jueves, 29 de julio de 2010

EL PLAN DE PAZ DE CHÁVEZ

Publicado el 28 de julio de 2010
RAFAEL GUARÍN

La denuncia de Álvaro Uribe sobre la existencia de campamentos de las Farc en territorio venezolano generó una nueva crisis diplomática y suscitó otra vez el discurso bélico de Hugo Chávez. La respuesta de Caracas fue la misma de ocasiones anteriores: en vez de examinar la veracidad de la información y buscar mecanismos de cooperación contra el crimen transnacional, decidió romper relaciones con el gobierno colombiano y preservarlas con las Farc.

Aún siendo beneficiado por la pasividad del Secretario General, José Miguel Insulza, Chávez se siente incomodo en la OEA. Hábilmente intenta jugar de local llevando el tema a UNASUR, donde no encontrará voces firmes que condenen sus vínculos con las Farc y contará con amanuenses en los gobiernos de Argentina, Ecuador y Bolivia.

Si bien el cambio de campo de batalla diplomática es clave para el chavismo, la columna vertebral de su estrategia es otra: presentar a su vecino como el problema. La mejor defensa es el ataque y mucho más cuando éste se presenta arropado por objetivos altruistas. Es lo que pretende hacer el gobierno venezolano al señalar que el llamado “conflicto colombiano” es la causa de la inestabilidad regional, una amenaza para su seguridad y una justificación para que el “imperialismo” estadounidense intervenga en la región.

De ahí que Nicolás Maduro advierta que presentará en UNASUR un plan de paz: "para avanzar en lo que tiene que ser más temprano que tarde la solución de fondo al conflicto armado, a la guerra que en Colombia y desde Colombia afecta a toda la región".

No es una estrategia nueva. Cuando Uribe cometió el horror de designar a Chávez como facilitador del acuerdo humanitario, en agosto de 2007, a los pocos días el teniente coronel lo ligó a una negociación de paz con las Farc. La razón es que tiene claro tres cosas: la revolución bolivariana no podrá expandirse a Colombia mientras subsistan las Farc; la guerra de guerrillas no es suficiente para la toma del poder y el triunfo de su proyecto en ese país pasa por un “acuerdo de paz” que propicie una Asamblea Nacional Constituyente.

En noviembre 2009 el gobierno venezolano avanzó en esa línea al solicitar a la ONU incluir “el conflicto armado colombiano” en la agenda del Consejo de Seguridad, sobre la base de que “constituye una seria amenaza para la paz y la seguridad internacional”. También, consistente con su estrategia, manifestó que aspira a “una solución política negociada al mismo”.

Para Chávez es vital que las Farc sobrevivan a la ofensiva política y militar que enfrentan desde 2002. Les brinda refugio, apoyo político y logístico, no porque crea que vayan a conquistar el poder con las armas, sino porque justifican un proceso de paz que permita su injerencia y para el cual proyecta con sus socios en la región ejercer coacción sobre el gobierno colombiano.

La maniobra tiene una “virtud” adicional: golpea duramente los elementos centrales de la estrategia contrainsurgente al destrozar la base conceptual de la Política de Seguridad Democrática que no le reconoce a la guerrilla legitimidad alguna, lo que repercute negativamente en la presión militar sobre la organización. Además, pretende fracturar el aislamiento político al que están sometidas en Colombia.

En junio pasado la senadora Piedad Córdoba delató la estrategia al periódico mexicano La Jornada: “Un elemento muy importante para forzar la coyuntura va a ser la presión de los gobiernos de la Unidad de Naciones Sudamericanas (UNASUR)”. Continúa: “lo que los presidentes de la región van a exigirle (a Santos) como mínimo: un compromiso para que comience la negociación”. “Vamos a ir a espacios como la Unasur para pedirles que exijan a Santos que se abran las puertas al intercambio humanitario. El intercambio es la puerta a la negociación”.

Así pues, el "Plan de Paz" para Colombia es un disfraz para reconocer de facto a las Farc como fuerza beligerante, legitimarlas políticamente, intervenir a su favor, presionar internacionalmente al gobierno y quebrar la base de la Política de Seguridad que desarrolló Uribe y continuará Juan Manuel Santos.

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*Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.

lunes, 21 de junio de 2010

¿POR QUÉ GANÓ JUAN MANUEL SANTOS?

21 de mayo de 2010 - Publicado en El Espectador
RAFAEL GUARÍN*

Varios factores contribuyeron a la victoria de Juan Manuel Santos en las elecciones de ayer. Veamos:

1. Álvaro Uribe y el uribismo. Santos no sólo representó la continuidad de las políticas del gobierno sino que fue el candidato del presidente. Logró concitar el apoyo de gran parte de los ciudadanos que respaldan la gestión del gobierno que finaliza y que tienen una opinión favorable de Uribe: no menos del 70%. Las permanentes alusiones del mandatario a favor de la continuidad fueron definitivas.

2. Capacidad de reacción. Cuando la Ola Verde amenazó con transformase en un tsunami que lo barriera en primera vuelta, Santos tuvo la templanza para realizar la “locura” de cambiar de director de campaña y asumir el alto costo mediático de designar como estratega al venezolano JJ Rendón, tan solo a 25 días antes de las elecciones. La arriesgada jugada permitió invertir la situación, levantar la moral del Partido de la U, redefinir funciones, superar los graves problemas internos de la campaña y arrasar el 30 de mayo.

3. Estrategia. No obstante que hasta la primera semana de abril su campaña carecía de estrategia escrita, el diseño de la misma y su impecable ejecución cambiaron completamente el escenario. Algunas líneas de la formula consistieron en concentrarse en un tema (trabajo), evidenciar las fortalezas de Santos, enfatizar en que era el candidato de Uribe y del uribismo, eliminar el color naranja de la publicidad que acababa con el sentido de pertenencia al partido de la U, reactivar ese partido, salir del tema de la seguridad y pasar al tema social, diseñar una comunicación alegre y segmentada, hacer permanentes estudios de opinión y mantener una fuerte dirección.

4. Mensaje: Mientras la campaña de Santos pasó de las consignas iniciales de “prosperidad democrática” y “seguir avanzando” a propuestas concretas, enfatizando en la generación de “trabajo”, los verdes se mantuvieron en tres consignas que fueron incapaces de traducir en propuestas claras.

5. Disciplina: Santos, a diferencia de sus rivales, no se dejó distraer en ataques al oponente sino que aprovechó cada oportunidad para transmitir el mensaje de campaña. Cuando era objeto de arremetidas siempre respondía con sus propuestas, especialmente la de generar trabajo, y no dejó que lo sacaran de la disciplina que debe caracterizar el mensaje en una campaña.

6. Organización. Santos era el candidato que contaba con mayor y mejor organización: el Partido de la U es una colectividad cada vez más solida, con militantes comprometidos y sin el desgaste de las colectividades tradicionales. Eso, sin contar, con la ventaja de influir en el gobierno nacional y en las administraciones departamentales y municipales.

7. Equipo: Santos tuvo de lejos el equipo mejor preparado, con más experiencia y conocimiento en materia programática, estrategia, mensaje, discurso, comunicación, día de elecciones, movilización y agitación ciudadana. Se rodeo de expertos, técnicos y de políticos claves.

8. Voto de opinión: Fue mayoritariamente para Santos. Obtuvo una amplia victoria en las grandes ciudades donde el voto independiente predomina y los tentáculos de los aparatos políticos tienen mínima influencia. Queda claro que no es cierto que el llamado voto de opinión esté o tenga que estar siempre en contradicción con las preferencias de las organizaciones partidistas.

9. Debates: A pesar de no ser un gran comunicador, el candidato consiguió transmitir su mensaje de campaña en los debates, demostrar dominio sobre los temas de Estado y salir airoso de los ataques. Los debates de la última semana de mayo y los realizados en junio lo mostraron mejor preparado que Mockus. El “Toconsan” (Todos contra Santos) terminó favoreciéndolo.

10. Gran Acuerdo de Unidad Nacional: Mientras Mockus optó por marginar a los dirigentes políticos y hacer una campaña confiado en sus propias fuerzas, Santos únicamente vetó al PIN y abrió las puertas a todos los demás candidatos, partidos y organizaciones ciudadanas. Esto permitió que la casi totalidad de los fuerzas políticas se subieran a su bus.

Finalmente, a pesar de los meritos de Santos y su campaña, tal vez fue más decisiva la ineptitud de los verdes. A finales de abril las encuestas registraban que su ritmo de crecimiento era tal que Mockus podía ser elegido en primera vuelta. No fue la supuesta guerra sucia que nunca existió, sino los errores y horrores del candidato y su campaña, la falta de mensaje claro, su pésima estrategia y un lamentable equipo asesor, el que llevaron a su hundimiento. Mockus no cometió más errores porque no le alcanzó el tiempo.

*Analista político. Profesor de la Universidad del Rosario.

lunes, 14 de junio de 2010

"LA FIRMEZA CONTRA EL CRIMEN ES LA MEJOR POLÍTICA DE PAZ"

Publicado el 11 de junio de 2010

Entrevista a Rafael Guarín publicada en:
BOLETÍN No. 6 de "DEBATE PRESIDENCIAL: Paz, Conflicto y Seguridad.
CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS

- ¿Qué lectura tiene sobre el conflicto armado en el país?

RAFAEL GUARÍN: La Política de Seguridad Democrática consiguió restablecer el control territorial en vastas zonas del territorio nacional, debilitar militarmente a las guerrillas y aplastarlas políticamente, al tiempo que desmontó el paramilitarismo, entendido como organizaciones armadas cuyo principal objetivo era enfrentar a las guerrillas.

La llamada "salida negociada" no hace parte de la agenda de ninguno de los dos candidatos presidenciales, Santos y Mockus, y la estrategia de las Farc de emplear la negociación como táctica al servicio de una estrategia de guerra no tiene hoy ninguna posibilidad.

Tanto las Farc como el Eln no muestran indicios de que a su interior se avance en la decisión de abandonar la violencia. Seguirán realizando actos terroristas, marginadas políticamente, obligadas a resguardarse en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y con cada vez más dificultades para cumplir el plan estratégico e inclusive para sobreponerse a los efectos de 8 años de Política de Seguridad Democrática.

Todo indica que el esfuerzo militar del Estado se mantendrá, el debilitamiento belico progresivo de las guerrillas continuará y el aislamiento político de esos grupos parece no tener reversa. En esas condiciones tendremos unas guerrillas cada vez más marginales y sin ninguna posibilidad de exito. La estrategia del Estado será doblegar la voluntad de lucha de las guerrillas para que una vez logrado ese objetivo se pueda pensar en un escenario de desmovilización.

Por su lado, el frente principal de acción de Farc y Eln será el político, para lo cual procurarán emplear a fondo su entramado legal, que opera en la clandestinidad, seguirán utilizando el "Acuerdo Humanitario" y las relaciones con Chávez y algunos países del Alba, enfatizaran en la guerra jurídica contra las fuerza pública y utilizaran los falsos positivos y las chuzadas del Das para golpear la legitimidad del Estado. Su reto es articular esos "recursos" en una estrategia que por la vía política apunte a quebrar el esfuerzo de seguridad que hará el gobierno. Cosa que se ve muy improbable.


- ¿Cómo ve las perspectivas de construcción de paz y salidas al conflicto, teniendo en cuenta las estrategias utilizadas durante los últimos años?

RAFAEL GUARÍN: La paz vendrá de la mano de la aplicación del ejercicio legítimo de la fuerza, de conseguirlegitimidad y construir institucionalidad democrática en las zonas en que las guerrillas mantienen apoyo de pequeños grupos de la población, de atender las condiciones que aprovechan los grupos armados ilegales para reclutar nuevos integrantes, de repensar la política contra los cultivos de hoja de coca y de enfatizar y renovar la Política de Seguridad. La firmeza contra el crimen es la mejor política de paz, siempre que se respete absolutamente el estado de derecho y se garantice la vigencia plena de los derechos humanos.

La elección de Mockus o de Santos implica continuidad en la línea de firmeza frente al terrorismo, pero cualquiera que sea presidente deberá concebir una nueva etapa de esa política, pues la actual es insuficiente para conseguir el control total del territorio, en especial en zonas de influencia histórica de las guerrillas, al igual que para evitar la creación y expansión de nuevas bandas criminales ligadas al narcotráfico.

El giro de la Política de Seguridad debe apuntar a construir mayor legitimidad, aislar por completo a las guerrillas de la población y fomentar una cultura democrática y el funcionamiento pleno del estado de derecho en las zonas en las que aun mantiene presencia las guerrillas.


- ¿Cómo ve las propuestas de las campañas a la presidencia en ese sentido?

RAFAEL GUARÍN: Las propuestas de Antanas Mockus y Juan Manuel Santos son similares en lo esencial: cero legitimidad al terrorismo, no consideran a los grupos armados ilegales como interlocutores políticos, creen en el ejercicio legítimo de la autoridad, rechazan la negociación como táctica de las guerrillas y estan decididos a mantener el esfuerzo militar del Estado contra esos grupos. Cada uno, por supuesto, tiene énfasis, aunque los dos reconocen la importancia de la cultura de acatamiento a la ley como base de la convivencia y el respeto por los derechos humanos.

El Gran Acuerdo Nacional, propuesto por Juan Manuel Santos y Angelino Garzón incluye esa postura: es entre quienes respetan y acatan la constitución, implica el fortalecimiento de la Política de Seguridad Democrática y un rechazo total al terrorismo.

Así las cosas, no solo Mockus y Santos están de acuerdo, sino que más del 80% del Congreso respalda esa política, sin contar con el apoyo masivo de los ciudadanos a que se mantenga la firmeza en combate a las Farc y el Eln.

viernes, 4 de junio de 2010

DE LA EMOCIÓN A LA RAZÓN

EL NUEVO HERALD - Miami - 2 de junio de 2010
By RAFAEL GUARIN

Hace 35 días Antanas Mockus superaba en las preferencias electorales a Juan Manuel Santos. Su vertiginoso ascenso en las encuestas permitió pensar que podía incluso ganar en la primera vuelta. Avanzaba sin apremio, consentido por los medios de comunicación nacionales, en una ola de opinión que anunciaba convertirse en un tsunami que acabaría con el establecimiento político. Los ciudadanos estaban comprando un discurso seductor basado en explotar la innovación, condenar la corrupción y la política tradicional. El típico outsider.

La ola en realidad era un globo inflado a punta de emociones. Mockus gustaba, pero no se conocía su pensamiento, menos si estaba realmente preparado para gobernar o cuáles eran sus propuestas para conducir el país. Muchos, por ejemplo sectores de izquierda, lo seguían convencidos de cosas que realmente no representaba el candidato. Con el primer traspié se pinchó el globo y los ciudadanos comenzaron un lento proceso que los llevó de la emoción inicial a la reflexión.

El cambio de los electores resultó de la combinación de varios factores. Primero, los monumentales errores de Mockus. Una cadena de contradicciones y correcciones en temas sensibles acabaron con la emoción, hicieron perder la confianza y desilusionaron parte del electorado que había conquistado. En un país donde cerca del 70% de la población considera positiva la gestión de Alvaro Uribe sólo contemplar la posibilidad de su extradición resultaba fatal. Lo mismo sucedió con su declaración de ``admirar algunos aspectos de Chávez''. Los colombianos no olvidan el apoyo del mandatario venezolano a las Farc y sus permanentes agresiones. Algo similar ocurrió con la confesión de ser escéptico, cuando se le preguntó si creía en Dios.

Pero no fue sólo eso. Mientras Santos le dio un revolcón a su campaña para enfrentar un escenario para el cual no estaba preparado, el Partido Verde mantuvo incólume su estrategia. Presa de cierto triunfalismo, esa campaña creyó en exceso en la capacidad de movilización de las redes sociales, especialmente Facebook, y redujo su mensaje a tres principios generales que casi todo el mundo comparte: defensa de la vida, no todo vale y lucha contra la corrupción.

El ajuste de Santos dio resultado. Atendió los consejos del estratega venezolano J. J. Rendón, concentró su mensaje en generar oportunidades de trabajo y apuntó al uribismo. En vez de hablar de generalidades, planteó respuestas inmediatas a los problemas ciudadanos. A cambio de teorizar en los debates y en las propagandas de televisión, presentó propuestas claras y concretas.

El tercer factor que explica los resultados es el enorme peso del liderazgo de Alvaro Uribe. A pesar de los graves y muy delicados escándalos de corrupción que marcan el final del gobierno, el presidente sale con importante reconocimiento de la gente. Si no fuera porque los partidos uribistas se dividieron, Juan Manuel Santos hubiese ganado en la primera vuelta.

El llamado del presidente para ``mantener el rumbo'' y su pública simpatía por Santos fueron definitivos. Superada la ola de emoción, los ciudadanos recibieron el mensaje de Uribe de no retroceder a un pasado marcado por la inseguridad, las masacres, la anulación de la libertad, la penuria y el control de los grupos armados ilegales de amplias porciones del territorio. Junto a esto, las propuestas económicas y sociales de Santos, las contradicciones y la manifiesta ineptitud del aspirante verde en los debates de la última semana, completaron los elementos para que los ciudadanos tomaran una decisión.

Los perdedores no son únicamente el Partido Verde. También Hugo Chávez. Los electores le tiraron la puerta en la cara al decir NO a su estrategia de someterlos por miedo, advirtiendo una guerra si se elegía a Santos. Queda nuevamente notificado el teniente coronel que la revolución bolivariana nada tiene que hacer en Colombia.

Los otros derrotados, además de las empresas encuestadoras y los viejos partidos liberal y conservador, son los grandes medios de comunicación. Se la jugaron toda a favor de Mockus, lo inflaron artificialmente, mientras impugnaban a Santos. Tan importantes periodistas harían bien si leen la famosa frase de Bernard Cohen (1963): la ``prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tiene que pensar''.


jueves, 3 de junio de 2010

DE LA EMOCIÓN A LA RAZÓN

¿QUÉ PASÓ EN LAS ELECCIONES?

DEBATE TV . AL RUEDO:

http://www.prismatv.unal.edu.co/?tx_ttnews[tt_news]=1322&no_cache=1

CARLOS CASTILLO, ALFREDO MOLANO Y RAFAEL GUARÍN

Moderador: ANTONO MORALES

Universidad Nacional.

lunes, 31 de mayo de 2010

EXTRADICIÓN DE URIBE: Entrevista a ANTANAS MOCKUS por RAFAEL GUARÍN

Audio de la entrevista hecha a Antanas Mockus sobre la hipótesis de una extradición de Àlvaro Uribe a Ecuador.

http://soundcloud.com/oyerista/entrevista-a-mockus-en-la-z-extradicion

Emisora la Z - Todelar.

viernes, 28 de mayo de 2010

UN HOMBRE LLAMADO ANTANAS

28 de mayo de 2010

RAFAEL GUARÍN

Antanas Mockus es un sobreviviente de los outsiders de los años noventa. Llegó a la política montado en la misma ola que eligió en Ecuador al “loco Bucaram” y más tarde en Venezuela a Hugo Chávez. A primera vista es difícil de descifrar. No es uribista, ni antiuribista. No es chavista, ni antichavista. En realidad es más bien un liberal, en el sentido clásico, que basa su discurso en el estricto respeto a la ley.

Cuando tratan de encasillarlo en la izquierda o la derecha, siempre se escabulle. Mockus recoge viejos conceptos socialdemócratas como el carácter personal, directo y progresivo de los impuestos, lo que disimula su evidente alineación con la derecha: defiende la conveniencia de la desigualdad para lograr el progreso de los más pobres y rechaza los prehistóricos discursos de izquierda que justifican la violencia y la existencia de la guerrilla, respecto de la cual dijo que “no había nada que negociar”. Gracias a esa singular capacidad para no dejarse etiquetar, no sería raro verlo en segunda vuelta de la mano de dirigentes liberales y recibiendo los votos de miembros del Polo Democrático, ambos partidos que se reclaman de izquierda.

Por otro lado, dice que no llegará a acuerdos con el Congreso a partir de dar representación en el gobierno a los partidos, pero a la vez no tiene la menor idea de cómo va a lograr su apoyo para la aprobación de las reformas que propone. Es una situación difícil, pues cuenta con menos del 5% de los senadores. Si no pacta con los partidos, su programa se quedará en el tintero y si lo hace le dará la espalda a los electores. Con el apoyo ciudadano y para salvar su proyecto, podría caer en la tentación de cerrarlo, ya que cualquier otro mecanismo, incluso una Asamblea Constituyente, debe pasar por el legislativo.

Cuando se ausculta en profundidad salta un mundo de contradicciones. Por ejemplo, en una larga entrevista le pregunté si extraditaría a Álvaro Uribe Vélez a la justicia ecuatoriana por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes. Contestó que “si la constitución colombiana… impone la obligación de extraditarlo, lo extraditaría…” y luego matizó: “preferiría no extraditarlo”. En el mismo diálogo confesó su “admiración” por Chávez. Horas después reconoció que se equivocó y corrigió: ya no extraditaría a Uribe y ya no admiraba a Chávez, únicamente lo “respetaba”.

Más allá de eso, su silencio y vacilaciones generan preocupación respecto a la capacidad para enfrentar la amenaza de la revolución bolivariana. Alega prudencia para no pronunciarse sobre ningún tema espinoso que involucre a Chávez. Escudado en ella, ni siquiera rechazó la idea de que Colombia se vincule al ALBA, cuyo objetivo es la construcción y expansión del Socialismo del Siglo XXI. Tampoco ha dicho nada ante las masacres cometidas contra sus compatriotas en Venezuela, menos respecto a su persecución y encarcelamiento arbitrario o con relación al comprobado apoyo del teniente coronel a las Farc y al Eln.

A pesar de eso, la verdad es que el candidato puso a soñar a una parte de Colombia, en especial, a los más jóvenes que no conocieron la pesadilla de la violencia en los años noventa. Además, en este momento, las prioridades son otras, en gran parte, por el progreso conseguido durante los últimos 8 años, especialmente en seguridad. Sin Uribe no existiría el fenómeno Mockus.

El próximo domingo los colombianos elegirán nuevo presidente. Juan Manuel Santos aparece ganando apretadamente en la mayoría de los estudios de opinión. Sus competidores deberán emplearse a fondo para superarlo. Los ciudadanos tendrán que escoger entre la continuidad del legado de Álvaro Uribe y este hombre llamado Antanas, sinónimo de esperanza para algunos, pero también de incertidumbre y miedo para otros.

jueves, 20 de mayo de 2010

¡RESPETEN A MOCKUS!

PUBLICADO EN EL ESPECTADOR - JUEVES 20 DE MAYO DE 2010

RAFAEL GUARÍN

“Caí en desgracia” con la periodista Cecilia Orozco por preguntar a Antanas Mockus si extraditaría a Álvaro Uribe. Como profesor de ciencia política quise hacer un ejercicio con el fin de establecer si el candidato tenía la claridad para aplicar los principios del estado de derecho, al tiempo que el criterio político que le permitiera enfrentar la compleja situación que hipotéticamente se le propuso.

En las decisiones de gobierno no basta la aplicación matemática de los principios generales, por eso se le planteó un dilema en el cual su respuesta debía enmarcarse en “la legalidad democrática”, al tiempo que en su visión del bombardeo contra Raúl Reyes.

Si contestaba basado exclusivamente en el precepto de que quien vulnera la ley debe ser sancionado y al ser violatorio del derecho internacional el bombardeo (en concepto de Mockus), lo obvio sería lo que señaló: extraditaría a Uribe. Pero esa postura sería diferente si tuviera claro que la Operación Fénix se realizó en legítima defensa de Colombia, ante los permanentes ataques de la Farc organizados desde territorio ecuatoriano, bajo la protección de altos funcionarios de ese país.

Así las cosas, Mockus indicó: “Sí, lo extraditaría”. Posteriormente, cuando pedagógicamente se le explicó que era una decisión discrecional del presidente, tan solo matizó: “preferiría no extraditarlo”. Nunca rechazó de plano la extradición de Uribe.

Ante la sorpresiva afirmación, algunos salieron a denunciar que nunca afirmó lo que la grabación completa testifica. Señalaron que era una maniobra de propaganda sucia y que Mockus había caído en una emboscada, había sido manipulado, engañado y que se aprovecharon de su honestidad para sacarle dicha respuesta. Mejor dicho, le metieron los dedos en la boca.

Mi estimada Cecilia, por ejemplo, aseveró que “fue inducido a terminar afirmando lo que no deseaba”. Lo cierto es que el candidato al reconocer que se “equivocó” confirmó que en efecto dijo lo que dijo. Añadió que eso le había pasado por “ir mal desayunado”. ¡No me quiero imaginar que lo cojan Chávez y las Farc mal almorzado! ¡Dios nos ampare!

Flaco favor le hacen. Nadie quiere un presidente que se deje manipular, que sea inducido a hablar y actuar en contra de sus deseos, menos alguien de fácil engaño. Terminan mostrando a Mockus bobito, medio caído del zarzo, incapaz e ingenuo.

¡Respeten a Mockus! No es estúpido. Es un político ducho y de larga trayectoria. Contesta lo que piensa, cree y siente. Lo que explica que baje en las encuestas no es su sinceridad, como confesar que “admira algunos aspectos de Chávez”, sino el calculo electoral y el consecuente cambio de posición que le imponen sus asesores, al mejor estilo de cualquier político tradicional.

Finalmente, Cecilita, usted miente conscientemente al afirmar que mi presencia en los medios se debe a José Obdulio Gaviria. Escribo y participo en publicaciones y programas que no son precisamente uribistas. Ahora resulta que El Nuevo Herald, el periódico internacional más crítico con Uribe; Semana, la revista más dura con el gobierno y Hora 20, que dirige Néstor Morales, están bajo el “poder omnímodo” de Gaviria. ¡Absurdo!

Entiendo que no me conozca por ser usted de la vieja guardia, pero no le hace ningún favor a Mockus rebajarlo como lo hace en su columna, menos ser un instrumento de propaganda negra para desprestigiar a quienes no comparten sus opiniones.

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viernes, 7 de mayo de 2010

CHÁVEZ Y EL CHANTAJE DEL TERROR

By RAFAEL GUARIN
7 de mayo de 2010

Hugo Chávez no se resigna. Sabe que la revolución bolivariana sólo tendrá futuro si se instaura en Colombia un gobierno alineado con el socialismo del siglo XXI. Sus reiteradas advertencias respecto a que la elección como presidente de Juan Manuel Santos llevaría a un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela, hace parte de una calculada estrategia de terror.

El mensaje es contundente. Si los colombianos se atreven a escogerlo: ¡Qué se atengan a las consecuencias! Según Chávez, la crisis en la relación binacional se profundizará, el comercio seguirá deteriorándose y quienes lo elijan serán responsables de una terrible guerra entre ambas naciones. Chávez, que conoce muy bien la guerra psicológica, está desplegando con ese discurso su mejor artillería: infundir miedo para condicionar el comportamiento de los electores. Es la forma de aniquilar la libertad del voto y de someter la voluntad de los colombianos a los planes de la revolución.

Para que quede claro que la cosa no es jugando, se creó, al igual que en los primeros meses del 2008, un contexto de amenaza a la seguridad y a la paz internacional. Hábilmente se movieron las fichas con el fin de escenificar una situación de desestabilización y pugnacidad en la región, en la cual se asigna a Santos el papel de antagonista. De eso hacen parte los ya cotidianos incidentes en la frontera con Venezuela, los malos tratos de la Guardia Nacional, el asesinato de colombianos y la detención arbitraria, bajo la fantasiosa acusación de espionaje.

Los aliados de Chávez hicieron su aporte. Rafael Correa repitió la advertencia de guerra y Daniel Ortega contribuyó a enrarecer el ambiente, al detener en mar hondureño un barco pesquero colombiano y a sus tripulantes, en abierta violación al derecho internacional. Con eso intentan un imaginario de zozobra que dé credibilidad a una posible guerra si eligen a Santos.

La animadversión con el candidato no es gratuita. Fue de los primeros en prender las alarmas respecto al peligro que significa Chávez y su revolución para la democracia continental. Como ministro de Defensa desenmascaró la alianza farchavista, reveló los vínculos del gobierno de Correa con esa organización terrorista y evidenció la solidaridad de Ortega con Manuel Marulanda. Como presidente, sin duda mantendría a raya el expansionismo bolivariano.

Pero el problema no es Santos. El problema es Chávez. Mientras éste se mantenga en Miraflores las democracias vecinas estarán asediadas, pues la revolución no se consolidará sin la construcción de un ``bloque regional de poder'' que por razones geopolíticas incluye necesariamente a Colombia. La única forma de tener relaciones armónicas con Venezuela es la salida del poder de Chávez o que a la Casa de Nariño llegue un gobierno abiertamente chavista o proclive a la revolución bolivariana, pues todo aquel que no está en su línea, lo está en la del imperio, y, por tanto, es un enemigo de la revolución.

Chávez no tiene oportunidad alguna de imponer un candidato propio. Su intención en este momento es otra. Busca más bien dar un primero paso que le permita remover obstáculos (la continuidad del uribismo) y avanzar hacia una coyuntura en la que sea posible un gobierno bolivariano en Colombia.

sa maniobra tergiversa y suplanta la realidad: Chávez se hace pasar de víctima y presenta a Colombia como victimario. También persigue debilitar la continuidad de la Política de Seguridad Democrática que tanto daño hace a sus socios de las Farc.

Más allá del repudio a la estrategia de terror, lo cierto es que puede funcionar. El miedo en muchos casos tiene éxito en adherir sectores de la sociedad civil, mientras pretende que el resto ceda por la fuerza a sus propósitos. Ojalá los colombianos no se sometan al chantaje del terror, no se acobarden ante las amenazas de Chávez, no crean en su falsa retórica y elijan en absoluta libertad su próximo presidente. Lo contrario sería un antecedente nefasto y un paso cierto hacia el abismo que vive hoy Venezuela.

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miércoles, 5 de mayo de 2010

AMENAZAS TERRORISTAS A ESTADOS UNIDOS

Atentado fallido en Nueva York - 1 de mayo de 2010

Por FERNANDO REINARES

Decir que Estados Unidos es blanco prioritario del terrorismo global, esto es del terrorismo directa o indirectamente relacionado con Al Qaeda, constituye un tópico poco revelador en sí mismo del problema que dicho fenómeno supone actualmente para los ciudadanos y las instituciones norteamericanas, incluso dentro de las propias fronteras de dicho país. Para ir más allá de ese tópico y valorar en su debido contexto el fallido atentado del pasado sábado por la tarde en uno de los lugares más concurridos a esas horas de Nueva York, interesa conocer cuáles son las tendencias recientes de la amenaza del terrorismo yihadista en el territorio estadounidense, en el marco de la cual es verosímil que se inscriba ese hecho. En primer lugar, por lo que se refiere a los antecedentes inmediatos que permiten apreciar su evolución. En segundo lugar, en lo que atañe a la naturaleza de esa amenaza y a los actores implicados.

Así, importa recordar que el número de incidentes relacionados con el terrorismo yihadista contabilizados en Estados Unidos durante el pasado año, al menos 10, no tiene precedentes. Además de lo ocurrido el día de Navidad, cuando una aeronave de pasajeros que culminaba un vuelo transatlántico estuvo a punto de ser destruida en su aproximación al aeropuerto de Detroit por un joven islamista radical de nacionalidad nigeriana, hubo planes para atentar contra sinagogas de Nueva York, una base de la Guardia Aérea Nacional en ese mismo estado, un edificio de oficinas en Dallas y unos juzgados en Springfield (Illinois). También se estuvo preparando un atentado suicida en el metro de la ciudad de Nueva York y hubo dos ataques con armas de fuego, que ocasionaron la muerte a una persona en dependencias militares de Little Rock y a 13, en noviembre de 2009, en Fort Hood.

En conjunto, esos incidentes revelan las dos principales fuentes de la amenaza que el terrorismo global plantea actualmente en el suelo de Estados Unidos. En relación con ellos y otras actividades terroristas han sido detenidos o identificados individuos, autóctonos y foráneos, radicalizados a partir de su condición musulmana de origen familiar o al hilo de su conversión. En unos casos se sabe que actuaban aisladamente o constituían células independientes, sólo inspiradas por Al Qaeda. En otros, sin embargo, seguían órdenes de Al Qaeda, de una extensión territorial de esta estructura terrorista denominada Al Qaeda en la Península Arábiga o de grupos asociados con Al Qaeda como el paquistaní Lashkar e Toiba o el somalí Al Shabab. Es decir, se trata de una amenaza dual, que procede tanto de individuos y células independientes surgidas en el interior como de entidades transnacionales localizadas en el exterior.

Y es que ni Estados Unidos es inmune al llamado homegrown terrorism o terrorismo de formación endógena, si es que alguna vez lo fue, como muchos analistas han sostenido al comparar la situación norteamericana con la europea, ni la amenaza del terrorismo yihadista en territorio norteamericano procede principalmente de individuos y células independientes, como igualmente se ha afirmado. El peligro es mayor, si nos atenemos a la magnitud y consecuencias de posibles atentados, cuando existen conexiones con Al Qaeda y otras organizaciones insertas en la actual urdimbre del terrorismo global capaces de ofrecer dirección, adiestramiento y recursos. Al escenario más inquietante, el verdaderamente capaz de poner a prueba la resiliencia de la sociedad estadounidense, se refirió hace pocas semanas el presidente Barack Obama, cuando aludió a los desafíos del terrorismo nuclear.

*Fernando Reinares es investigador principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.

lunes, 12 de abril de 2010

CANO: ESTRATEGIA FALLIDA

Juan Manuel Santos y Antanas Mockus

RAFAEL GUARÍN
12 de abril de 2010

La estrategia de las Farc ha sido darle tiempo al tiempo. Acostumbrados durante medio siglo a los vaivenes de los gobiernos en materia de seguridad y paz, toda su apuesta se concentró en aguantar la ofensiva política y militar de la administración de Álvaro Uribe, al tiempo que trabajar en la creación de condiciones propicias para volver a iniciar diálogos de paz.

Clausurado el santuario de El Caguán, el Mono Jojoy pretendió derrotar al ejército en las zonas en que mantuvo control. Quería demostrar la capacidad bélica de las Farc y convencer a la opinión pública y al gobierno de la imposibilidad de una victoria militar. Pero las cosas no salieron como pensaba. A medida que las operaciones militares se desplegaron, se evidenció su fracaso y la eficacia de la fuerza pública. La decisión entonces fue el repliegue y tratar de preservar fuerzas, optando, principalmente, por la utilización de artefactos explosivos improvisados y francotiradores.

Si en lo militar lo único viable era acudir a las acciones terroristas y retroceder a la típica guerra de guerrillas, en el plano político tenían muchas más cartas: un discurso entronizado que les concedía un ramillete de justificaciones a su existencia, el cuento generalizado de las “causas objetivas de la violencia”, sectores y líderes políticos amigos, la consigna del “acuerdo humanitario”, gobiernos cómplices de países vecinos, pasividad regional y todo un entramado político nacional e internacional dedicado a prestar soporte bajo el camuflado de la “salida política”.

Los documentos internos de esa organización permiten señalar que el esfuerzo del Secretariado fariano y toda su habilidad de maquinación se ha orientado a armonizar esos instrumentos para romper el aislamiento a que están sometidas las Farc, destruir el apoyo a la política de firmeza en su contra, agrietar la legitimidad del Estado, obtener reconocimiento como organización política alzada en armas y, emplear, una vez más, la táctica de la negociación.

La idea es sencilla: ante la incapacidad militar de derrotar al Estado, la vía adecuada es golpear con decisión el centro de gravedad de la política de seguridad, esto es, actuar sobre la voluntad de los ciudadanos y los gobiernos, con el propósito de frenar y desmontar la estrategia política y militar que paulatinamente los está acabando.

Desde la óptica de la guerra irregular el razonamiento es impecable, empero, todo indica que los Cano, Jojoy, Márquez y sus cómplices mimetizados en la legalidad, quedaran frustrados. La idea de una “convergencia y Acuerdo Nacional” con fuerzas políticas y sociales para “crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno”, fracasó. Ocurrió lo mismo con el objetivo de que se eligiera en 2010 un nuevo “gobierno cuya divisa en política internacional sea la patria Grande y el Socialismo”, es decir, un satélite de Hugo Chávez.

La razón es que los candidatos presidenciales con mayor opción coinciden en que se debe mantener la dureza frente al terrorismo. A diferencia del pasado, en el que las campañas compitieron en dádivas y concesiones a las guerrillas, ahora es difícil distinguir quien es más vertical contra el crimen. Juan Manuel Santos ha sido el principal látigo y quien más resultados muestra en el combate a la guerrilla. Por su parte, Antanas Mockus ha dicho que “no hay nada que negociar con las Farc” y una de sus banderas es la “legalidad democrática”.

Ambos, Mockus y Santos, proscriben la violencia como método de acción política, de ahí, que juntos rechacen, al lado del PIN, al Polo Democrático, que difunde un discurso justificativo de la violencia y mantiene en su seno al Partido Comunista Colombiano, agrupación que sigue enarbolando la táctica y estrategia de la “combinación de todas las formas de lucha”, legales e ilegales.

Así, pues, Cano y compañía terminarán extrañando a Uribe. ¡Así es la vida, camaradas! Lo mejor que les podía pasar era su reelección. Tenían discurso para impugnarlo. Ahora, la cosa es a otro y más gravoso precio. Las próximas elecciones presidenciales prometen un fuerte liderazgo y una revolución ciudadana en las urnas, que se traducirá en mayor aislamiento de la guerrilla y en continuidad de la política de firmeza contra el terrorismo. Al final, todo no es más que una prueba de la estrategia fallida de las Farc.

*Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.

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jueves, 8 de abril de 2010

INTERCAMBIO HUMANITARIO

Por ROMÁN ORTIZ

EL TIEMPO



La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.



Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.



Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.



En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.



Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.



* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius

INTERCAMBIO HUMANITARIO


- Por ROMÁN ORTIZ -
EL TIEMPO

La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.

Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.

Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.

En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.

Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius

jueves, 1 de abril de 2010

DEBATE: ACUERDO HUMANITARIO


En Hora 20 de Caracol Radio, respecto a la demanda de las Farc de un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados por ese grupo:

“Aquí lo que ha colocado las Farc son condiciones para perpetuar el secuestro. Lo humanitario es no ceder al acuerdo humanitario en las condiciones de las Farc, sino defender la libertad de los millones de colombianos que pueden ser víctimas de secuestro”.

Rafael Guarín.

Debate del 30 de marzo de 2010

Se puede escuchar en: http://www.caracol.com.co/programa.aspx?id=130992&au=981876

Participantes: Juan Carlos Flórez, Juan Manuel Acevedo, Jorge Bustamante, Rafael Guarín

martes, 30 de marzo de 2010

LA TÁCTICA HUMANITARIA Y LA ESTRATEGIA TERRORISTA


RAFAEL GUARÍN
29 de marzo de 2010

La liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo no es un acto de humanidad, tampoco merito de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, menos una acción unilateral que muestre buena voluntad de las Farc. Nada de eso. Es otro episodio de la “táctica humanitaria”, diseñada por la guerrilla, dentro de su calculada estrategia terrorista.

Tres objetivos están detrás de la parafernalia humanitaria. Primero, avanzar en el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Las liberaciones serán aprovechadas para emplazar a los candidatos presidenciales a realizar el llamado “acuerdo humanitario”, sobre la base de que el nuevo gobierno las gradué como una organización política alzada en armas y no como un grupo terrorista.

En esa línea, desean esgrimir el “acuerdo” para permitir que intervengan “países amigos” de la “salida negociada”, lo cual les otorga de entrada estatus político y un tratamiento de igual a igual con el Estado. Sueñan con el llamado “Grupo Contadora”, acordado por Hugo Chávez e Iván Márquez en noviembre de 2007. Con la participación de varios de los gobiernos de izquierda del hemisferio, quisieron integrar un conjunto de países destinado a reconocer a las Farc como beligerante y presionar al gobierno de Colombia a una negociación.

El segundo propósito es posicionar la “salida negociada al conflicto social y armado” en la campaña presidencial. Como en el pasado, quieren que los candidatos emulen en materia de seguridad y paz, a partir de los planteamientos de las Farc. Para lograrlo, repiten la maniobra que realizaron en marzo de 2006. En esa oportunidad, dos agentes de policía fueron liberados en el Putumayo a instancia del candidato Álvaro Leyva. La firmeza ciudadana en rechazar a los secuestradores hizo fracasar la acción.

Romper esa firmeza contra el crimen, dividiendo a los ciudadanos entre partidarios y contradictores del acuerdo humanitario y del diálogo con las guerrillas, es el tercer objetivo. Buscan obtener legitimidad, demostrar que son actores políticos y presionar al gobierno movilizando sectores de la población a favor de la negociación y de la “solución política”. Es la paz como consigna de agitación y movilización.

La táctica humanitaria y la consigna del diálogo, pretenden trasladar la responsabilidad de los secuestros y de la violencia guerrillera al gobierno y a los candidatos presidenciales que no se allanen a las demandas farianas. Los señalamiento de que Uribe, antes de finalizar su periodo, debe celebrar el “acuerdo humanitario”, busca “probar” que él ha sido el obstáculo y subrayar la necesidad de un nuevo gobierno que “apueste a la paz y no a la guerra”, por supuesto, que no será uno que continúe la Política de Seguridad Democrática, sino que acepte su desmonte como punto de partida para un proceso de paz. Un gobierno de apaciguadores.

La guerrilla repite el mismo estribillo. Siempre, antes de las elecciones presidenciales, la organización terrorista reclama negociación, señala que está dispuesta a abordar en una mesa de diálogo la “solución de las causas que dieron origen al conflicto” y que se requiere un presidente que tenga real voluntad de resolver los problemas de los colombianos, como requisito para pactar la paz. Todos esos no son más que recursos tácticos empleados en el marco de su plan estratégico, no para alcanzar la paz, sino para escalar la guerra.

Igual sucede con las acciones terroristas. Cada final y comienzo de un nuevo gobierno está marcado por atentados y masacres. El “niño bomba” que murió en El Charco y el carro bomba que dejó 9 muertos en Buenaventura, buscan demostrar que la Política de Seguridad fracasó, que es inevitable la negociación con las Farc y manipular, a través del miedo, la voluntad de los ciudadanos. Si bien, en principio, los atentados fortalecen el rechazo a las Farc, Alfonso Cano y el Mono Jojoy saben que si son capaces de aumentar suficientemente la frecuencia y elevar el número de víctimas, pueden afectar la voluntad de los ciudadanos. De ahí, que tenga razón Naciones Unidas cuando advierte la posible ejecución de más actos de violencia.

En síntesis, estamos ante una ofensiva terrorista y una campaña de propaganda orientada a quebrar la voluntad de lucha del Estado contra las guerrillas, a través de la vía política.

Aunque Álvaro Uribe les devolvió el balón y neutralizó temporalmente la maniobra fariana, al aceptar la posibilidad de un acuerdo humanitario, lo responsable sería que los candidatos lo rechacen de forma unánime, exijan la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados y restrinjan cualquier diálogo a la decisión irrevocable de la guerrilla de renunciar a la violencia y de desmovilizase. Así se acaba con el aprovechamiento, por parte de las Farc, de las contradicciones y con la utilización de lo humanitario y del diálogo como una táctica al servicio de una estrategia de guerra.

Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
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lunes, 15 de marzo de 2010

SEGURIDAD EN LAS URNAS


*Rafael Guarín

Publicado en El Espectador

15 de marzo de 2010


A pesar de los pronósticos de que las elecciones de Congreso iban a estar gravemente perturbadas por la violencia, especialmente de las Farc, la realidad fue muy distinta. La Misión de Observación Electoral MOE, en un reciente informe, dijo identificar “420 municipios en riesgo por factores de violencia para las próximas elecciones de Congreso”. Además, que un 55% de estos estaban en “riesgo extremo”, lo que sugeriría, para cualquier persona, un probable colapso de las votaciones.

Los planteamientos de la MOE en este tema, aunque desacertados, son una preocupación legítima. En Colombia los comicios habían estado marcados por una fuerte violencia, no sólo del narcotráfico y del paramilitarismo, sino por la injerencia que las guerrillas adelantaban con el objeto de impedir el ejercicio del derecho al sufragio, demostrar la imposibilidad del Estado de controlar la totalidad del territorio nacional y acreditar capacidad militar.

Las perturbaciones de orden público fueron muy escasas, la de mayor importancia se presentó con un hostigamiento en Corinto, Cauca. Las Farc habían diseñado un plan para afectar el proceso electoral. No obstante que medios de comunicación en el exterior registraron esa noticia, un análisis objetivo permite concluir que se frustró su esfuerzo de aprovechar una coyuntura, en la que los ojos del mundo están pendientes del país, para desplegar múltiples y contundentes acciones terroristas y emplearlas como propaganda. Su fallido objetivo era enviar un mensaje de fortaleza y de fracaso de la Política de Seguridad Democrática. Consiguieron todo lo contrario.

La fuerza pública neutralizó diversas iniciativas criminales, como la intención de atentar en el departamento del Huila contra Orlando Beltrán Cuellar, uno de los dirigentes políticos secuestrado durante casi siete años por esa organización. La eficacia de las labores de inteligencia y el despliegue de un gigantesco operativo, que incluyó el diseño de mapas de orden público y atención electoral, repercutieron favorablemente en garantizar la seguridad en la jornada.

El resultado en esta materia demuestra una vez más que las Farc han perdido sustancialmente capacidad operativa, aún en zonas en las que su influencia sigue siendo significativa. En municipios como Algeciras, Huila, en permanente estado de amenaza, noticias informaron que los ciudadanos pudieron acudir a las urnas y escoger libremente sus representantes.

El avance es significativo respecto a la elección de 2007 y refleja la consolidación de una tendencia iniciada en 2006. Según un estudio de la Fundación Seguridad y Democracia, las votaciones de ese año fueron las menos violentas en dos décadas, las de ayer fueron las más tranquilas desde que se tienen datos.

También, es claro que este tipo de análisis, para ser acertados, requieren no solo de observar las actividades y presencia de grupos armados ilegales en porciones del territorio, sino, conocer y entender el mapa de acción de la fuerza pública. A diferencia del pasado, en el cual militares y policías estaban anclados a sus bases y a los cascos urbanos, hoy cuentan con una formidable capacidad de respuesta y de acción ofensiva, que niega a la guerrilla el desarrollo de sus planes.

Por supuesto, lo anterior no obsta para reconocer el hecho de que en zonas de alto riesgo de alteración del orden público se dispusiera emplear plataformas aéreas electrónicas y un aumento importante de miembros de policía y de las fuerzas militares, lo cual nos dice que, si bien se ha avanzado en garantizar los derechos ciudadanos y en reducir la capacidad de daño de las organizaciones terroristas, es indispensable aceptar que aún falto mucho, que las Farc no están acabadas, que no se debe bajar la guardia y que la tarea debe continuarse.

*Analista político y de seguridad. Profesor de la Universidad del Rosario.
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martes, 9 de marzo de 2010

ANTIURIBISMO URIBISTA

Publicado en Semana.com - 9 de marzo de 2010

RAFAEL GUARÍN

Mi generación no ha conocido un nivel de incertidumbre tan alto como el que se vive frente a la actual elección. Antes se tenía claro, por lo menos, entre quienes se definiría la Presidencia de la República. Ahora, a solo tres meses de la primera vuelta, sugerir siquiera quienes pasaran a la segunda es más que temerario. Mientras la oposición no despega, el uribismo enfrenta una amenaza que podría llevarlo a una estruendosa derrota. La paradoja es que los disparos provienen de sus propias filas y de estrategias equivocadas.

En el afán de apoderarse del patrimonio político del presidente, una facción uribista se arrogó el derecho a reclamar bendiciones y decretar excomuniones. Ahora resulta que los únicos uribistas son Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias, el resto son simplemente antiuribistas. ¿Con qué criterios se llega a esa “brillante” conclusión?

Primero, existe la idea de que la bendición de Uribe elegirá al nuevo presidente. Vana ilusión. Los ciudadanos que respaldan al mandatario tienen sus propias opiniones y la libertad absoluta para decidir quién los representa. El desafío de Santos y Arias es convencer de que son dignos sucesores de Uribe, no por un hipotético “guiño”, sino por sus propias capacidades. Además, el uribismo sin Uribe es un imaginario basado en señas de identidad que caracterizan su liderazgo y queda reducido a partidos que juegan individualmente en la lucha por el poder.

Segundo, esa equivocada premisa lleva a otro error: descalificar a líderes que acompañaron al presidente Uribe durante la mayor parte de su mandato y que se convirtieron en adalides de la Política de Seguridad Democrática en el Congreso. La consecuencia es perversa: al dividir artificiosamente la coalición entre uribistas y antiuribistas lo único que hacen es dividir el uribismo, pero es mucho peor, a los descalificados los empujan a los brazos de la oposición.

De esa rapiña, todos, menos el uribismo, sacarán provecho. En el discurso de los que pretenden expedir certificados de pureza genética uribista, la continuidad de la seguridad democrática es el argumento central, pero si es así, acaso no es más conveniente concentrar el debate en las propuestas que sobre ese tema abanderan Santos, Arias, Noemí Sanín, Germán Vargas Lleras y hasta Sergio Fajardo. ¿No será mejor pensar en un acuerdo entre dichas fuerzas para darle sostenibilidad política a los avances en materia de seguridad, que una negativa táctica de satanización?

Dividir el uribismo es una brutalidad gigantesca. Hasta 1998 la elección de presidente giró en torno a los partidos políticos tradicionales, en 2002 y 2006 lo hizo alrededor del peso del candidato y ahora depende del juego de las coaliciones. Graduar de antiuribistas a Vargas Lleras o a Noemí Sanín es reventar la coalición que gobernó durante estos ocho años y dar un salto al vacío. ¿Qué tal una segunda vuelta que enfrente al Partido de la U con una alianza de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical? Probable, si se insiste en atacar a los líderes uribistas que no se enfilan detrás de Santos y Arias.

Los verdaderos antiuribistas están felices. Se frotan las manos ante tanta majadería. Andrés Pastrana está dedicado, a pesar de la incomodidad que despierta en Noemí, a provocar a Uribe, utilizándola sin pudor. Su objetivo, conseguir que en la Casa de Nariño la declaren persona no grata. Luego todo será más fácil. Esa situación obligaría al Partido Conservador a asociarse con la oposición, si ésta gana la consulta. César Gaviria y Ernesto Samper están en lo mismo. Saben que si logran cocinar un acuerdo con Vargas Lleras es cuestión de tiempo para que las condiciones se den para unir esfuerzos con Noemí. Cuando ocurra eso, Santos estará derrotado y la U en la oposición. Al fin y al cabo, la única condición que pondrían los liberales es dejar a ese partido fuera del gobierno, apostando a recuperar a través del clientelismo lo que perdieron del mismo modo desde 1998.

Continuar por ese camino es repetir la historia del fin del viejo liberalismo. En 2002 ese partido perdió con un liberal, Álvaro Uribe. Lo habían convertido en contradictor y terminaron entregándolo a sus competidores. Amanecerá y veremos.


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miércoles, 3 de marzo de 2010

DIAGNÓSTICO RESERVADO


Publicado en EL NUEVO HERALD - 5 de marzo de 2010


RAFAEL GUARÍN

El escenario político en Colombia cambió drásticamente con la decisión de la Corte Constitucional de negar el referendo reeleccionista. La oposición tiene sobrados motivos para celebrar, pues las encuestas registraban que no tenía ninguna opción si Uribe se presentaba. Los candidatos del Partido Liberal, Rafael Pardo, y del Polo Democrático, Gustavo Petro, no llegaban al 10%. Están también satisfechos los propios coroneles de Uribe. Condenados a papeles secundarios, aunque formalmente respaldaban el referendo, siempre estuvieron atentos a que se hundiera.

Las nuevas condiciones hacen mucho más interesante el juego político. Todo puede ocurrir. Mientras la oposición gana espacio, al otro lado, se pasó de la “encrucijada en el alma” del presidente, a la encrucijada uribista. La coalición gobernante probablemente irá dividida a las elecciones. El Partido de la U postulará a Juan Manuel Santos, mientras su socio en el gobierno, el Partido Conservador, definirá el 14 de marzo en una consulta popular si el candidato es Andrés Felipe Arias, fiel escudero de Uribe, o Noemí Sanín, ex embajadora del actual gobierno, que ha demostrado independencia y autonomía, sin ser nunca antiuribista.

Algunos opinan que el “guiño” del mandatario saliente será suficiente para garantizar la continuidad del uribismo. En realidad la cuestión es más compleja. Se requiere primero que Arias gané la candidatura conservadora y luego un acuerdo político con Santos. Aún así, no se puede afirmar que tengan asegurado el triunfo electoral. Arias no ha podido sacudirse de uno de los más grandes escándalos de corrupción del gobierno y Santos, siendo de todos el más capacitado para gobernar, es difícil de vender.

El panorama se enreda más si Sanín gana la consulta. En ese evento, Santos irá solo con su partido a las elecciones y deberá enfrentar a la candidata conservadora, al igual que al Partido Liberal, al Polo Democrático y a Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, un exponente de la mano dura contra el terrorismo. También a un aspirante revelación, Sergio Fajardo, que tiene la ventaja de ser menos conocido, mucho mejor comunicador y muy buen candidato en términos de marketing electoral.

Si Santos no logra consolidar su liderazgo rápidamente, puede verse superado en las encuestas, lo que producirá literalmente pánico en el uribismo. Esa hipotética situación deja espacio a cualquier candidato que con un discurso vertical contra la violencia y en defensa de la seguridad, sea visto con más posibilidades de triunfo.

Una segunda vuelta presidencial entre Santos y Fajardo es de diagnóstico reservado, igual ocurre si debe enfrentar a Sanín o Vargas Lleras. La razón de que el uribismo siendo mayoritario pueda salir del poder en las elecciones de mayo es que hasta ahora su mejor candidato, es su peor carta en la competencia por conseguir el apoyo ciudadano y el más fácil de derrotar por los demás aspirantes.

Además, el uribismo no es un partido y es mucho más que la coalición de partidos que acompañan al gobierno, lo que implica que sin su líder en la arena, una gran parte de los ciudadanos que lo respaldan se sienten libres de optar por cualquier alternativa que les garantice el mantenimiento de la política de seguridad. Para complicar el tema, es previsible que para derrotar a Santos en una segunda vuelta se selle una alianza entre la oposición y sectores uribistas.

Uribe no debe apresurarse a hacer un “guiño”, tampoco permitir que sus opositores le gradúen de contradictores a candidatos que han sido su apoyo durante sus casi 8 años de gobierno. Las cosas serán más oscuras si se insiste en descalificar a dirigentes que acompañaron a Uribe mientras se pretende que solamente los seguidores de Santos y Arias son uribistas. ¡Monumental estupidez!

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domingo, 21 de febrero de 2010

Las Farc intensifican acciones terroristas para ganar visibilidad cada vez que se acercan elecciones


ROMÁN ORTIZ*
EL TIEMPO
21 de FEBRERO DE 2009

Desde hace cuatro décadas, las Farc someten al país al mismo ritual sangriento.

El asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, el pasado diciembre, y el intento de secuestrar al candidato a la gobernación de Guaviare, José Alberto Pérez, hace pocos días, son parte de un patrón de comportamiento bien conocido. Sin embargo, esta vez, la situación interna de la organización y el escenario estratégico al que se enfrenta resultan excepcionales. Los próximos meses serán una prueba decisiva para la ruta estratégica por la que 'Alfonso Cano' ha escogido conducir a las Farc. También serán la primera muestra de la forma que podría tomar el conflicto interno en el futuro.

Lo cierto es que las Farc se encuentran sumidas en una crisis sin precedentes. No solamente han perdido la mitad de los combatientes con que contaban a finales de los 90 (de 17.000 a poco más de 8.000) sino que estructuras completas de la organización han dejado de operar o se encuentran casi colapsadas. Todo ello sin olvidar que la cúpula del grupo presenta fisuras en la medida en que el 'Mono Jojoy' y el propio 'Cano' se encuentran aislados en el interior del país mientras 'Iván Márquez' o Timoleón Jiménez aprovechan su libertad de movimientos en el interior del territorio venezolano para ganar influencia sobre la organización.

En estas circunstancias, el futuro de 'Cano' como cabeza de la guerrilla depende de que pueda presentar éxitos dentro de sus filas. Desde su ascenso a la cúpula del grupo armado, el líder de las Farc ha buscado transformar la organización, haciéndola perder su perfil de ejército irregular para darle un carácter más clandestino, a la usanza de grupos terroristas como ETA. Para ello, la primera condición es cambiar el "Plan estratégico para la toma del poder" que ha permanecido como guía del accionar de las Farc desde su aprobación hace más de 25 años. Sin embargo, para dar un paso que supone abandonar el legado de 'Manuel Marulanda', 'Cano' necesita fortalecer su prestigio dentro del grupo. En este sentido, el liderazgo de la guerrilla parece tener poderosos incentivos para intensificar los ataques terroristas.

Sin embargo, la estrategia de las Farc está atrapada en una encrucijada. Con su capacidad armada muy disminuida, el grupo parece atrapado en un dilema. Por un lado, lanzar acciones terroristas indiscriminadas que incrementarán su rechazo social y marginación política. Por otra parte, conformarse con ataques de pequeña envergadura que lo dejarán reducido a un actor irrelevante. Las posibles salidas de esta disyuntiva permiten vislumbrar hacia dónde podría dirigirse el escalamiento de la organización.

Para empezar, puede recurrir al empleo de armas especiales, como misiles tierra-aire. Recientemente, se conoció una transacción entre las Farc y traficantes de armas peruanos que habría implicado la entrega de 7 de estos sistemas de los modelos Strela-2 o Igla-1. Al mismo tiempo, la adquisición por Venezuela de más de 200 de los más modernos Igla-S deja entreabierta la posibilidad de que algunas de estas armas terminen cayendo en manos de la guerrilla. Sea como sea, si las Farc consiguen algunos misiles podrían dislocar temporalmente las operaciones aéreas de las Fuerza Pública.

Por otra parte, la guerrilla podría apostar por dirigir sus ataques contra la infraestructura civil. Desde luego, esta no es una táctica nueva; pero conviene no olvidar el enorme impacto social que pueden tener estas acciones. Ahí está, por ejemplo, el ataque contra el sistema de acueducto de Villavicencio el pasado marzo, que dejó a medio millón de personas sin agua potable durante más de una semana.

Finalmente, esta la opción del magnicidio. Los ataques contra los líderes de Caquetá y Guaviare son solo una demostración de la voluntad de las Farc en este sentido. A medida que discurra la campaña electoral, es previsible que la organización intensifique sus intentos criminales contra miembros destacados de los sectores políticos, empresariales e intelectuales del país.

Más allá del futuro que le espere a la estrategia de 'Cano' para este periodo electoral, lo cierto es que tanto las ideas de la nueva cúpula guerrillera como el impacto de la actual campaña de seguridad están provocando una transformación sustancial de las Farc.

Así, los vínculos entre las estructuras armadas de la guerrilla -columnas, compañías, etc. - y las milicias de apoyo están cambiando radicalmente. Las formaciones de combate están perdiendo efectividad y tornándose débiles.

Al mismo tiempo, las redes de milicianos integradas por colaboradores clandestinos están cobrando importancia no solo porque proporcionan un apoyo logístico y una información que resulta clave, sino también debido a que actúan como estructuras de control social que mantienen el poder subterráneo de la organización en zonas que formalmente han sido liberadas de la guerrilla. De hecho, en áreas de Meta, Caquetá, Huila, Nariño y otros departamentos, las milicias amedrentan a la población, impiden la colaboración de los ciudadanos con la Fuerza Pública, realizan un número creciente de acciones terroristas y frenan la consolidación de la seguridad.

Este aumento de la importancia de las redes de milicianos es en buena medida un producto de la propia decadencia de las Farc. Incapaces de mantener unidades armadas de manera permanente, los grupos terroristas sometidos a la presión de las fuerzas gubernamentales -desde Sendero Luminoso en Perú hasta los grupos islamistas en Argelia- suelen transformarse en estructuras clandestinas más pequeñas y menos vulnerables. En cualquier caso, esta mutación presenta enormes desafíos de seguridad.

La desarticulación y judicialización de estas redes resulta muy compleja. No solamente necesita de un sustancial esfuerzo de inteligencia, sino que también obliga a contar con jueces y fiscales especializados protegidos de las amenazas de los terroristas.

Entre tanto, los vínculos de las Farc con las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) están dando un respiro financiero al grupo. De hecho, alianzas como las que vinculan al Bloque Noroccidental de la guerrilla con la banda de 'Los Rastrojos' o al Frente 43 con el grupo criminal de Pedro Oliveiro Guerrero, 'Cuchillo' han permitido a la organización mantener activas sus redes de tráfico de droga. De este modo, la conexión con las Bacrim se ha convertido en una pieza clave de la infraestructura logística de las Farc. Un hecho que pone de relieve cómo la derrota de la guerrilla necesita de una estrategia efectiva contra las bandas al servicio del narcotráfico.

De este modo, la larga guerra del Estado contra las Farc está a las puertas de una nueva etapa. Más allá de la previsible escalada durante el periodo electoral, lo cierto es que las Farc están en trance de sufrir un cambio esencial. Frustrado su sueño de construir un ejército irregular, la organización está mutando hacia un conjunto de redes clandestinas conectadas al narcotráfico que apuestan por el terrorismo como única herramienta para compensar su debilidad. Se trata de un enemigo más pequeño; pero que todavía conserva una enorme capacidad de desestabilización. Este es uno de los principales retos de seguridad que tendrá que confrontar el nuevo gobierno de la república.

*Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director del Área de Análisis del Grupo Triarius

martes, 9 de febrero de 2010

LA U Y LA CONSULTA CONSERVADORA


Sobre una pregunta para debate en LA ESCALERA:

¿Es el partido conservador propiedad de Andrés Pastrana como para que diga que no se le entregará a nadie?

RAFAEL GUARÍN

La respuesta es NO.

La época de los “dueños de los partidos”, los jefes naturales, finalizó en 1970 cuando en la convención conservadora Evaristo Sourdis enfrentó a Misael Pastrana Borrero para obtener la candidatura presidencial.

Las palabras del expresidente Andrés Pastrana se dan en el marco de la consulta conservadora en la que se está afirmando que el Partido de la U participaría en apoyo de Andrés Felipe Arias.

La cuestión es que la intervención abierta de un partido extraño, como es el de la U, en la consulta es una burla al funcionamiento democrático del partido conservador.

En realidad estaríamos en una reedición de la escogencia del candidato conservador en 1970. Lo eligió la convención liberal.

Es absurdo que ciudadanos ajenos al partido conservador terminen escogiendo el candidato de ese partido.

Por eso, aunque Andrés Pastrana no es el dueño del Partido Conservador, tiene todo el derecho y la razón para reclamar que la U no meta la mano y rechazar que a través de Andrés Felipe Arias se termine entregando el Partido al servicio de la candidatura de Juan Manuel Santos.

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sábado, 23 de enero de 2010

REELEGIR A URIBE, PERO NO AL GOBIERNO




RAFAEL GUARÍN
22 de enero de 2009
SEMANA.COM

Aún hay republicanos que se lamentan de no haber podido realizar gran parte de su proyecto político en la era de Ronald Reagan. En una tertulia en Madrid, una de las personas que participó en la redacción de su programa en materia de seguridad me dijo que habían ganado las elecciones pero perdido el gobierno. ¿Cómo así? Sí, me contestó. A pesar de que Reagan derrotó a Jimmy Carter, la burocracia proveniente de esa administración terminó manejando los hilos del poder, que muchas veces no están en la cúpula de los organismos estatales, sino en los mandos medios.

A pesar de sus siete años de ejercicio, a Álvaro Uribe le está ocurriendo algo parecido. Desde hace tiempo varias de las instancias gubernamentales tienen su propia agenda y muchas veces chocan con los conceptos del propio presidente. Por ejemplo, una de las ministras del despacho es enemiga jurada de un nuevo periodo de su jefe y dicen, en los pasillos de la propia Casa de Nariño, que uno de los viceministros es la mano oculta detrás de los editoriales de periódicos internacionales que desaprobaron una nueva reelección. ¿Qué tal eso?

La inamovilidad de varios funcionarios los ha convertido en emperadorcitos de ministerios e institutos, al tiempo que la certeza de que Uribe no echa a nadie les da absoluta tranquilidad. Esa inercia y “baratarias” de poder, favorecen que pululen servidores públicos de libre nombramiento y remoción que no solo no comparten las políticas gubernamentales, sino que son obstáculos y auténticos opositores, cuando no simplemente ineptos. ¡Absurdo!

La consecuencia de esto es desastrosa. Solo un ejemplo: A pesar de la diligencia de Fabio Valencia Cossio y de sus buenos resultados, es incomprensible que el Ministerio del Interior disponga de esquemas de seguridad hasta para ex guerrilleros, incluidos algunos que siguen delinquiendo, camuflados en el “Programa de Desmovilización”, mientras se los niegan a defensores de derechos humanos y dirigentes sociales que coinciden con la Política de Seguridad Democrática y que denuncian a las Farc.

Al parecer para quienes respaldan al gobierno o denuncian el terrorismo está vedado garantizar su seguridad. La consecuencia es mortal: Manuel Moya y Graciano Blandón, líderes de las negritudes en Curvaradó, fueron asesinados por las Farc mientras esperaban a que el gobierno al que apoyaban los protegiera. Las Farc cumplieron la amenaza. Igual está sucediendo con dirigentes sindicales que se convirtieron en objetivo militar de la guerrilla. Nada ha valido para que se les proporcione el amparo necesario.

¿Estarán esperando los flamantes mandos medios del Ministerio del Interior que los maten? ¿Quién es el responsable en esa cartera de tan craso e inexcusable indolencia? Esa curiosa pasividad es cómplice del miserable asesinato de Jairo Rey, Presidente de SINALTRAIFRU, quien cometió el grave crimen para las Farc, con los masacrados Moya y Blandón, de defender en Estados Unidos el TLC.

Todo eso, para no hablar de funcionarios antiuribistas de la administración Uribe, de mando medio y mediocre, que persiguen a personas por tener un compromiso con las tesis del propio gobierno. ¡Ridículo, pero cierto! Ni para que comentar aquel caso en que un miembro de las Farc, actualmente desmovilizado, que trabajó directamente con Alfonso Cano, era responsable de un millonario proyecto en el Tolima, auspiciado por Acción Social. Ni de la infiltración de miembros del PC3 en los organismos del gobierno.

No hay duda que reelegir a Uribe es un reclamo mayoritario de los ciudadanos, pésele a quien le pese, pero las encuestas califican diferente a quienes lo acompañan en el gobierno. Mientras no haya una depuración y no se retome el control de los centros de decisión y operación, que hoy están en manos de individuos que conspiran desde adentro contra los esfuerzos del presidente y sus realizaciones, estaremos condenados a repetir, como mi amigo republicano, que ganamos la elección pero perdimos el gobierno. ¡Ojala el presidente se pellizque!








Nota: Para tristeza de algunos y contrario al equivocado “confidencial” de la Revista Semana, podrán seguir leyendo mis columnas de análisis político y seguridad en El Nuevo Herald de Miami.

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viernes, 22 de enero de 2010

EL RETO EXTERIOR DE PIÑERA




22 de enero de 2009


Publicado en El Nuevo Herald de Miami






RAFAEL GUARÍN

Culminó un ciclo en Chile. La victoria de Sebastián Piñera, a pesar de la alta favorabilidad del gobierno de Michelle Bachelet, es prueba de la exitosa consolidación de la transición democrática en ese país. No van a haber tantos cambios, como se pregonó durante la campaña electoral, por lo menos en el plano interno, pero sí se espera un nuevo enfoque en la política exterior.

Durante el gobierno de la Concertación se suscribieron múltiples acuerdos de libre comercio, al tiempo que se proyectó al país como punto de encuentro clave con Asia – pacífico, pero no se consiguió un puesto suficientemente relevante en el escenario hemisférico, por el contrario, su influencia palideció ante el protagonismo de Brasil y Venezuela.

La razón de ese papel secundario se debe, en parte, a la pasividad diplomática del Palacio de la Moneda en temas que agitan al continente. Los últimos años, más que avanzar hacia la tan mentada y mentida integración latinoamericana, la región se ha debatido en medio de una fuerte inestabilidad política, que ha llegado incluso a amenazar la paz y la seguridad internacionales. En esa situación, el gobierno Bachelet estuvo siempre del lado de quienes mantienen un doble discurso. Mientras proclamaba la defensa de la democracia y los derechos humanos, alentaba el ingreso de Cuba al Grupo de Río. Mientras condenaba el terrorismo y el crimen transnacional, se callaba ante las evidencias de apoyo de los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa a las Farc. Mientras decía defender el estado de derecho, admitía en su país apoyos públicos a las guerrillas narcotraficantes colombianas, que buscan aniquilar el imperio de la ley.

A pesar de ser referente en materia de modernización del Estado y de la economía, esa tibieza terminó relegando a Chile. La elección de Piñera es una oportunidad para que ese país renueve su liderazgo y asuma con decisión la defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia, ante la amenaza proveniente de organizaciones criminales y de gobiernos patrocinadores que, como el chavista, pretenden imponer un modelo autoritario a sus vecinos. También para que propugne por el fin de la dictadura castrista.

Tal parece que será el enfoque, a juzgar por las declaraciones del presidente electo: "Quiero decirlo con mucha claridad: esas diferencias (con Chávez) son profundas y tienen que ver cómo se concibe y practica la democracia, la forma cómo concibe el modelo de desarrollo económico y mucho más". Esa afrimación, más otras que mencionó en su discurso del domingo, relacionadas con su énfasis en la seguridad y el combate al narcotráfico, evidencian que con Piñera no va a ser lo mismo que con la presidenta saliente.

Esto para la revolución bolivariana significa no tanto perder un aliado, sino ganar un gobierno que levantará la voz contra sus excesos, con lo cual Chávez comienza a perder el principal activo que ha tenido para expandir su proyecto: la pasividad y la tolerancia en la región.

Además, es conocido que Piñera está más cerca de Alán García, Álvaro Uribe y Felipe Calderón, promotores de la democracia liberal y la economía de mercado, con lo cual se abre paso un nuevo equilibrio de fuerzas que afectará gravemente a Chávez y sus aliados, al tiempo que servirá para neutralizar los factores que han propiciado vientos de guerra.

Finalmente, con la decisión del pueblo chileno y, probablemente, con un nuevo gobierno de centro derecha en Brasil, a la gravísima crisis interna se sumará para Chávez un cambio de condiciones que limitara su acción y supondrá un estancamiento y retroceso en los planes del socialismo del siglo XXI. Ciertamente, para el teniente coronel el 2010 no comenzó bien.

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