EL DEBATE EN UNASUR

27 de agosto de 2009
- Especial para Un Millón de Voces en Facebook -

Rafael Guarín

El próximo viernes se reunirá nuevamente la Unión de Naciones Suramericana para examinar el acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia. Chávez llegará o saldrá cantando (mancillará un tango de Gardel), presentará un supuesto documento “secreto” que revelará los alcances del acuerdo militar y la gravedad de la amenaza, al tiempo que pretenderá que le creamos que infiltro el Pentágono, mientras es incapaz de desmantelar el cartel de los generales de su fuerza armada, dedicado al narcotráfico. Luego echara una perorata denunciando que todo es una maniobra del “imperio” para romper el falaz “proceso de unidad latinoamericana”, añadirá que Obama es igual o peor que Bush y que los argumentos de Uribe y los informes sobre el patrocinio de la revolución bolivariana al terrorismo de las Farc, son puro embeleco.

Será otro ejercicio de propaganda destinado a demostrar que el Caín de América es el gobierno colombiano. El auditorio tratará que Uribe repita hasta la saciedad lo que hasta la saciedad ya ha dicho: “que no son bases norteamericanas”, “que el acuerdo no busca atacar a ningún país” y que su propósito es “contra el narcotráfico y el terrorismo”. Nada nuevo, a menos que Uribe sorprenda desvirtuando las mentiras de Chávez respecto a los lanzacohetes venezolanos en manos de las Farc.

La sesión de Unasur debería tener un enfoque totalmente diferente. Partir de identificar la raíz de la crisis diplomática en la región, que no es la política de seguridad colombiana, tampoco el bombardeo en territorio ecuatoriano a un campamento madre de Raúl Reyes, menos la decisión del gobierno Uribe de negar cualquier legitimidad a las Farc y el estatus de beligerancia que han reclamado Chávez, Ortega y Correa para tales criminales de lesa humanidad. La raíz es el expansionismo chavista y el contubernio de su “revolución” con la narcoguerrilla.

Si se trata de garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de Suramérica, el debate debe abordarse en el marco de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y del cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados, de acuerdo a la resolución 1373 de 2001 de la ONU y a la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Pero como aquí no se trata de eso, sino de cómo utilizar Unasur para consolidar un proyecto de izquierda que busca no solo la hegemonía, sino la homogenización absoluta, el tema no aparecerá en ninguna agenda.

Ojalá los jefes de Estado se dieran cuenta que la cumbre de Argentina es definitiva para el futuro de esa incipiente organización. O construyen confianza para convertirla en un foro válido y legítimo donde se puedan resolver los problemas regionales o terminan reduciéndola a ser caja de resonancia de discursos sectarios y de proyectos totalitarios, como el socialismo del siglo XXI.

Si se deciden por la primera opción, que Uribe responda todos los interrogantes y dudas de los gobiernos vecinos, pero también que se haga una investigación seria sobre las relaciones de gobiernos de la región, comenzando por el de Chávez y Correa, con las Farc, lo que el flamante secretario de la OEA, José Miguel Insulza, evadió. Es indispensable que se acepte de una vez por todas que esa es una organización terrorista, a la cual los países deben responder apoyando las instituciones democráticas colombianas y no brindándoles armas, recursos económicos, cobertura política o santuarios en su territorio.

Finalmente, los presidentes deberían convenir en mecanismos orientados a garantizar el cumplimiento de las normas que obligan a los Estados a “adoptar medidas necesarias y fortalecer la cooperación” contra el terrorismo. La necesidad y no un capricho ideológico es la que obliga a Colombia a acudir a Estados Unidos; lo ideal hubiera sido un acuerdo militar con Venezuela y Ecuador para combatir a los grupos armados ilegales, similar al existente entre España y Francia que ha permitido los más duros golpes contra ETA.

Unasur debe evaluar todos los convenios de cooperación militar de los países de la región con otras potencias. Chávez señala que Rusia no es una amenaza. Y es cierto, en principio. Lo que no dice el teniente coronel es que las armas rusas refuerzan su proyecto totalitario que sí es una amenaza para la independencia y soberanía de Colombia. Al fin de cuentas, toda esta tormenta tiene un único origen: el afán de anexar a ese país a la revolución bolivariana.

EL REFERENDO Y EL DERECHO A DECIDIR

RAFAEL GUARÍN

Eduardo Posada Carbó en su columna de El Tiempo señaló: “¿Puede el Congreso rechazar un proyecto de referendo originado en la iniciativa ciudadana? Claro que sí. En caso de tal rechazo, ¿se estarían vulnerando los derechos ciudadanos? Claro que no”. Parece contundente, pero es en exceso simplista e insuficiente para un análisis serio del tema.

Por supuesto que el Congreso puede rechazar la iniciativa presentada por los ciudadanos. ¡Ni más faltaba! Sugerir lo contrario es un flagrante desconocimiento de la Constitución. No tendría sentido la intervención del legislativo, además de ser una peligrosa forma de aniquilar la democracia representativa, los partidos políticos y el propio Congreso. Estaríamos, ahí sí, no ante un mecanismo de profundización de la democracia, sino frente a un instrumento ideal para una dictadura plebiscitaria.

Pero también hay que considerar que los ciudadanos al estampar su firma en señal de respaldo a una iniciativa de referendo, lo que hacen es ejercer un derecho fundamental, cuya observancia depende de que los diferentes órganos del Estado que deben intervenir en su trámite cumplan su función de acuerdo al ordenamiento constitucional y legal.

¿Qué pasa si observado todo el procedimiento la Organización Nacional Electoral decide arbitrariamente no cumplir con su rol e impedir la realización de un referendo? ¿O si recolectadas las firmas, se niega a revisarlas o lo hace de forma equivocada? ¿Qué implicación tiene que por presión criminal a la Corte Constitucional, ésta declare inconstitucional la ley de referendo, a pesar de haber sido adoptada conforme a la carta política y las normas legales. ¿Acaso en dichos eventos no se violenta el derecho fundamental a la participación de quienes lo respaldaron con su firma?

Lo mismo sucede si un Presidente de la República, por razones ideológicas, rechaza expedir el decreto de convocatoria de un referendo, como el referido al agua o uno que busque adoptar el matrimonio de parejas del mismo sexo, casos en los cuales se afecta la “posibilidad” de los ciudadanos de participar” y decidir, posibilidad que “tiene naturaleza de derecho político fundamental de origen constitucional”, según sentencia C 180 de 1994 de la Corte Constitucional.
Cuando se trata de referendos de iniciativa popular, el derecho a participar no desaparece con la firma de los ciudadanos y reaparece por arte de magia el día de la votación. Ese derecho permea todos los pasos que se deben surtir, al punto que su eficacia depende del cumplimiento del trámite constitucional y legal del referendo, lo que implica, ciertamente, que la Registraduría podría establecer la no obtención de las firmas requeridas, el Congreso no aprobar el proyecto de ley o la Corte encontrar que contraviene la constitución.

Siendo lo anterior claro, salta a la vista que el planteamiento del articulista es incompleto. No obstante que el Congreso puede rechazar el referendo, esa decisión debe ser el resultado del debate parlamentario y adoptarse de manera libre, sin apremio y bajo ninguna coacción que rompa el estado de derecho.

No hay que olvidar que respecto al trámite del proyecto de referendo, el Congreso perdió por completo su libertad, consecuencia de una estrategia de terror implementada por el Polo Democrático y el Partido Liberal, con ayuda del Registrador Nacional y de la sala penal de la Corte Suprema. El objetivo político: maniatar a los parlamentarios para que rechacen el referendo, bajo la amenaza de cárcel. Ese pequeño detalle, que olvida Posada Carbó, coloca su razonamiento completamente fuera de contexto.

Por esa razón, la segunda pregunta del columnista no tiene la respuesta tan obvia, simple y contundente que ofrece. Lo riguroso sería que cambiara “claro”, por “depende”. Si bien, en principio, en el marco de la Constitución el rechazo del Congreso de un proyecto de referendo no conlleva vulneración de los derechos, cuando ese rechazo es producto del rompimiento del orden constitucional y de una coerción suficientemente capaz de anular la libertad del legislativo para votarlo, no se puede llegar a la misma conclusión. Ese el motivo por el que la actuación de la Corte Suprema de Justicia, al someter por miedo al Congreso, no solo acaba con el equilibrio de poderes sino que pisotea el derecho a la participación de quienes firmaron la iniciativa de referendo.

Finalmente, equivocado y absurdo es condenar el reclamo, la fiscalización y la presión que pueden y deben ejercer los ciudadanos ante sus representantes en las corporaciones de elección popular. Esto, a diferencia de lo que opina Posada Carbó, sí lo autoriza la Constitución, no choca con el sistema democrático y mucho menos es “un escenario de hechos políticos indeseables para el orden y la seguridad institucionales”, como él lo describe. En realidad, es de la esencia del modelo político adoptado por la Asamblea Constituyente de 1991. Aquí y en cualquier democracia, los comicios son oportunidades en que los partidos y los políticos rinden cuentas y el pueblo los premia o castiga.

http://www.rafaelguarin.blogspot.com/

GOLPE DE ESTADO JUDICIAL

Palacio de Justicia -Bogotá.

3 de agosto de 2009 - Semana.com

RAFAEL GUARÍN

Me resistía a creer que la Corte Suprema de Justicia estuviera cometiendo las múltiples arbitrariedades que le endilgaban. Empero, he podido comprobar que sí existen y que es cierto que dejó de encarnar la majestad de la Justicia para transformarse en un actor político, tan controvertido como los que pululan por ahí.

Al sustituir la recta administración de justicia por el cálculo político, en vez de un honorable tribunal constituido por excelsos magistrados, la Corte parece más un partido político que vestido de toga pretende doblegar las demás ramas del poder público y los órganos de control del Estado. ¡

No tenemos una Corte llena de magistrados sino de manzanillos judiciales! Suena duro, pero así es. No es nuevo utilizar el aparato judicial para manipular las decisiones políticas, hacer trampa a la democracia y montar una estrategia de terror. Solo hay que ver cómo se emplean argucias jurídicas para sacar alcaldes y gobernadores, con el fin de capturar la administración pública, el presupuesto y las regalías. Es muy grave, que tal aberración suceda en aquellos municipios donde farianos, carteles criminales y políticos se disputan el tesoro público. Pero que ocurra con el más alto tribunal de justicia, no solo es una perversa desviación de su sagrada misión, sino una ruptura del Estado Social de Derecho, que no debería nunca quedar impune.

Como no se trata de calumniar, sino de develar tan reprobable hecho para defender los derechos humanos, las instituciones jurisdiccionales y la Constitución, basta revisar la conducta de la Corte respecto al trámite del proyecto de ley de referendo. La puesta en escena se hizo con una denuncia, sin fundamento jurídico, contra los Representantes a la Cámara que se atrevieron a votar positivamente el proyecto de ley; el objetivo: aniquilar la libertad del Congreso, maniatarlo y someterlo hasta su anulación. Que el congresista Germán Navas Talero la presentara, solo certificaba su habilidad de leguleyo, ahora, complementada con un doctorado en politiquería; pero que esto diera lugar a la apertura de una indagación preliminar contra los parlamentarios es, por varias razones, una abominación.

En una sentencia la Corte Constitucional señaló que la garantía de inviolabilidad del voto (porque es una garantía para el funcionamiento libre del Congreso y no un privilegio de sus integrantes), “priva, de manera absoluta, a la Corte Suprema de competencia para investigar como delitos los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos”. Fallo que pasó por alto la Sala Penal de ese tribunal. Así, la indagación preliminar además de violentar la libertad de los parlamentarios quiere aniquilar la Rama Legislativa, para efectos del trámite del referendo. Por supuesto, no es un error de juicio. Es una acción premeditada que busca impedir que la iniciativa de referendo pueda ser aprobada. ¿Qué explica que careciendo de competencia los “honorables magistrados” hayan omitido ese detalle? ¿Esa es la actuación de un juez?

Por otro lado, el auto de rechazo a la acción de tutela que busca amparar el derecho a la participación política de quienes firmamos la iniciativa popular de referendo es un monumento a la manzanilla judicial. Con el fin de evitar que la Corte Constitucional revise el fallo de tutela y a sabiendas que ésta ampararía el derecho violado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el contradictor del presidente Uribe, Valencia Copete, opta por rechazarla de plano, desconociendo su texto y argumentando falazmente que carezco del derecho que alego, es decir, del derecho a participar que consagra la Constitución. ¡Increíble! Un típico caso de denegación de justicia.

Estas acciones las hubieran podido hacer Augusto Pinochet o Fidel Castro. Cuando una rama del poder público rompe el Estado de Derecho para someter a su arbitrio a las demás, aquí y en cualquier parte, se trata de un golpe de Estado, en este caso, un golpe de Estado judicial. Razón tienen los revolucionarios franceses al consagrar, en 1789, que “toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

No se puede admitir la impunidad frente a tales actuaciones, menos cuando son instrumento de miedo y buscan destrozar la Constitución y las bases de la democracia. La seguridad de que la impunidad cobija a los magistrados ante una amedrentada, mediocre e incapaz Comisión de Acusaciones, les da licencia para continuar violentando la ley y la Constitución. Esto solo parece resolverse con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que revise los pesos y contrapesos, impida la dictadura judicial y garantice que tales conductas no se repitan.

www.rafaelguarin.blogspot.com