domingo, 27 de abril de 2008

FRANCIA Y LAS FARC

EDUARDO MACKENZIE

TOMADO DE: http://jacquesthomet.unblog.fr

París, 10 de abril de 2008

El segundo fracaso en cinco años del Estado francés tras el envío de un avión a Colombia para dar ayuda sanitaria a Íngrid Betancourt y a otros secuestrados enfermos en poder de las Farc, parece no haber servido para nada. Hay fracasos con los cuales, al menos, se aprende algo. En este caso, no. La inanidad de las declaraciones de los responsables franceses tras el anuncio de que regresará vacío el Falcon 50 estacionado inútilmente en Bogotá desde el 3 de abril, permite pensar que París no ha aprovechado esa experiencia para captar la esencia del problema y aceptar que debe revisar sus esquemas sobre las Farc, si quiere ayudar realmente a la liberación de las víctimas de éstas.

La frivolidad de las fórmulas escogidas por el ministro Bernard Kouchner para explicar ese fracaso confirma que París, a pesar del golpe sufrido, asume lo ocurrido como una partida aplazada y no como una muestra más de la voluntad de las Farc de explotar a fondo y a muy largo plazo el calvario de Ingrid Betancourt. «Sin el acuerdo de las Farc sobre esta misión tan precisa, motivada por la urgencia de la situación humana y médica de Ingrid Betancourt, no tenemos, por el momento, ninguna posibilidad», dijo Kouchner. ¿Por el momento? ¿Habría que entender entonces que las Farc podrían ser sensibles dentro de poco a la “situación humana” de sus víctimas y retroceder ante los llamados de la razón?

Evocando una idea del presidente Nicolas Sarkozy, el canciller galo estimó que el “rechazo” de las Farc era “una falta política grave y una tragedia humanitaria”. ¿Es así como el poder francés ve lo que hacen las Farc con los secuestrados? ¿Como una “falta política grave”? ¿No como un acto de barbarie, insoportable para la conciencia universal, como un crimen de lesa humanidad[1], imprescriptible, que merece la mayor severidad de todo Estado de derecho? Al fundador de Médicos sin Fronteras le conocíamos una mayor capacidad de indignación. ¿Esta es cosa del pasado? El frío silogismo de Kouchner frente a la acción monstruosa de las Farc[2] sorprende a muchos observadores. ¿Kouchner habría sido capaz de decir, en 1975, que las masacres ordenadas por Pol Pot constituyen “una falta política grave” y una ”tragedia humanitaria”?

Francia envió su Falcon 50 a Bogotá luego de que el presidente Sarkozy le exigiera al jefe de las Farc, Manuel Marulanda, por segunda vez, la liberación de Ingrid Betancourt. ¿Las Farc prometieron llamar al equipaje en Bogotá para continuar la operación? Nada se sabe y los interrogantes se acumulan. ¿Cual era el objetivo de la misión humanitaria? ¿Rescatar a Ingrid y a otros secuestrados enfermos o simplemente darles atención médica y dejarlos de nuevo en poder de sus captores? Ninguna aclaración sobre esos puntos ha salido de la boca de un funcionario francés y ni siquiera de los editorialistas parisinos, tan acostumbrados a perorar sobre lo divino y lo humano. Nada tampoco sobre los rumores inquietantes (pero no confirmados) sobre un deterioro de la salud de Ingrid[3] que rodearon el precipitado envío del Falcon 50.

Nadie parece querer hablar tampoco de las similitudes con lo ocurrido el 9 de julio de 2003, cuando el primer ministro Dominique de Villepin despachó en total secreto a Manaos, Brasil, once militares y diplomáticos a bordo de un Hércules C-130, para rescatar a la ex candidata presidencial colombiana[4]. En esa ocasión, la técnica del rumor sobre la muerte “inminente” de ésta había sido utilizado a fondo por las Farc. Nadie parece saber que el resultado de esa frustrada operación fue el deterioro aún más grave de las relaciones entre Bogotá y París.

En esa época, las Farc acusaron al presidente Alvaro Uribe de haber “inventado” el rumor de que las Farc querían liberar a Ingrid Betancourt “antes de que muriera”. París y la familia Betancourt tragaron entero esa explicación –que Bogotá desmintió sin gran éxito– y la desconfianza aumentó entre los dos gobiernos[5]. Esta vez, en 2008, las Farc repiten la misma receta: la misión fracasó, dice la dirección de las Farc, porque ésta “no era el resultado de la concertación sino de la mala fe de (Álvaro) Uribe ante el gobierno del Elíseo, y una burla desalmada a las expectativas de los familiares de los prisioneros”.

La señal es esa: Uribe debe ser castigado por Sarkozy y por los familiares de los rehenes, pues los secuestradores, buenas almas como todo el mundo sabe, no son quienes se “burlan” de sus víctimas sino el gobierno colombiano. El criminal endosa a otro su crimen y cree así fabricarse una virginidad. ¿Hasta cuando París y los comités de apoyo de Ingrid Betancourt van a seguir dando la impresión de que son sensibles a esa impostura ?

Conciente del fracaso de su empresa, la guerrilla colombiana quiere, en realidad, que otros hagan el trabajo de ella. Desorganizadas por la ofensiva del Ejército colombiano, las Farc quieren que Francia le haga la guerra a Colombia, y que ésta comience por el sabotaje diplomático. Esa guerra debe ser, sobre todo, contra el presidente Uribe y su política de seguridad democrática. Ese es el mensaje de fondo, entre líneas, que se desprende de la fantasmática nueva dirección de las Farc.

En los últimos años, la organización narco-terrorista no ha hecho otra cosa que exigirle a otros que enfrenten a sus enemigos. Lo hizo con los simpatizantes que le quedan en algunos sindicatos norteamericanos, para que éstos convencieran a algunos senadores demócratas de hacer la guerra comercial a Colombia, pues ellos, las Farc, no podían ir muy lejos. Y lo lograron. La guerra de desinformación contra la aprobación del TLC con Colombia cuenta con la AFL-CIO como punta de lanza y ello ha terminado involucrando a los dos candidatos demócratas, Obama y Clinton. La extrema izquierda francesa pretende ahora que sus amigos en Estados Unidos liguen a la campaña contra el TLC las reivindicaciones del comité francés de apoyo a Ingrid Betancourt.

Las Farc lo hicieron también con la familia Betancourt, a quien le exigieron que proclamara en Europa que el culpable de la situación de Ingrid es Alvaro Uribe (al comienzo el culpable era el ex-presidente Andrés Pastrana). Eso ha durado seis años y los resultados son catastróficos: Ingrid Betancourt sigue en poder de las Farc y su salud está cada vez peor. ¿El hecho de haber acatado esa línea le ha deparado a Ingrid un poco de clemencia de parte de sus verdugos? No, para nada. ¿Hasta cuando esa familia aceptará esa estrategia que prolonga el sacrificio de la ex candidata y sólo sirve a los enemigos de la democracia?

Las Farc le han pedido lo mismo al presidente Hugo Chávez. El debe hacer la guerra, de una vez por todas, a Colombia. El hombre, quien desde 1999 tiene excelentes relaciones con ellos[6] y les ayuda en todo lo que puede, estuvo a punto de cumplirles ese encargo cuando ordenó, tras la muerte de Raúl Reyes, el 1 de marzo pasado, el envío de “diez batallones” a la frontera con Colombia. El amenazó también con sus aviones de combate recién comprados a Vladimir Putin.

Las Farc le han pedido igualmente a Rafael Correa, presidente del Ecuador, que le declare la guerra a Colombia. Lo intoxicaron primero, hace cerca de dos años, con el tema de las fumigaciones en Colombia las cuales, decían, perjudicaban a Ecuador, y éste, izquierdista fanatizado por Chávez, les creyó y lanzó amenazas y todo tipo de improperios. Cuando Raúl Reyes y una veintena de terroristas cayeron bajo las bombas en un campamento ecuatoriano de las Farc, ellos azuzaron de nuevo a Correa y éste rompió las relaciones con Colombia y envió sus soldados a la frontera. Pero éstos, en lugar de atacar al país vecino, lo que hicieron fue descubrir los laboratorios de las Farc para fabricar cocaína. Eso enfrió el belicismo de algunos oficiales quienes no habían constatado hasta ese momento hasta qué punto su país estaba siendo utilizado por las Farc como plataforma cocainera. Hoy el ministro de Defensa ecuatoriano se encuentra destituído por Correa y otros altos mandos militares han preferido renunciar a sus cargos[7]. Y la DEA observa con más atención que nunca los asuntos de Quito.

¿Nicolas Sarkozy, quien ha sido acusado por el socialismo marxisante francés de ser un horrible “atlantista”, dejará al pairo las relaciones con Bogotá para demostrar que no lo es? ¿El viaje próximo de Bernard Kouchner a “la región” será para concertar otros gobiernos contra Bogotá y para exigirle que ceda ante las Farc? ¿O para sugerirle a Uribe nuevos “gestos” de buena voluntad?

Creyendo que las Farc podían ser aplacadas con actos generosos, el presidente Sarkozy ya fue escaldado por ellas. Cuando le pidió al presidente Uribe que sacara de las cárceles a un grupo de guerrilleros y, sobre todo, que dejara libre a Rodrigo Granda, el llamado “canciller” de las Farc, capturado por agentes colombianos en Venezuela, con ayuda de la policía venezolana, el mandatario francés aspiraba a obtener de éstas una cierta reciprocidad. No obtuvo nada. Todo lo contrario. Creyendo en la seriedad de la iniciativa, Alvaro Uribe dejó partir en junio de 2007 al peligroso individuo con la esperanza de que actuara como “agente de paz”. Lo que Granda hizo fue regresar al seno de la organización terrorista.

Hoy Granda es uno de los peores enemigos de los secuestrados. Hace pocos días, él escribió este terrible párrafo, que constituye una verdadera amenaza contra la vida de todos ellos: “Que aquí nadie pose de inocente porque todos quienes están como cautivos son responsables del azuzamiento de la guerra. Desde Ingrid en adelante, y valga decir que ninguno de ellos está en peores condiciones que Simón Trinidad o Sonia”[8].

Lo mejor que podría hacer la diplomacia francesa es ser consecuente con lo pedido por Nicolas Sarkozy a la presidente de Argentina, Cristina Kirchner durante el viaje de ésta a París: que lo ayude a contener a Hugo Chávez, “cuyas reacciones intempestivas preocupan a Europa porque ponen en riesgo la estabilidad de la región”, según las revelaciones de La Nación, de Buenos Aires[9]. Ser consecuente con esa línea es escuchar más a Bogotá y respaldar la estrategia de Alvaro Uribe que consiste en proponerle a las Farc una zona de rencuentro (y no la zona desmilitarizada que ellos exigen) para realizar allí, ante los delegados de la comunidad internacional, el llamado “intercambio humanitario”. [10]

Acostumbrado a hacer arengas, discursos y proclamas contra Colombia casi todos los días, el presidente Hugo Chávez está muy callado en estos momentos. Su silencio acerca de la suerte de los secuestrados en Colombia y de la misión humanitaria francesa, llama la atención. ¿Por qué esa actitud?

Chávez ha hecho saber que no quiere conversar por teléfono con el nuevo jefe de las Farc para no hacerle correr riesgos. Pues esa llamada podría ser interceptada y facilitar un nuevo ataque colombiano. Esa disculpa, técnicamente válida, no resiste, sin embargo, un análisis. Si hay alguien en el mundo que puede sacar del cautiverio a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados esa persona es Hugo Chávez. Y ello sin necesidad de hacer llamadas a larga distancia. Sin “consultar” a los jefes terroristas él puede obrar en favor de esas víctimas. Las Farc escuchan a Hugo Chávez, acatan lo que él dice. Y por una buena razón: las Farc le deben muchas cosas al régimen “bolivariano”, sin el cual éstas no habrían podido resistir a la ofensiva del Estado colombiano.

Entre las Farc y Hugo Chávez hay una vieja amistad, confirmada hace poco cuando Chávez pidió públicamente que los demás gobiernos reconozcan a las Farc como parte “beligerante” en el llamado “conflicto colombiano”. Esa iniciativa fracasó: nadie quizo aventurarse por esa vía, ni siquiera el presidente de Ecuador. Ese grotesco llamado y los escritos de Raúl Reyes descubiertos en su computador, se sumaron a las numerosas pruebas ya existentes sobre la complicidad que hay entre el dictador venezolano y el movimiento terrorista más peligroso del hemisferio occidental.

El silencio de Chávez responde más bien a la consigna dada por las Farc tras la muerte de Raúl Reyes de darle la espalda a todo el mundo, de vetar a todo eventual actor internacional, como la Iglesia católica y los tres países europeos, Francia, España y Suiza, susceptibles de hacer avanzar el expediente de los rehenes. Sin embargo, Hugo Chávez podría exigir la liberación inmediata de los secuestrados, como hizo con el caso de los seis soltados en marzo, pues las Farc, arrumadas a Venezuela, son prácticamente su rehén. Rehén pues sin el beneplácito del hombre fuerte venezolano, las Farc no podrían recibir de Caracas ni una aspirina. En otras palabras, si Ingrid Betancourt o cualquier otro secuestrado de las Farc muere en cautiverio, la responsabilidad del presidente Hugo Chávez, además de la responsabilidad de las Farc, quedará comprometida.

No hay que olvidar lo que proponía Raúl Reyes en sus últimos mensajes al Secretariado de las Farc: mantener una relación “directa y permanente” con el presidente Chávez a quien le pedirán, o le pidieron, que acepte “recibir a los guerrilleros y a los secuestrados hasta que se logre un arreglo definitivo con este gobierno o el que le siga”. Reyes agregó que esa propuesta la harían las Farc oficialmente “en un encuentro personal” con Chávez y que “a pesar de esa mediación no van a renunciar a la exigencia del despeje de Florida y Pradera en el Valle del Cauca”.

¿Las Farc están aplicando la estrategia de Raúl Reyes? ¿Los secuestrados han sido trasladados a Venezuela?[11] La próxima gira del ministro francés de Relaciones Exteriores por América Latina podría ser la ocasión para sacar en claro algunas de estas cosas. La ignorancia, el misterio, la desinformación que reinan en este momento juegan contra la vida de los rehenes, maltratados y vilmente utilizados por el terrorismo como palanca de chantaje contra Colombia. La “bofetada”[12] dada a París por las Farc por lo del Falcon 50 debería suscitar una reflexión más profunda en el seno del gobierno francés en lugar de que éste siga tentado por una línea de diplomacia paralela y de acomodamiento a las fantasmagorías fabricadas por los torturadores de Ingrid.

Eduardo Mackenzie - Autor de "Las FARC: fracaso de un terrorismo".
Periodista



[1] El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 1 de octubre de 2001 una histórica resolución en la que obliga a sus 189 países miembros a luchar contra el terrorismo, congelando sus medios de financiación y negándole apoyo político. A finales de abril de 2002, la asamblea general de la ONU declaró que estaba dispuesta a considerar el secuestro de personas como un crimen contra la humanidad. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en julio de 1998, la desaparición forzada de personas, lo que incluye el secuestro de personas por un Estado o por una organización política, constituye un crimen contra la humanidad. Las leyes francesas recogen la noción de crimen contra la humanidad en el libro segundo del nuevo código penal francés, vigente desde marzo de 1994. El procurador general, Pierre Truche, escribió en la revista Esprit (n. 181,1992), sobre esta noción jurídica : “Tratado sin humanidad, como en todo crimen, a la víctima se le niega su naturaleza humana y se la expulsa de la comunidad humana [..] Al crimen contra la humanidad la ley le confiere un régimen particular: es imprescriptible (no caduca), es decir, que sus autores pueden ser perseguidos hasta el último día de sus vidas”.

[2] Orlando Beltrán, ex representante a la Cámara, soltado en marzo de 2008 por las Farc, asegura que en la selva hay secuestrados en “total estado de locura” que “ya no coordinan absolutamente nada”. Pues la condición de los rehenes son muy difíciles y a los enfermos no les dan tratamiento médico alguno. El confirmó que Ingrid Betancourt está enferma. Radio Caracol, 6 de abril de 2008.

[3] El primero en hablar del grave deterioro de la salud de Betancourt fue Luis Eladio Pérez, ex rehén de las Farc, liberado por éstas en marzo de 2008. Después de hablar en Bogotá, París y Buenos Aires del estado “gravísimo” estado de salud de Ingrid, Pérez minimizó esa degradación el 7 de abril de 2008, cuando se supo que la misión humanitaria francesa había fracasado. Sin decir que él había originado la alerta, Pérez dijo a la Associated Press: “Pienso que la situación de Ingrid Betancourt fue novelada. Todo eso no corresponde a la realidad”. En los mismos días, el sacerdote católico Manuel Mancera aseguró que un guerrillero le había dicho que Ingrid estaba “gravemente enferma” y que las Farc buscaban “un médico por los lados de Tomachipán (Guaviare) para que la atendiera”. Ese rumor tampoco fue confirmado por la prensa ni por las autoridades colombianas.

[4] Ver el excelente libro de Jacques Thomet intitulado Ingrid Betancourt, ¿Historias del corazón o razón de Estado?, Editorial Planeta, Bogotá, 2006.

[5] En febrero de 2004, el gobierno colombiano estuvo a punto de llamar a Bogotá a su embajador en Francia para protestar por los insultos proferidos contra el jefe de Estado colombiano por Fabrice Delloye, ex marido de Ingrid Betancourt y agregado comercial en ese momento de la embajada francesa en Quito.

[6] Las Farc le enviaron cien mil dólares a Hugo Chávez cuando éste salió de la cárcel, tras el frustrado golpe de Estado de 1992. Después, cuando Chávez fue elegido presidente, las Farc reforzaron su relación con él. Hasta el punto de que el 10 de agosto de 1999, firmaron un pacto con el ministro venezolano del Interior, el capitán Ramón Rodríguez Chacín. Ese pacto, revelado por el diario El Universal, de Caracas, prevé la entrega a las Farc de petróleo y medicamentos especiales, así como la obtención de permisos de residencia y asilo político a sus combatientes. Sin hablar de facilidades para crear empresas en el dominio bancario, agrícola, de vivienda y salud. Rodríguez Chacín reconoció más tarde haber firmado ese pacto como una salida para que las Farc “disminuyeran los secuestros en la zona de frontera”.

[7] La Vanguardia, Barcelona, 9 de abril de 2008.

[8] El Tiempo, Bogotá, 3 de abril de 2008. Granda exagera. Simón Trinidad y Sonia están encarcelados en prisiones de Estados Unidos. Fueron condenados por tráfico de drogas y otros crímenes. Ellos gozan de excelente salud y de las garantías que la justicia norteamericana otorga a los detenidos y prisioneros.

[9] La Nación, Buenos Aires, 8 de abril de 2008.

[10] La zona de encuentro sería creada en una región despoblada. El gobierno colombiano estima que aceptar la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida equivale a dejar en manos de las Farc a sus 112 000 habitantes. Hoy cursan en los juzgados más de 600 demandas en los tribunales colombianos por los crímenes y abusos cometidos por las Farc durante la experiencia de tres años de la zona desmilitarizada del Caguán (de 42 000 km²), entre 1999 y 2002, durante la presidencia de Andrés Pastrana. “Colombia es el único país donde a algunos les parece lógico que para negociar la situación de 50 secuestrados con un grupo terrorista, se le entregue como rehenes a los habitantes de las poblaciones despejadas”, declaró Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz. (Revista Cambio, Bogotá, 3 de abril de 2008).

[11] La periodista María Angélica Correa, publicó el 6 de abril de 2008, en el diario Perfil, de Buenos Aires, una entrevista con cuatro desertores de las Farc y del Eln. Estos confirmaron la existencia de bases de esas organizaciones en Venezuela, con ayuda del ejército venezolano. Uno de ellos declaró haber escuchado, en junio de 2007, que en la zona de Apure, en una finca de Elorza, había estado Ingrid Betancourt.

[12] La expresión es del Comité francés de apoyo a Ingrid Betancourt.

lunes, 21 de abril de 2008

EL MISTERIO DE LUCÍA

La Revista Semana publica un artículo en que revela los alcances de la Coordinadora Continental Bolivariana. El texto ratifica el contenido de nuestra columna publicada en El Nuevo Herald de Miami, el pasado 28 de marzo, sobre esta organización y su relación con las FARC.


El artículo de Semana lo puede leer en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111118


La columna de El Herald - "EL ENTRAMADO CONTINENTAL DEL TERRORISMO" la encuentra en: http://rafaelguarin.blogspot.com/2008/03/el-entramado-continental-bolivariano.html

REFORMITA O CONSTITUYENTE

Revista Semana On Line. www.semana.com - Publicado el 17 de abril de 2008


RAFAEL GUARÍN

La crisis generada por la narcoparapolítica no es más que la repetición de una vieja historia. Durante los últimos treinta años, ha sido ininterrumpida la interferencia de la ilegalidad en las esferas de decisión pública, para no hablar de la influencia de los grupos económicos. El vehículo han sido las organizaciones políticas y las elecciones, la ruta.

La propuesta que se tramita en el Congreso sobre la responsabilidad política de los partidos es un avance, pero no deja de ser una “reformita” frente a la magnitud del problema y de las falencias del conjunto de instituciones que regulan el funcionamiento de la democracia representativa.

En el pasado, se consagraron obligaciones a colectividades y candidatos, sin ningún resultado, mientras el aparato estatal seguía siendo incapaz de garantizar que las cumplieran. Imponer en el papel responsabilidades a los partidos no significa nada, si no se fortalece la capacidad de investigación y sanción.

Tres casos lo ilustran: con el fin de garantizar transparencia en la financiación de la política, la ley 130 de 1994 obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a castigar a quienes no presenten cuentas de campaña. No obstante, todo quedó en discurso e impera la impunidad. Los datos del propio CNE lo confirman: de 2002 a septiembre de 2005 ese organismo dejó caducar 11.324 actuaciones. Un cálculo superficial, establece que por esa razón el Estado dejó de percibir cerca de 60.000 millones de pesos por concepto de sanciones.

Otro caso, no menos dramático, es la lucha contra el fraude electoral y los delitos que vulneran los mecanismos de participación ciudadana. A pesar de su importancia, la Fiscalía no esta dotada de organismos especializados y permanentes. Es tradición que para cada proceso electoral, el Fiscal General cree Comisiones Especiales de Fiscales Delegados y designe un coordinador. En el mejor de los casos, puede encargar al Vicefiscal. En cambio, en países con menos problemas, como Panamá o México, existe la Fiscalía Electoral.

La justicia contencioso-electoral es el tercer paradigma de ineficiencia. Basta recordar, que la lentitud del Consejo de Estado ante las irregularidades que se presentaron en la elección del Senado de la República, en 2002, permitió que durante treinta meses usufructuaran curul ciudadanos que no fueron elegidos. Por cierto, nunca se conoció investigación penal por la comisión de ese fraude electoral.

¿Para qué, entonces, asignar cargas a los partidos, si no se fijan procedimientos ciertos para su verificación? ¿O si se diseñan para que sean inefectivos? Si en verdad hay voluntad política de combatir la injerencia del delito, es urgente complementar el proyecto de acto legislativo con instrumentos que le den dientes al Estado.

¿Pero puede este Congreso hacer una reforma de esas características? Difícil ser optimista. Dedicado a defenderse y resignado a ver desfilar sus miembros rumbo a prisión, no está en capacidad de hacer ningún cambio de fondo. La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, parece, a pesar de todo, un camino más realista.

Aunque la hostilidad natural de los parlamentarios, afectados por el fantasma de la anticipación de elecciones, es el principal obstáculo para convocar a una Constituyente, en gran parte depende del mandato, que señale directamente el constituyente primario a la Asamblea. Por ejemplo, no se puede poner en peligro la composición y período de los magistrados que integran las Cortes, tampoco los del actual Legislativo y Ejecutivo. Carecer de ese preciso mandato es una tentación para el cierre del Congreso, pero, también, para lo contrario: que se afecten los procesos judiciales contra los parapolíticos.

Por otro lado, una Constituyente ofrece al presidente Uribe el camino para exorcizar todos los estigmas que le endilgan y la mejor oportunidad de solucionar un tema que amenaza en convertirse en centro de la próxima campaña presidencial. Si fuera así, es posible que la brújula ciudadana apunte a otro norte y los éxitos de la política de seguridad democrática naufraguen en medio de olas de populismo.

Por lo pronto, la renovación de la clase política se dará a punta de providencias judiciales. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía no se queden solamente en la cúpula, sino que bajen hasta las bases de los aparatos políticos corrompidos. También, que las presiones políticas no afecten la ecuanimidad y valentía para reconocer la inocencia de quien no se pruebe plenamente su culpabilidad.

Nota: Deben estar temblando los políticos y “personalidades” vinculadas con las Farc, ante la posibilidad de que comiencen a hablar los computadores de Reyes.


Vaya a la página principal del blog:

http://www.rafaelguarin.blogspot.com/

domingo, 20 de abril de 2008

LA SOLEDAD DE COLOMBIA

EL NUEVO HERALD. Miami. Publicado el domingo 20 de abril del 2008

Hace un par de semanas la mayoría demócrata del Congreso norteamericano le cerró la puerta al tratado de libre comercio con Colombia. Los republicanos intentaron en vano sostenerlo. El episodio sirve para demostrar que no es cierto que ambos partidos colaboran responsablemente en asuntos de política exterior. En Estados Unidos la razón electoral pesa más que la razón de Estado.

En épocas de elecciones todo vale a cambio de un puñado de votos. Los candidatos apoyan o rechazan los temas que se presentan en función de la rentabilidad política que les proporcionen, no de las ventajas o perjuicios que le generen al país. Hillary y Obama saben que Estados Unidos se beneficiaría del comercio libre con Colombia, pero no están dispuestos a enfrentarse a los sindicatos y a la distorsionada percepción de los votantes.

Predeciblemente, tanto en Colombia como en Estados Unidos los sindicatos también se oponen a la firma del acuerdo. Los sindicatos, ya se sabe, suelen ser los enemigos más tenaces del progreso. En Colombia, porque, supuestamente, favorecería al ''imperialismo yanqui'' en detrimento de la clase trabajadora colombiana. Los sindicalistas colombianos, que aman los aranceles que les encarecen el costo de vida a los obreros, temen que una avalancha de productos mejores y más baratos destruya o debilite el frágil aparato productivo nacional. Los sindicalistas norteamericanos, por su parte, esgrimen una coartada fundada en la hipocresía. Aparentemente, no quieren que se firme el tratado con el objeto de provocar que los paramilitares dejen de asesinar líderes sindicalistas colombianos. Nadie ha explicado por qué estos desalmados criminales son sensibles a la balanza comercial, como si trabajaran en la Bolsa de New York, pero el aparato obrero norteamericano se ha acogido a ese cínico pretexto para esconder su proteccionismo.

Colombia, sin embargo, no puede sorprenderse de su soledad. Lo que abunda en el terreno internacional es la insolidaridad, especialmente entre los gobiernos democráticos. Al fin y al cabo, Estados Unidos es un aliado incierto y tímido de los colombianos, pero tal vez es el único que tienen (por ahora). Los supuestos ''hermanos latinoamericanos'' oscilan entre la complicidad activa con las guerrillas narcoterroristas de las FARC --los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua-- o la indiferencia general de casi todo el resto.

En América Latina prácticamente ninguna democracia mueve un dedo para ayudar a una sociedad en desgracia, radique o no en el vecindario. Ni siquiera los colombianos son inocentes de ese pecado de omisión: nunca sus gobiernos democráticos intentaron proteger a los nicaragüenses de Somoza, a los dominicanos de Trujillo, a los cubanos de Castro o a los paraguayos de Stroessner.

En todo caso, el portazo al TLC con Colombia es sólo un ensayo general para lo que posiblemente vendrá tras las elecciones americanas de noviembre. Si ganan los demócratas, lo probable es que Washington reduzca drásticamente o ponga fin a la ayuda militar al gobierno de Uribe. Colombia, pues, tendrá que hacer planes de medio o largo plazo para enfrentarse a sus calamidades sin contar con el auxilio norteamericano ni de nadie, con el agravante de que los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua ayudarán copiosamente y de mil maneras diferentes a los narcoterroristas de las FARC ante la pasividad de la OEA y el resto de las instituciones decorativas del continente.

¿Podrán enfrentarse los colombianos solos a la embestida de las narcoguerrillas comunistas y de los gobiernos cómplices de la región? Por supuesto, pero a base de una mayor inversión en el fortalecimiento material del ejército y de los cuerpos de inteligencia. No hay otra forma de pacificar al país que derrotando inequívocamente a las FARC y al ELN hasta llevarlos a la convicción, como ocurrió en Guatemala y en El Salvador, de que depongan las armas y se sienten en serio en la mesa de negociaciones o desaparecen.

Eso exigirá una dosis grande de patriotismo y moral de combate, hacer mayores sacrificios económicos, adaptar la legislación y las instituciones a los tiempos de guerra, librar más inteligentemente la batalla de la información y, sobre todo, entender que están solos ante el peligro. Ingrimos, como dicen en aquellos parajes olvidados de la mano de Dios.

www.firmaspress.com

jueves, 17 de abril de 2008

COLOMBIA ¿HECATOMBE DEMÓCRATA?

EL NUEVO HERALD / Miami. Publicado el jueves 17 de abril del 2008


Hillary Clinton y Barack Obama - Precandidatos demócratas a la Presidencia

En las computadoras de ''Raúl Reyes'' no sólo hay información que compromete a Hugo Chávez y Rafael Correa con las FARC, sino mensajes presuntamente de congresistas demócratas. Esa situación, más la negativa de ese partido al tratado de libre comercio y las declaraciones de sus candidatos presidenciales, es suficiente para encender las alarmas sobre un hipotético escenario que afecte severamente las actuales relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

Hillary y Obama dicen rechazar el TLC mientras sigan presentándose asesinatos contra sindicalistas y violaciones de derechos humanos. Existen además críticas por vinculación de políticos y miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares. En mayo del año pasado, la speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que ''si no hay progresos sustanciales'' en ese tema, no habrá acuerdos comerciales.

La preocupación demócrata es más que razonable, pero pierde de vista los esfuerzos del gobierno colombiano y desconoce que los victimarios son perseguidos contundentemente por el Estado. Las estadísticas lo constatan. Según el Ministerio de Defensa, en 2001 fueron asesinados 123 sindicalistas, mientras que en 2007, 8. Desde agosto de 2002 se ha capturado a 15,060 paramilitares, 2,224 fueron abatidos y 35,353 se desmovilizaron. Se han realizado 666 extradiciones de narcotraficantes.

La contundencia es similar frente a la guerrilla. Durante la administración Uribe se ha abatido a 10,844 guerrilleros y 11,028 se han desmovilizado. La acción contra los grupos ilegales redujo las masacres de 115, en 2002, a 26 el año pasado; los homicidios de 28,837 a 17,918; los secuestros, de 2,883 a 486 y los atentados terroristas, de 1,645 a 387. Y se han incautado 376,090 armas.

Nada de eso es visible a los ojos demócratas. Por el contrario, cuando Colombia necesita mayor certeza de su alianza con Estados Unidos, para enfrentar la amenaza del farchavismo, los gestos demócratas hacen saber a Chávez y a las FARC que revaluarán su relación con el gobierno Uribe. Esto afecta la credibilidad de la política de disuasión colombiana, alienta la expansión de la ''revolución bolivariana'' y empuja la ejecución del plan estratégico de la guerrilla.

La situación puede ser más grave. En las computadoras de Raúl Reyes hay un memorando fechado el 28 de febrero en el que informa al Secretariado de las FARC su encuentro con el Ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea. En el texto, Reyes dice: ''los gringos pidieron cita con el ministro para solicitarle nos comunicara su interés en conversar varios temas. Dicen que el nuevo presidente de su país será Obama y que ellos están interesados en sus compatriotas. Obama no apoyará Plan Colombia ni firma del TLC''. ¡Sí! ¡Leyó bien! ``Obama no apoyará plan Colombia ni firma del TLC''.

Ese mensaje a las FARC estuvo antecedido por una reunión del congresista demócrata William Delahunt con Hugo Chávez, para hablar del ''intercambio humanitario''. Días antes había visitado Colombia en compañía de sus copartidarios James McGovern y George Miller. En esa oportunidad, McGovern dijo querer reunirse con la guerrilla.

McGovern es el mismo que se opuso en 2002 a conceder asistencia militar adicional a Colombia. Consideraba que no era un ''nuevo frente contra el terrorismo'' y que existía ''una guerra civil de 40 años'', lo que revela una errónea percepción de la realidad. No debe sorprender, pues el congresista recibe consejos e intercambia ideas, ''de interés de las FARC'', con James C. Jones, un académico norteamericano y confeso ''bolivariano'', cuya afectuosa correspondencia con Reyes aparece en las computadoras.

Pero todo indica que se trata de una pequeña facción demócrata. Para el analista de Eurasia Group, Patrick Esteruelas, ``salvo algunos representantes en Nueva York, Maine y Massachusetts que se han beneficiado de las entregas de diésel venezolano y otros productos del gasóleo a precios preferenciales en sus comunidades, son pocos los miembros del Partido Demócrata que simpatizan con Hugo Chávez y menos aún los que simpatizan con las FARC, en un clima tan sensible ante el terrorismo''.

Empero, esos capítulos no deben tomarse a la ligera. Sería conveniente que Obama y los congresistas aclararan varias cosas. ¿Es cierto que de ser presidente Obama eliminará el Plan Colombia? ¿Tienen los demócratas decidido desmontar esa ayuda militar? ¿El mensaje sugiere la liberación de los tres norteamericanos secuestrados a cambio de finiquitar la cooperación?

Aparte de que Washington termine el Plan Colombia, la estrategia ''fariana'' busca un gobierno en 2010 que desmantele la política de seguridad. También, probablemente, aspiran que por presión de la Casa Blanca se desmilitaricen los municipios de Pradera y Florida para hacer el ''acuerdo humanitario'' y se obligue al gobierno colombiano a un proceso de paz bajo las condiciones de la guerrilla. Esa es una vía para avanzar en la implementación de la ''revolución bolivariana'' y hundir en una hecatombe la seguridad democrática. Lo importante es que estamos a tiempo para evitarlo.

Vaya a la página inicial del blog: http://www.rafaelguarin.blogspot.com/

viernes, 11 de abril de 2008

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN



Foro - El Tiempo, Fescol, Revista Cambio.
7 de marzo de 2008

LA LÓGICA DEL TERRORISMO




Foro - El Tiempo, Fescol, Revista Cambio.
7 de marzo de 2008

jueves, 3 de abril de 2008

CEDER AL CHANTAJE


RAFAEL GUARÍN

Ningún golpe puede llegar a ser tan contundente contra la política de seguridad democrática como la confusa propuesta del gobierno Uribe para lograr la liberación de Ingrid Betancur. Aunque a todos nos afana conseguir la libertad de los secuestrados y horroriza la posibilidad de su muerte en la selva, no se debe olvidar que ceder al chantaje terrorista, acceder a la impunidad y desconocer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sólo perpetuán la violencia.

Según el Alto Comisionado para la Paz, la facultad que tiene el Presidente de la República para pedir la suspensión condicional de la pena y la aplicación de pena alternativa, en caso de acuerdos humanitarios, no tiene “límite en cuanto al tipo de delito cometido, ni hay límite en cuanto a la pena o condena que estas personas deben pagar en las cárceles”. Es decir, crímenes de lesa humanidad realizados sistemáticamente: asesinato, desplazamiento forzoso, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, persecución de un grupo fundada en motivos políticos, desaparición de personas, secuestro y otros actos inhumanos cometidos por las FARC, estarían cobijados por el decreto que busca facilitar la liberación de los llamados “canjeables” por la guerrilla.

Tal cuestión, que no está clara en el decreto, desde la perspectiva de la justicia, es mucho más grave que las bajas penas de cárcel (entre 5 y 8 años) consagradas para los miembros de las AUC y puede desconocer totalmente los derechos de las víctimas. Esto plantea diversos problemas frente a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el propio estado de derecho, la política criminal y la estrategia contra el terrorismo.

Para comenzar, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de indulto ni amnistía, ni de cualquier figura jurídica que en la práctica se traduzca en impunidad. Éstos son considerados crímenes muy graves, que “amenazan la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad” y por eso, en determinados eventos, son competencia de la Corte Penal Internacional.

Al igual que no debe haber asimetría entre las víctimas del paramilitarismo y de las guerrillas, tampoco debe existir entre los victimarios. Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben observarse sin discriminación alguna. En este caso, parece abrirse una puerta para que las víctimas de la guerrilla tengan menos garantías que las de los paramilitares. Y segundo, la posición gubernamental hace una distinción irreal entre los criminales. No hay diferencia entre quienes cometen delitos, sean guerrilleros, paramilitares o integrantes de las fuerza pública. Todos deben asumir las mismas consecuencias judiciales.

Más allá de la buena voluntad que expresa el gobierno para la liberación de los secuestrados, el mensaje es fatal. Las FARC asumirán el ofrecimiento como signo de debilidad; aún más, saben que en el futuro no tendrán que negociar la impunidad, pues ya la ganaron sin sentarse en la mesa. También les ratifica la “justeza” de los acuerdos humanitarios en su estrategia, de conformidad con las conclusiones de la novena conferencia.


Los mensajes no son un asunto circunstancial. Por ejemplo, entre las razones que explican la emergencia de las Águilas Negras, la Organización Nueva Generación y las bandas de sicarios que están creando los 'Mellizos', 'Don Mario', 'Capachivo' y el 'Loco' Barrera, está que el proceso con los paramilitares transmitió que los crímenes de lesa humanidad son rentables, porque justifican una negociación con el Estado, bajas penas y evadir la extradición. Aquí se repite el error: los secuestros seguirán siendo para las FARC arma contra el Estado y una amenaza permanente a los derechos fundamentales.

Por otro lado, la declaración de Luis Carlos Restrepo mina la actitud de firmeza ciudadana contra al terrorismo, cimentada durante ésta década. El mensaje de ceder ante el chantaje fariano dice a los ciudadanos que no tiene sentido arriesgarse resistiendo al terrorismo, cuando el Estado en cualquier momento los deja solos y negocia a cualquier precio. ¿Qué pensarán los jóvenes que promovieron la marcha del 4 de febrero que, entre otras cosas, fueron declarados objetivo militar directamente por Iván Márquez y Rodrigo Granda? ¿Tiene sentido sacrificar la seguridad personal en defensa de los derechos humanos y la democracia, si el gobierno está dispuesto a entregarse a la presión guerrillera?

Hay otros efectos negativos. La impunidad que se sugiere a cambio de la libertad de menos del 5% de los secuestrados por las FARC, deja en el limbo a cerca de 700, consagrando una asimetría entre las víctimas de este delito. Segundo, el decreto además de no fijar un plazo, no exige a las FARC renunciar al secuestro. No obstante, que los guerrilleros no deberán volver a delinquir, paradójicamente, su contenido complementado con las afirmaciones del Alto Comisionado, nos acerca a la “ley de canje permanente” reclamada por “Tirofijo” en el Caguán. ¡Quién lo diría! Finalmente, el gobierno termina contribuyendo a crear el clima psicológico favorable a la negociación sin límites que busca el Secretariado, para quebrar el esfuerzo estatal en su contra, avanzar en la ejecución del plan estratégico y escalar la confrontación.

Con excepción de Naciones Unidas y de la advertencia del Fiscal General, sorprende el silencio de la oposición, la academia, los columnistas y las Ongs, sin contar con los aplausos de la Unión Europea y en particular de Francia y España. A la vez que denuncian impunidad respecto a las AUC y que algunos calificaron ese proceso de “legalización del paramilitarismo”, hacen mutis en el foro frente a la eventual impunidad total para la guerrilla. Es el doble rasero. Cuando los victimarios son las FARC pareciera que los crímenes de lesa humanidad no importan. Muchos creen que son actos diferentes a los ejecutados por los paramilitares y que deben tener un trato distinto, en desarrollo del discurso justificativo del crimen que durante décadas aceptamos sin importar sus consecuencias. A la paz no se llegará sin la aplicación de justicia y sin una posición vertical de defensa de los derechos humanos.

La vida de Ingrid está en manos de las FARC y no del gobierno. Y a pesar que el Estado debe hacer todo lo que sea necesario para obtener su libertad y preservar su vida, el límite es el estado de derecho. Sarkozy y la comunidad internacional deberían entenderlo y no procurar que Colombia regrese a la época en que el secuestro era una amenaza real para todos los colombianos.


"Nota: A pesar que el comité organizador rechazó el apoyo de la guerrilla a la marcha del 6 de marzo, lo cierto es que las FARC y la Coordinadora Continental Bolivariana participaron abiertamente. Vea las fotos publicadas, originalmente, en la Agencia de Bolivariana de Prensa en: www.rafaelguarin.blogspot.com"

Vaya a la página inicial del blog: www.rafaelguarin.blogspot.com