CONCIERTO PARA DELINQUIR

COLUMNA PUBLICADA EL 24 DE AGOSTO DE 2007

EN EL NUEVO HERALD DE MIAMI

RAFAEL GUARÍN

El gobierno y el Congreso estadounidenses deben preguntarse lo mismo que millones de colombianos. ¿Por qué el narcotráfico no disminuye después de siete años de Plan Colombia y de fortalecimiento de la fuerza pública? La respuesta comienza a conocerse con la orden de captura de 13 oficiales de las fuerzas militares por relaciones con el narcotráfico.

En mayo del año pasado con ocasión del asesinato del mejor grupo antinarcóticos de la policía a manos de soldados, en una columna encendimos las alarmas sobre el peligro de la corrupción para la política de seguridad democrática. Propusimos que, ''con una óptica de prevención'', se hiciera un estudio detenido de las vulnerabilidades de las fuerzas armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y del paramilitarismo, se revisaran los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército y se iniciara una purga integral.

Nada de eso se ha hecho y la crisis se torna estructural mientras el gobierno insiste en que se trata de casos aislados, a pesar de que son oficiales de alto rango quienes colocan a cientos de hombres bajo sus órdenes al servicio de la mafia, lo que explica, entre otras cosas, la inefectividad de las recompensas para encarcelar a los capos.

La realidad, por dura que sea, es que sectores de las fuerzas militares y de policía no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma. De tratos esporádicos pasaron a socios de los carteles de drogas. Eso explica la conducta de coroneles involucrados en el Valle del Cauca con alias Don Diego, los bajos resultados en su área de operación y que las acciones en su contra se tuvieran que adelantar con policías provenientes de Bogotá.

Nada valdrá haber invertido (hasta 2005) en el Plan Colombia 10,732 millones de los cuales 3,782 fueron contribución de Estados Unidos, como tampoco servirá aumentar en 2008 el presupuesto militar en 163%, si no se depuran los cuerpos armados. ¿Cómo reducir el narcotráfico si los impuestos de los colombianos y la ayuda norteamericana termina financiando unidades militares sometidas a los narcos? ¿Será que a estos hombres les importa derrotar a las FARC y capturar a los traficantes cuando de ellos depende enriquecerse?

Es apremiante fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Da la impresión de que el problema se dejó a la milicia, que tiende a tapar y tapar. El gobierno y el Congreso no ejercen rigurosa vigilancia. La comisión parlamentaria encargada del tema, lo recuerda el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero, reacciona únicamente ante escándalos, no hace control permanente, se limita a aprobar ascensos, no examina el presupuesto militar ni su ejecución y carece de especialistas en la materia. Una buena idea es incorporar a inspectores civiles en las fuerzas con independencia de la línea de mando.

Conviene también replantear decisiones gubernamentales que pusieron a los militares al alcance del narcotráfico. Por ejemplo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se le ocurrió en 2002 la genial idea de responsabilizar en los departamentos de mayor producción de cocaína a las fuerzas militares de la fiscalización de sustancias, como gasolina y querosén, que son utilizadas para la producción de alucinógenos.

Esto llevó a que tropas con años de entrenamiento, en vez de combatir las guerrillas se distraigan extorsionando a ciudadanos que comercian legalmente con tales productos. Así lo denunció FEDISPETROL, que no es de la oposición, en febrero de 2005, a los ministros del Interior y Defensa y al comandante del ejército. Nunca hubo respuesta.

Pero, al igual que en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Ahora se dice, en voz baja, que en esas zonas los insumos siguen entrando y toneladas de coca salen con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas. ¡Lo que nos faltaba! El cobro de peajes o ''gramaje'' que efectúan a narcotraficantes las guerrillas y los paramilitares parecen repetirse por parte de pútridos militares.

Y, finalmente, qué bueno sería que Estados Unidos comience a pedir en extradición a los militares socios de los narcos. No puede dudarse del heroísmo y la honestidad de miles de integrantes de las fuerzas armadas. Precisamente, para honrar su sacrificio y el de la sociedad, son necesarias las correcciones y evitar así que al final de este gobierno sea la corrupción interna la que derrote la política de seguridad democrática.

QUEBRAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

SEMANA.COM - Viernes 24 de Octubre de 2008

RAFAEL GUARÍN

Los paros y movilizaciones de las últimas semanas son parte de una estrategia orientada a quebrar la Política de Seguridad Democrática en las urnas. El gobierno tiene razón cuando afirma que hay un plan para desestabilizarlo y en que la mano de la guerrilla está metida en el clima de “agitación social”, pero parece enredado en cómo enfrentarlo.

A pesar de los duros golpes recibidos, el Secretariado de las Farc sabe que tiene capacidad de maniobra. Aún más, confía en que ciertos hechos, manejados hábilmente, pueden ser la antesala a una coyuntura favorable a su resurgimiento. Le apuesta a demostrar que el grupo armado ilegal no está derrotado y que únicamente la negociación podrá desactivar el “conflicto social y armado”. Desde su perspectiva, la paz se logrará con un nuevo gobierno que desmonte la seguridad democrática y esté dispuesto a otro proceso de diálogo, eso sí, a partir de que les reconozca cierta legitimidad, le quite la calificación de terrorista y conceda trato de organización política.

En ese contexto, el objetivo fariano a corto plazo es favorecer la elección de un gobierno que tenga esa agenda. Creen que lo pueden conseguir con terrorismo y utilizando, manipulando e infiltrando las movilizaciones ciudadanas contra el gobierno. Los recientes atentados quieren demostrar que su capacidad de hacer daño es significativa y, sin duda, se intensificarán en un intento por cambiar la percepción y la actitud de una sociedad que mayoritariamente se muestra dura contra el terrorismo. También para ejemplificar que después de diez años de Plan Colombia y ocho de Política de Seguridad Democrática el derrotado ha sido el Estado, mientras ellos mantienen la médula de su aparato bélico.

El otro frente es la vieja fórmula de combinación de todas las formas de lucha. Fue la “última proclama” de Marulanda en diciembre pasado: “es necesario utilizar las diversas formas de acción, movilizaciones con objetivos muy concretos, demandas al Estado por la paz, defensa de los derechos humanos, paros cívicos, denuncias de masacres y atropellos oficiales ante organismos competentes nacionales e internacionales etc.”. En ejecución de ese plan la guerrilla ha participado en la marcha del 6 de marzo (lo hicieron públicamente en cerca de una decena de países), el paro campesino de octubre de 2007, revueltas estudiantiles y en los mítines indígenas de la semana anterior. El Manifiesto de las Farc señala que hay que conseguir "la movilización del pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país”. ¡Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia!

La directriz de Tirofijo fue clara. No sólo se trata de infiltrar, cooptar y aprovechar actos legítimos de protesta ciudadana, sino que “los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masas bajo su dirección”. ¿A cuáles se refería? En sus términos, esto es “tan indispensable como las acciones armadas de Farc”.

No hay duda de la intención de la guerrilla de jugar un papel detrás de paros y protestas. Otra cosa es caer en el simplismo y creer que las Farc controlan todos los “movimientos sociales” y sindicar cualquier manifestación de descontento. Sería tan absurdo como negar que existen razones válidas para reclamos pacíficos o afirmar que la guerrilla tiene esa capacidad de convocatoria. ¡Si la tiene, apague y vámonos!

Quebrar la seguridad democrática le interesa igualmente a políticos y “dirigentes sociales” de la oposición, oportunistas unos, cómplices otros del terrorismo y muchos ingenuos, que no reparan en medios con tal de bajar a Uribe. Con la ilusión de beneficiarse electoralmente de esa tenebrosa estrategia contribuyen a la creación de un clima adverso que les permita llegar al poder en 2010, así sea sobre los hombros de la violencia fariana. El Polo, algunos sectores del Liberalismo y ciertos “movimientos sociales” están metidos de cabeza en esa lógica, a pesar que la inmensa mayoría de sus miembros desconocen lo que realmente sucede.

¿Cómo responder a ese desafío? Se debe trabajar en fortalecer la cohesión ciudadana frente al terrorismo. Es la única manera de no dejarse doblegar por las acciones violentas. Segundo, es indispensable mejorar la capacidad estatal de prevención de acciones terroristas y prepararse para gestionar situaciones de crisis generadas por futuros atentados. No se deben olvidar las mochilas bomba del 11 de marzo en Madrid y sus consecuencias en la decisión política del pueblo español. Del mismo modo, Colombia necesita urgentemente una legislación especial y un aparato judicial que permita desmantelar el entramado legal de las Farc, encubierto en facciones de partidos políticos, ongs, medios de comunicación y otro tipo de colectivos.

Pero lo más importante es que jamás haya exceso de fuerza y que las autoridades actúen con toda rigurosidad, siempre dentro del Estado de Derecho. Con mártires el terrorismo procura legitimar su existencia y los crímenes de lesa humanidad. Las Farc promueven acciones violentas en las manifestaciones con el fin de demostrar que hay un Estado terrorista ante el cual sólo se pueden tomar las armas y “resistir”. La lamentable muerte de indígenas, en enfrentamientos con la policía, lo único que hace es cumplir la agenda guerrillera, alimentar su falso discurso y darle oportunidad de confeccionar sofismas para la campaña de desprestigio y de guerra política que adelantan contra las instituciones democráticas.

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"LAS MUERTES DE OCAÑA"

Visita al Cementerio veredal de Liscas el miércoles 1 de octubre de 2008.

RAFAEL GUARÍN

Medios de comunicación, ONGs y hasta gobiernos se apresuraron a condenar al ejército colombiano por la desaparición y muerte de nueve jóvenes en Ocaña y dos más en Cimitarra. Viajé a la región y a las ''comunas'' de Soacha para conocer de primera mano los acontecimientos. Aunque no puedo concluir si hubo o no irregularidades del ejército (tarea de la justicia), sí me quedó claro que mucho de lo afirmado está lejos de la realidad.

Ocaña tiene una ubicación estratégica y es corredor del narcotráfico hacia Venezuela. Según el alcalde, Yebrail Haddad Linero, existe una ''guerra en la región del Catatumbo entre bandas emergentes por el control territorial del narcotráfico''. Es el único lugar con FARC, ELN, EPL y bandas criminales, entre ellas ''los Rolos'' y las ''Aguilas Negras'', todas organizaciones que reclutan permanentemente. El personero de Ocaña, Jesús Antonio Sánchez, expresó que ''lo usual en la región es que se reclute gente de otras ciudades de manera voluntaria para delinquir'' y que es ``común que las autoridades de policía judicial hagan levantamientos en la región''.

Se dijo que los jóvenes eran desaparecidos. No es cierto. Para el personero de Soacha, Fernando Escobar, ''lo que ha venido ocurriendo es reclutamiento voluntario de jóvenes por parte de bandas armadas''. No secuestro, ni siquiera reclutamiento forzoso. La Defensoría del Pueblo alertó en diciembre sobre el peligro de reclutamientos.

Algunos aseveraron que fueron ''tiroteados'' y torturados. Los cuerpos no presentan evidencia de que los proyectiles se dispararan a corta distancia. En todos los casos el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el levantamiento de los cadáveres y el Instituto de Medicina Legal las necropsias. De haber siquiera probabilidad de torturas, en su momento la Fiscalía debió, por lo menos, formular imputación y no la hay, en ningún caso, por ese delito. ¿Será entonces que la Fiscalía es cómplice de los militares? ¿O será, simplemente, que no hubo torturas?

La muerte de los jóvenes se da en 6 eventos que comprometen cuatro unidades: Batallón Francisco de Paula Santander, Batallón Reyes, Plan Meteoro y Brigada Móvil 15. Si era un plan sistemático, como se ha dicho, se requiere que todos los eventos y hombres que participaron estuvieran coordinados. No sería un pequeño y aislado grupo de soldados, pues involucra dos brigadas y, por tanto, al Estado Mayor de la II División. ¡Absurdo! Con certeza se descubriría. Es difícil pensar que una operación criminal de esta magnitud se hiciera con centenares de implicados, en momentos en que el gobierno, la ONU, organismos de control y las ONGs mantienen rigurosa vigilancia.

Se indicó que los cuerpos estaban en una fosa común a instancias del ejército. Tampoco es cierto. El alcalde contó que la inhumación la hizo el municipio dado el riesgo de una emergencia sanitaria. No fue clandestina sino en un humilde cementerio de la vereda de Liscas, un terreno de escasos 300 metros cuadrados. Ana del Carmen Díaz, vecina del camposanto, señaló que funciona hace más de 100 años. Al visitarlo confirmé que no existía espacio para sepulturas individuales.

También circuló la versión de que los jóvenes carecían de experiencia militar, pero al menos uno fue soldado profesional y otro regular, el primero retirado de manera discrecional por el ejército. Un cadáver tiene cicatrices de antiguas puñaladas. Como expuso el fiscal general, Mario Iguarán, ``se ha establecido que no fueron a recoger café sino que iban con propósitos delincuenciales''.

Hasta el argumento de la sospechosa proximidad de las fechas de las supuestas desapariciones y de las muertes tiene grandes inconsistencias: un padre reconoció en Ocaña que su hijo se había ido de la casa hacía cuatro meses. Otro, que su hijo con regularidad efectuaba viajes de 20 a 30 días. Algunas madres aceptaron en radio que sus hijos iban a hacer un negocio. Una me contó que su hijo decía que ''desde hace 2 años unos paracos venían al barrio y le ofrecían 10 millones, los llevaban, pero a los 3 meses los dejaban regresar''. ¡Es claro que alguien está mintiendo!

En Ocaña pude constatar que el ejército es valorado y apreciado, lo que no sucedería si masacrara a la población. Las Aguilas Negras están diezmadas en la zona gracias a que la gente denuncia ''porque tiene confianza en el ejército y la policía'' y ''hoy se siente protegida por las instituciones'', dice el obispo Jorge Enrique Lozano.

Nada de esto exculpa ninguna responsabilidad, tampoco exime que algún caso pueda ser muerte fuera de combate o falso positivo, pero evidencia que en Colombia y ante ciertos ojos, el ejército es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si, en verdad, se trata de homicidios deben ser condenados con absoluta severidad.

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"A CIEN DÍAS DE LA OPERACIÓN JAQUE"

Escenarios y tendencias de las Farc

Por LUIS EDUARDO CELIS*

La operación Jaque, brillante y pulcra acción de la inteligencia militar contra las Farc, significó el punto de inflexión en la confrontación que adelanta la fuerza pública contra la guerrilla más antigua del continente. De allí en adelante se hablará de un antes y un después, en el que las Farc perdieron a sus más cotizados rehenes, utilizados como principal “mercancía de presión”, encabezados por Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, todos rescatados de manera pulcra junto a un significativo grupo de integrantes de la Fuerzas Militares, que llevaban hasta diez años en las selvas colombianas.

Pero la derrota de las Farc como proyecto de poder global no es de ahora, sino que viene de muy atrás. La sociedad Colombiana optó por un camino de reformas institucionales y amplió un pacto de convivencia, con la formulación de la Constitución de 1991. En ese momento se dio comienzo a la derrota política de los proyectos guerrilleros en Colombia, que si bien nunca estuvieron ad portas del poder, sí fueron un factor de perturbación en la década de los ochenta. Pero con nueva Constitución y un ánimo de reordenamientos sociales y políticos, la guerra ganó nuevos territorios y vio como los paramilitares de las AUC y las Farc dejaban en los campos nacionales un triste balance de desplazamiento y muerte.

Las Farc arreciaron la guerra luego del genocidio contra la UP, para lo cual echaron mano de los cuantiosos recursos de la economía cocalera, logrando volverse un ejército de más de 12 mil efectivos. Esto les permitió tomar la iniciativa militar entre los años de 1995 y 1998, cuando le propinaron duras derrotas a las Fuerzas Militares, logrando concentrar hasta 400 efectivos en cada operación, para luego desconcentrarlos. Así hicieron tomas como las de las Delicias, cerro Patascoy, Puerres o El Billar, para mencionar sólo algunas. Este empuje militar, junto con un anhelo ciudadano de buscar un camino de entendimiento y superación de la guerra, le facilitó el triunfo a Andrés Pastrana en 1998.

El Caguán fue la mejor oportunidad que tuvieron las Farc para dejar el camino de la guerra y ganarse un espacio en el escenario social y político de una Colombia que manera mayoritaria le apostaba a reformas, a las inclusiones y al juego democrático, por lo que estuvo dispuesta a apoyar una negociación. Pero el Secretariado de esa agrupación desarrolló estrategia de tensionar, pedir y pedir y no mostrar ningún gesto que la acercara a una ciudadanía urbana cada vez más agotada con tanta violencia. Fue así como a punta de cilindros-bomba y destrucción de pequeños pueblos –entre el año 98 y el 2000 se tomaron 150 cabeceras municipales- empujaron el péndulo de la mano extendida y el ánimo de concertación hacia el pulso firme y la confrontación militar a fondo.

El presidente Álvaro Uribe ofertó mano dura y derrota de la guerrilla, y conquistó un amplio respaldo ciudadano, refrendado en el 2006. Y si se vuelve a presentar a un eventual tercer periodo, es casi seguro que mantendrá ese apoyo, por una sencilla razón: hay cansancio y hastío generalizados con una violencia de nunca acabar. Sin importar las razones, motivaciones o las raíces del conflicto, el Gobierno Nacional ha perseverado en argumentar el carácter terrorista y narcotraficante de las Farc, y este mensaje ha calado hondo, en una Colombia urbana que no conoce y le importa muy poco la suerte de la Colombia rural, donde se vive y se libra la confrontación armada.

Desde la llegada del presidente Uribe, las Farc no tuvieron otro camino que asumir el repliegue y defenderse día y noche. Cuando esto parecía no hacerles mayor mella y se hablaba de que habían logrado mantener en lo fundamental el poder de su fuerza y se cuestionaba la eficacia de la política de seguridad democrática, vino la caída –uno tras otro- de importantes dirigentes de la guerrilla, en una debacle que se inició con la muerte del “negro Acacio”, continuó con Martín Caballero, se profundizó con la muerte de Raúl Reyes y el asesinato de Iván Ríos por su propio cuerpo de seguridad, para rematar con la muerte de Manuel Marulanda, que si bien se asume como de causa ‘natural’, se suma a la pérdida de connotados dirigentes. Coincidente con esta racha de descalabros aparece la operación Jaque, del pasado 2 de julio, donde las Farc perdieron su aureola de indestructibles, y fueron golpeados en su dignidad y en lo profundo de sus zonas de alto control. Derrota pulcra y estratégica, difícil de remontar.

Alfonso Cano es ahora el máximo comandante de unas Farc que han perdido iniciativa, ya no cuentan con los rehenes como mecanismo de presión, no tienen iniciativa militar y su operatividad se centra en campos minados y francotiradores. Esto produce bajas y heridos en la población civil y en la fuerza pública, pero no los coloca en un escenario de avances militares, en la medida en que están en una acción defensiva y de desgaste que el Ejército Nacional puede asumir, así sea con un costo humanitario alto. Además, este grupo guerrillero han sentido en carne propia la eficacia del control aéreo y la gran ventaja que esto le otorga al Estado, el cual, aunado a una inteligencia militar cualificada, han logrado mantener la iniciativa y sumar valiosos puntos.

Debilitadas y disminuidas, las Farc han pasado de 20.000 efectivos en el 2002, a la mitad en la actualidad. Siguen siendo una fuerza experimentada, con amplio conocimiento territorial, que se esfuerza por ligarse a las poblaciones cocaleras necesitadas de su protección ante la acción estatal de erradicación de la coca, pero están en una política de preservación de sus dirigentes y, si logran llegar con ellos vivos al 2010, tendrán una nueva oportunidad para buscarle una salida a la guerra.

En el escenario actual, podrían optar por modalidades terroristas en las ciudades, con lo cual ahondarían su desprestigio y reforzarían la voluntad de combatirlas. O pueden intentar una negociación seria y acotada, desde sus zonas de presencia histórica. Esto es posible en una Colombia rural donde hay una amplia agenda de reformas posibles, en las cuales podrían participar unas Farc reconvertidas si se quiere en fuerza civil sin armas, empezando por aportar a una lucha contra el narcotráfico en la que podrían ser aliadas, por mencionar sólo un tema delicado y espinoso.

La lucha contra las Farc continúa sin contemplaciones por parte del Gobierno. Está por verse si se siguen debilitando como organización centralizada, si los recursos del narcotráfico y su amplia gama de alianzas con bandas y grupos dedicados al negocio de la droga los corrompe como organización, o si por el contrario mantienen su esencia de fuerza política en armas, si preservan a su dirigencia y levantan unas propuestas en el debate presidencial del 2010, viables y acotadas, o si se mantienen en un maximalismo que no se corresponde con su poder actual y el muy precario respaldo ciudadano.

Las Farc están ahí, debilitadas, con un escaso 2 por ciento de opinión favorable, pero incidiendo de manera enorme en la política Colombiana, en una ecuación paradójica, pues es una organización sin mayor legitimidad, debilitada y a la defensiva, pero que sigue marcando todos los días la acción política y el debate sobre el presente y futuro de Colombia.

Las Farc han dejado de ser determinantes en lo militar, y pueden incluso ir en camino en volverse irrelevantes en lo político y social. Todo depende de su comportamiento en los próximos meses, de la capacidad del Estado colombiano para confrontarlas en el marco estricto de la legalidad, y de la salida que esté dispuesta a brindarles una sociedad que desea dejar atrás la pagina de la violencia como recurso para la acción política.

lcelis@nuevoarcoiris.org.co

Luis Eduardo Celis es coordinador del programa de Política Pública de Paz de la Corporación Nuevo Arco Iris.

"LA EXPLOSIÓN DE SOACHA"

Altos de Cazucá

Laguna de Terreros.

Corintos

Publicado en www.semana.com el Viernes 10 de octubre de 2008
Fotos de Rafael Guarín 04/10/2008

RAFAEL GUARÍN

El reclutamiento de jóvenes de Soacha por grupos armados ilegales y la aparición de sus cadáveres en un cementerio veredal en Ocaña, muestran los graves problemas que padece esa comunidad y el poder criminal de quienes pretenden ocupar a sangre y fuego el espacio dejado por las AUC. A pesar que muchas de sus calles se confunden con las de Bogotá, la indiferencia del Estado, la corrupción, la incompetencia de funcionarios y la politiquería agravan la dramática situación.

Los acontecimientos que generaron el escándalo no son nuevos. Aún más, estaban cantados. Fernando Escobar, el personero municipal, desde comienzo de este año advirtió de la presencia de personas dedicadas a enrolar jóvenes en actividades al margen de la ley, sin que ninguna instancia estatal se inmutara. Igual ocurrió con la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo a finales del año anterior.

Soacha es el terreno ideal para seducir personas con destino a estructuras delincuenciales. La mayoría de la población son jóvenes con muy pocas oportunidades de estudio, una buena parte está marginada del mercado laboral y otra doblegada por las drogas. Muchos viven en estrato 1 y 2 y en la miseria absoluta. Precisamente, las comunas de Altos de Cazuca y Ciudadela Sucre y el Sector de Compartir – Santa Ana, en las que habitaban los muchachos muertos en Norte de Santander, experimentan pobreza extrema. Eso sin hablar de las dificultades que azotan a los desplazados, que corresponden al 8 por ciento del total de la población.

No es lo único. Cifras oficiales señalan que en 2008 van cerca de 60 desplazamientos interurbanos (sin contar las denuncias efectuadas en Bogotá) por acción de pandillas, guerrillas, pero especialmente de bandas emergentes. Hay quienes llegaron a Soacha en busca de refugio y al poco tiempo fueron nuevamente amenazados, debiendo cambiar de domicilio, no solo una, sino varias veces. Es el caso de una familia, proveniente de una región de Cundinamarca dominada por alias “El Águila”, que llegó a Soacha huyendo hace media década para evitar el reclutamiento de su hijo de apenas 12 años. Luego de escabullirse por diferentes barrios los ubicaron hace tres semanas y asesinaron al adolescente en su propia casa.

Otras expresiones de delincuencia organizada también campean. En el sector de Altos de Cazucá alias “Tomasito” lideró a los “Gatilleros”, un grupo que quiso disfrazarse autodefensa. “Tomasito” esta preso desde 2007 y en la comunidad se le asocia con el asesinato y desaparición de más de 100 personas. Se denuncia que algunas de sus víctimas fueron “picadas” y botadas a la laguna de Terreros en Ciudadela Sucre. Además de causar desplazamiento interurbano sometió al terror a la población y conformó una red de extorsionistas que cobraban vacuna desde 2000 pesos en adelante, lo que para muchos, que se ahogan en la miseria, es bastante dinero. Al parecer, este patibulario continúa sus acciones detrás de las rejas.

Paralelamente delinquen los “Robles”, “Chuquines”, “Pankokis” y otros grupos más. Han actuado homicidas de la peor especie como el “coleccionista de orejas” y la gente recuerda varios casos de descuartizamiento. “El Escondite de José” y otros lugares urbanizados ilegalmente refugian a criminales en la absoluta impunidad. En las noches la Policía no patrulla algunos barrios pero si lo hacen bandas emergentes.

Como si esto no bastara, la corrupción se tragó a sectores de la Policía de Soacha que están inmersos hasta el cuello en el comercio de la droga. Es evidente que tales delincuentes uniformados no combaten los expendios de alucinógenos y en cambio los protegen, al fin y al cabo, se benefician del tráfico de estupefacientes a través de “impuestos” a las “ollas”. ¡Gravísimo! Tal ineficacia es responsable de la reproducción del delito y de que la principal preocupación de los soachunos sea la inseguridad.

Soacha parece demostrar que mientras la Política de Seguridad Democrática combate con éxito a las Farc y a las bandas emergentes en zonas rurales, la criminalidad amenaza con tomarse por completo sectores de las ciudades. La pasividad e incapacidad de los gobiernos locales para implementar políticas de seguridad ciudadana y convivencia son sus mejores cómplices. Por ejemplo, las recurrentes y polémicas declaraciones de la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, son la forma de distraer la atención de su propia ineptitud para proteger a la población y eliminar la delincuencia organizada.

Por otro lado, no se trata solamente de la existencia de bandas emergentes y guerrillas. La inseguridad tiene que ver con un acelerado proceso de descomposición social sumado a la pobreza, la exclusión y los circuitos económicos del delito, que hay que romper.

Es indispensable un inmediato, radical y contundente proceso de depuración de la Policía que permita contar con un aparato transparente y eficiente. No es posible, con un escenario de inseguridad tan deplorable, que se presente como gran resultado positivo la captura de una banda y un cabecilla después de haber asesinado más de 100 personas. ¿Por qué no los capturaron antes? Que pase con Jojoy o con Cano, vaya y venga. Están en la selva. ¿Pero en Soacha? ¡Por favor!

Hay que volcarse a este municipio. El gobernador Andrés González pregonó en campaña la lucha contra la pobreza, ahora tiene la oportunidad de aplicarla. Uribe, por su parte, debe asumir que el objetivo de consolidar el control del territorio comienza por las ciudades. Insistir en la desidia y el desprecio del Estado multiplicará indefinidamente las muertes de jóvenes, la violencia y la anomia social.

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