CONCIERTO PARA DELINQUIR

Publicado el viernes 24 de agosto del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

El gobierno y el Congreso estadounidenses deben preguntarse lo mismo que millones de colombianos. ¿Por qué el narcotráfico no disminuye después de siete años de Plan Colombia y de fortalecimiento de la fuerza pública? La respuesta comienza a conocerse con la orden de captura de 13 oficiales de las fuerzas militares por relaciones con el narcotráfico.

En mayo del año pasado con ocasión del asesinato del mejor grupo antinarcóticos de la policía a manos de soldados, en una columna encendimos las alarmas sobre el peligro de la corrupción para la política de seguridad democrática. Propusimos que, ''con una óptica de prevención'', se hiciera un estudio detenido de las vulnerabilidades de las fuerzas armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y del paramilitarismo, se revisaran los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército y se iniciara una purga integral.

Nada de eso se ha hecho y la crisis se torna estructural mientras el gobierno insiste en que se trata de casos aislados, a pesar de que son oficiales de alto rango quienes colocan a cientos de hombres bajo sus órdenes al servicio de la mafia, lo que explica, entre otras cosas, la inefectividad de las recompensas para encarcelar a los capos.

La realidad, por dura que sea, es que sectores de las fuerzas militares y de policía no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma. De tratos esporádicos pasaron a socios de los carteles de drogas. Eso explica la conducta de coroneles involucrados en el Valle del Cauca con alias Don Diego, los bajos resultados en su área de operación y que las acciones en su contra se tuvieran que adelantar con policías provenientes de Bogotá.

Nada valdrá haber invertido (hasta 2005) en el Plan Colombia 10,732 millones de los cuales 3,782 fueron contribución de Estados Unidos, como tampoco servirá aumentar en 2008 el presupuesto militar en 163%, si no se depuran los cuerpos armados. ¿Cómo reducir el narcotráfico si los impuestos de los colombianos y la ayuda norteamericana termina financiando unidades militares sometidas a los narcos? ¿Será que a estos hombres les importa derrotar a las FARC y capturar a los traficantes cuando de ellos depende enriquecerse?

Es apremiante fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Da la impresión de que el problema se dejó a la milicia, que tiende a tapar y tapar. El gobierno y el Congreso no ejercen rigurosa vigilancia. La comisión parlamentaria encargada del tema, lo recuerda el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero, reacciona únicamente ante escándalos, no hace control permanente, se limita a aprobar ascensos, no examina el presupuesto militar ni su ejecución y carece de especialistas en la materia. Una buena idea es incorporar a inspectores civiles en las fuerzas con independencia de la línea de mando.

Conviene también replantear decisiones gubernamentales que pusieron a los militares al alcance del narcotráfico. Por ejemplo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se le ocurrió en 2002 la genial idea de responsabilizar en los departamentos de mayor producción de cocaína a las fuerzas militares de la fiscalización de sustancias, como gasolina y querosén, que son utilizadas para la producción de alucinógenos.

Esto llevó a que tropas con años de entrenamiento, en vez de combatir las guerrillas se distraigan extorsionando a ciudadanos que comercian legalmente con tales productos. Así lo denunció FEDISPETROL, que no es de la oposición, en febrero de 2005, a los ministros del Interior y Defensa y al comandante del ejército. Nunca hubo respuesta.

Pero, al igual que en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Ahora se dice, en voz baja, que en esas zonas los insumos siguen entrando y toneladas de coca salen con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas. ¡Lo que nos faltaba! El cobro de peajes o ''gramaje'' que efectúan a narcotraficantes las guerrillas y los paramilitares parecen repetirse por parte de pútridos militares.

Y, finalmente, qué bueno sería que Estados Unidos comience a pedir en extradición a los militares socios de los narcos. No puede dudarse del heroísmo y la honestidad de miles de integrantes de las fuerzas armadas. Precisamente, para honrar su sacrificio y el de la sociedad, son necesarias las correcciones y evitar así que al final de este gobierno sea la corrupción interna la que derrote la política de seguridad democrática.

DISFRAZ PARAMILITAR

Publicado el sábado 4 de agosto de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto Revista Cambio

RAFAEL GUARIN

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que priva a los paramilitares de la calificación de sediciosos y la negativa de los cabecillas presos de continuar confesando sus delitos, abrió en Colombia un debate sobre la posibilidad de otorgarles el carácter de delincuentes políticos.

¿A qué se debe esta crisis? Entre otras cosas, al eventual riesgo de extradición y a una política que encubre en un proceso de paz a traficantes. La equivocación del gobierno fue aceptar el disfraz político y no asumir el asunto tal y como era: el sometimiento a la justicia de un grupo de mafiosos con un ejército superior a 30,000 hombres.

Si bien el origen del paramilitarismo se liga al narcotráfico, en su seno hubo auténticos contrainsurgentes cuya influencia cedió en la medida que la organización fue cooptada por narcos. Esa transición se facilitó por las exigencias económicas de la confrontación y su utilidad para el cultivo, procesamiento y comercio de alucinógenos. Además de garantizar seguridad, protección y control territorial a través de la fuerza y la captura de la política, en el mediano plazo los capos metidos a paramilitares pretendían evitar la extradición a Estados Unidos y conseguir benevolencia punitiva.

Lo de hoy no dista mucho del pasado. A final de los años ochenta Pablo Escobar quiso escapar de la extradición, obtener tratamiento político e indulto. Concibió la idea de vestirse de delincuente político para alcanzar los objetivos que se evidencian en los narcoparamilitares. El jefe del cartel de Medellín incluso pensó camuflarse en las guerrillas desmovilizadas bajo el gobierno Barco y relacionó la represión a las drogas con la lucha de clases. Escobar no logró el indulto, pero sí una legislación especial, la prohibición de la extradición y un ''exclusivo'' centro de reclusión.

La coyuntura actual refleja pactos hechos en la mesa de negociación pero a espaldas del país. Cosa muy grave, no sólo por la transparencia indisociable de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sino porque la capacidad del gobierno de dialogar con estructuras criminales se debe sujetar rigurosamente al estado de derecho.

La asociación de Uribe del paramilitarismo a la sedición y la consecuente polémica con la Corte chocan con esa regla democrática. La obligación constitucional de contribuir armónicamente con las demás ramas del poder público a los fines del Estado, verbigracia, la paz, no puede interpretarse como una obligación de los tribunales para obviar la ley. Es innegable, a la luz del código penal, que no están incursos en el delito de sedición y, por tanto, que no son delincuentes políticos; la prueba es que el gobierno anunció un proyecto de ley que modifica el tipo penal para adecuarlo a esos criminales.

De aprobarse la iniciativa se allana el camino a la intención de los ''paras''. Orientados por la negativa a la extradición por delitos políticos buscan posicionar la sedición como su delito principal y dar al narcotráfico la categoría de conducta conexa. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo haber sido primero autodefensa y después emplear el narcotráfico para financiar el aparato bélico, que ser narcotraficante y disfrazarse luego de autodefensa, situación, ésta última, que aparentemente predomina, convirtiendo al tráfico ilícito en la conducta delictiva primaria y a la supuesta sedición en un medio a su servicio. Lo ejemplifica el pago de $1,500,000 que hizo el reconocido narco el ''Tuso'' para su incorporación en la cúpula paramilitar.

Conviene eliminar cualquier diferencia respecto a los delitos comunes, disuadiendo de paso a los narcotraficantes de armar ejércitos y de cometer masacres que justifiquen la demanda de ser actores políticos. No es indispensable dicha característica para conversar con grupos armados, basta la decisión del gobierno. En España no se habla de conflicto armado interno y mucho menos que los integrantes de ETA sean románticos delincuentes políticos, no obstante, con ellos el PP y PSOE han procurado acuerdos.

La amnistía y el indulto serán entonces potestades más parecidas a la figura del perdón presidencial estadounidense, dentro del límite que la proscribe para crímenes contra la humanidad.

Salgámonos de esa discusión, suprimamos los beneficios de tales tipos penales y llamemos a las cosas por su nombre, en el caso de los paramilitares, son asesinos, descuartizadores, narcotraficantes, torturadores, hasta malos hijos, todo lo que se quiera, menos sediciosos.