Published on August 12, 2006, Page PAGE: 19A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Por Rafael Guarín*
Precedido de ataques terroristas contra la fuerza pública comenzó el segundo período de gobierno de Álvaro Uribe. Entre los propósitos expuestos en el discurso de posesión está el de conseguir “equilibrio entre seguridad y paz”.
En Colombia el tema se ha debatido desde perspectivas que convergen con las corrientes idealista y realista. Para los primeros, la salida política implica que el Estado abandone la idea de derrotar a la guerrilla y concentre su actividad en reformas sociales, económicas y políticas necesarias para la paz. Dicho discurso reconoce causas objetivas de la violencia y tiende, en últimas, a justificar la insurrección.
Para los segundos, el ejercicio de la fuerza es fundamental para alcanzar la paz. Este punto de vista evolucionó, a finales de los años noventa, de la aniquilación de los grupos guerrilleros a doblegar su voluntad de lucha. Aunque la retórica gubernamental lo encubre, ese replanteamiento implica tres cosas: reconocer que no es posible vencer militarmente de forma completa a los grupos ilegales, concederles carácter político y destinar las acciones bélicas a obligarlos a sentarse en la mesa de negociación.
El idealismo marcó los esfuerzos de los gobiernos de Belisario Betancur y Andrés Pastrana.
En ambos casos, el grupo guerrillero empleó los diálogos para su fortalecimiento militar y político. Desde la época de Jacobo Arenas aprendieron a sacar provecho de la “combinación de las formas de lucha” y a utilizar como propaganda los procesos de paz. En otras palabras, la historia enseña que la negociación ha sido una táctica en una estrategia de guerra.
Con la llegada de Uribe en 2002 se definió por primera vez un camino con claridad. Independiente de los excesos, vacíos y errores de la Política de Seguridad Democrática su diseño responde al desafío de los alzados en armas y a los fracasos de los gobiernos anteriores. Desde el realismo se planteó una respuesta militar firme que tiene el respaldo mayoritario de los electores y que se combinó pragmáticamente con la voluntad de iniciar un proceso de paz.
La firmeza en la lucha contra la subversión no es sólo un mandato constitucional, sino una imposición de las acciones presentes y pasadas de las FARC. A pesar de su retórica de diálogo esa guerrilla cree únicamente en la fuerza en relación con el Estado. Su disciplinada ejecución del Plan Estratégico y la inmersión en el narcotráfico para aumentar su capacidad financiera y sostener la guerra popular prolongada, en la que lleva más de cuatro décadas, ratifica su vocación militarista y la voluntad de acceder al poder por las armas.
Con esos antecedentes el equilibrio entre seguridad y paz que busca el Presidente difícilmente encontrará oportunidad. Los ataques de las últimas semanas demuestran que el grupo guerrillero mantiene capacidad ofensiva y que se adaptó a la estrategia de las Fuerzas Militares, mediante el repliegue y la preferencia por la utilización de explosivos. También, que lejos de buscar genuinamente acuerdos de paz emplea el transcurso del tiempo a su favor, dentro de una lógica que asimila el segundo mandato de Uribe a la gran oportunidad para ganar el pulso final al Estado, derrumbando el mayor esfuerzo hecho por gobierno alguno para combatirlos.
Por otro lado, la exigencia presidencial de “hechos irreversibles de paz” es apenas razonable, pero improbable, a menos que con audacia Tirofijo libere los secuestrados y coloque el balón en manos del gobierno. En todo caso, otras opciones como el cese unilateral de hostilidades o el abandono del narcotráfico no parecen posibles a corto plazo.
En la otra orilla, la condición de despejar amplios territorios en el sur del país e intercambiar guerrilleros presos por secuestrados, para su reincorporación a la lucha “revolucionaria”, es inaceptable, so pena de quebrar el apoyo ciudadano y abrir un boquete que arrasaría con los resultados positivos.
En conclusión, teniendo en cuenta que el propio gobierno señala el 2015 para lograr la normalidad y la paz en el país (Colombia – Visión 2019), al finalizar su gobierno Uribe podría no haber doblegado la voluntad de lucha de las FARC, ni comenzado un proceso de negociación política. Esperemos equivocarnos y que mucho antes se acabe el círculo vicioso de la guerra.
Precedido de ataques terroristas contra la fuerza pública comenzó el segundo período de gobierno de Álvaro Uribe. Entre los propósitos expuestos en el discurso de posesión está el de conseguir “equilibrio entre seguridad y paz”.
En Colombia el tema se ha debatido desde perspectivas que convergen con las corrientes idealista y realista. Para los primeros, la salida política implica que el Estado abandone la idea de derrotar a la guerrilla y concentre su actividad en reformas sociales, económicas y políticas necesarias para la paz. Dicho discurso reconoce causas objetivas de la violencia y tiende, en últimas, a justificar la insurrección.
Para los segundos, el ejercicio de la fuerza es fundamental para alcanzar la paz. Este punto de vista evolucionó, a finales de los años noventa, de la aniquilación de los grupos guerrilleros a doblegar su voluntad de lucha. Aunque la retórica gubernamental lo encubre, ese replanteamiento implica tres cosas: reconocer que no es posible vencer militarmente de forma completa a los grupos ilegales, concederles carácter político y destinar las acciones bélicas a obligarlos a sentarse en la mesa de negociación.
El idealismo marcó los esfuerzos de los gobiernos de Belisario Betancur y Andrés Pastrana.
En ambos casos, el grupo guerrillero empleó los diálogos para su fortalecimiento militar y político. Desde la época de Jacobo Arenas aprendieron a sacar provecho de la “combinación de las formas de lucha” y a utilizar como propaganda los procesos de paz. En otras palabras, la historia enseña que la negociación ha sido una táctica en una estrategia de guerra.
Con la llegada de Uribe en 2002 se definió por primera vez un camino con claridad. Independiente de los excesos, vacíos y errores de la Política de Seguridad Democrática su diseño responde al desafío de los alzados en armas y a los fracasos de los gobiernos anteriores. Desde el realismo se planteó una respuesta militar firme que tiene el respaldo mayoritario de los electores y que se combinó pragmáticamente con la voluntad de iniciar un proceso de paz.
La firmeza en la lucha contra la subversión no es sólo un mandato constitucional, sino una imposición de las acciones presentes y pasadas de las FARC. A pesar de su retórica de diálogo esa guerrilla cree únicamente en la fuerza en relación con el Estado. Su disciplinada ejecución del Plan Estratégico y la inmersión en el narcotráfico para aumentar su capacidad financiera y sostener la guerra popular prolongada, en la que lleva más de cuatro décadas, ratifica su vocación militarista y la voluntad de acceder al poder por las armas.
Con esos antecedentes el equilibrio entre seguridad y paz que busca el Presidente difícilmente encontrará oportunidad. Los ataques de las últimas semanas demuestran que el grupo guerrillero mantiene capacidad ofensiva y que se adaptó a la estrategia de las Fuerzas Militares, mediante el repliegue y la preferencia por la utilización de explosivos. También, que lejos de buscar genuinamente acuerdos de paz emplea el transcurso del tiempo a su favor, dentro de una lógica que asimila el segundo mandato de Uribe a la gran oportunidad para ganar el pulso final al Estado, derrumbando el mayor esfuerzo hecho por gobierno alguno para combatirlos.
Por otro lado, la exigencia presidencial de “hechos irreversibles de paz” es apenas razonable, pero improbable, a menos que con audacia Tirofijo libere los secuestrados y coloque el balón en manos del gobierno. En todo caso, otras opciones como el cese unilateral de hostilidades o el abandono del narcotráfico no parecen posibles a corto plazo.
En la otra orilla, la condición de despejar amplios territorios en el sur del país e intercambiar guerrilleros presos por secuestrados, para su reincorporación a la lucha “revolucionaria”, es inaceptable, so pena de quebrar el apoyo ciudadano y abrir un boquete que arrasaría con los resultados positivos.
En conclusión, teniendo en cuenta que el propio gobierno señala el 2015 para lograr la normalidad y la paz en el país (Colombia – Visión 2019), al finalizar su gobierno Uribe podría no haber doblegado la voluntad de lucha de las FARC, ni comenzado un proceso de negociación política. Esperemos equivocarnos y que mucho antes se acabe el círculo vicioso de la guerra.
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