"LOS NUEVOS JACOBINOS"

SEMANA.COM / 24 de diciembre de 2008

Rafael Guarín

La elección del nuevo Procurador dejó claro que en Colombia se puede emplear la hoguera por razones religiosas. Algunos columnistas, “analistas” y medios de comunicación erigidos en una nueva modalidad del inhumano Tribunal de la Santa Inquisición quisieron quemar vivo a uno de los candidatos por el pecado de ser un “extremista católico”, es decir, un católico practicante.

En su concepto era una herejía solo pensar que Alejandro Ordóñez estuviera al frente del Ministerio Público porque sus convicciones religiosas eran incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Tal observación quiere sentar el precedente de veto a todo aquel que tenga firmes convicciones religiosas para ocupar cargos en las Cortes, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Presidencia de la República y, en general, en todas las demás instituciones que de una u otra forma tengan que ver con las libertades y garantías democráticas.

Hasta la justificación del voto que hizo el senador Gustavo Petro repite lo mismo: “Vimos que podíamos incidir y amortiguar los efectos perversos anunciados sobre la población que defendemos, mujeres y LGTB, por efecto de las creencias del nuevo Procurador”. En otras palabras, el argumento de la mayoría de la bancada del Polo Democrático para votar por Ordoñez fue el de impedir las consecuencias siniestras derivadas de sus creencias católicas o de lo que la misma carta califica de “fanatismo religioso”. Si esa es su opinión de Ordóñez, ¿no era más coherente votar por otro candidato o no participar de la elección? No es serio apoyar a quien se considera perverso y fanático.

En todo esto hay una gran equivocación y exceso de malevolencia. No se puede inferir que de las firmes convicciones religiosas, en este caso católicas, se tengan que derivar actuaciones perversas. Son prejuicios y demostraciones de animadversión respecto a quienes tienen uno u otro credo religioso. Son las mismas razones que inspiran las histéricas, excitadas y convulsivas columnas más propias del llamado “problema religioso del siglo XIX” que de una concepción auténticamente liberal, en la que se arropan hábilmente para lanzar descalificaciones. Con descomunal ignorancia confunden la demanda liberal de separación del Estado y la Iglesia, con separar del Estado a quienes profesan determinadas convicciones religiosas.

Resulta que a los ojos de estos nuevos jacobinos la guillotina debe aplicarse en Colombia a todas las aspiraciones a empleos públicos que tengan en el futuro musulmanes, cristianos, católicos y de otros credos que no solo de labios hacia afuera se reconozcan como tales, sino que vivan en consonancia con sus convicciones religiosas.No es raro. En un mundo en que lo extraño es que haya coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace, quien defiende abiertamente sus creencias y ambiciona vivir conforme a ellas es un extremista.

Lo más curioso es que se dedicaron a ondear la bandera de los derechos humanos atropellando los de todas aquellas personas (¡fanáticos! dirán…) que en ejercicio de las libertades que garantiza la constitución son coherentes y consistentes con su religión, sea cual sea. ¡Qué todo el mundo quede notificado! ¡A partir de ahora hay que esconder las convicciones religiosas si se pretende llegar a un cargo público!

Tal actitud es una flagrante violación de los derechos humanos. Es una oda a la discriminación y una vuelta a los bárbaros criterios del pasado. Nada más antidemocrático que reprochar a los semejantes por sus creencias religiosas. ¿A dónde quieren llegar? ¿A satanizar a todo el que no comparte sus posiciones frente a la religión? ¿Será que estamos ad portas de una cruzada para que de la dirección del Estado se excluya a quienes viven conforme a un credo religioso?

Hay que darle un compás de espera al nuevo procurador. Ordóñez deberá actuar conforme a la reglas del Estado social de derecho, lo que supone que está sujeto a las facultades y obligaciones constitucionales y legales. Aún en temas como el aborto tendrá que atenerse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Deberá garantizar que sus convicciones personales no alteren el buen funcionamiento de la Procuraduría y no olvidar que como funcionario debe actuar únicamente atendiendo a la ley. Si su conducta es otra, los ciudadanos estamos en todo el derecho de censurarlo.

No es conveniente para la democracia que discursos como los señalados hagan carrera y que recuerdan al Comité de Salud Pública, a cargo de Robespierre y Saint – Just, que buscaba aniquilar a los contrarrevolucionarios y “extirpar el fanatismo”, esto es, “la religión” de Francia. Los que con su actitud de discriminación, intolerancia religiosa e irrespeto a la libertad se las dan de “progresistas” demuestran que son realmente quienes están en el fondo de la caverna.

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"LA GUERRA POR AMÉRICA LATINA"

EL NUEVO HERALD - 18 de diciembre de 2008

RAFAEL GUARIN

Madrid -- ¿Podría América Latina ser un escenario de confrontación geopolítica capaz de amenazar la seguridad y la paz internacionales? Si bien el acceso a recursos energéticos concentra la atención en el Oriente Medio, el Cáucaso y el centro de Asia, paulatinamente Latinoamérica se está convirtiendo en otro punto de puja. Los titulares de las últimas dos semanas testimonian una agenda de acuerdos y consolidación de alianzas: el presidente ruso Dimitri Medvedev visitó Perú, Brasil, Venezuela y Cuba, mientras que en Teherán se reunieron Rafael Correa y Mahmud Ahmadineyad.

Estas relaciones no deberían inquietar si no se inspiraran en la máxima de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Basta revisar las declaraciones de las últimas semanas para comprobarlo. El presidente Correa dijo que su ''intención en las relaciones estratégicas con Irán es promover una verdadera identidad con el Ecuador'' y ''conseguir la independencia de Estados Unidos''. En otras palabras: sellar una alianza para enfrentar un enemigo común. A Correa no le importa que el gobierno fundamentalista de Ahmadineyad quiera ''borrar a Israel del mapa'' y que la comunidad internacional lo perciba como potencial peligro nuclear. Tampoco que tenga relaciones con grupos terroristas del Medio Oriente, al fin y al cabo, él mismo las ha mantenido con las FARC. Su visita, por el contrario, derivó en cooperación militar, compra de armamento a Irán y apoyo a su programa nuclear.

Pero la cercanía de Irán se extiende particularmente a los países que integran el bloque de la revolución bolivariana. Chávez ha servido de base de operaciones para que en América Latina Ahmadineyad abra camino con sus petrodólares. Paralelamente penetra Hezbolá. El mensaje de felicitación de Nawaf Musawi, encargado de ''relaciones exteriores'' del grupo terrorista, al camarada Chávez, con ocasión de las elecciones regionales, es clarísimo: ``Dicha victoria refleja la gran confianza del pueblo venezolano en la lucha contra la hegemonía estadounidense''.

Por otro lado, la gira de Medvedev y los ejercicios militares conjuntos en el mar Caribe obedecen a una lógica similar. Las relaciones de Rusia y Estados Unidos han venido deteriorándose desde que se hizo pública la iniciativa Bush del escudo antimisiles y se agravaron con el apoyo a la independencia de Kosovo, la guerra en Georgia y la presencia militar norteamericana en su área de influencia. La rivalidad entre ambas naciones es inevitable en la medida que Rusia pretende ocupar el espacio de poder perdido con la disolución de la URSS y la Casa Blanca quiere mantener la unipolaridad.

El gobierno venezolano aprovecha las contradicciones para hacerse con un aliado y construir una política de disuasión ante una eventual intervención militar estadounidense. Podrá sonar fantástico, pero toda su política de seguridad y defensa nacional está diseñada sobre esa hipótesis de guerra. No en vano el ministro de Defensa, general Gustavo Rangel, agradeció a Rusia ''la voluntad política de apoyarnos y cooperar con nosotros, con miras a garantizar nuestra seguridad y soberanía''. Esa voluntad se constató durante el 2005 y el 2007 en contratos suscritos por Caracas y Moscú, por $4,400 millones para abastecer de armas a Chávez.

El presidente ruso es consciente del valor estratégico de América Latina: ''Es una región de rápido desarrollo, en la que se concentran importantes recursos tanto intelectuales como naturales'' y ''habitan pueblos que desean cooperar con Rusia''. Que no quede duda, los rusos y los iraníes llegaron para quedarse.

Un tercer país que juega duro en la región, pero con estilo muy diferente, es China. Tiene acuerdos de libre comercio con Chile y Perú y el próximo 19 de enero comienza negociaciones con Costa Rica. A su favor cuenta la irresistible atracción de un mercado de 1,300 millones de consumidores y que sabe colocarse por encima de reyertas ideológicas regionales.

Lo sorprendente es que todo esto no es suficiente para que el gobierno de Bush despierte. Su posición fue minimizar la presencia militar rusa, la misma que durante los últimos años aplicó a la revolución bolivariana y que terminó por facilitar la elección de gobiernos encabezados por populistas y extremistas antinorteamericanos. Esperemos que el presidente Barack Obama lo corrija. América Latina no es sólo un mercado, sino una zona estratégica para la seguridad de los Estados Unidos. Minimizar los alcances de una alianza entre Venezuela, Irán y Rusia puede tener efectos impredecibles para la seguridad y la paz internacionales en el mediano y largo plazo.

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COLUMNA INVITADA

Jueves 11 de diciembre de 2008 / SEMANA.COM

LA SILENCIOSA ESTRATEGIA DE LAS FARC

César Augusto Castaño Rubiano*

El común de los colombianos sigue observando a las Farc como una organización estrictamente militar. Para esa gran mayoría, la guerra tiene como único escenario el campo de batalla. De ahí que las muertes de los jefes, las capturas, las incautaciones de material y todo aquello que pueda presentarse a través de los medios, se convierte en ejemplo de efectividad gubernamental y referente de victoria militar.

Sin embargo, es importante saber que las Farc a la vez que han afrontado la política de seguridad democrática, han afinado también un eficaz instrumento de acción desconocido para muchos. Para comprender esta amenaza, poco enfrentada, vale la pena recordar cómo surgió esta compleja “arma de guerra”, quién la diseñó, qué tareas cumple y como actúa en provecho de Alfonso Cano y de la organización ilegal que él dirige.

En la época de la zona de distensión, las Farc encontraron graves deficiencias en las tareas prioritarias que tenían para el cumplimiento de su plan estratégico. Entre ellas, el trabajo político, la organización de masas y la penetración e infiltración del aparato estatal. Teniendo en cuenta tales necesidades, decidieron buscar una solución práctica a sus requerimientos, para ello se empeñaron en el diseño de una estructura política clandestina que, aunque distinta del movimiento bolivariano, compartiera los mismos principios revolucionarios y se complementaran.

Este trabajo de filigrana estuvo a cargo de Cano, quien utilizó como referente, entre otros textos, un libro titulado “Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión”. Esta obra de 1919 por un anarquista belga conocido como Victor Serge, está basada en el modus operandi de la “Ojrana”, la temida policía secreta zarista. El autor tras estudiar las principales debilidades de ese aparato de seguridad, dedicó capítulos enteros a desmitificar el poder de los servicios de inteligencia. Ofreciendo también, consejos a los militantes del partido para su seguridad personal, el manejo secreto de la documentación y la utilización de técnicas de provocación, entre otros.

Pero Cano sabía que además de estas lecturas, debía confrontar la teoría con la práctica, por ello acudió al estudio de las experiencias exitosas de organizaciones internacionales clandestinas o secretas, especialmente la vietnamita. El trabajo dio como resultado, el diseño de un partido político clandestino, de principios comunistas, con disciplina militar y dirigido directamente por “altos mandos” guerrilleros. A este naciente “Partido comunista colombiano clandestino”, PC3, se le dotó de una estructura y unos estatutos que lo reglamentaron. Entre sus tareas están la consolidación, impulso y vigilancia del Movimiento Bolivariano, actividades de inteligencia estratégica, infiltración y penetración del sector estatal y la estructuración de planes políticos avalados por el estado mayor.

Pero ¿cuál es la utilidad del trabajo desarrollado en estos años de seguridad democrática por esta estructura y como lo aprovechará Cano?. Hay que tener en cuenta, que el jefe guerrillero una vez asumió el poder, catapultó a Pablo Catatumbo al secretariado, y a varios de sus “cuadros” cercanos en la dirección de Estados Mayores de Bloques y Frentes. Por otra parte está reestructurando desde la base, recomponiendo los perfiles de los mandos, y subordinando las órdenes militares al escrutinio de las comisiones políticas.

En Cano hay algo que lo diferencia del resto de miembros del Secretariado, y es su claridad frente a lo político y la importancia de emplear eficazmente la estructura que ha diseñado. En algunos documentos de estudio encontrados en un campamento por el Ejército en 2005, Cano escribió “El objetivo político de las Farc-Ep es la toma del poder para el pueblo. Con ese norte se ha diseñado un Plan Estratégico en el que juegan papel preponderante tanto el Ejército Revolucionario como otras formas organizativas ligadas al trabajo fariano como las milicias, el Partido Comunista Clandestino (PC3) y el Movimiento Bolivariano”. Por lo anterior es obvio concluir, que todos estos elementos clandestinos han venido desarrollando un trabajo silencioso, durante estos seis años, lejos de persecuciones y tras objetivos rentables.

Cano no puede alejarse de la línea que ha marcado su presencia en la organización. Prueba de ello, es la nueva hoja de ruta trazada por el Secretariado, conocida como el plan “Renacer revolucionario de las masas”, dado a conocer el 16 de agosto de 2008. En este se plantea lo siguiente: Un fuerte trabajo de infiltración y control de los movimientos y las organizaciones sociales. La utilización de la guerra de guerrillas como respuesta al Plan Colombia y a la Política de Seguridad Democrática. El aumento de la siembra de minas antipersona, como método para detener el avance de las tropas. La obligación de realizar atentados terroristas, urbanos o rurales, con explosivos, como requisito indispensable para la “graduación” de nuevos guerrilleros. El empleo de francotiradores quienes dispondrán de fusiles rusos, de alta precisión, del tipo ‘VD o Dragunov’. El uso de misiles, tierra – aire, para enfrentar el poderío aéreo. Disponer de 6 millones de dólares de los “fondos” del Secretariado, para adquirir material de guerra y comunicaciones, especialmente potentes radios que ofrecerán gran dificultad para ser monitoreados. Replantear el trabajo internacional que se vino a menos, luego de la muerte de Reyes y la evidencia encontrada en sus computadores. Fortalecer las relaciones con Venezuela a través de personajes como el ex ministro del interior Rodríguez Chacín. Desarrollar trabajos conjuntos con el Eln en algunas regiones del país. Todo un andamiaje, que buscará “resucitar” a la organización frente a la opinión pública nacional e internacional.

Esta “prueba de vida” ya dio sus primeros frutos. El 11 de septiembre, un grupo de intelectuales, políticos y periodistas, en una carta dirigida al Secretariado de las Farc, expuso la necesidad de construir nuevos escenarios de diálogo, a través de un intercambio epistolar, sobre temas relativos a la paz y la guerra en Colombia. Un mes después, las Farc respondieron a la invitación aceptando el nuevo espacio, aun si es preciso entrar en discusiones como el tema del secuestro, algo que han planteado los firmantes de la primera misiva, en una nueva comunicación enviada al grupo ilegal el 27 de noviembre.

Estos últimos sucesos permiten entrever, que si bien el margen de maniobra de Cano es estrecho en lo militar, en lo político existe un amplio espacio, logrado en buena parte, gracias a la eficaz labor del PC3, del movimiento bolivariano y de la Coordinadora Continental Bolivariana.

Por lo pronto, es probable que Alfonso Cano rediseñe el Plan Estratégico en sus líneas militares, cite a un Pleno del Estado Mayor Central que, muy seguramente, finalizará en la convocatoria de una nueva conferencia guerrillera, acción que a mediano plazo le daría tiempo para dedicar sus hombres a la supervivencia. Total si algo le sobra es paciencia, al fin y al cabo sus estructuras clandestinas están trabajando.

* César Castaño es historiador militar e investigador de la Federación “Verdad Colombia”.

"LA ENCRUCIJADA URIBISTA"

Semana.com / 9 de diciembre de 2008

RAFAEL GUARÍN

El presidente Uribe ha enfrentado las más duras crisis. Desde la conspiración chavista, el escándalo de la parapolítica, la extradición de los paramilitares, el bombardeo en territorio de Ecuador, hasta la utilización guerrillera del “acuerdo humanitario” como táctica terrorista. Todas las cosas tienen un límite. El límite es el bolsillo de la gente. Si ya existía inquietud por el bajo crecimiento de la economía, lo ocurrido con DMG y las demás pirámides tiene visos de ser, además de una emergencia económica y social, una catástrofe política para el gobierno.

Las estadísticas recitadas con éxito desde los despachos públicos pierden automáticamente su encanto cuando los ahorros de cientos de miles de personas se pierden o se “frustra” su “mágico” enriquecimiento. El gobierno se mostró incapaz de explicar las medidas que adoptó, en una situación que no podía admitir errores. Los ciudadanos, que suelen ver en el Presidente un líder que los defiende, ahora lo ven en este tema como el causante directo de sus problemas.

Lo grave no es que tales acontecimientos puedan impedir la reelección de Uribe. En los pasillos de la Casa de Nariño, desde hace varios meses, es claro que el presidente ni siquiera está convencido de esa decisión. Lo realmente delicado es lo que está en juego. Al fin y al cabo los presidentes van y vienen, pero los problemas se resuelven, se mantienen o se agravan. Uribe no ha terminado la tarea ni la terminará de aquí a 2010 y la opinión pública no percibe a nadie que pueda hacerlo, con altas posibilidades de ser elegido.

A esto se llegó por descuido, exceso de confianza, falta de autocrítica, cierto autismo y excesiva personalización de la política gubernamental. El uribismo no tiene un partido, ha sido incapaz de fomentar liderazgos nacionales y dirigentes de relevo que aseguren la continuidad de la seguridad democrática, una vez finalice el mandato. Hoy estamos ante aspirantes que cobijados bajo el poncho del presidente pretenden mostrarse como opción, pero aún con su decidido apoyo están muy lejos de ser garantía de triunfo.

Para solo mencionar algunos. En el Partido de la U a Juan Manuel Santos no le vale la operación Jaque, la muerte de Reyes y de Ríos, tampoco que Manuel Marulanda reencarne y el ministro lo capture. A pesar de ser el más preparado de todos, es pésimo comunicador y hasta ahora incapaz de conectarse con los ciudadanos. A una candidatura interesante como la de Martha Lucía Ramírez las mayorías parlamentarias le quieren decretar la muerte súbita.

En Cambio Radical la cosa tiene también nombre propio. Germán Vargas Lleras es el mayor antiuribista, el primero en las filas de la burocracia y quien más goza de desconfianza en el gobierno. Dicen que se ufana en sus giras por los departamentos de que no le contesta el teléfono a Uribe.

En el conservatismo el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, carece de la fuerza y el empuje que a su edad demostraba Bernardo Jaramillo (así lo mortifique la comparación). Su único merito es ser consentido del poder. Nohemí, con estupenda hoja de vida, carismática y buena imagen es una posibilidad interesante, aunque lleva casi siete años fuera de Colombia y está desconectada de las regiones. Carlos Holguín no despierta aún y Fabio Valencia resultó muy afectado por el escándalo de su hermano.

Sobre los demás partidos uribistas ni hablar. Más parecidos a sindicatos del crimen, están condenados a seguir alojando a sus miembros en la cárcel “La Picota”.

Otros candidatos hábilmente muerden la imagen positiva de Uribe al tiempo que su discurso es el preámbulo del desmonte de la política de seguridad democrática. Ahí están Ingrid Betancur y Sergio Fajardo. Ambos apuestan a llevar al país a la trampa de diálogo que las FARC ejecutan desde hace casi 30 años. Lo paradójico es que junto a Lucho Garzón, otro impulsador de ese desmonte, son los que más opción tendrían frente a cualquiera de los mencionados candidatos uribistas.

Ante tal vacío de liderazgo, ¿quién sostendrá la seguridad democrática? ¿Qué tipo de candidatura se debe buscar para que lo alcanzado en materia de seguridad y paz no se pierda? Es urgente que los distintos sectores de la sociedad comiencen a trabajar en un frente civil que promueva la preservación de dicha política, como conditio sine qua non para llegar a la Presidencia. No hacerlo es facilitarle a Cano y a Jojoy el cambio de escenario que pretenden construir a punta de “intercambios epistolares”, propaganda y acciones terroristas.

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COLUMNA INVITADA

EN QUÉ ESTÁ LA GUERRA

LEÓN VALENCIA
El Tiempo - 29 de Noviembre de 2008

Después de la ruptura de la negociación con los paramilitares y de la extradición de 14 de sus comandantes; luego de la Operación 'Jaque' y de los grandes golpes a las Farc, mucha gente se pregunta en qué está el conflicto. Para responder a este interrogante, la Corporación Arco Iris acaba de entregar un balance sobre la situación de los actores armados ilegales. Se trata de una investigación a partir de los datos oficiales, pero también de un gran volumen de información recogida en terreno a lo largo del año 2008.

Las conclusiones son alarmantes. Los reductos paramilitares y los grupos emergentes están creciendo y se están expandiendo desaforadamente. Las Farc se han reacomodado para seguir en la guerra. El Eln está eludiendo la confrontación y no está operando, pero mantiene su presencia con núcleos en más de veinte departamentos.

Si sumamos los paramilitares reinsertados que han vuelto a las armas, los que no se desmovilizaron y las bandas emergentes, tenemos otra vez 10.200 personas en armas, distribuidas en 102 grupos con presencia en 246 municipios del país. Tal como dice el Gobierno, el propósito de algunos de estos núcleos es el narcotráfico, pero la mayoría están asumiendo muchas de las características de las anteriores Autodefensas Unidas de Colombia: atacan a líderes sociales, a organizaciones comunitarias y a dirigentes políticos, buscan influir en el poder local y controlar el territorio. En el caso de las llamadas 'Águilas negras', que están hacia el norte y el oriente del país, proclaman una posición antisubversiva y cuentan con la permisividad de sectores de la fuerza pública.

Cuando empezó el gobierno del presidente Uribe, las Farc tenían aproximadamente 18.200 hombres distribuidos en 81 frentes, ahora tienen cerca de 10.800 distribuidos en 64 frentes. Así mismo, han disminuido sus compañías y columnas. Sus fuerzas han sido desplazadas de los grandes centros poblacionales y de producción a lo profundo de las montañas. Su mando central ha sido duramente golpeado. Muchas de las rutas de abastecimiento logístico han sido cortadas y las fuentes de recursos económicos obstruidas. Con el rescate o la liberación de los secuestrados han perdido, además, el factor de presión política que las mantenía comunicadas con la comunidad internacional.

Aun así, esta guerrilla está lejos de desmoronarse. En los días posteriores a la Operación 'Jaque', algunos sectores del Gobierno abrigaron la esperanza de que se produciría una desbandada general con la desmovilización de frentes y bloques enteros. Pero lo que se ha visto en estos meses es que Alfonso Cano ha logrado consolidar su mando y definir una estrategia propia para resistir a la ofensiva gubernamental.

Ahora tenemos unas Farc con gran movilidad, distribuida en pequeños grupos, utilizando intensivamente el minado de grandes zonas, recurriendo a la fabricación de morteros y armas artesanales, apelando a los francotiradores, buscando la alianza con bandas emergentes para recuperar rutas de narcotráfico y de acceso a las ciudades. En varias regiones han empezado a recuperar terreno y a crecer. En el bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, había quedado reducidas a menos de cien hombres y ahora tienen más de quinientos.

Aun en medio de la debilidad militar, el Eln conserva intacto su mando central, en algunas regiones como Arauca y Nariño ha ganado el pulso que mantenía con las Farc y, mediante la vinculación parcial de algunas estructuras al narcotráfico, sobrevive a la ofensiva del Estado.

El presidente Uribe afronta, además, un lío adicional: la imposibilidad de mantener la gran inversión en defensa -que llegó a sobrepasar los cinco puntos del PIB- debido a la crisis económica y al recorte y reformulación de la ayuda militar de los Estados Unidos.

lvalencia@nuevoarcoiris.org.co
León Valencia

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COLUMNA INVITADA

EL ANÁLISIS DE INFOLATAM

Carlos Malamud

Venezuela: juegan todos, ganan casi todos, pero unos más que otros

Infolatam
Madrid, 24 de noviembre de 2008

"...De todos modos, es indudable que Chávez sigue siendo un importante referente para la política nacional y que su liderazgo sigue siendo tenido en cuenta por una parte apreciable de la población venezolana. Pero también es cierto que la oposición dio un paso muy importante en su proceso de unificación y en su auto convencimiento de que la democracia es el mejor camino para imponerse a las salidas populistas y demagógicas".

Suele ocurrir en casi todas las elecciones, y más si son locales o regionales, como en éste caso, que todo el mundo, o casi, tiene motivos sobrados para proclamarse ganador. El gobierno, porque ganó en 17 de las 22 gobernaciones, en número de alcaldías y en voto popular. La oposición, porque ganó en estados y ciudades claves y, sobre todo, porque mejoró sensiblemente su posición en relación con las pasadas elecciones de este tipo. Sin embargo, el chavismo sin Chávez, los autoexcluidos del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela), bien por tener un proyecto propio, como el candidato renegado por Barinas, el estado natal y feudo familiar de Chávez, o bien por negarse a caminar bajo la disciplina bolivariana, caso de Podemos o de los comunistas venezolanos, cosechó resultados bastante magros. Sin embargo, habrá que ver, con los datos definitivos, cuántos puestos de alcalde o gobernador se le fueron de las manos al gobierno por la sangría de votos de sus otrora seguidores.

Si bien en esta oportunidad tanto gobierno como oposición tienen algo para festejar, ha habido celebraciones más intensas que otras, aunque todavía es pronto para hacernos una composición acabada de cuanto aconteció el domingo y del panorama que se abre a partir de entonces. A menos de una semana de la elección, el presidente Hugo Chávez, con ese lenguaje amable que tan bien lo caracteriza, dio un claro mensaje para navegantes en su proyecto de construir el socialismo del siglo XXI, ya que "la patria que está naciendo es roja, rojita y bonita, bella, bellita". Por eso proclamó a los cuatro vientos que “vamos a lanzar a partir de hoy la misión acorralamiento, sin clemencia. Tenemos que ganar todas las alcaldías y gobernaciones en todo el territorio nacional”. Desde esta postura maximalista “Perder al menos tres gobernaciones en estas elecciones resultaría una derrota para el Gobierno Nacional”.

En la madrugada del lunes, su mensaje de reconocimiento de la victoria careció de la contundencia y del tono subido de otras ocasiones. En su lugar ofreció una mano tendida a la oposición y reafirmó su firme convicción democrática (si ganamos viva la democracia, si perdemos no sirve para nada y, por si fuera poco, sacamos las tropas a la calle en prueba de que estamos frente a una verdadera revolución, como también recordó Fidel Castro). Es verdad que en otras ocasiones Hugo Chávez lanzó mensajes similares, aunque en esta oportunidad habría que preguntarse por los verdaderos motivos de sus palabras. Por un lado, Chávez era consciente de la verdadera magnitud de su triunfo, salpicado de las derrotas en cinco de las principales gobernaciones del país (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia), tres más que en el período anterior, y también en las alcaldías de algunas de las mayores ciudades, comenzando por Caracas y siguiendo por Maracaibo. Precisamente, uno de los factores claves a tener en cuenta para calibrar en su justa medida el reparto territorial de poder será el del número de capitales de provincia controlados por cada bando en pugna.

Por el otro lado, Chávez también sabía que después de esta campaña de gastos a lo grande e ilimitados, en aras de conquistar el premio mayor, viene la época de las rebajas y los recortes. Con el barril de petróleo por debajo de los 50 dólares (nadie sabe lo que durará la actual coyuntura) es difícil mantener a pleno rendimiento la maquinaria clientelar del PSUV, pese a las cuantiosas reservas que todavía se poseen, aunque éstas deben ser celosamente administradas si se quiere que duren. Y si eso ocurre, si el gasto público se contrae, las posibilidades futuras de la oposición también aumentan, al hacer un poco más igual la actual lucha totalmente asimétrica por el poder político. Al mismo tiempo, ante la situación surgida tras los comicios, es probable que las amenazas presidenciales de cortar el envío de fondos públicos a las ciudades y estados controlados por la oposición acaben por no cumplirse.

Chávez planteó estas elecciones como un plebiscito sobre su persona, sabedor que el tirón electoral de buena parte de los dirigentes locales y regionales del PSUV es mínimo sin su auxilio. En esa línea de tensionar en torno suyo y despolitizar a la oposición, llama la atención que en la página web del CNE (Consejo Nacional Electoral), los nombres de los candidatos no fueran acompañados de su adscripción partidaria. Curiosidades de la revolución bolivariana.

Una de las principales notas de la jornada electoral del domingo fue la alta participación, muy por encima de otros comicios similares en años anteriores. Si bien ambos bandos han logrado movilizar a sus seguidores más remolones, los resultados definitivos mostrarán quién tuvo más capacidad de movilización. Es en relación con este extremo cómo se podrán contestar con más certeza los interrogantes acerca del futuro de la gobernabilidad en Venezuela. De todos modos, es indudable que Chávez sigue siendo un importante referente para la política nacional y que su liderazgo sigue siendo tenido en cuenta por una parte apreciable de la población venezolana. Pero también es cierto que la oposición dio un paso muy importante en su proceso de unificación y en su auto convencimiento de que la democracia es el mejor camino para imponerse a las salidas populistas y demagógicas".

http://www.infolatam.com/entrada/venezuela_juegan_todos_ganan_casi_todos_-11317.html

"OBAMA Y EL APOYO A COLOMBIA"

Publicado en El Nuevo Herald - Miami / lunes 24 de noviembre de 2008

RAFAEL GUARIN

La victoria de Barack Obama es una oportunidad para que Colombia continúe avanzando hacia la paz. Desde 2002 el trabajo conjunto de las administraciones Bush-Uribe permitió recuperar la seguridad en casi la totalidad del territorio. Este no es únicamente mérito de los republicanos, sino resultado de una estrategia bipartidista diseñada bajo el liderazgo demócrata de Bill Clinton.

Luego de diez años la estrategia resulta insuficiente y requiere ajustes. Continuar ese mismo esquema de cooperación posibilita seguir la reducción de guerrillas y bandas del narcotráfico, pero no garantiza la sostenibilidad de los logros a largo plazo. La guerra irregular puede nuevamente tomar impulso a menos que se construya el estado de derecho y legitimidad en las zonas donde están enquistados los grupos que la adelantan.

Además, no hay duda de que la penetración de la mafia en unidades militares y su alianza con sectores políticos desvía y desvirtúa la ayuda estadounidense. Tampoco que las violaciones de derechos humanos, por parte de corruptos miembros del ejército, son incompatibles con el fortalecimiento de la democracia que está en la justificación del Plan Colombia.

La llegada de Obama a la Oficina Oval despertó una ola de entusiasmo entre quienes rechazan el apoyo militar a Colombia. Muchos señalan que es el fin de la ''salida guerrista'' y de la política de seguridad democrática. La guerrilla aspira a que el nuevo gobierno demócrata elimine esa ayuda y presione a Uribe a negociar. Las FARC piensan que eso les da legitimidad política y les posibilita ser interlocutor de gobiernos y partidos, remover los obstáculos que le dificultan obtener el estatus de beligerancia y progresar en el proyecto farchavista. Algunas ONGs están en el mismo juego.

Probablemente el presidente Obama y su equipo asesor midieron las consecuencias de ese camino: incremento del tráfico de drogas, aumento de la violencia guerrillera, deterioro progresivo de la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y de la propia maniobrabilidad política del gobierno colombiano y crecimiento de bandas emergentes, entre otras. En su conjunto, la debacle de las instituciones democráticas con la reedición de la táctica del diálogo al servicio de la estrategia de guerra, la misma que narra Fidel Castro aplicaron las FARC en el Caguán.

Las cosas no serán así. A pesar de sectores demócratas que propugnan por un giro radical en la relación con el gobierno Uribe, lo cierto es que Obama tiene decidido cómo actuar. En mayo pasado, en un discurso en Miami, indicó: ''Apoyaremos totalmente la lucha contra las FARC. Trabajaremos con el gobierno para acabar con el régimen del terror de los paramilitares. Respaldaremos el derecho de Colombia de atacar a los terroristas que buscan santuario en otros países y haremos que se aclare cualquier apoyo que otros vecinos estén dando a las FARC''. Y no puede ser de otra manera. Lo adecuado es mantener el apoyo militar y político, elevar las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos y reclamar transparencia a gobiernos involucrados con esa organización.

Por otro lado, después de conseguir la seguridad en regiones que hace una década estaban bajo dominio guerrillero y paramilitar, el reto es lograr el respaldo ciudadano que en muchas de ellas es esquivo. Eso hace conveniente repensar el Plan Colombia y enfatizar la intervención económica y social para consolidar territorios, ganar legitimidad y construir instituciones, cuidando de no afectar la ayuda militar.

Al parecer, según palabras de Frank Sánchez, asesor para América Latina en su campaña, esa será la directriz: ''Bajo una administración de Barack Obama el Plan Colombia va a seguir''. Dice que el nuevo presidente quiere agregar más fondos, ''específicamente para reforzar instituciones que fortalecen la democracia, la justicia y el desarrollo económico''. Sánchez aclaró la posición del nuevo presidente al señalar que ''él ha apoyado fuertemente al presidente Uribe en su lucha contra las FARC, hasta fue uno de los únicos políticos en Estados Unidos que apoyó al gobierno de Colombia y a Uribe mismo'', refiriéndose al ataque del ejército colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. ''Ni Bush habló tan abiertamente apoyando a Uribe'', concluyó.

Si Obama concreta estos anuncios, lejos de debilitar la política de seguridad democrática avalará su sostenimiento, la mejor contribución que puede hacer a la paz de Colombia. También es oportuno que el apoyo de Estados Unidos a futuros diálogos se condicione a la decisión de las guerrillas, desde el principio y de forma irreversible, de entregar las armas y desmovilizarse. Y, segundo, a que se respeten los derechos de las víctimas de las FARC y el ELN a la verdad, la justicia y la reparación.

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EL NARCOMILITARISMO

PUBLICADO EN EL NUEVO HERALD DE MIAMI - 7 DE NOVIEMBRE DE 2008

RAFAEL GUARIN

Hace 14 meses, en esta columna, denunciamos que ''sectores de las fuerzas militares y de policía en Colombia no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma''. Estábamos en lo cierto. El propio presidente Alvaro Uribe, al relevar de su cargo por negligencia a 27 oficiales y suboficiales, aceptó que existe una confabulación orientada a aparentar que se combate a las bandas armadas del narcotráfico cuando en realidad se garantiza su operación.

Se trata de un espantoso triángulo criminal que conforman miembros de la fuerza pública, las FARC y grupos ilegales como los de el Loco Barrera, Cuchillo, Don Mario, las Aguilas Negras o la Organización Nueva Generación. Antiguos paramilitares son socios de cuadrillas guerrilleras dedicadas por completo al narcotráfico. Hay una distribución del trabajo: unos prestan seguridad a los cultivos de coca y a los laboratorios, mientras otros se encargan de las rutas de exportación del alcaloide. Por esa vía, la protección que militares y policías corruptos otorgan a las bandas criminales termina extendiéndose a las FARC. ¡Inadmisible!

En el caso de Ocaña hay muchas contradicciones, mentiras, tergiversaciones y asuntos sin aclarar. Hubiera sido sano esperar el resultado de las investigaciones judiciales para no desconocer la presunción de inocencia. Aun así, el reconocimiento que hace el gobierno es suficiente para afirmar que el principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.

Las denuncias no son nuevas, lo nuevo es la severidad con la cual actuó el gobierno. Una fuerte reacción ante graves irregularidades debió darse mucho antes. En otro artículo de 2006, ante la evidente infiltración de carteles de la droga, pedíamos que se revisaran ''los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército e iniciara una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles''. La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2004 alertó sobre la muerte de civiles a manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo tan sólo el año pasado el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto.

Es factible que en la reacción del gobierno haya cierto tufillo de ''efecto Obama''. En un momento en que se perfilaba ya para suceder a George W. Bush, que los demócratas critican las violaciones a los derechos humanos y mantienen en suspenso la aprobación del tratado de libre comercio con Colombia, resultaba nefasto quedarse con los brazos cruzados.

Pero no son suficientes las destituciones, ni la renuncia del general Mario Montoya, comandante del ejército, tampoco la retórica gubernamental de ''eficacia con transparencia''. Ante la comunidad internacional se necesita mucho más que movimientos audaces, espectáculos mediáticos, directivas ministeriales o discursos. El gobierno tiene que ser consciente que acaba de explotar en su cara un tema que puede dar al traste con los esfuerzos de los últimos diez años y que le cae de perlas a la estrategia de las FARC.

El narcomilitarismo golpea la legitimidad de la seguridad democrática y puede colapsarla. La guerrilla tiene por lo menos tres cartas: apuesta a la vía electoral para lograr un giro político que implique su desmonte, aspira a que un gobierno demócrata presione a Uribe para que caiga en la trampa de negociar con las FARC y busca agotar la capacidad de las fuerzas militares cercenando su fuente de recursos. Esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Al fin y al cabo, si usted fuera congresista estadounidense se cuestionaría sobre el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos. No es posible que a través del Plan Colombia se financien unidades militares convertidas en brazos armados de la mafia y en cómplices de grupos calificados como terroristas por el Departamento de Estado.

La campaña por la eliminación de la ayuda militar a Colombia toma un nuevo impulso. La semana pasada Amnistía Internacional pidió que se retirara ese apoyo. A eso se suma la izquierda internacional que cree que las FARC no son una organización terrorista y que sus demandas son legítimas. La paradoja es que el principal empujón lo ha recibido del ejército a través de una minoría de putrefactos militares.

Una nueva visión más integral del Plan Colombia es necesaria. Es conveniente que los demócratas eleven las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos sin caer en el error de su desmonte. Hacerlo sería dar una victoria decisiva al cartel de las FARC y a las bandas criminales de la mafia, verdugos no sólo de Colombia, sino de la sociedad norteamericana.

http://www.rafaelguarin.blogspot.com/

CONCIERTO PARA DELINQUIR

COLUMNA PUBLICADA EL 24 DE AGOSTO DE 2007

EN EL NUEVO HERALD DE MIAMI

RAFAEL GUARÍN

El gobierno y el Congreso estadounidenses deben preguntarse lo mismo que millones de colombianos. ¿Por qué el narcotráfico no disminuye después de siete años de Plan Colombia y de fortalecimiento de la fuerza pública? La respuesta comienza a conocerse con la orden de captura de 13 oficiales de las fuerzas militares por relaciones con el narcotráfico.

En mayo del año pasado con ocasión del asesinato del mejor grupo antinarcóticos de la policía a manos de soldados, en una columna encendimos las alarmas sobre el peligro de la corrupción para la política de seguridad democrática. Propusimos que, ''con una óptica de prevención'', se hiciera un estudio detenido de las vulnerabilidades de las fuerzas armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y del paramilitarismo, se revisaran los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército y se iniciara una purga integral.

Nada de eso se ha hecho y la crisis se torna estructural mientras el gobierno insiste en que se trata de casos aislados, a pesar de que son oficiales de alto rango quienes colocan a cientos de hombres bajo sus órdenes al servicio de la mafia, lo que explica, entre otras cosas, la inefectividad de las recompensas para encarcelar a los capos.

La realidad, por dura que sea, es que sectores de las fuerzas militares y de policía no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma. De tratos esporádicos pasaron a socios de los carteles de drogas. Eso explica la conducta de coroneles involucrados en el Valle del Cauca con alias Don Diego, los bajos resultados en su área de operación y que las acciones en su contra se tuvieran que adelantar con policías provenientes de Bogotá.

Nada valdrá haber invertido (hasta 2005) en el Plan Colombia 10,732 millones de los cuales 3,782 fueron contribución de Estados Unidos, como tampoco servirá aumentar en 2008 el presupuesto militar en 163%, si no se depuran los cuerpos armados. ¿Cómo reducir el narcotráfico si los impuestos de los colombianos y la ayuda norteamericana termina financiando unidades militares sometidas a los narcos? ¿Será que a estos hombres les importa derrotar a las FARC y capturar a los traficantes cuando de ellos depende enriquecerse?

Es apremiante fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Da la impresión de que el problema se dejó a la milicia, que tiende a tapar y tapar. El gobierno y el Congreso no ejercen rigurosa vigilancia. La comisión parlamentaria encargada del tema, lo recuerda el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero, reacciona únicamente ante escándalos, no hace control permanente, se limita a aprobar ascensos, no examina el presupuesto militar ni su ejecución y carece de especialistas en la materia. Una buena idea es incorporar a inspectores civiles en las fuerzas con independencia de la línea de mando.

Conviene también replantear decisiones gubernamentales que pusieron a los militares al alcance del narcotráfico. Por ejemplo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se le ocurrió en 2002 la genial idea de responsabilizar en los departamentos de mayor producción de cocaína a las fuerzas militares de la fiscalización de sustancias, como gasolina y querosén, que son utilizadas para la producción de alucinógenos.

Esto llevó a que tropas con años de entrenamiento, en vez de combatir las guerrillas se distraigan extorsionando a ciudadanos que comercian legalmente con tales productos. Así lo denunció FEDISPETROL, que no es de la oposición, en febrero de 2005, a los ministros del Interior y Defensa y al comandante del ejército. Nunca hubo respuesta.

Pero, al igual que en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Ahora se dice, en voz baja, que en esas zonas los insumos siguen entrando y toneladas de coca salen con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas. ¡Lo que nos faltaba! El cobro de peajes o ''gramaje'' que efectúan a narcotraficantes las guerrillas y los paramilitares parecen repetirse por parte de pútridos militares.

Y, finalmente, qué bueno sería que Estados Unidos comience a pedir en extradición a los militares socios de los narcos. No puede dudarse del heroísmo y la honestidad de miles de integrantes de las fuerzas armadas. Precisamente, para honrar su sacrificio y el de la sociedad, son necesarias las correcciones y evitar así que al final de este gobierno sea la corrupción interna la que derrote la política de seguridad democrática.