiles en el parlamento nacional, debe ser tenida en cuenta. El vacío político ya ha sido ocupado en el este del país –“liberado” por el gobierno de Sri Lanka anteriormente– por el Partido para la Liberación del Pueblo Tamil (TMVP) tras su victoria en las elecciones locales de 2008 en coalición con el partido gubernamental. Ese partido tiene sus orígenes en un grupo paramilitar resultante de la división interna de los LTTE.

Tan importante como las acciones y retórica empleadas por el gobierno frente a la población tamil y demás minorías del país lo será el papel a desempeñar por la comunidad tamil. El reto será, primero, lograr un consenso entre las facciones moderadas y extremistas dentro de la comunidad tamil, tanto dentro como fuera de Sri Lanka. Dentro de la isla existen fuertes divisiones entre representantes tamiles que históricamente han apoyado a los LTTE, aquellos que lo han rechazado con el paso del tiempo y los que ahora intentan acaparar el liderazgo político de la comunidad con el apoyo gubernamental.

Por su parte, la diáspora tiende a estar más radicalizada que la población residente en la isla, habiendo constituido el principal apoyo político y financiero de los Tigres Tamiles. Es, además, muy influyente y está diseminada en un gran número de países occidentales, incluidos países de la UE.

Actores relevantes en la dimensión internacional del conflicto
A nivel internacional, el actor con el mayor poder de influencia sobre el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil es la India, de manera que su apoyo para un nuevo proceso de diálogo es fundamental. La potencia regional ha desempeñado un papel histórico en el conflicto, en gran parte determinado por los vínculos étnicos y culturales existentes entre ambos países. Pese a haber optado por un papel convenientemente ambiguo durante los enfrentamientos militares recientes en Sri Lanka, la India ha continuado presionando a Colombo sobre la necesidad de descentralización política dentro del marco unitario del Estado, para acomodar los derechos de la minoría tamil.

Simultáneamente al papel político y estratégico desempeñado por la India, otros actores asiáticos están desempeñando una función creciente a nivel económico y de asistencia militar al gobierno de Sri Lanka. En particular, destaca el papel de China, que ha logrado desbancar a Japón como principal donante extranjero en la isla, y de Pakistán, uno de los principales proveedores de asistencia militar al gobierno de Colombo. Esos países, al contrario que la India, que observa con recelo su actuación, prefieren evitar la intromisión política en lo que consideran asuntos internos de Sri Lanka, por lo que el gobierno se encuentra más cómodo en su relación con ellos y otros aliados como Rusia e Irán.

En contraste, la relación entre el gobierno de Sri Lanka y los países occidentales, además de las principales organizaciones internacionales, ha estado marcada por la tensión desde que colapsara el último proceso de paz en 2006, ya que éstos han mostrado cierto escepticismo frente a la estrategia militar y política del régimen del presidente Rajapakse. En particular, le recriminan un gobierno crecientemente totalitario e intolerante frente a disidentes y minorías étnicas en el país.

Pese al discurso anti-occidental del actual gobierno, éste continúa siendo muy dependiente de la ayuda económica de las instituciones financieras internacionales, además de los países occidentales. La UE, por ejemplo, tiene firmado un acuerdo de trato preferencial a nivel comercial con Sri Lanka y ha amenazado con rescindirlo en el caso de que Colombo no aplique ciertos acuerdos de derechos humanos.

Más allá de las consideraciones financieras, Colombo busca consolidar su legitimidad a nivel internacional tras la victoria militar sobre los LTTE. Recientemente ha logrado sacar adelante una resolución de apoyo a su victoria frente al terrorismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias al apoyo de otros países asiáticos, además de Rusia. Al mismo tiempo, líderes de varios países occidentales buscan el consentimiento de Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación independiente sobre potenciales violaciones de derechos humanos por ambas partes durante los recientes enfrentamientos. En caso de progresar, dicha iniciativa supondría un duro golpe al gobierno de Sri Lanka; aunque la probabilidad de éxito es mínima considerando que Colombo cuenta con el apoyo de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo.

Conclusiones: Frente al triunfalismo del gobierno ante su victoria militar, se impone la necesidad de afrontar de forma prioritaria los grandes retos del reasentamiento y de un proceso político que lleve a una genuina reconciliación nacional. Sin duda, la India constituye el país con mayor poder de persuasión sobre el gobierno de Sri Lanka en este sentido, además de contar con un mayor conocimiento del conflicto. Por ello, es importante que cualquier estrategia internacional sobre Sri Lanka cuente con su apoyo –tácito o explícito–. De lo contrario, será muy difícil que ésta sea exitosa. Dicha estrategia deberá tener en cuenta que pese a haber concluido la fase militar del conflicto, todavía queda por resolver el aspecto político del mismo, basado en la descentralización del poder a nivel provincial.

La comunidad internacional necesita continuar haciendo un seguimiento de la evolución del conflicto desde organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la UE. Pese a ciertos obstáculos que puedan surgir por parte de los países aliados a Colombo como China y Rusia, el gobierno de Sri Lanka puede verse forzado a una actitud dialogante ya que ahora más que nunca está necesitado de la legitimidad y el apoyo internacional por motivos financieros.

En paralelo, los países occidentales pueden desempeñar una función fundamental en lo referente a las grandes necesidades humanitarias del país. Será necesario apoyar financieramente tanto a organizaciones humanitarias locales como internacionales para que dispongan de los recursos para atender a los miles de desplazados internos recluidos en campos de forma temporal. La tarea de la retirada de minas es crucial y terriblemente costosa, y precisará especial asistencia técnica y financiera con el fin de permitir el reasentamiento de la población desplazada. El consiguiente apoyo para labores de cooperación al desarrollo a medio plazo deberá ser gradual y controlado, asegurándose de que dicha ayuda es utilizada adecuadamente.

Respecto a los aproximadamente 800.000 tamiles que componen la diáspora y que se encuentran localizados sobre todo en América del Norte y Europa, será necesario ser mucho más estrictos con medidas legislativas para frenar las actividades ilegales de la red global de los LTTE, como se ha hecho con grupos militantes islámicos. Por otro lado, será preciso que los líderes políticos locales apoyen a dirigentes de la comunidad tamil de carácter moderado, evitando ganar votos a través de la defensa de las facciones más radicales de dicha comunidad.

Rubén Campos Palarea
Profesor especializado en Asia Meridional y Sudeste Asiático en diversos cursos de posgrado en España y asistente al director de Programas en el Club de Madrid

Amaia Sánchez Cacicedo
Estudiante de doctorado en el School of Oriental and African Studies (SOAS, Universidad de Londres), especializada en conflictos internos civiles en el Sur de Asia

jueves, 2 de julio de 2009

VÍCTIMAS DE LA POLITIQUERÍA


Semana.com - 2 de junio de 2009
Grafica: Tomada de imágenes google


RAFAEL GUARÍN

Lo que evidenció el debate sobre la hundida Ley de Víctimas es que la protección de sus derechos se convirtió en una bandera de politiquería, un ejemplo de irresponsabilidad y un instrumento para deslegitimar el Estado y la Política de Seguridad Democrática.

No hay duda que el Estado debe reparar a las víctimas, sin discriminar el victimario. Es una obligación reconocida internacionalmente. Aún así, la forma de verificar esa obligación debe ser consecuente con los medios disponibles y, en particular, con el contexto colombiano. Por más que se quiera insistir en el carácter universal de la reparación de las víctimas no es razonable pretender aplicar un modelo como si se tratara de Francia, Suiza o Dinamarca.

En realidad, la solicitud de Álvaro Uribe de votar negativamente el proyecto de ley fue una estrepitosa derrota del gobierno y un triunfo de la oposición y de las organizaciones de víctimas que preferían su desplome a aceptar una iniciativa diferente a la propia. Victoria pírrica que afectó a cientos de miles de víctimas. Importaba más poder señalar al gobierno de negligente, inhumano y enemigo de las víctimas que construir consensos que permitieran la reparación efectiva.

La cuestión no es solamente disponer en una norma que se repare económicamente a las víctimas, sino garantizar que ciertamente se pueda cumplir. Jamás habrá dinero suficiente para reparar el daño causado por el terrorismo y las violaciones de derechos humanos, pero con los recursos disponibles el Estado debe hacer el mayor esfuerzo posible, cosa que no entendieron o, mejor, no quisieron entender, quienes decidieron hacer del proyecto una bandera demagógica.

Según un estudio del Ministerio de Hacienda, lo aprobado por la Comisión de Conciliación elevó de 22.1 billones de pesos (¡sí, leyó bien, billones!) a 76 billones el monto que debía desembolsar el Estado para cumplir con lo estipulado en el proyecto de ley. El problema no es reparar a las víctimas, el problema es que no hay con qué cubrir la diferencia de $53,8 billones adicionales, además de su perverso efecto en las finanzas públicas y de mermar directamente el presupuesto que debe dedicarse a salud, educación, infraestructura, seguridad o justicia.

Por otro lado, resulta razonable exigir una sentencia que condene a un miembro de la Fuerza Pública por el delito que da origen a la obligación de reparar a la víctima. Así se diga que el proceso penal no se afecta con la reparación administrativa (cosa cierta), se tiene que ser ciego para no darse cuenta que la consecuencia en la práctica de la sentencia condenatoria y de la mencionada reparación es la misma: reconocer que un agente estatal violó los derechos humanos.

Tal y como estaba el proyecto, se le entregaba un morrocotudo instrumento a las Farc para su campaña de propaganda y de guerra jurídica. La omisión de sentencia coloca a terroristas y militares en el mismo plano. No es cualquier cosa. El centro de gravedad al que apunta la guerra irregular es la legitimidad y ésta se afecta con la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el camino no es negar las violaciones sino que estas no ocurran, pero tampoco eso nos puede llevar a la ingenuidad de no reconocer los montajes que las guerrillas realizan contra las fuerzas militares y que, con base en el proyecto de ley, serían validados por vía administrativa.

De ahí, la resistencia a que se iguale a los terroristas de las Farc, Eln y Auc con los miembros de la fuerza pública. Mientras en los grupos armados ilegales los crímenes de lesa humanidad son una práctica diaria y un aceptado “medio de lucha”, cuando éstos se presentan en las fuerzas militares, se trata de acciones individuales y no institucionales, como se desprende del informe preliminar del Relator de la ONU, Philip Alston.

La forma de evitar caer en esa trampa es que la justicia funcione y se determine la existencia del delito y la autoría por parte de un agente estatal. La larga duración de los procesos judiciales es una preocupación válida, pero la salida no era rechazar la necesidad de una sentencia y en consecuencia hundir el proyecto, sino plantear un procedimiento especial y rápido, de la misma forma que adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de la Fiscalía y los jueces.

Finalmente, lo ocurrido es una muestra más de la incapacidad del gobierno y la oposición por construir consensos en los temas fundamentales. Los obstáculos fiscales y la necesidad de una sentencia podían resolverse si en vez de consumirse en la politiquería y la demagogia, se actuara con responsabilidad y con afán de generar respuestas. Por desgracia, al Partido Liberal y al Polo les interesaba más que naufragara el proyecto que permitir que la Seguridad Democrática se fortaleciera con una política de reparación a las víctimas. Las víctimas deben ser objeto de una política de Estado, no de partido.