SOBERANÍA vs LEGÍTIMA DEFENSA

EL UNIVERSAL - CARACAS

Opinión - Miércoles 11 de marzo, 2009

Adolfo R. Taylhardat

Este tema ha vuelto al tapete de la opinión pública por la presencia en Venezuela de algunos de los principales "capos" de la narcoguerrilla colombiana. Ha trascendido que nueve miembros del Estado Mayor Central de las FARC están refugiados en Venezuela. Otros dos estarían en Ecuador. Probablemente estos elementos se han refugiado en los países vecinos para protegerse de las acciones contundentes que el gobierno colombiano viene efectuando contra la narcoguerrilla. En estas condiciones, nada más seguro que encontrar santuario en el territorio de países con gobiernos complacientes.

Primero el presidente Uribe reveló que varios de los mandos de las FARC y de la guerrilla del ELN "están residenciadas en el extranjero bajo la coartada de intelectuales". Luego la televisora colombiana RCN, seguramente con datos de fuente oficial, precisó que entre los nueve que están en Venezuela figura nada menos que Rodrigo Granda (a. Ricardo) cuya presencia en nuestro país y su subsecuente "extracción" originaron una de las peores crisis en las relaciones del teniente coronel Presidente con su par colombiano.

Para que no quede duda, los generales colombianos tienen un mapa elaborado por la inteligencia de ese país con los sitios exactos donde están ubicados los campamentos de las FARC tanto en Venezuela como en Ecuador.

Incidentalmente, al cumplirse un año de la operación del ejército colombiano contra el campamento de las FARC en Ecuador, el ministro Juan Manuel Santos reivindicó el derecho de su país a defenderse de "los terroristas" aunque no estén en territorio de Colombia. "Golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por el derecho internacional" dijo Santos (EU 03-03-09, Pág. 1-12). La reacción aquí no tardó en producirse. La cancillería venezolana calificó de "repudiable la actitud prepotente" del Ministro y de "amenaza a la estabilidad y la soberanía" (EU 04-03-09, Pág. 1-16).

Todo esto ha generado justificada preocupación en los altos mandos militares colombianos que no han ocultado su molestia por no poder hacer nada contra los jefes guerrilleros refugiados en países vecinos y por la posición asumida por el canciller colombiano, Jaime Bermúdez.

También ha revivido la polémica acerca de los límites de la soberanía y de la legítima defensa. El concepto de legítima defensa está consagrado tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la OEA, aunque con alcances distintos. Sobre la legítima defensa la Carta de la ONU (Art. 51) dice expresamente: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas …" mientras que la Carta de la OEA (Art. 21) reza: "Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados. La diferencia consiste en que la organización regional no requiere que preceda una agresión (un ataque armado) para ejercer el derecho a la legítima defensa. Ambos instrumentos consagran también el derecho de los Estados a la soberanía pero al mismo imponen ciertas condiciones. La Carta de las NNUU exige el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales contraídas por ellos (Art. 2.2). La Carta de la OEA es más precisa. Establece que "Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional (Art. 10), y agrega que "El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados" (Art. 17).

En el caso presente el gobierno venezolano no solamente ha dejado de cumplir sus obligaciones internacionales sino que las viola descaradamente. La permanencia de los capos guerrilleros colombianos en territorio venezolano, que es del conocimiento del teniente coronel Presidente y recibe apoyo y hasta protección de nuestra Fuerza Armada, constituye una abierta contravención a las obligaciones contraídas en la Convención Interamericana sobre Deberes y Derechos de los Estados en caso de luchas civiles (La Habana, 20-02-1928) cuya actualidad, contenido y alcances fueron confirmados mediante el protocolo concluido en Washington el 1º de mayo de 1957. El artículo segundo de esa Convención obliga a los Estados a "Desarmar e internar toda fuerza rebelde que traspase sus fronteras siendo los gastos de internación por cuenta del Estado donde el orden hubiese sido alterado".

La evolución de los acontecimientos internacionales y la aparición de nuevos ilícitos internacionales han sobrepasado en muchos aspectos la vigencia del derecho internacional tradicional y se impone una revisión del concepto de legítima defensa. Los derechos de los Estados, como los derechos humanos individuales, son progresivos. Frente a una situación como la descrita, que no está contemplada en los tratados, cabe preguntar si no tiene razón el ministro Juan Manuel Santos cuando sostiene que un país, haciendo uso de su derecho de legítima defensa, debe poder actuar más allá de sus fronteras contra terroristas y subversivos que continuamente atentan contra la población y la estabilidad del Estado. Colombia no es el único país en el mundo que confronta situaciones como ésta. ¿No habrá llegado el momento de que la comunidad internacional, que ha aceptado la noción del derecho a la injerencia humanitaria, reconozca también el derecho de un gobierno a realizar acciones preventivas de legítima defensa cuando el gobierno de otro país no ha sido capaz, deliberadamente se ha abstenido, o intencionalmente se presta para que se produzcan situaciones que puedan originar esas acciones? Todo ello, por supuesto, dentro de los límites estrictos que imponen la naturaleza y la efectividad de la acción a realizar como ocurrió en Ecuador. Es un planteamiento debatible y por eso dejo la pregunta en el aire

Finalmente, la advertencia que acaba de lanzar el teniente coronel Presidente a su colega colombiano es tan, o hasta más grave aún, que lo que dijo Juan Manuel Santos. Cuando anunció que ordenará "prender los tanques y los Sukhoi", profirió una amenaza de agresión contra el país vecino. Además, dicho eso públicamente por un jefe de Estado incurre en una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.

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OBAMA Y LA LEGÍTIMA DEFENSA DE COLOMBIA

EL NUEVO HERALD - Publicado el domingo 22 de marzo de 2009.

By RAFAEL GUARIN

Según el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, es legítima defensa ''golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio''. Tales declaraciones produjeron urticaria en los presidentes de Ecuador y Venezuela. Rafael Correa anunció que ''si el gobierno colombiano continúa con [esas] doctrinas nos encontrará preparados'' y Hugo Chávez amenazó con mandar ``prender los aviones Sukhoi y los tanques de guerra''.

Conocedores de las reglas de la propaganda de guerra, ambos mandatarios se colocaron desde el principio en papel de víctimas. Así, esas advertencias militares se presentan como el derecho de defensa ante un estado agresor. Una hábil maniobra que esconde la realidad del juego político y militar en la región.

Pero las cosas hay que ponerlas al derecho. Colombia y su política de combate a las guerrillas y al narcotráfico no son una amenaza para nadie, excepto para esos grupos y sus aliados. Segundo, el bombardeo no fue una agresión contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de Ecuador, sino una operación antiterrorista. Además, fue la última alternativa ante la falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo por parte de la administración de Correa.

No hay que olvidar que el gobierno colombiano reiteradamente le informó sobre la ubicación de campamentos de las FARC, igual que hizo con Venezuela: el propio Alvaro Uribe en 2007 le notificó personalmente a Hugo Chávez, con testigos de por medio, las coordenadas del lugar en que se ocultaba en ese país Iván Márquez. Por supuesto, no ocurrió nada, sus gobernantes convirtieron esos territorios en santuarios de las FARC. Aún cabecillas farianos y del ELN encuentran en ellos refugio.

Retomando el discurso de Chávez, el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, afirmó que su país sólo restablecería relaciones con Colombia cuando ''renuncie a esa rémora de la doctrina de Bush''. El problema para Chávez y Correa es que esa doctrina es ahora la del presidente Barack Obama. Recordemos:

Durante la crisis de marzo de 2008 Obama respaldó abiertamente el bombardeo a las Farc en territorio ecuatoriano. Como lo resaltó en una entrevista su asesor para América Latina, Frank Sánchez, ``ni Bush habló tan abiertamente apoyando a Uribe en eso''.

En mayo de 2007 dijo en Miami que respaldaría el derecho de Colombia de atacar a los terroristas que se encontraran en otros países y que ''haremos que se aclare cualquier apoyo que otros vecinos estén dando a las FARC''. El presidente Obama no se quedó ahí: ese ``comportamiento debe ser expuesto a la condena internacional, aislamiento regional, y, si se necesita, fuertes sanciones. No se puede tolerar.''

La cuestión es que ''el comportamiento'' al que alude el presidente estadounidense no ha cambiado. Hace sólo unos días ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, el director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, teniente general Michael Maples, reconoció que el presidente Chávez todavía apoya a las FARC. Las declaraciones del presidente Uribe sobre que miembros de la cúpula guerrilla están en el exterior tiene nombre propio: Venezuela.

Es natural que a Chávez le pase un escalofrío y arme escándalo. Hace tan sólo unos días Obama dijo al New York Times estar de acuerdo, en determinadas situaciones, en capturar terroristas en el extranjero sin contar con la colaboración del país en que se esconden y operan. Específicamente cuando ese país no está ''dispuesto a perseguirlo''. Nada más parecido a lo ocurrido con el gobierno de Correa respecto a Raúl Reyes o lo que sigue sucediendo en Venezuela con parte de la cúpula fariana y del ELN.

La soberanía, a que se apela para impugnar operaciones antiterroristas en territorio foráneos no es absoluta y es una garantía para la existencia e independencia del estado, no una gabela para violentar el derecho internacional, en este caso, las normas que obligan a los gobiernos a luchar contra el terrorismo y que los inhiben de ``organizar, instigar, ayudar o participar en actos de terrorismo en otro estado o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos''.

El año pasado Obama indicó a la agencia EFE que antes de un diálogo diplomático serio con Venezuela se debía conocer ''por completo'' la relación de su gobierno con las FARC. Lo mismo debería aplicarse frente a Ecuador. Presidente Obama, ya es hora que cumpla su promesa de campaña y le pida cuentas a Chávez y a Correa.

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BOCHORNOSA LEGÍTIMA DEFENSA

El País, Cali - Marzo 08 de 2009

RAFAEL NIETO LOAIZA

De “episodio bochornoso” calificó Samper el bombardeo a ‘Raúl Reyes’. Y agregó que Colombia no podía comportarse como un “matón” y “debía respetar el derecho internacional”. No compro las pretensiones de internacionalista del ex Presidente. Creo más bien que está sacándose un clavo con Juan Manuel Santos, su enemigo desde el aciago 8.000.

Las declaraciones, sin embargo, no son apenas una muestra de los enconos que anidan en el alma del ex mandatario. Allá él con sus rencores. Ocurre que lo que dice es falso y peligroso. Falso porque Colombia nunca se ha comportado como un “matón”, y porque en la operación contra “Reyes” no violó el derecho internacional. Peligroso porque politiza en el peor sentido de la expresión, un asunto vital para la seguridad y la defensa nacionales, y alienta el uso de territorios extranjeros por grupos ilegales. Y porque da nuevo pie a los reclamos de Correa y sus compadres contra Colombia y los incita a continuar sus relaciones clandestinas con los terroristas.

Como lo dijo el Ministro de Defensa y lo afirmara el presidente Uribe el año pasado, el ataque contra ‘Reyes’ fue “un acto de legítima defensa”. Así lo reconoce expresamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, por cierto, define cuando la fuerza se ejerce de conformidad con el derecho internacional. Basta leer las resoluciones 1368, 1373 y 1378 del Consejo, donde se reconoce el “derecho inmanente de legítima defensa” y se condena a “los talibanes por haber permitido que el Afganistán fuera utilizado como base para la exportación del terrorismo por la red Al-Qaida y otros grupos terroristas, y por haber amparado a Osama Bin Laden, Al-Qaida y otros asociados”. Es decir, acepta el uso de la fuerza contra los terroristas asentados en otros estados y censura a los que les dan refugio. Así las cosas, la posición del Consejo de Seguridad, basada en la Carta de la ONU y en el derecho internacional público, al mismo tiempo que avala la acción colombiana reprueba los contactos del gobierno de Correa con las Farc y su consentimiento a su presencia en Ecuador.

De manera que si de derecho internacional se trata, la conducta reprochable es la ecuatoriana. Es verdad que, sin embargo, la OEA y el grupo de Río se opusieron a la intervención. Habría que advertir que ambas entidades son políticas y en ellas la presencia de amigos de Chávez y Correa es masiva. Y que no tienen autoridad para definir las reglas del derecho internacional. En el Consejo de Seguridad de la ONU no hubiera habido condena a Colombia.

Aclarado lo jurídico, hay que mirar el asunto desde sus consecuencias prácticas. Y ahí tienen razón los militares. Colombia no puede renunciar a su derecho a la legítima defensa sin crear una brecha gravísima a la seguridad y la defensa nacionales. Si los terroristas tienen la certeza de que no serán combatidos si reciben protección de gobiernos extranjeros, usarán esos territorios. Y los gobiernos de extrema izquierda afianzarán sus relaciones con los criminales ¿Habrá que decir que era exactamente eso lo que venía pasando?

No se trata de provocar, y por eso las declaraciones de Santos fueron ciertas pero innecesarias, pero no será con apaciguamientos que salgamos adelante contra el terrorismo.

LA LEGÍTIMA DEFENSA

Revista Semana - 7 de marzo de 2009

ALFREDO RANGEL

La legítima defensa es el primer e indiscutible derecho de cualquier comunidad política. Es un derecho irrenunciable. Hacerlo sería invitar a la agresión ilegal e impune de terceros. Por eso, al apelar a ese derecho, el ministro Juan Manuel Santos solamente ratificó algo que es lícito y está contemplado en el derecho internacional. De ahí que sea
sorprendente la discusión sobre si Colombia debe o no reivindicar ese derecho. En cualquier país serio es algo obvio que no amerita discusión.

En su política internacional, Colombia ha sido tradicionalmente un país muy apegado a las vías del derecho y absolutamente inclinado a actuar en cooperación con otros países para alcanzar propósitos comunes. Por esta razón, el presente gobierno sigue privilegiando la búsqueda de la cooperación con países vecinos en temas tan sensibles como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. No se ha cansado, por ejemplo, de proponerles decenas de fórmulas de cooperación para garantizar la seguridad fronteriza. Lo hace y lo seguirá haciendo.

Pero lo anterior no puede ser óbice para que en casos extraordinarios y como recurso extremo y excepcional, Colombia apele al derecho a la legítima defensa para proteger su seguridad nacional, cuando sea objeto de agresiones ilegítimas. Fueron los casos que desembocaron en la captura de 'Granda' en Venezuela y el abatimiento de 'Reyes' en Ecuador. Habida cuenta de las permanentes intenciones violentas y las constantes acciones armadas de las Farc contra el Estado y la sociedad colombiana, la presencia tolerada y protegida de este grupo irregular en Venezuela y Ecuador -desde donde se realizaban ataques contra nuestro país-, constituía una agresión ilegítima y persistente contra Colombia. Los gobiernos de esos países estaban, además, violando de manera flagrante y permanente la Resolución 1373 de Naciones Unidas, que es de obligatorio cumplimiento para sus miembros, y que prohíbe "financiar, albergar o proteger" a grupos terroristas, los cuales son considerados por la ONU como una amenaza a la paz internacional. Apelando al derecho a la legítima defensa, nuestra respuesta fue idónea, oportuna, proporcional y no afectó a terceros, tal y como lo exige la doctrina internacional sobre esta materia.

El sustento jurídico de la legítima defensa es el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que dice: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas". Como lo señala José Luis Vallarta Marrón, ex embajador mexicano ante la ONU, catedrático de la Unam y tratadista sobre derecho internacional, este Artículo no hace limitación expresa al ataque armado de un Estado contra otro Estado, por lo tanto su aplicación no se desvirtúa ni se desnaturaliza si se ejerce la legítima defensa en caso de un ataque armado, provenga de donde proviniere.

El mismo experto señala que cuando un grupo irregular se aloja en otro país ''el Estado víctima tiene todo el derecho a defenderse". Y agrega: "En cuanto a la integridad territorial del Estado donde operan las bandas irregulares,...(su) falta de control (...) justificaría la acción de legítima defensa". Y más adelante añade que si ese Estado "tolera o permite el ataque...(de bandas irregulares)... el mismo sería imputable al Estado que las aloja e incurriría en responsabilidad". Concluye que esto es compatible con la opinión de la Corte Internacional de Justicia "si se comprueba la complicidad, franca tolerancia o incapacidad del Estado que aloja a los terroristas". Adicionalmente, las Resoluciones del Consejo de Seguridad, que legalizaron la intervención en Afganistán luego del 11 de septiembre, son de hecho una ampliación del concepto de legítima defensa para los casos de terrorismo no atribuibles a un Estado.

Finalmente, es injusto criticar al ministro Santos por decir ahora lo mismo que la Cancillería había dicho hace un año, y lo que el presidente Uribe ratificó hace apenas dos semanas en Buenaventura, a saber: "Los jefes (de la guerrilla) están cobardemente en el extranjero. Allá discreta pero eficazmente les llegaremos. Mientras yo sea Presidente de Colombia, nada nos hará renunciar a llegar en algún momento al extranjero tras esos bandidos". No ha habido entonces ninguna diferencia entre Santos, la Cancillería y el Presidente, y la apelación al derecho a la legítima defensa, como recurso excepcional y en las circunstancias y condiciones que la Ley señala, es una parte irrenunciable de nuestra actual doctrina de seguridad nacional. Y está muy bien que así sea. A pesar de las pataletas de adentro y de afuera.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN ¿FUNCIONA?

Publicado en Conexión Colombia - 18 de marzo de 2009

SILVIA TRUJILLO

La mayoría de las sociedades se han construido históricamente a partir de la diversidad de etnias y culturas. Las ciudades se han caracterizado desde su nacimiento por la heterogeneidad y la complejidad cultural y económica.

Las migraciones han sido vitales en estos procesos de construcción. Hace algunas décadas, la migración, además de proceso natural, empezó a convertirse en una opción de supervivencia. Las brechas económicas y sociales, propias del capitalismo y la globalización, convirtieron al desplazamiento entre estados (principalmente del Sur al Norte) en una alternativa de vida para miles de personas.

En muy poco tiempo el fenómeno se tornó masivo. La rapidez y la cantidad de personas en movimiento se convirtieron en un tema prioritario en las agendas gubernamentales. Y con razón. Los flujos migratorios evidenciaron una multiplicidad de problemas reales (fuga de cerebros, escasez de mano de obra, satisfacción de necesidades básicas) a la vez que se convirtieron en excusas electorales y de discriminación.

Los puntos en común de las medidas que los países receptores han tomado en el último tiempo son, que han abordado a la migración desde una perspectiva negativa y que la han tratado de evitar a toda costa. En cierto sentido se ha “criminalizado” al inmigrante.

Un claro ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en Italia hace pocos días. El senado aprobó dos enmiendas a la Ley de Inmigración, con el fin de endurecer la norma. La primera autoriza a los médicos a denunciar a los inmigrantes irregulares que acudan a utilizar sus servicios; y la segunda, establece penas de hasta 4 años de cárcel para personas que después de haber sido deportadas, regresen a territorio italiano. Estas son las últimas medidas de una serie que se ha venido dando en los países de la Unión Europea, desde la aprobación en junio de 2008 de la “Directiva de Retorno”

Al parecer, los gobernantes europeos no han entendido que las sanciones de este tipo no han sido exitosas para frenar la llegada de inmigrantes, y que por el contrario, lo que hacen es profundizar la segregación.

Basta con analizar la decisión de quien decide emigrar. Las personas abandonan sus países de origen por múltiples razones, pero una fácilmente generalizable es la de mejorar sus condiciones de vida. Los emigrantes se trasladan siendo concientes de que al hacerlo están arriesgando su propia vida, ya sea hacinándose en una “patera”, pasando meses en el mar, o poniéndose en manos de traficantes que vulneran sus derechos. El punto es, si estas personas están dispuestas a dar su vida en el trayecto, ¿las desmotivará la posibilidad de pasar algunos años en la cárcel?

En ese sentido, la medida no será efectiva. Lo único que ocurrirá es que ahora el drama de la migración tendrá un nuevo capítulo: la vulneración del derecho a la vida, ya que no dudo que si los “ilegales” decidieron arriesgar su vida por llegar al país de destino, no vayan a hacerlo nuevamente una vez hayan alcanzado su objetivo. Es decir, no acudirán a una consulta médica por temor a ser denunciados.

Así mismo, ante esta situación se abre la posibilidad de que se violen múltiples derechos, no sólo de los inmigrantes, sino de los médicos también. ¿Se estará facilitando una nueva forma de corrupción? ¿Se incentivará la prestación de servicios médicos clandestinos y sin garantías de salubridad? Estas son solo algunas de las repercusiones que este tipo de medidas pueden tener en el corto plazo.

La inmigración es una realidad indiscutible, y lo ha sido desde los orígenes de la humanidad. En lugar de seguir imponiendo medidas sancionatorias, que por demás han demostrado ser inefectivas, debería empezar a analizarse la problemática migratoria desde una nueva perspectiva.

Si bien es cierto que la migración y la heterogeneidad generan conflictos y problemas, también lo es que suponen ventajas considerables. Los inmigrantes son agentes de cambio social. Pero si no existen posibilidades de integración en y con la sociedad receptora, los costos serán siempre mayores que los posibles beneficios.

Se debe cambiar la perspectiva para enfrentar la cuestión migratoria y pasar de la sanción a la aceptación. Lo anterior implica que los gobiernos realicen una formulación de políticas públicas en materia de: qué tipo de mano de obra requieren, qué número de inmigrantes necesitan para fortalecer la economía local y para equilibrar las curvas demográficas, y qué número están en capacidad de recibir para dotarles de las coberturas en educación y salubridad básicas, entre otras.

Estas definiciones necesitan de la concertación entre los sectores público y privado empresarial. Si los estados receptores fortalecen el desarrollo económico local y lo traducen en la generación de políticas públicas de inmigración, la conflictividad de las migraciones podrá reducirse.

Las migraciones no van a desaparecer, y el cierre de fronteras y la criminalización de los inmigrantes no han dado resultados positivos. Seguir generando políticas con el fin de que cesen los movimientos es utópico y ha demostrado ser inefectivo. Hay que reconocer que las personas seguirán en continuo movimiento, y ni las amenazas de sanción o delación, lograrán imponerse sobre factores de atracción como la ilusión de tener una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus familias.

* Silvia María Trujillo Ordóñez es politóloga internacionalista, master en Acción Política y Participación Ciudadana y directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

SÍ FUE LEGÍTIMA DEFENSA

Fotos tomadas de: http://www.latinamericanstudies.org

Publicado en Revista SEMANA. Edición On Line. 18 de marzo de 2008.

RAFAEL GUARÍN

Un año después de que la Operación Fénix eliminó a Raúl Reyes en un “campamento madre” de las Farc, en territorio ecuatoriano, vuelven a la carga los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. Desde la muerte del terrorista, al que Chávez le dedicó un minuto de silencio, la actitud de ambos mandatarios ha sido la de acusar a Colombia de amenazar la paz y la seguridad regional. En este caso, la nueva andanada se produce por que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que se trató de “un acto de legítima defensa”.

Hay que recordar que la información certificada por Interpol, proveniente del computador de Raúl Reyes, develó la existencia de una clandestina alianza entre los gobiernos que impulsan la revolución bolivariana y las Farc, en lo que se puede definir como una guerra irregular contra el Estado colombiano. A algunos lectores les parecerá extremista, pero no es extraño que en contextos de expansión de revoluciones los grupos terroristas y los estados patrocinadores terminen realizando ese tipo de maniobras.

Durante la guerra fría fueron características tales interferencias en forma de apoyo de potencias a bandas terroristas.

Es lo que Carl Schmitt en la “Teoría del Partisano”, citando a Rolf Schroers, define como “tercer interesado”: “El poderoso tercero no sólo provee armas y municiones, dinero, ayuda material y medicamentos de todo tipo; también procura esa clase de reconocimiento político que el guerrillero necesita para no hundirse en lo apolítico – es decir: en lo criminal – como el pirata o el bandolero”. Basta recordar el rechazo de Correa y Chávez a calificar a las Farc de terroristas, el tratamiento de Estado que le otorgaron y los acuerdos hechos en Miraflores con Iván Márquez para conformar el “grupo contadora”, reconocer beligerancia a las Farc y lanzar la candidatura de Piedad Córdoba a la Presidencia de la República.

En ese contexto, es evidente que la Operación Fenix fue un acto de legítima defensa que permitió acabar con quien era realmente el número uno de la organización, descubrir el entramado continental que soporta a las Farc, conocer su concertada agenda con los gobiernos vecinos, establecer el grado de compenetración de la guerrilla con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Brasil, visibilizar ante el mundo esos vínculos, promover la vigilancia y la presión internacional para disuadir a estos de continuar esa alianza y, sobre todo, abortar parte del complot que se gestaba contra Colombia.

A pesar que con pragmatismo y para facilitar la superación de la crisis el presidente Uribe se comprometió a no repetir ese tipo de operación (esperando la corresponsabilidad de los demás estados en la lucha contra el terrorismo), es irracional una renuncia absoluta. Una nueva acción fuera de las fronteras depende de los países vecinos, no del gobierno colombiano. En otras palabras, atacar enclaves terroristas y llevar a cabo capturas en territorio extranjero es la última opción cuando no existe cooperación efectiva para perseguir a esas organizaciones e individuos.

No obstante que hay que enfatizar el carácter multilateralista de la lucha contra el terrorismo, cuando éste no funciona el Estado mantiene la obligación de defenderse y defender a sus ciudadanos, situación en que obligatoriamente debe acudir, como último recurso válido, a la “legítima defensa”. No puede ser de otra manera cuando en vez de cooperación de gobiernos foráneos lo que existe es complicidad con las organizaciones terroristas.

La creación del Consejo de Defensa Suramericano es un escenario que debe aprovechar el gobierno de Colombia para construir esa cooperación de cara a la opinión pública internacional o, en su defecto, emplearse para dejar constancia de las solicitudes de cooperación insatisfechas y de las relaciones que tengan gobiernos con las Farc.

No hay que ser muy optimista. Quienes integran esa instancia hacen parte de la OEA, organismo que además de no contribuir eficazmente a resolver la crisis se negó a adelantar investigaciones respecto a los vínculos de gobiernos con la guerrilla.

Cediendo a las presiones, el Secretario José Miguel Insulza prefirió desconocer que las graves conductas descubiertas violan la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las obligaciones que tienen los estados conforme la resolución 1373 de las Naciones Unidas. Esa actitud, lejos de favorecer la paz y la seguridad de la región puede terminar colocándola en riesgo, pues le verdadera amenaza no es el combate al narcotráfico y a las FARC, sino el contubernio de dichos gobiernos y la organización terrorista.

Nota al margen: ¿Qué tal el flamante Fiscal Mario Iguarán? Pasó la semana pasada de denunciante de Piedad Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia a ser uno de los que le rinde homenaje. ¡Vergonzoso!

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LA RAZÓN DE LA VIOLENCIA

FERNANDO SAVATER
El País.
6 de marzo de 2009


En cierta ocasión lord Chesterfield asistió a una celebrada representación de Otelo y cuando le preguntaron si había obtenido alguna lección de la tragedia, repuso: "En efecto, que las señoras deben tener cuidado con dónde guardan sus pañuelos". Bastantes de las lecturas y conclusiones proclamadas a partir de las recientes elecciones en Euskadi me recuerdan por su enjundia e irrefutable tino a la humorada de milord. ¡Qué facilidad para pintar usando rosas o negros, no según la realidad sino a partir de los apremios del corazoncito político de cada cual! Eso sí que es impresionismo y no lo de Renoir... Visto lo cual, poco daño podrá hacer que yo colabore en este concurso urgente de frescos.

A mi juicio, lo primero que resulta evidente otra vez es la razón de fondo para que siga habiendo violencia terrorista: muy sencillo, porque sin el terrorismo y el mundillo que apoya, jalea o excusa el terrorismo... los planteamientos nacionalistas se quedan en minoría. En cuanto ETA y adláteres son puestos al margen (en la medida muy relativa en que tal cosa puede hacerse) del juego político, las veleidades más declaradamente separatistas se muestran minoritarias y los partidos que pretenden ganar votos tienen que disimularlas todo lo posible para obtener buenos resultados. Y eso sigue igual después de 30 años de gobierno nacionalista, de educación nacionalista, de radio y televisión públicas nacionalistas, etcétera.

En la resaca electoral, los nacionalistas y sus madrazos han denunciado que el mapa político obtenido está falseado por la ilegalización de quienes apoyan la ilegalidad, debida a un astuto cálculo del Gobierno socialista. Silencian el otro cálculo electoral que se ha frustrado, el de los que cuentan siempre con quienes no quieren renunciar ni a las armas ni a los votos, ni al refrendo en las urnas ni a la coacción antes de llegar a ellas, el del útil extremismo de quienes favorecen que las opciones similares pero no sanguinarias se convierta en resignado refugio de pecadores asustados, el de quienes se las han arreglado para silenciar o forzar al exilio a los vascos que no querían serlo more nacionalista. El momento más pintoresco del rígido y soporífero debate que mantuvieron en Euskaltelebista todos los candidatos a lehendakari fue cuando Patxi López le pidió a Ibarretxe que especificara una sola idea política que estuviera ilegalizada en Euskadi. Ibarretxe no supo más que mencionar las transferencias supuesta o realmente pendientes del vigente Estatuto, que no parecen precisamente el meollo de la ideología reivindicativa de Batasuna. Una salida de pata de banco, claro, pero ¿qué quieren ustedes que dijera el hombre? No iba a declarar que lo único ilegalizado era la ventaja que ellos obtenían de una violencia tan repudiable como... rentable.

Bien, dejando fuera a quienes aún no se deciden entre la lucha armada y el Parlamento, la mayoría de los ciudadanos de Euskadi es electoralmente constitucionalista. Ahora parece posible conseguir que eso se refleje en la lehendakaritza y el gobierno, tras tres décadas de hegemonía nacionalista... que algunos han llegado a considerar derecho natural y voluntad divina. Y para conseguirlo no queda otro camino que juntar en la sesión de investidura los votos de socialistas, populares y quizá UPyD. No se trata de ningún "frentismo" sino de pura matemática parlamentaria... exactamente igual que lo fue un intento semejante en las elecciones de 2001. Produce cierto melancólico regocijo las contorsiones intelectuales que vemos hacer a tantos chocantes desmemoriados para demostrar que, contra toda evidencia, lo de ahora no tiene nada que ver con aquello. Incluso se nos pretende convencer de que aquel intento de unir a socialistas y populares para conseguir un lehendakari no nacionalista fue una estrategia equivocada, contraproducente y con malos resultados electorales.

Nada más lejos de la verdad. En 2001 la suma de votos constitucionalistas fue la más alta de la historia democrática, cien mil y pico votos por encima de la obtenida en los pasados comicios por las mismas fuerzas. Los nacionalistas ganaron porque desde Batasuna, presente en la oferta electoral, se transfirieron 70.000 votos al PNV para cerrar el paso al constitucionalismo: algo parecido a lo que ha pasado ahora en menor medida con Aralar y que en cualquier caso tuvo el mérito de conseguir que muchos pro-violentos aceptaran por primera vez votar a un partido que condenaba el terrorismo. Y después PNV-EA gobernó gracias al apoyo de Esker Batua (cuyo descalabro ha sido la mejor noticia de estas elecciones) y a préstamos puntuales y mefistofélicos de los proetarras instalados en el Parlamento. En cuanto a los mensajes lanzados en aquella campaña electoral en la que ambos partidos constitucionales tantos recelos mutuos guardaban, poco difieren de lo que ahora hemos oído: desalojar al nacionalismo del poder que patrimonializa, demostrar que nada trágico ocurre si Euskadi es gobernado por no nacionalistas, etcétera. De modo que tiene poco caso asegurar (como Aizpiolea, "Las cosas van a ser distintas en Euskadi"): "Puede decirse que ayer se enterró la política frentista antinacionalista de Mayor-Redondo y la posterior de María San Gil. UPyD queda ahora como residuo de esa época". Gracias, muy honrados. Pero quedan bastantes más "residuos" de entonces, afortunadamente. Por ejemplo, sin Mayor Oreja, Redondo Terreros, María San Gil y, sobre todo, sin los movimientos cívicos que a comienzos de siglo movilizaron a la ciudadanía a favor del Estatuto, la Constitución y contra el nacionalismo obligatorio, Patxi López tendría hoy las mismas posibilidades de llegar a lehendakari que yo de ser nombrado vicario general castrense. Quizá a eso se refiere López cuando menciona el "abismo" que le separa de UPyD: es el que separa recordar de dónde venimos y fingir haberlo olvidado.

No hacer "frentismo" es cosa buena: para eso precisamente sirven la Constitución y el Estatuto apoyado en ella. El socialismo de Patxi López tiene ahora la posibilidad de darle a la España constitucional la oportunidad de la que ha carecido hasta hoy en el País Vasco, gobernado siempre desde el guiño de quienes aprovechaban la legalidad vigente pero no pierde ocasión de proclamar que no se sienten comprometidos con ella. Por supuesto, no se trata de excluir por principio ni a los nacionalistas ni a nadie, salvo a los violentos. Pero sí de erradicar la manipulación partidista de la Ertzaintza o de los medios públicos de comunicación, así como combatir el clientelismo incrustado en la sociedad (más debido a la hegemonía ininterrumpida sin alternancia que a la ideología nacionalista, porque en Andalucía, por ejemplo, existe igual). Una vez disipado el clientelismo y la convicción de que sin poner cara de nacionalista no se llega a nada, ya veremos si hay tanto nacionalismo popular en Euskadi como nos cuentan los mamporreros del régimen. Llega la hora de cambiar de verdad y no de seguir fingiendo que hay que tener cuidado con dónde deja uno el pañuelo...

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.

¿ACASO EL 11M NO SE FIJÓ EN BRUSELAS?

FERNANDO REINARES
11/03/2009
EL PAIS - Madrid.


Los atentados de Madrid no fueron obra de una célula local de inmigrantes magrebíes radicalizados. Hay múltiples evidencias de que detrás hubo una trama 'yihadista' internacional vinculada a Al Qaeda

En Bruselas, sí. No en el barrio de Lavapiés ni en Morata de Tajuña. Fue cuando, casi cinco meses antes de que se produjeran los atentados de 2004 en Madrid, alguien adquirió una tarjeta prepago y facilitó para ello una serie de datos falsos, entre los que figuraba como fecha de nacimiento la del 11 de marzo de 1921.

Es significativo que en la azora 21 del Corán pueda leerse: "Si los infieles conocieran el momento en que no podrán apartar el fuego de sus rostros, ni de sus espaldas...". Además, dicha compra, y por tanto la fijación del 11-M, tuvo lugar el 19 de octubre de 2003. Al día siguiente -ni uno antes, ni uno después- de que un canal qatarí de televisión emitiese un vídeo en el que Osama Bin Laden amenazaba a varios países occidentales, mencionando de manera expresa a España. Una circunstancia asimismo muy reveladora.

Importa aclarar que la aludida tarjeta prepago estaba inserta en el terminal de telefonía móvil encontrado en el dormitorio de la vivienda en que residía -insisto, en Bruselas- Youssef Belhadj, actualmente condenado a 12 años de prisión.

Constato de manera habitual que la inmensa mayoría de los asistentes a conferencias y seminarios en los que se habla del tema desconoce tanto ésas como otras evidencias fundamentales acerca de los terroristas que intervinieron en la planificación y ejecución del 11-M. Quizá por haber estado durante largo tiempo enredados en un debate excéntrico, elucidando si ETA estaba o no implicada en esos trágicos hechos, ha pasado desapercibido lo que los atentados de Madrid indican sobre la configuración del terrorismo global tras los del 11-S en Nueva York y Washington, o sobre la evolución de la amenaza que continuamos afrontando.

Cinco años después, mi impresión es que gran parte de los españoles sigue pensando que lo sucedido aquel infame día en los trenes de cercanías que circulaban hacia la estación de Atocha fue obra de una pequeña célula, constituida de manera espontánea y formada por inmigrantes magrebíes mal adaptados a nuestra sociedad, radicalizados a sí mismos y sin conexiones internacionales de importancia. Pero las cosas no son así.

En primer lugar, entre los implicados en los atentados del 11-M hay varios individuos, como Jamal Zougam y Serhane Ben Abdelmajid Fhaket, El Tunecino, o el huido Said Berraj, que estuvieron integrados en la célula de Al Qaeda establecida en España a inicios de los noventa o mantenían estrechos vínculos con su dirigente, hoy en prisión, Abu Dahdah. Éste quedó al frente de la célula cuando el más notorio de sus fundadores, Abu Musab al Suri, dejó Madrid para trasladarse primero a Londres, donde desarrolló labores doctrinales junto a Abu Qutada, y luego a Afganistán, donde en 1996 era ya miembro del círculo inmediato de Osama Bin Laden.

Esa célula fue sustancialmente desmantelada por la policía en el otoño de 2001, al constatarse su trabazón con la de Hamburgo, la de los suicidas del 11-S, alguno de los cuales estuvo poco antes en nuestro país. Ni aquellos tres individuos ni otros cercanos a ellos encajan en el perfil propio de unos terroristas que constituyen su propia célula local e independiente de manera espontánea, una vez radicalizados a sí mismos.

Al aproximarnos a la identidad de los condenados en sumarios abiertos por los atentados de Madrid se distinguen, en segundo lugar, dos destacados miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), formado hacia 1993 en Peshawar, Pakistán, y afiliado con Al Qaeda. En su campo de adiestramiento de Jalalabad, Afganistán, se enseñaba a utilizar móviles en explosiones simultáneas. A inicios de 2002, esa organización terrorista y otras dos norteafricanas de la misma orientación -como el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL), alguno de cuyos notables entró en contacto con uno de los terroristas de Madrid- acordaron atentar en los países de donde procedían sus integrantes o en los que residieran.

Los atentados de Casablanca se produjeron en mayo de 2003 y los del 11-M en Madrid, diez meses después. Las redes terroristas de ambos casos se solapan parcialmente. Hassan el Haski, condenado aquí a 14 años, lo ha sido a 10 por lo ocurrido en aquella ciudad marroquí. Ningún miembro del GICM es, por definición, componente de una célula local surgida espontáneamente y carente de conexiones internacionales.

En tercer lugar, envuelto en el 11-M encontramos a un antiguo militante de la Yihad Islámica Egipcia (YIE), que en 2001, siendo su líder Ayman al Zawahiri, el actual lugarteniente de Osama Bin Laden, se fusionó con Al Qaeda. Hablo de Rabei Osman Es Sayed Ahmed, Mohamed el Egipcio, un notorio emprendedor de iniciativas a favor de Al Qaeda y el terrorismo global desde 1999 en Alemania, Francia, Italia, Bélgica y España, donde están acreditados sus ligámenes con algunos de quienes cometieron los atentados de Madrid. Por estos hechos fue condenado en Italia a ocho años de prisión.

Una investigación del Federal Bureau of Investigation (FBI) estadounidense, solicitada por las autoridades italianas, puso de manifiesto que, el 4 de febrero de 2004, es decir, cinco semanas antes del 11-M, El Egipcio activó por primera vez la dirección de correo electrónico que utilizaba normalmente, introduciendo en el formulario de registro un nombre imaginario, con domicilio ficticio y supuestamente nacido el 11 de marzo de 1970. Ocurrió en Milán. No en el barrio de Lavapiés ni en Morata de Tajuña.

Ciertamente, si repasamos el listado de cuantos han sido condenados por los atentados del 11-M o se suicidaron en Leganés el 3 de abril de 2004, hallamos unos cuantos marroquíes, originarios de ciudades como Tánger y Tetuán, inmersos en la delincuencia común y el narcotráfico, liderados por Jamal Ahmidan, El Chino.

Pero fueron expresamente movilizados para participar en los atentados y no constituyeron célula alguna de manera espontánea ni se radicalizaron solos. En cualquier caso, los rasgos comunes a estas personas son relativamente distintivos respecto al conjunto de quienes participaron en los atentados de Madrid y no debe tomarse esta parte por un todo más diverso. A la hora de explicar el amalgamiento de esos individuos caracterizados por su previa trayectoria delictiva con otros inmersos desde hacía mucho tiempo en grupos y organizaciones terroristas afines a Al Qaeda, dentro y fuera del territorio español, es preciso aludir a ligámenes afectivos de amistad, vecindad o parentesco que vinculaban entre sí a no pocos de estos terroristas.

A todo ello debe añadirse que Al Qaeda se hizo responsable de los atentados mediante un comunicado enviado el mismo día por las Brigadas de Abu Hafs al Masri al periódico en lengua árabe que es su destinatario habitual desde hace más de una década, donde fue validado.

Los escondidos en el piso de Leganés siguieron las directrices transmitidas posteriormente con esa rúbrica. Sin olvidar que, según todo indica, los terroristas del 11-M huidos recibieron ayuda no sólo del GICM, sino de Ansar al Islam y el entramado de Al Qaeda en Irak. Alguno de ellos cometió un atentado suicida en este país.

En suma, no parece que los atentados de Madrid fuesen obra de una célula local surgida espontáneamente y formada por un puñado de inmigrantes musulmanes radicalizados a sí mismos. Incluso que el 11-M ocurriese exactamente 911 días después del 9-11 -es decir, el 11-S- resultaría en exceso sofisticado para una camada así. Evidencias como las reseñadas y numerosas otras sugieren una realidad más compleja, que lo es también para una amenaza que persiste.

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano. Actualmente prepara un libro sobre el 11-M titulado Operación Trenes de la Muerte.

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DE LAS FARC AL POLO

Foto: www.elpais.com.co
Publicado el miércoles 4 Marzo 2009 en SEMANA.COM

RAFAEL GUARÍN

Imaginemos un momento que Carlos Castaño y Salvatore Mancuso hubieran enviado un mensaje público al Congreso de uno de los partidos de la coalición de gobierno o al Partido Liberal. ¿Cuál sería la reacción si además propusieran un acuerdo para cambiar el “régimen” y dicho partido no rechazara la amable invitación? ¿No sería una modalidad similar al Pacto de Ralito entre paramilitares y un grupo de políticos para “refundar el país”?

Pues fue exactamente eso lo que ocurrió la semana pasada con un mensaje del Secretariado de las Farc al Congreso del Polo Democrático Alternativo PDA. Luego de lanzar el infundio de que la Política de Seguridad Democrática es el obstáculo para la “convivencia”, la organización terrorista le señala a ese partido la necesidad de “acuerdos políticos que abran las puertas a un nuevo régimen con capacidad de cimentar la paz democrática”. En otras palabras, le proponen un “pacto” para derrotar la estrategia de seguridad en las urnas y abrirle paso a un gobierno que comparta los criterios farianos.

A pesar que los senadores Iván Moreno, Luis Carlos Avellaneda y Parmenio Cuéllar descalificaron tajantemente la carta de Alfonso Cano, el Congreso del PDA se abstuvo de pronunciarse. En realidad esas declaraciones sirvieron para ocultar que los delegados al Congreso evitaban abordar la propuesta fariana para no introducir un elemento que ahondara la fracturada unidad.

El secretario del Polo, Carlos Bula, sacó la versión que el tema estaba resuelto. Según él, era una “posición de principios” que no admite duda respecto a que ese partido está en contra del secuestro, el terrorismo y la combinación de todas las formas de lucha. Lo que no dijo Bula, es que para el Polo los soldados y policías no son secuestrados sino prisioneros de guerra, por tanto, que los miembros de la fuerza pública pueden seguir siendo raptados por la guerrilla conforme al derecho internacional, lo que no es otra cosa que la legalización del secuestro.

Se le olvidó también decir que desde el punto de vista del PDA las Farc no son terroristas sino un actor político con el cual se debe negociar y conseguir una “salida pacífica”, lo que implica que rechazar al terrorismo no es rechazar a las Farc. Y omitió reconocer que aunque en la retorica repudian la combinación de las formas de lucha, en la práctica el Partido Comunista Colombiano, que controla gran parte del Polo, defiende la “validez de la lucha armada”.

La razón del silencio institucional ante la carta de Cano es la misma que está detrás de los vientos de división que enmarcaron el Congreso del Polo. Los análisis redujeron la actitud de Lucho Garzón y Gustavo Petro a una derrota en el número de delegados, otros lo registraron como resultado de su afán de contemporizar con el “establecimiento”, pero más que esas razones lo que está en el fondo es la influencia que ejerce cada vez más las Farc en el PDA.

En septiembre pasado Petro dijo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido. Sería conveniente que todos los militantes del Polo no cayeran en esa trampa”. Nadie dijo nada. El repudio que ambos despiertan en sectores extremistas obedece a que descalifican la acción violenta y se niegan a concederle legitimidad a la guerrilla, mientras que los legitimadores de las Farc los acusan de uribistas, escudándose en los mitos farianos, la teoría de las causas objetivas de la violencia y la existencia de un supuesto “conflicto social y armado”.

Los agentes farianos, camuflados de dirigentes políticos y sociales, se mueven al interior del Polo y del Partido Liberal para ejecutar la estrategia planteada en diversos documentos internos. No hay que esforzarse mucho para saber la filiación política de Fensuagro y de Efraín Mendoza Gamba, “dirigente social” capturado en el campamento guerrillero del ‘Negro Antonio’. Según el Manifiesto de las Farc del 1 de octubre de 2007 el objetivo táctico es la “creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la Paz” y un gobierno que “tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles”.

Como lo señaló Petro, en la carta del Secretariado hay una “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”. Ante esa situación lo que se espera es un profundo y contundente rechazo del Partido como tal, no declaraciones aisladas de sus miembros. Si la izquierda no se blinda y deslinda sin ambigüedades del acecho terrorista y se depura de farcpolíticos, nunca llegará al poder. En ese propósito hay que estar del lado de Petro y de Lucho.

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MUERTE DE REYES DEJÓ EN EVIDENCIA VÍNCULOS POLÍTICOS DE LAS FARC

EL UNIVERSAL
Caracas - Venezuela
1 de marzo de 2009


Corre un año de la muerte del segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, en un bombardeo en territorio ecuatoriano. Más allá de ese hecho que dividió la historia de la mayor guerrilla de América Latina en un "es posible y no imposible" aniquilarlas, los computadores que se hallaron en el campamento rebelde evidenciaron hasta qué punto gobiernos extranjeros han colaborado con este grupo armado para obtener réditos.

Las evidencias descubiertas en el computador de Reyes mostraron que las FARC buscaban, con ayuda externa, desacreditar al presidente colombiano Álvaro Uribe, armarse y reforzarse, estableciendo nexos con gobiernos como el de Hugo Chávez (Venezuela) y el de Rafael Correa (Ecuador).

Rafael Guarín, experto en materia terrorista y académico de la Universidad del Rosario en Colombia, indica que "aunque debe haber mucho más información, la revelada fue suficiente para visibilizar ante la comunidad internacional la relación FARC-revolución bolivariana y, con ello, hacer más difícil el trabajo que venían desarrollando; lo que no significa que dicha relación se haya terminado".

Pero si Uribe, e incluso la prensa colombiana, guardan silencio con la información de los computadores, es porque el Gobierno está consciente de que Venezuela es fundamental para la economía colombiana.

A pesar de esto, Uribe consiguió lo que deseaba. "El objetivo era evitar que Chávez dispusiera de un grupo irregular en territorio colombiano, asegura Guarín, para construir el bloque regional por el socialismo del siglo XXI".

Y más que eso, los secretos de Reyes "abortaron el reconocimiento de beligerancia a las FARC solicitado por el presidente venezolano y el quiebre de facto de la política de seguridad democrática que ese hecho implicaría", agrega el académico colombiano.

MOVILIZACIÓN CONTRA EL SECUESTRO TUVO EFECTOS

Miércoles 4 Febrero 2009
REVISTA SEMANA

“Las liberaciones unilaterales de secuestrados de comienzos de 2009 son resultado de la movilización nacional contra las Farc del 4 de febrero de 2008”, dijo el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, en el Foro SEMANA realizado este miércoles 4 de febrero para conmemorar el aniversario de “la más grande movilización política de la historia de Colombia”, como la calificó el analista Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia.

Ex secuestrados, líderes políticos y académicos coincidieron en que el 4F marcó la irrupción del poder de la ciudadanía, que “se autoconvocó”, en palabras del dirigente liberal Rafael Pardo, en la lucha del Estado contra las guerrillas. “El día que los colombianos le perdimos el miedo a las Farc”. “El día que comenzó la insurrección de la juventud y del país contra el terrorismo”. “El día que despertó la sociedad”. Sin duda, el 4F se ganó un sólido lugar en la conciencia y el imaginario nacional.

Según el columnista Rafael Guarín, “el 4F cerró la etapa del movimiento ciudadano pacifista, que tenía consignas abstractas contra la guerra y por la paz, y abrió una nueva etapa de movimiento civil anti-terrorista, que se pone claramente del lado del Estado”. A este contenido político se refería Alfredo Rangel. Para la senadora Martha Lucía Ramírez lo que sigue es “pulir el diamante en bruto de una sociedad civil activa para evitar que sus manifestaciones se vuelvan episódicas”.

Aunque se reconoció que el nivel de participación en las marchas ha bajado desde la del 4F, Clara Rojas, ex secuestrada, propuso convocar una marcha para dentro de unos meses, pasada la semana santa. Alejandro Santos, director de revista SEMANA, recordó que más allá del poder de las redes sociales en internet y de los medios de comunicación, lo que explica el 4F fue el momento histórico preciso de la rabia de los colombianos con los engaños de las Farc, especialmente en relación con el niño Emmanuel.

De este modo matizó Santos las interpretaciones más entusiastas de la marcha del 4F, y añadió que la ciudadanía parecía haber dado inicio a una “política líquida”, donde las personas se juntas y se disgregan muy fácilmente. Y que, por otro lado, la cultura política maniquea, que sataniza al adversario, seguía impidiendo acuerdos del gobierno y la oposición contra el terrorismo, como el que había propuesto Rafael Pardo, en sintonía con el impacto de la marcha del 4F.

El Foro, organizado por las fundaciones ‘Un millón de voces’ y ‘Unidad Nacional’, creadas por integrantes del grupo de facebook convocante del 4F, en asocio con revista SEMANA, dejó en claro un consenso general sobre la necesidad de doblegar a las Farc para llevarlas a un proceso de negociación política, con el apoyo activo de la ciudadanía: “Ni es viable el exterminio de las guerrillas ni otro proceso como el Caguán”.