sábado, 26 de mayo de 2007

"PARAPREGUNTANDO"

CONVULSIÓN EN COLOMBIA*
Publicado el 26 de mayo 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Foto tomada de www.semana.com

RAFAEL GUARIN

La coyuntura actual es de las más convulsionadas en los últimos años en Colombia. A las escandalosas revelaciones que vinculan al paramilitarismo a funcionarios del gobierno, generales, multinacionales y grupos económicos, se sumó la captura del gobernador del César y de políticos que pactaron con las AUC un acuerdo para ``refundar la república''.

También trascendió que paramilitares delinquen desde su lugar de reclusión y un plan de espionaje a líderes de oposición, funcionarios y periodistas que data de hace más de dos años. La confusión aumentó con la absurda propuesta del presidente Alvaro Uribe de liberar unilateralmente guerrilleros presos, rápidamente rechazada por las FARC, y la de conceder libertad a quienes digan la verdad sobre sus relaciones con los paramilitares.

El momento es propicio para plantear las siguientes preguntas:

¿Qué pensará el embajador en México, el exfiscal Luis Camilo Osorio, de haber precluido precipitadamente el proceso que se adelantaba al general Rito Alejo del Río y de su pasividad ante las denuncias de intervención de los paras en las elecciones del 2002? ¿Qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para presentar resultados en la investigación a Osorio? Existiendo nuevos hechos, ¿el fiscal Mario Iguarán no deberá investigar la conducta de su antecesor y de los funcionarios de esa administración?

¿Por qué si el procurador general, Edgardo Maya Villazón, niega enfáticamente haber tenido vinculación alguna con la campaña de Hernando Molina a la gobernación del César en el 2003, en esa oportunidad llamó entusiasmado a miembros de la Dirección Nacional del Partido Liberal para agradecer el apoyo recibido? ¿Existe alguna diferencia entre la situación que llevó a renunciar a la canciller Araujo de la que tiene el procurador respecto a sus hijastro y sobrino en la cárcel?

Si el presidente Uribe se muestra neutral frente a la actuación de la justicia contra los parapolíticos, no ha sido igual en el caso del exdirector del DAS Jorge Noguera. ¿Podrá abstenerse de intervenir cuando las acusaciones apuntan contra los primos Santos, vicepresidente y ministro de Defensa?

¿Será cierta la versión que el exgeneral Iván Ramírez, sindicado por Mancuso como promotor de la conformación de grupos paramilitares, tiene al día de hoy vínculos con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS? ¿Responderá su Director?

¿Mancuso contará si el gobierno estadounidense mantuvo relaciones con los paramilitares? ¿Es creíble que la embajada de Estados Unidos no tuviera información de los pagos de multinacionales a los paras? ¿Ha sido tan fútil la defensa de sus empresarios que tampoco se enteró de los problemas de Chiquita Brands y de su complicidad en el tráfico de 3,000 fusiles con destino a Carlos Castaño? ¿Es veraz lo dicho por Vicente Castaño sobre la participación de un miembro de la CIA en reuniones con la cúpula paramilitar? ¿En todo esto tuvo algún papel esa agencia?

Por otro lado, ¿es cierto que el gobierno colombiano no estaba enterado que inteligencia de la Policía realizaba interceptaciones telefónicas a los narcoparamilitares presos en Itagüí? ¿Lo prudente no era precisamente que se efectuaran dichas interceptaciones para evitar una nueva ''Catedral''? ¿Debe el gobierno hacer pública la lista de personas espiadas? ¿Quién tiene las grabaciones? ¿Si los mandos de la policía no conocían la operación, estaremos en un caso de infiltración paramilitar? ¿Qué opinará el coronel Mauricio Santoyo, antiguo secretario de seguridad de la Presidencia y experto en ''chuzar'' las comunicaciones de las ONG en Antioquia?

Más interrogantes surgirán de las confesiones paras mientras los involucrados tratan de evitar que la justicia toque a sus puertas. En esa línea, la extradición, contrario a lo que creíamos, puede terminar siendo una salida para todos los involucrados. Activarla da oportunidad de negociar una baja pena en Estados Unidos por narcotráfico, al tiempo que callar la verdad y proteger a sus socios en la política, economía y fuerzas militares.

De comprobarse que los narcoparamilitares delinquieron en prisión, lo que procede es aplicar las penas ordinarias, mucho más severas con sus delitos que la ''ley de justicia y paz'', y extraditarlos una vez se hayan cumplido. Es una nueva prueba para el liderazgo del presidente Uribe y un reto histórico para la sociedad colombiana.

Nota: Otorgar libertad a cómplices de las AUC a cambio que reconozcan sus delitos es impunidad. Y excarcelar gratuitamente guerrilleros, debilidad e impunidad.

*Título con el que apareció la columna en El Nuevo Herald.

viernes, 11 de mayo de 2007

DETRÁS DE LOS APRIETOS DE URIBE

Publicado el 11 de mayo de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)


Casa de Nariño - Bogotá D. C.


RAFAEL GUARIN


Cuando faltan más de tres años del segundo período del gobierno de Alvaro Uribe, el ''desaire'' de Al Gore y los reclamos de congresistas demócratas durante su visita a Washington dejan claro que las cosas ya no serán como antes.

La penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en las instituciones lesiona gravemente una relación calificada por ambos países como estratégica. No hay que olvidar que Colombia ha sido el principal aliado en América Latina de la administración Bush y punto de contención de la ''revolución'' chavista. Tampoco que los exitosos resultados en materia de seguridad se deben principalmente a la modernización de la fuerza pública, imposible sin el concurso estadounidense. Los acontecimientos recientes y el innegable ambiente propicio a las aspiraciones demócratas de reconquistar la Casa Blanca ponen esa alianza en entredicho.


Las acusaciones de confabulación de narcoparamilitares con oficiales del ejército, la coalición de gobierno y el propio Uribe no son nuevas. En el caso del presidente, aun antes de ser gobernador de Antioquía (1994) y durante su campaña en 2002 se le adjudicaron muchas de las críticas que se reciclan hoy, lo que no impidió el masivo respaldo en las urnas. Siguiendo El nuevo príncipe de Dick Morris, probablemente esto contribuye a que su liderazgo no se resienta en medio del escándalo y aumente 10 puntos en las encuestas, hasta llegar a 75% de favorabilidad.

Esa aparente inmunidad convierte los escenarios foráneos en el campo para los ataques de la oposición democrática y la guerra política de las guerrillas. Sin pretender sugerir complicidades, en ello coinciden, consciente e inconscientemente, unos y otros.

Desde el Polo Democrático y sectores populistas del Partido Liberal se considera que destruir la seguridad democrática es indispensable para sus tesis de apaciguamiento y abrir las puertas a lo que con las FARC denominan la ''solución política al conflicto social y armado''. Su cálculo les puede dar réditos en el corto y mediano plazo, pero a la larga, si obtuvieran su propósito, las consecuencias serían nefastas en el combate a los grupos armados ilegales.

Por su parte, para las FARC se trata de avanzar en el quiebre de la política de seguridad abonando un paulatino desmonte del Plan Colombia, a través de una lenta y persistente campaña que combina acciones políticas, propaganda y satanizaciones. En ese sentido, se mina la cooperación militar aprovechando hábilmente las contradicciones de republicanos y demócratas. En el fondo, hay un presupuesto similar al que anima a los terroristas en Irak, conseguir por la vía política lo que son incapaces en el terreno militar.

Esto permite comprender mejor el alcance de la campaña de desprestigio y la aparición de nuevas ONGs que replican en inglés el discurso subversivo. Todo hace parte de una estrategia que busca apalancarse en el exterior para obtener un viraje en la opinión ciudadana y en la actitud norteamericana, con la ambición de beneficiarse en el futuro cambio de ambos gobiernos o ganar el pulso militar.

De igual manera la parapolítica alcanza el TLC. La hipotética negativa del Congreso pulverizaría el carácter especial dado al vínculo que une a Washington y Bogotá. Pero puede ser peor. No es descartable que los demócratas quieran salvaguardar los lazos con Colombia, pero no con Uribe. En otras palabras, que se apruebe el TLC con la aclaración que no representa un respaldo al presidente. Su impacto sería muy negativo en un gobierno que metió todos los huevos en una sola canasta, dejó en plano secundario al resto del mundo y alineó su política exterior con la guerra contra el terrorismo.

Sin duda un deterioro de las relaciones arrojará un ganador, las FARC, y como lo señaló la analista Laura Gil, la posible reorganización de grupos paramilitares. Aún se puede evitar, si los demócratas entienden que su válida exigencia de justicia debe acompañarse de individualizar responsabilidades y no de medidas que afectaran indiscriminadamente a los colombianos. También, insistimos, si las bases de la política de seguridad democrática se despersonalizan y convierten en una política de Estado. En esto el Partido Liberal podría tomar la iniciativa.

Por lo pronto, lo que parece evidente es que si alguien pensó en algún momento en extender el gobierno Uribe hasta 2019, como lo sugirió Belisario Betancur, los demócratas ya hicieron saber su oposición.