DIAGNÓSTICO RESERVADO

Publicado en EL NUEVO HERALD - 5 de marzo de 2010

RAFAEL GUARÍN

El escenario político en Colombia cambió drásticamente con la decisión de la Corte Constitucional de negar el referendo reeleccionista. La oposición tiene sobrados motivos para celebrar, pues las encuestas registraban que no tenía ninguna opción si Uribe se presentaba. Los candidatos del Partido Liberal, Rafael Pardo, y del Polo Democrático, Gustavo Petro, no llegaban al 10%. Están también satisfechos los propios coroneles de Uribe. Condenados a papeles secundarios, aunque formalmente respaldaban el referendo, siempre estuvieron atentos a que se hundiera.

Las nuevas condiciones hacen mucho más interesante el juego político. Todo puede ocurrir. Mientras la oposición gana espacio, al otro lado, se pasó de la “encrucijada en el alma” del presidente, a la encrucijada uribista. La coalición gobernante probablemente irá dividida a las elecciones. El Partido de la U postulará a Juan Manuel Santos, mientras su socio en el gobierno, el Partido Conservador, definirá el 14 de marzo en una consulta popular si el candidato es Andrés Felipe Arias, fiel escudero de Uribe, o Noemí Sanín, ex embajadora del actual gobierno, que ha demostrado independencia y autonomía, sin ser nunca antiuribista.

Algunos opinan que el “guiño” del mandatario saliente será suficiente para garantizar la continuidad del uribismo. En realidad la cuestión es más compleja. Se requiere primero que Arias gané la candidatura conservadora y luego un acuerdo político con Santos. Aún así, no se puede afirmar que tengan asegurado el triunfo electoral. Arias no ha podido sacudirse de uno de los más grandes escándalos de corrupción del gobierno y Santos, siendo de todos el más capacitado para gobernar, es difícil de vender.

El panorama se enreda más si Sanín gana la consulta. En ese evento, Santos irá solo con su partido a las elecciones y deberá enfrentar a la candidata conservadora, al igual que al Partido Liberal, al Polo Democrático y a Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, un exponente de la mano dura contra el terrorismo. También a un aspirante revelación, Sergio Fajardo, que tiene la ventaja de ser menos conocido, mucho mejor comunicador y muy buen candidato en términos de marketing electoral.

Si Santos no logra consolidar su liderazgo rápidamente, puede verse superado en las encuestas, lo que producirá literalmente pánico en el uribismo. Esa hipotética situación deja espacio a cualquier candidato que con un discurso vertical contra la violencia y en defensa de la seguridad, sea visto con más posibilidades de triunfo.

Una segunda vuelta presidencial entre Santos y Fajardo es de diagnóstico reservado, igual ocurre si debe enfrentar a Sanín o Vargas Lleras. La razón de que el uribismo siendo mayoritario pueda salir del poder en las elecciones de mayo es que hasta ahora su mejor candidato, es su peor carta en la competencia por conseguir el apoyo ciudadano y el más fácil de derrotar por los demás aspirantes.

Además, el uribismo no es un partido y es mucho más que la coalición de partidos que acompañan al gobierno, lo que implica que sin su líder en la arena, una gran parte de los ciudadanos que lo respaldan se sienten libres de optar por cualquier alternativa que les garantice el mantenimiento de la política de seguridad. Para complicar el tema, es previsible que para derrotar a Santos en una segunda vuelta se selle una alianza entre la oposición y sectores uribistas.

Uribe no debe apresurarse a hacer un “guiño”, tampoco permitir que sus opositores le gradúen de contradictores a candidatos que han sido su apoyo durante sus casi 8 años de gobierno. Las cosas serán más oscuras si se insiste en descalificar a dirigentes que acompañaron a Uribe mientras se pretende que solamente los seguidores de Santos y Arias son uribistas. ¡Monumental estupidez!

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Reflexiones preliminares: CONSULTAS DEL POLO Y DEL LIBERALISMO OFICIALISTA

RAFAEL GUARÍN

DIEZ REFLEXIONES PRELIMINARES sobre los resultados de las consultas del liberalismo oficialista y el Polo:

1. El Partido Liberal es un partido rural y desconectado de la mayoría de los colombianos que habitan en las ciudades. Su resultado es lamentable, a pesar de la intervención de maquinarias de otros partidos y de parapolíticos.

2. El Polo no tiene mayor relevancia fuera de Bogotá. La baja votación en la capital obedece a la deficiente gestión de Samuel Moreno.

3. Se ratifican las encuestas que reflejan el escaso apoyo popular de los candidatos de la oposición.

4. La especie de plebiscito que impulsó el Liberalismo contra la reelección, utilizando la consulta, fue un fracaso y terminó favoreciendo a Álvaro Uribe.

5. Perdió vergonzosamente el serpo-samperismo que estaba detrás de Alfonso Gómez Méndez.

6. Dentro del Polo perdieron el Partido Comunista Colombiano, el Moir, Samuel Moreno, las Farc y la corrupción y el clientelismo de Jaime Dussán.

7. No solo ganó Petro la candidatura, sino que le ganó el pulso a las Farc, que según el propio Petro querían sacarlo del Polo.

8. Perdió César Gaviria al sacar la mitad de los votos que se propuso en la Consulta. Con tan magros resultados, hasta su propia y oculta aspiración a desplazar al ganador de la consulta, para hacerse a la candidatura presidencial, quedo enredada.

9. Los congresistas liberales deben preocuparse por el oscuro panorama electoral de las elecciones parlamentarias de 2010.

10. Un ganador de hoy, no visible, es Sergio Fajardo, quien queda como la única opción con cierta solidez para enfrentar al uribismo, sea en cabeza del presidente Uribe o de Rodrigo Rivera, Juan Manuel Santos, Nohemí Sanín o Andrés Felipe Arias. Nada raro será ver a Liberales y al Polo haciendo fila detrás de Fajardo, si hay segunda vuelta.

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LOS CAMINOS A LA PAZ - PARTE 1

Conferencia
LOS CAMINOS A LA PAZ - Parte 1
RAFAEL GUARÍN

Foro "LOS UNIVERSITARIOS TIENEN LA PALABRA" - Septiembre de 2009. Fundación Un Millón de Voces.

SALIR DE UNASUR

RAFAEL GUARÍN
Especial para Facebook

20 de septiembre de 2009


Más que un foro adecuado para la gestión de crisis en el subcontinente, Unasur se convirtió en el instrumento ideal para los intereses de Hugo Chávez y Luis Inácio Lula da Silva, al tiempo que en la punta de lanza de una estrategia que busca asfixiar al gobierno de Álvaro Uribe.

Chávez y Lula aparentemente emulan por el liderazgo en la región y aunque son harina de diferente costal coinciden en un trasnochado discurso anti – norteamericano y en el propósito de implantar un proyecto en el que son muchos los puntos de encuentro entre el Socialismo del Siglo XXI y la Plataforma del Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 por Lula, con el apoyo de Fidel Castro.

Para contribuir a ese objetivo Chávez creó el ALBA y Lula lideró la fundación de Unasur. Los hechos demuestran que era justificada la desconfianza del gobierno colombiano ante la insistencia brasileña para que integrara esa organización y se creara el Consejo Suramericano de Defensa. Las recientes reuniones lo ratifican: se concentraron en el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, al tiempo que con el liderazgo de Brasil y Venezuela se excluyeron la lucha contra el terrorismo, la compra inusitada de armas de esos países, las relaciones de gobiernos de la región con las Farc y la necesidad de intensificar la cooperación contra el crimen transnacional. Mientras se impugna a Colombia, tales asuntos solo caben en declaraciones retóricas.

En Unasur Colombia está sometida al guión elaborado por Lula, Chávez y sus amigos. La agenda la impulsa la revolución bolivariana con el silencio cómplice de Lula o la intervención del canciller Celso Amorín, de tal forma que el equilibrio en el tratamiento de los temas no existe, pero sí un afán de convertir a Unasur en un tribunal de acusación contra la política de seguridad de Colombia, que de paso sirve como inaceptable mecanismo de presión e injerencia.

En dicho foro exclusivamente se ve la paja en el ojo ajeno, esto es, en todos aquellos gobiernos o acciones que no armonicen con los intereses de Lula y de Chávez. Es natural que el acuerdo de cooperación militar genere inquietudes y la obligación de informar sobre su alcance, pero también que se exija transparencia frente a los convenios de compra de armamento y asistencia militar, celebrados con Rusia o Francia, cuestión evadida en las sesiones.

Por otro lado, las declaraciones de presidentes y ministros de algunos países permiten afirmar que probablemente en el corto y mediano plazo se utilizará a Unasur para revivir el pacto celebrado en noviembre de 2007, en el Palacio de Miraflores, entre Hugo Chávez e Iván Márquez, en representación de las Farc. En esa oportunidad, en nombre de la liberación de los secuestrados se acordó conformar una “caravana humanitaria” con delegados gubernamentales que, ante el engaño guerrillero, terminó estrellándose en la frustrada Operación Emanuel. Según las palabras del propio Chávez y los emails encontrados en las “laptop” de Raúl Reyes, el siguiente paso era constituir con dichos países una especie de “Grupo Contadora” que diera reconocimiento a las Farc como fuerza beligerante y presionara al gobierno Uribe.

La cosa le puede estar saliendo como anillo al dedo a las Farc y estamos volviendo lenta y casi imperceptiblemente al escenario diseñado por Chávez y Márquez. No solo Unasur no las califica como una organización terrorista, sino que en su seno se escuchan voces que reclaman una negociación gobierno – guerrilla para lograr la paz, lo que implica concederles a éstas un tácito trato de agrupación política e igualarlas con el gobierno colombiano.

La consigna de la paz es el inocente disfraz con el cual algunos gobiernos, que han mantenido relaciones clandestinas con las Farc, pretenden meter la mano en Colombia. El ministro Nicolás Maduro insistió en esa línea al proponer un “plan suramericano de paz para Colombia”. El objetivo no ha cambiado desde 2007: en nombre del diálogo se quiere otorgar legitimidad política a los farianos y contribuir al quiebre de una política de firmeza contra el terrorismo, ambas cosas requisitos indispensables para imponer su modelo.

El gobierno Uribe debe evaluar seriamente su papel en Unasur e incluso su permanencia. Si esa incipiente organización no logra constituirse en un mecanismo efectivo de gestión de crisis, tendría que dar el salto a la OEA o, llegado el caso, al Consejo de Seguridad de la ONU.


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MI VOTO POR PETRO

Foto tomada de www.elespectador.com

Rafael Guarín
SEMANA.COM

23 de septiembre de 2009

Pensé votar el próximo domingo por Gustavo Petro en la Consulta del Polo Democrático Alternativo por las siguientes razones:

Petro decidió quedarse en el Polo para dar la batalla. En las condiciones más adversas se enfrenta a la maquinaria política y clientelista de Jaime Dussan y al control del aparato que tiene el Partido Comunista Colombiano y el Moir.

Petro ha sido el único líder del Polo que ha denunciado la complacencia de algunos sectores de izquierda con el principio leninista de la combinación de todas las formas de lucha, esto es, con el empleo de la violencia. En septiembre de 2008 dijo que las Farc lo querían sacar del Polo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido”. Reconoció que esa guerrilla contaba con elementos dentro del Polo, tan influyentes y poderosos, que podían excluirlo de la lucha democrática. ¿Quiénes son? ¿A quién respaldan en la Consulta?

Petro, en 2007, propuso una hoja de ruta que incluía un pacto democrático que termine “definitivamente el uso de la combinación de las formas de lucha” y una política de seguridad de Estado, resaltando el rol definitivo que tienen las fuerzas militares.

Petro desafió a quienes en su partido decidieron no marchar el histórico 4 de febrero y a quienes se resistieron a apoyar las movilizaciones ciudadanas que condenaron la masacre de los once diputados del Valle del Cauca. Rechazó la falta de contundencia de las directivas del Polo frente a la masacre, al punto de señalar que “la sociedad colombiana no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las Farc".
Le cayeron rayos y centellas, no sólo de copartidarios sino de Raúl Reyes.

Petro, en febrero pasado, repudió la misiva que el Secretariado de las Farc envío al Congreso del Polo, en la que le proponen a ese Partido “acuerdos políticos”. El senador denunció que las Farc tenían la “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”, mientras el Congreso del partido se hizo el de la vista gorda.

Petro, entre otras cosas, es un símbolo de la lucha contra el narcoparamilitarismo que devastó a Colombia. No hay duda de su verticalidad para denunciar este fenómeno y amparar los derechos de las víctimas de masacres, torturas y desplazamientos. Propósito que compartimos.

Petro, también ha dicho que la izquierda debe abandonar “el sectarismo político y cierta enfermedad muy infantil de extremo-izquierdismo que la viene penetrando”, lo cual demuestra al afirmar la semana pasada que “agredir al presidente Álvaro Uribe es agredir a Colombia”, claro, tal afirmación hizo que cundieran ataques cardiacos masivos y simultáneos al interior del Polo.

La otra opción, Carlos Gaviria, es todo lo contrario. Mientras menciona el rechazo a la combinación de las formas de lucha y niega su existencia al interior de la colectividad, en 2002 fue candidato al Senado del Partido Comunista, partido que creó ese esperpento, y ha hecho de esa agrupación la quinta columna con la cual domina la estructura del Polo. Es el protagonista de todos los titubeos frente al terrorismo, objeta calificar de esa forma a las Farc y de participar en las marchas ciudadanas que la condenan. Y para colmo de males, en el proceso electoral de 2006 señaló estar dispuesto a reconocer beligerancia a las Farc.

Ahora bien, hay cosas muy graves que me llevan a recapacitar sobre la posibilidad de mi voto por Petro. Nunca cumplió con el deber de denunciar quiénes son los farianos dentro del Polo y a quién apoyan, tampoco ha renegado del pacto que suscribió con Hugo Chávez, en la Quinta de San Pedro Alejandrino el 18 de Diciembre de 1994, que todo indica que éste sigue vigente, a pesar de su animadversión reciente a la injerencia venezolana en los asuntos colombianos.

En esto hay dudas. Mientras habla de Socialismo del Siglo XXI en Caracas y Quito, al igual que en eventos del Polo, ante la opinión pública colombiana estratégicamente omite ese discurso. ¿Cuál es su verdadera posición ante al Socialismo del Siglo XXI? ¿Sigue apoyándolo pero se disfraza de moderado? ¿Mantiene su relación privilegiada con Chávez? ¿Es un lobo con piel oveja?

Tampoco ha contado lo que conoce sobre los autores intelectuales de la toma del Palacio de Justicia y que puede cobijar a ex guerrilleros del M19 que pelechan hoy en cargos públicos. Ahora que la Corte Suprema de Justicia dijo que procesará por crímenes de lesa humanidad a los parapolíticos, muy bueno sería hacer lo mismo con los ideólogos de esa guerrilla, responsables de esa y otras matanzas.

Pensándolo bien, esas razones son suficientes para que no pueda votar por Petro.

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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HACIA EL CLIMAX DE SU OFENSIVA

Corte Suprema de Justicia. Foto: www.caracol.com.co

Por Eduardo Mackenzie

18 de septiembre de 2009

Lo que hay en este momento no es otro choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Estamos ante el apogeo, el clímax, de una larga ofensiva de la Corte Suprema de Justicia contra un gobierno legalmente constituido. Una ofensiva cuyo objetivo es hacer prevalecer sus atribuciones e intereses sobre los poderes ejecutivo y legislativo. Lo que trata de hacer la Corte Suprema de Justicia, a nivel jurídico, técnico y simbólico, es enorme: imponer su visión política, en materia grave, al presidente de la República de Colombia.

Si la situación es grave es porque no estamos ante una simple divergencia entre esos dos poderes. Ni ante un “nuevo pulso” entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, como dicen algunos editorialistas. Estamos ante algo de mucha más profunda significación.

La situación real es ésta: si el presidente Álvaro Uribe se inclina ante la CSJ y retira la terna presentada y envía una nueva al magistrado Augusto Ibáñez, ello querrá decir que un bloque mayoritario de magistrados de la Corte Suprema de Justicia logró imponer nuevos criterios que no existen en la Constitución colombiana vigente. Querrá ello decir que el poder ejecutivo ha aceptado, de hecho, convertirse en un poder subordinado, inferior, respecto de la Corte Suprema de Justicia, y que las atribuciones que le confiere la Constitución nacional al presidente de la República y a la CSJ en la escogencia del Fiscal general de la nación, pueden ser discutidas, glosadas, modificadas, esquivadas y derogadas por un bloque mayoritario de magistrados de la CSJ.

Tal situación inédita de desquicio jurídico de las grandes instituciones del poder en Colombia no ha sido creada por el jefe del poder ejecutivo. Lo ha sido por un grupo mayoritario y rebelde de magistrados (contra el criterio de una minoría fuerte de magistrados de la misma Corte) que desde unos años para acá viene tratando de imponer una lectura nueva, curiosa y arbitraria, de la Constitución política de Colombia, así como de las leyes y de los principios universales de Derecho.

Pues no es cierto que la Constitución colombiana, ni las leyes, faculten a los magistrados de la CSJ para vetar las ternas enviadas a su consideración por el presidente de la República. El deber de ellos es elegir uno entre tres candidatos, sin entrar en “reflexiones profundas” sobre las “destrezas” de los candidatos, ni en consideraciones ajenas a las exigidas por la carta magna. Tampoco están facultados para juzgar sobre la idoneidad profesional y personal de los miembros de la terna, si éstos cumplen, como es el caso actual, los requisitos exigidos por los artículos 232 y 249 de la Constitución nacional.

La Constitución es taxativa y nadie puede inventarse una nueva taxatividad. La Constitución dice que el Fiscal general de la nación será elegido “por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República”. El artículo 249 de la CN sólo exige, en materia de idoneidad de los miembros de la terna, una cosa: que éstos “reúnan las calidades exigidas para ser magistrado de la CSJ.”

Los integrantes de la terna rechazada cumplen con creces esos requisitos, es decir los previstos por el artículo 232 de la carta magna. Es más, el bloque mayoritario que desde hace dos meses se niega a designar el nuevo Fiscal general no rechaza esto. Ni está lanzando imputación alguna contra ninguno de los candidatos. Lo que pretende el magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la CSJ, y el grupo que lo respalda, es ir más allá de la Constitución colombiana, y agregarle, de hecho, una exigencia más a la Constitución: que los miembros de la terna sean “especialistas en derecho penal”. Eso hace pensar que una Constitución virtual, que nadie ha aprobado, guía los pasos del bloque mayoritario citado.

Tal proceder es inaceptable. La tal exigencia (y otras que son menos explícitas, pero que los medios ya han aireado) no es contemplada por ningún artículo de la Constitución colombiana. Esta es sabia al exigir que los candidatos a ese alto cargo sean colombianos de nacimiento y abogados, que no hayan sido condenados por sentencia judicial, y “haber desempeñado, durante diez años, cargos en la rama judicial o en el ministerio publico, o haber ejercido, con buena credibilidad, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.”

La responsabilidad del presidente de la CSJ en esta crisis es evidente y total. Su empecinamiento en doblegar al jefe del Ejecutivo e imponerle la obligación de enviarle una terna de candidatos a la Fiscalía general que sea afín a los gustos personales, profesionales y políticos del bloque que respalda a Augusto Ibáñez, es decir coincidente con los designios de las corrientes políticas minoritarias que apoyan esta dudosa empresa, ha llevado a una división de esa alta institución (una brecha existe entre una mayoría de 13 magistrados contra una minoría de ocho magistrados), a la semi parálisis de la Fiscalía general y, lo que es peor, a una crisis política nacional sin precedentes.

El apoyo sin falla que Augusto Ibáñez recibe de Carlos Gaviria, la eminencia gris del Polo Democrático, muestra que la batalla no es únicamente jurídica sino que ambiciones políticas de gran calado están jugando aquí un papel central. Los lazos de Carlos Gaviria con el régimen venezolano es otro de los elementos que hacen de este asunto realmente explosivo, lo que exige de los colombianos la más alta vigilancia.

Si el gobierno elegido dos veces por los colombianos es substituido de hecho por un gobierno de los jueces, que la Constitución no contempla ni permite, tendremos que asumir conductas que partan de esa constatación, es decir del hecho de que los equilibrios estratégicos del país han sido destruidos y de que las reglas del juego que todos acatábamos han sido abolidas.

LAS OTRAS ARMAS DE CHÁVEZ

Semana.com - 7 de septiembre de 2009

Rafael Guarín

La confrontación de Hugo Chávez contra Colombia tiene varias dimensiones. Además de las de índole bélica y diplomática, que combinan diversas formas de apoyo a la guerra irregular de las Farc, existe un frente, menos vistoso y espectacular, que puede llegar a ser muy eficaz: las jugadas políticas destinadas a crear un ambiente favorable a la “revolución bolivariana”.

Son por lo menos cinco las maniobras empleadas. Primero, se trata de capitalizar y profundizar las contradicciones en el seno de la democracia colombiana, para eso Chávez procura estrechar vínculos con los sectores más radicales de la oposición a Uribe y transmitir un mensaje: los problemas con Venezuela se resolverán cuando éste salga del gobierno y se desmonte la Política de Seguridad Democrática. Cuenta con la ayuda del Polo Democrático y un amplio sector del Partido Liberal.

Segundo, las medidas que afectan principalmente a quienes residen en la frontera se acompañan de discursos orientados a levantar a los colombianos contra su propio gobierno. El trabajo que durante años hacen los chavistas en la línea que separa a ambos países tiene entre sus objetivos una situación similar a la actual y busca ejercer presión desde adentro contra Uribe. La misma lógica asiste a las restricciones que impactan negativamente en sectores de la industria y a empresarios impulsados a elevar reclamos a la Casa de Nariño y no al Palacio de Miraflores.

Tercero, el anuncio de la instalación de setenta “bases de paz” en territorio colombiano, organizadas y financiadas por el gobierno venezolano, es una variante de las Casas del Alba señaladas por Alán García de instrumento de la expansión “bolivariana” en Perú. La iniciativa depende de la organización “Colombianos y Colombianas por la Paz” que sigue el juego planteado por las Farc, mientras busca convertirse en un movimiento político aliado de Chávez.

Cuarto, movilizaciones populares. Ya se propuso una marcha por el acuerdo humanitario, que no es otra cosa que legalizar el secuestro y un paso en el estatus de beligerancia que reclama las Farc. En los años ochenta la consigna de movilización fue inicialmente el reclamo de amnistía, en los noventa la desmilitarización de territorios y ahora el acuerdo humanitario. En ese contexto, deben interpretarse la entrega a cuentagotas de “pruebas de supervivencia” de los secuestrados, acompañadas de absurdos reproches que culpan al gobierno de que estén confinados en la selva.

Quinto, quienes estudian a las Farc saben que desde los años ochenta la “negociación de la paz”, ideada inicialmente por el Partido Comunista, la incorporó la guerrilla como elemento táctico y estratégico. Coincidente con esa línea, se quiere una papeleta electoral para que en los comicios de marzo de 2010, en los que se escogen los integrantes del Congreso, los ciudadanos exijan una “salida negociada al conflicto”.

Chávez sabe que su llave de entrada a Colombia pasa por un proceso de paz, por eso, Piedad Córdoba ha dicho que “la paz pasa por Chávez”. Ambos tienen claro que deben “repolitizar” a las Farc y que las actuales condiciones de la región favorecen sus objetivos.

Ninguna de tales acciones esta desarticulada, por el contrario, hacen parte de un plan cuidadosamente diseñado con el fin de abrir el camino al socialismo del siglo XXI en Colombia, punto de encuentro entre las Farc, el Eln, Chávez, el Polo Democrático y un amplio sector del liberalismo. Para lograrlo hay que actuar sobre el imaginario colectivo y doblegar la voluntad de lucha de los ciudadanos contra el terrorismo.

La Política de Seguridad Democrática debe irse como llegó: a través de las urnas, así, es imperioso conseguir la elección de un gobierno que consagre las “causas objetivas del conflicto”, desdeñe el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado y propugne por el “diálogo”, envíe a los cuarteles a las tropas militares, desmonte la política de seguridad, reconozca a las Farc carácter político y suprima la cooperación con Estados Unidos.

A pesar de la denuncia ante la OEA sobre injerencia del gobierno venezolano y que el presidente Álvaro Uribe la describiera como una amenaza ante Unasur, el tema sigue sin tener la atención de los diferentes organismos de la región. Más aún, el silencio con que se responden tales reclamos es la licencia que necesita la expansión de la “revolución bolivariana”. Las manifestaciones en contra de Chávez, que se realizaron el 4 de septiembre, son un buen comienzo para decirle no más a su patrocinio al terrorismo y al asedio que hace a la democracia colombiana.

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EL REFERENDO Y EL DERECHO A DECIDIR

RAFAEL GUARÍN

Eduardo Posada Carbó en su columna de El Tiempo señaló: “¿Puede el Congreso rechazar un proyecto de referendo originado en la iniciativa ciudadana? Claro que sí. En caso de tal rechazo, ¿se estarían vulnerando los derechos ciudadanos? Claro que no”. Parece contundente, pero es en exceso simplista e insuficiente para un análisis serio del tema.

Por supuesto que el Congreso puede rechazar la iniciativa presentada por los ciudadanos. ¡Ni más faltaba! Sugerir lo contrario es un flagrante desconocimiento de la Constitución. No tendría sentido la intervención del legislativo, además de ser una peligrosa forma de aniquilar la democracia representativa, los partidos políticos y el propio Congreso. Estaríamos, ahí sí, no ante un mecanismo de profundización de la democracia, sino frente a un instrumento ideal para una dictadura plebiscitaria.

Pero también hay que considerar que los ciudadanos al estampar su firma en señal de respaldo a una iniciativa de referendo, lo que hacen es ejercer un derecho fundamental, cuya observancia depende de que los diferentes órganos del Estado que deben intervenir en su trámite cumplan su función de acuerdo al ordenamiento constitucional y legal.

¿Qué pasa si observado todo el procedimiento la Organización Nacional Electoral decide arbitrariamente no cumplir con su rol e impedir la realización de un referendo? ¿O si recolectadas las firmas, se niega a revisarlas o lo hace de forma equivocada? ¿Qué implicación tiene que por presión criminal a la Corte Constitucional, ésta declare inconstitucional la ley de referendo, a pesar de haber sido adoptada conforme a la carta política y las normas legales. ¿Acaso en dichos eventos no se violenta el derecho fundamental a la participación de quienes lo respaldaron con su firma?

Lo mismo sucede si un Presidente de la República, por razones ideológicas, rechaza expedir el decreto de convocatoria de un referendo, como el referido al agua o uno que busque adoptar el matrimonio de parejas del mismo sexo, casos en los cuales se afecta la “posibilidad” de los ciudadanos de participar” y decidir, posibilidad que “tiene naturaleza de derecho político fundamental de origen constitucional”, según sentencia C 180 de 1994 de la Corte Constitucional.
Cuando se trata de referendos de iniciativa popular, el derecho a participar no desaparece con la firma de los ciudadanos y reaparece por arte de magia el día de la votación. Ese derecho permea todos los pasos que se deben surtir, al punto que su eficacia depende del cumplimiento del trámite constitucional y legal del referendo, lo que implica, ciertamente, que la Registraduría podría establecer la no obtención de las firmas requeridas, el Congreso no aprobar el proyecto de ley o la Corte encontrar que contraviene la constitución.

Siendo lo anterior claro, salta a la vista que el planteamiento del articulista es incompleto. No obstante que el Congreso puede rechazar el referendo, esa decisión debe ser el resultado del debate parlamentario y adoptarse de manera libre, sin apremio y bajo ninguna coacción que rompa el estado de derecho.

No hay que olvidar que respecto al trámite del proyecto de referendo, el Congreso perdió por completo su libertad, consecuencia de una estrategia de terror implementada por el Polo Democrático y el Partido Liberal, con ayuda del Registrador Nacional y de la sala penal de la Corte Suprema. El objetivo político: maniatar a los parlamentarios para que rechacen el referendo, bajo la amenaza de cárcel. Ese pequeño detalle, que olvida Posada Carbó, coloca su razonamiento completamente fuera de contexto.

Por esa razón, la segunda pregunta del columnista no tiene la respuesta tan obvia, simple y contundente que ofrece. Lo riguroso sería que cambiara “claro”, por “depende”. Si bien, en principio, en el marco de la Constitución el rechazo del Congreso de un proyecto de referendo no conlleva vulneración de los derechos, cuando ese rechazo es producto del rompimiento del orden constitucional y de una coerción suficientemente capaz de anular la libertad del legislativo para votarlo, no se puede llegar a la misma conclusión. Ese el motivo por el que la actuación de la Corte Suprema de Justicia, al someter por miedo al Congreso, no solo acaba con el equilibrio de poderes sino que pisotea el derecho a la participación de quienes firmaron la iniciativa de referendo.

Finalmente, equivocado y absurdo es condenar el reclamo, la fiscalización y la presión que pueden y deben ejercer los ciudadanos ante sus representantes en las corporaciones de elección popular. Esto, a diferencia de lo que opina Posada Carbó, sí lo autoriza la Constitución, no choca con el sistema democrático y mucho menos es “un escenario de hechos políticos indeseables para el orden y la seguridad institucionales”, como él lo describe. En realidad, es de la esencia del modelo político adoptado por la Asamblea Constituyente de 1991. Aquí y en cualquier democracia, los comicios son oportunidades en que los partidos y los políticos rinden cuentas y el pueblo los premia o castiga.

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DE LAS FARC AL POLO

Foto: www.elpais.com.co
Publicado el miércoles 4 Marzo 2009 en SEMANA.COM

RAFAEL GUARÍN

Imaginemos un momento que Carlos Castaño y Salvatore Mancuso hubieran enviado un mensaje público al Congreso de uno de los partidos de la coalición de gobierno o al Partido Liberal. ¿Cuál sería la reacción si además propusieran un acuerdo para cambiar el “régimen” y dicho partido no rechazara la amable invitación? ¿No sería una modalidad similar al Pacto de Ralito entre paramilitares y un grupo de políticos para “refundar el país”?

Pues fue exactamente eso lo que ocurrió la semana pasada con un mensaje del Secretariado de las Farc al Congreso del Polo Democrático Alternativo PDA. Luego de lanzar el infundio de que la Política de Seguridad Democrática es el obstáculo para la “convivencia”, la organización terrorista le señala a ese partido la necesidad de “acuerdos políticos que abran las puertas a un nuevo régimen con capacidad de cimentar la paz democrática”. En otras palabras, le proponen un “pacto” para derrotar la estrategia de seguridad en las urnas y abrirle paso a un gobierno que comparta los criterios farianos.

A pesar que los senadores Iván Moreno, Luis Carlos Avellaneda y Parmenio Cuéllar descalificaron tajantemente la carta de Alfonso Cano, el Congreso del PDA se abstuvo de pronunciarse. En realidad esas declaraciones sirvieron para ocultar que los delegados al Congreso evitaban abordar la propuesta fariana para no introducir un elemento que ahondara la fracturada unidad.

El secretario del Polo, Carlos Bula, sacó la versión que el tema estaba resuelto. Según él, era una “posición de principios” que no admite duda respecto a que ese partido está en contra del secuestro, el terrorismo y la combinación de todas las formas de lucha. Lo que no dijo Bula, es que para el Polo los soldados y policías no son secuestrados sino prisioneros de guerra, por tanto, que los miembros de la fuerza pública pueden seguir siendo raptados por la guerrilla conforme al derecho internacional, lo que no es otra cosa que la legalización del secuestro.

Se le olvidó también decir que desde el punto de vista del PDA las Farc no son terroristas sino un actor político con el cual se debe negociar y conseguir una “salida pacífica”, lo que implica que rechazar al terrorismo no es rechazar a las Farc. Y omitió reconocer que aunque en la retorica repudian la combinación de las formas de lucha, en la práctica el Partido Comunista Colombiano, que controla gran parte del Polo, defiende la “validez de la lucha armada”.

La razón del silencio institucional ante la carta de Cano es la misma que está detrás de los vientos de división que enmarcaron el Congreso del Polo. Los análisis redujeron la actitud de Lucho Garzón y Gustavo Petro a una derrota en el número de delegados, otros lo registraron como resultado de su afán de contemporizar con el “establecimiento”, pero más que esas razones lo que está en el fondo es la influencia que ejerce cada vez más las Farc en el PDA.

En septiembre pasado Petro dijo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido. Sería conveniente que todos los militantes del Polo no cayeran en esa trampa”. Nadie dijo nada. El repudio que ambos despiertan en sectores extremistas obedece a que descalifican la acción violenta y se niegan a concederle legitimidad a la guerrilla, mientras que los legitimadores de las Farc los acusan de uribistas, escudándose en los mitos farianos, la teoría de las causas objetivas de la violencia y la existencia de un supuesto “conflicto social y armado”.

Los agentes farianos, camuflados de dirigentes políticos y sociales, se mueven al interior del Polo y del Partido Liberal para ejecutar la estrategia planteada en diversos documentos internos. No hay que esforzarse mucho para saber la filiación política de Fensuagro y de Efraín Mendoza Gamba, “dirigente social” capturado en el campamento guerrillero del ‘Negro Antonio’. Según el Manifiesto de las Farc del 1 de octubre de 2007 el objetivo táctico es la “creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la Paz” y un gobierno que “tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles”.

Como lo señaló Petro, en la carta del Secretariado hay una “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”. Ante esa situación lo que se espera es un profundo y contundente rechazo del Partido como tal, no declaraciones aisladas de sus miembros. Si la izquierda no se blinda y deslinda sin ambigüedades del acecho terrorista y se depura de farcpolíticos, nunca llegará al poder. En ese propósito hay que estar del lado de Petro y de Lucho.

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AHMADINEJAD Y AMÉRICA LATINA

Publicado el domingo 08 de febrero del 2009
RAFAEL GUARIN

Madrid -- Mientras la Unión Europea hace unas semanas advirtió a Irán que es ''una amenaza inaceptable'' que adquiera capacidad nuclear militar, en América Latina su presidente es recibido con los brazos abiertos y respaldo a su programa atómico. Mahmud Ahmadinejad ha visitado la zona y con la ayuda de Hugo Chávez convirtió Teherán en un lugar de peregrinación para mandatarios de izquierda. La nueva alianza no es episódica, sino un plan de larga duración con condiciones propicias para ser ejecutado, a pesar de los efectos adversos de la caída de los precios del petróleo.

No obstante que los encuentros del presidente iraní y sus homólogos latinoamericanos concluyen con acuerdos en diversas aéreas, la razón de esos acercamientos es estrictamente política y militar. Chávez lo ilustró al decir en julio de 2006 que ''la revolución bolivariana es hermana de la revolución islámica''. No hay duda de que trabajan en la creación de una coalición sobre supuestos que comparten: la retórica antiimperialista y el sentimiento antinorteamericano. Ahmadinejad y Chávez se las arreglaron para imponer esas coincidencias sobre los antagonismos de la izquierda y del conservadurismo islámico. ¿Qué coherencia tiene un proyecto político de impíos imbuidos de marxismo y un estado que pretende sustentarse en el Corán? En todo caso, lo que en principio se observó como una extravagancia ''bolivariana'' es hoy punto central en la agenda.

Ambos presidentes emplean sus recursos de poder nacional para expandir su influencia y discurso ''revolucionario''. En enero de 2007 acordaron en Caracas crear un fondo de 2,000 millones de dólares para financiar iniciativas que cobijarían otros países latinoamericanos y africanos. Esta sumatoria de voluntades se profundizará y será de largo aliento con la eventual reelección que a cualquier costo busca Chávez.

Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua asumen con igual sentido estratégico que Venezuela el mismo compromiso, finalmente, hacen parte del ''bloque regional de poder'' que lidera Chávez. Rafael Correa regresó a Quito en diciembre pasado después de cinco días en Irán y de dialogar sobre compra de equipos de comunicación, aviones no tripulados, radares y misiles, no sin antes respaldar el programa nuclear que tanta inquietud genera en la Casa Blanca y en Bruselas. Según Correa ''la estrecha colaboración y cooperación entre Irán y Ecuador es irreversible''. En este caso, la nueva Constitución abre el camino para que Correa extienda su mandato y consolidé el lazo con Irán.

Igual periplo cumplió Evo Morales en septiembre. Un año antes Ahmadinejad estuvo en Bolivia y se comprometió con un ''plan de cooperación industrial'' por valor de 1,000 millones de dólares, esta vez el presidente boliviano resaltó que se trata de ''dos países revolucionarios y amigos''. Y fue más allá: ''los esfuerzos de Irán por proveer soporte económico y político ayudarían a la clase trabajadora de América Latina''. La reciente aprobación de la Constitución impulsada por Evo y el comienzo de la transformación de Bolivia en dirección al ''socialismo del siglo XXI'' augura que la relación con Irán se fortalecerá.

Daniel Ortega ha repetido a su manera el discurso de Chávez: las ''revoluciones de Irán y Nicaragua son casi gemelas'' y Cuba le ha ratificado a Irán su oposición a lo que califica como ''presiones y chantajes'' contra el pueblo iraní. Pero Ahmadinejad no se detiene. El 1 de noviembre recibió al canciller brasileño Celso Amorin como primer paso para estrechar vínculos con el gobierno de Lula Da Silva.

Es un error creer que para Irán sólo se trata de romper el aislamiento o para Chávez y sus amigos de mostrar los dientes a Washington. No. Todo esto demuestra la voluntad de construir un bloque antinorteamericano capaz de enfrentar también a Europa. Para el proyecto chavista la UE es también imperialista y para el fundamentalismo islamista no es muy diferente del Satán que ven en EEUU.

La Casa Blanca y los gobiernos democráticos de la región deben darse cuenta de esa realidad geopolítica. Obama quiere un renovado entendimiento con el mundo islámico, pero eso no es suficiente. Es indispensable que supere la indiferencia de su antecesor respecto a los vecinos del sur, que sea capaz de reconocer sus aliados y potenciar las relaciones con los gobiernos que coinciden en la defensa de la democracia liberal. La Unión Europea debe también tener una actitud activa frente a lo que amenaza sus intereses económicos en el hemisferio. La equivocación histórica sería dejar que Chávez goce de una década más de pasividad y que Ahmadinejad, con su apoyo a organizaciones terroristas de Medio Oriente y sus ambiciones nucleares, se convierta en un factor de decisión política en América Latina.

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"LAS COSAS NO SON COMO PARECEN"

El Nuevo Herald - Miami / Publicado el 2 de enero de 2009

RAFAEL GUARIN

Madrid -- El ''intercambio epistolar'', en el cual han involucrado a más de un ingenuo de buena voluntad, no es más que una nueva operación psicológica y política concebida de acuerdo a los intereses y estrategia de las FARC. La liberación de la ignominia del secuestro de cuatro miembros de la fuerza pública y de dos políticos por parte de la guerrilla debe celebrarse, no así la forma en que ésta se producirá.

Al igual que hace un año, el anuncio de liberaciones no es un acto humanitario, ni un éxito de quienes posan de intermediarios. Las cosas no son como parecen y mucho menos cuando se trata con maestros de la simulación y la mentira. Detrás hay una perversa maniobra orientada a crear un clima favorable a las pretensiones de las FARC y que hace parte de la calculada respuesta política a los duros golpes recibidos.

Lo confirman las propias FARC en comunicación de octubre pasado al autodenominado grupo de ''intelectuales'', que Cano bautiza ahora con la consigna de ''Colombianos por la Paz''. En el texto aparece el verdadero objetivo de las viejas y nuevas liberaciones: ''crear condiciones y ambientes propicios'', ¿para qué? No sólo para el ''canje de prisioneros en poder de las partes contendientes'' (en su lenguaje), sino para avanzar en el objetivo que expresan en la carta de la semana pasada: ``Ver florecer un nuevo gobierno que convoque al diálogo de paz''.

A partir del secuestro, el espanto que genera la deplorable situación de las víctimas, el empleo de la propaganda y la ayuda de políticos nacionales y extranjeros, las FARC pretenden modificar la conducta de una sociedad que masivamente las condena. Es la aplicación de las enseñanzas de los terroristas anarquistas del siglo XIX. Joseph Conrad lo describe en boca de Osiipon: ''Lo único que importa es el estado emocional de las masas. Sin emoción no hay acción'' y esa acción, en este momento, es conseguir que los ciudadanos cambien el respaldo a una política de firmeza estatal por un gobierno que les reconozca el carácter de ''actores políticos'' y promueva la negociación. Es un esfuerzo por regresar al ``dialoguismo''.

El intercambio epistolar no es más que una renovada y más fina versión de la película que montaron Hugo Chávez, Piedad Córdoba y las FARC el año pasado. Los mismos actores y la excusa humanitaria sirviendo de treta. ¿Por qué insisten? Porque además de lo anterior la guerrilla para sobrevivir requiere con urgencia recuperar legitimidad política, paliar los efectos negativos del secuestro, dividir una sociedad unida contra el terrorismo y posibilitar la actuación de gobiernos amigos en la región. Cano lo reconoce sutilmente al recomendar ``tener en cuenta la manifiesta disposición de la gran mayoría de presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz''.

Tan preparada está la actuación que a la primera carta de los supuestos ''intelectuales'' las FARC respondieron presurosamente, luego se promovió que todo el que quisiera escribirle a la guerrilla pidiéndole que cese los secuestros pudiera hacerlo. ¿Quién se negaría a pedirle que termine los crímenes de lesa humanidad? El portal de internet del Movimiento Bolivariano y el de las FARC inmediatamente se unieron, al igual que los integrantes del Partido Comunista Clandestino y la Coordinadora Continental Bolivariana. Era previsible. La guerrilla concibió hace más de una década el ''intercambio humanitario'' como un instrumento de agitación y movilización de masas.

Esta trampa lo que busca es allanar los obstáculos para avanzar en el reconocimiento de beligerancia. También legitimar el secuestro con el argumento de un conflicto armado no internacional. Los medios de comunicación no informaron que el Secretariado ratificó a los ''intelectuales'' que seguirán secuestrando. ¡Eso sí, para las FARC, los ''intelectuales'', un sector del Liberalismo y el Polo Democrático Alternativo los secuestrados no son secuestrados! Los policías y militares son ''prisioneros de guerra''. Otros son deudores morosos de las FARC porque no pagan las extorsiones, que tampoco son extorsiones sino impuestos revolucionarios. Y los políticos son retenidos por el reclamo del pueblo y por defender la Constitución de 1991. ¡Bonita forma de acabar con el secuestro disfrazándolo y optando por su legalización! En conclusión, el ''intercambio epistolar'' no sólo es un salvavidas para los farianos sino uno de los medios con los que buscan recuperar lo perdido en el terreno militar y político, al tiempo que contribuir a que escale la violencia y el secuestro. Evidentemente, las cosas no son como parecen.

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QUEBRAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

SEMANA.COM - Viernes 24 de Octubre de 2008

RAFAEL GUARÍN

Los paros y movilizaciones de las últimas semanas son parte de una estrategia orientada a quebrar la Política de Seguridad Democrática en las urnas. El gobierno tiene razón cuando afirma que hay un plan para desestabilizarlo y en que la mano de la guerrilla está metida en el clima de “agitación social”, pero parece enredado en cómo enfrentarlo.

A pesar de los duros golpes recibidos, el Secretariado de las Farc sabe que tiene capacidad de maniobra. Aún más, confía en que ciertos hechos, manejados hábilmente, pueden ser la antesala a una coyuntura favorable a su resurgimiento. Le apuesta a demostrar que el grupo armado ilegal no está derrotado y que únicamente la negociación podrá desactivar el “conflicto social y armado”. Desde su perspectiva, la paz se logrará con un nuevo gobierno que desmonte la seguridad democrática y esté dispuesto a otro proceso de diálogo, eso sí, a partir de que les reconozca cierta legitimidad, le quite la calificación de terrorista y conceda trato de organización política.

En ese contexto, el objetivo fariano a corto plazo es favorecer la elección de un gobierno que tenga esa agenda. Creen que lo pueden conseguir con terrorismo y utilizando, manipulando e infiltrando las movilizaciones ciudadanas contra el gobierno. Los recientes atentados quieren demostrar que su capacidad de hacer daño es significativa y, sin duda, se intensificarán en un intento por cambiar la percepción y la actitud de una sociedad que mayoritariamente se muestra dura contra el terrorismo. También para ejemplificar que después de diez años de Plan Colombia y ocho de Política de Seguridad Democrática el derrotado ha sido el Estado, mientras ellos mantienen la médula de su aparato bélico.

El otro frente es la vieja fórmula de combinación de todas las formas de lucha. Fue la “última proclama” de Marulanda en diciembre pasado: “es necesario utilizar las diversas formas de acción, movilizaciones con objetivos muy concretos, demandas al Estado por la paz, defensa de los derechos humanos, paros cívicos, denuncias de masacres y atropellos oficiales ante organismos competentes nacionales e internacionales etc.”. En ejecución de ese plan la guerrilla ha participado en la marcha del 6 de marzo (lo hicieron públicamente en cerca de una decena de países), el paro campesino de octubre de 2007, revueltas estudiantiles y en los mítines indígenas de la semana anterior. El Manifiesto de las Farc señala que hay que conseguir "la movilización del pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país”. ¡Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia!

La directriz de Tirofijo fue clara. No sólo se trata de infiltrar, cooptar y aprovechar actos legítimos de protesta ciudadana, sino que “los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masas bajo su dirección”. ¿A cuáles se refería? En sus términos, esto es “tan indispensable como las acciones armadas de Farc”.

No hay duda de la intención de la guerrilla de jugar un papel detrás de paros y protestas. Otra cosa es caer en el simplismo y creer que las Farc controlan todos los “movimientos sociales” y sindicar cualquier manifestación de descontento. Sería tan absurdo como negar que existen razones válidas para reclamos pacíficos o afirmar que la guerrilla tiene esa capacidad de convocatoria. ¡Si la tiene, apague y vámonos!

Quebrar la seguridad democrática le interesa igualmente a políticos y “dirigentes sociales” de la oposición, oportunistas unos, cómplices otros del terrorismo y muchos ingenuos, que no reparan en medios con tal de bajar a Uribe. Con la ilusión de beneficiarse electoralmente de esa tenebrosa estrategia contribuyen a la creación de un clima adverso que les permita llegar al poder en 2010, así sea sobre los hombros de la violencia fariana. El Polo, algunos sectores del Liberalismo y ciertos “movimientos sociales” están metidos de cabeza en esa lógica, a pesar que la inmensa mayoría de sus miembros desconocen lo que realmente sucede.

¿Cómo responder a ese desafío? Se debe trabajar en fortalecer la cohesión ciudadana frente al terrorismo. Es la única manera de no dejarse doblegar por las acciones violentas. Segundo, es indispensable mejorar la capacidad estatal de prevención de acciones terroristas y prepararse para gestionar situaciones de crisis generadas por futuros atentados. No se deben olvidar las mochilas bomba del 11 de marzo en Madrid y sus consecuencias en la decisión política del pueblo español. Del mismo modo, Colombia necesita urgentemente una legislación especial y un aparato judicial que permita desmantelar el entramado legal de las Farc, encubierto en facciones de partidos políticos, ongs, medios de comunicación y otro tipo de colectivos.

Pero lo más importante es que jamás haya exceso de fuerza y que las autoridades actúen con toda rigurosidad, siempre dentro del Estado de Derecho. Con mártires el terrorismo procura legitimar su existencia y los crímenes de lesa humanidad. Las Farc promueven acciones violentas en las manifestaciones con el fin de demostrar que hay un Estado terrorista ante el cual sólo se pueden tomar las armas y “resistir”. La lamentable muerte de indígenas, en enfrentamientos con la policía, lo único que hace es cumplir la agenda guerrillera, alimentar su falso discurso y darle oportunidad de confeccionar sofismas para la campaña de desprestigio y de guerra política que adelantan contra las instituciones democráticas.

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DISOLVER EL URIBISMO

Capitolio Nacional. Sede del Congreso de Colombia.

Foto tomada de http://www.elturbion.modep.org/

Publicado en Semana.com - 2 de mayo de 2008

RAFAEL GUARÍN

El problema no es Uribe, es el uribismo. Así parece que lo perciben los ciudadanos. El creciente repudio a los miembros de la coalición de gobierno comprometidos con los narcoparamilitares, contrasta con la favorabilidad del Presidente. Después de la crisis internacional de marzo pasado ascendió a 84% y se acaba de revelar una encuesta, en que el 68% dice que votaría por él, si se presentara en las próximas elecciones presidenciales.

La verdad es que los congresistas y los partidos denominados “uribistas” siempre han sido más una carga que otra cosa. En 2002, fue mayor el beneficio que obtuvieron los que a última hora apoyaron a Uribe, que el conseguido por la campaña presidencial. En 2006 se repitió la historia. El Partido Conservador, la U, Cambio Radical y pequeñas colectividades como Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia, han servido más para mantener y profundizar viejos vicios de la política, que para respaldar la gestión gubernamental.

Es increíble que un gobierno con esos niveles de apoyo ciudadano esté en una inmensa soledad. En el Congreso son contados quienes son capaces de defender medianamente una tesis del gobierno, en cambio, son más los que levantan argumentos desde la oposición. Junto a los vínculos con el paramilitarismo, campea la mediocridad en las toldas parlamentarias uribistas.

En los partidos de la coalición no existen liderazgos políticos que orienten la actividad legislativa. La bancada uribista es una ficción burocrática, pero no una fuerza política. A las evidentes limitaciones conceptuales de muchos de sus integrantes, se suma la ausencia de inquietudes programáticas y el consabido afán individualista. Pareciera que el “sálvese quien pueda” fuera el único factor dominante en la coalición. Quienes suelen proponer, lo hacen preferentemente buscando registro mediático y no pensando en sus propios partidos o en un proyecto político.

Da grima ver los debates de control político. La mayoría de los que se dicen uribistas se destacan por su falta de preparación y compenetración con las políticas de la administración que respaldan. Ni siquiera ante la amenaza farchavista, el acuerdo humanitario o la implementación de la política de seguridad democrática, surgen planteamientos o sugerencias de esos partidos.

Para colmo de males, la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, de Cambio Radical, y el presidente del Partido de la U, Carlos García, justa o injustamente, están en capilla con destino al Buen Pastor o la cárcel la Picota. Vargas Lleras no aparece. Los otros jefes de los partidos de la coalición están investigados: Habib Merheg, Mario Uribe, Álvaro Araujo, Ciro Ramírez y Alberto Gil.

Pero la indiscutible crisis de legitimidad de los partidos políticos, que afecta la credibilidad del Congreso, no llega a la Casa de Nariño. La razón de un apoyo tan alto al Presidente probablemente obedece a la combinación de una legitimidad de tipo carismático y una basada en el rendimiento. En términos de Max Weber, los ciudadanos reconocen en Uribe cualidades extraordinarias o excepcionales, lo que no es extraño, si se compara con Andrés Pastrana o Ernesto Samper. Al igual, siguiendo al profesor Joseph Valles, es consecuencia de que “funda su legitimidad en el resultado de sus propias actuaciones”.

Lo evidente es que el gobierno está solo y en el gobierno mismo Uribe también. No hay quien lidere la bancada si no es Uribe, prácticamente no hay quien responda los ataques externos que no sea Uribe, tampoco, a la oposición. El gobierno es Uribe y eso, que tantas emociones despierta, resultará fatal cuando no esté.

En parte, es responsabilidad de un liderazgo muy fuerte en cabeza del Presidente, pero ante todo, de la incapacidad de los partidos de la coalición, igual que de la ineptitud del Partido Liberal y el Polo Democrático para generar nuevos liderazgos. Durante la crisis desatada con la muerte de Raúl Reyes, nadie, absolutamente ninguno de los que aspiran a sucederlo y se encuentran fuera del gobierno, respaldaron al Presidente. Muchos quieren aprovechar su popularidad sin hacer gasto alguno.

Por el lado del Partido Liberal la situación no es muy distinta. Finalmente, se disputa con el Partido Conservador la paternidad de los parapolíticos, hoy declarados uribistas. El Liberalismo tiene once parlamentarios y cuatro de sus gobernadores, elegidos en 2003, judicializados por relaciones con las AUC. Del Polo Democrático, con seguridad, pronto sabremos, apenas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía comiencen a investigar políticos y “personalidades” cómplices de las FARC.

Así las cosas, ¿para qué sirve tener las mayorías en el Congreso? ¿A cuento de qué el Presidente asume el desgaste político de los miembros de su coalición de gobierno? ¿Más que aliados, los partidos uribistas son un obstáculo para que el gobierno pueda derrotar el crimen, la pobreza y la corrupción? ¿No será mejor adelantar las elecciones de Congreso? ¿Avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente?

Uribe debería proclamar la disolución del uribismo parlamentario. El uribismo ciudadano sigue existiendo y siente que los parapolíticos, que usufructúan la imagen del Presidente, no sólo no los representan sino que lo afectan gravemente. Si el Presidente quiere salvaguardar su legado y que se reelija la seguridad democrática, debe promover que en las próximas elecciones no haya más partidos, aliados del crimen, asaltando su popularidad. El mejor camino es que desaparezcan, de una vez por todas, las corruptas colectividades uribistas y que surjan nuevas alternativas políticas, con capacidad de defender transparentemente una política de firmeza frente al terrorismo y de realización del estado social de derecho.

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EL CAMUFLAJE TERRORISTA

Publicado el viernes 28 de deciembre del 2007

By RAFAEL GUARIN

Una vieja táctica contra el régimen democrático es hacer de los canales de participación política, las libertades y los derechos individuales armas para destrozar el Estado constitucional. La reciente sentencia de la Audiencia Nacional española referente al asunto EKIN desnuda esa conducta y cómo el terrorismo se camufla en la legalidad.

De acuerdo a la providencia, el inminente final de la dictadura franquista y el reconocimiento de los derechos de asociación, formación de partidos políticos y sindicatos produjo que a finales de 1974 ETA apostara a combinar la acción política legal con la armada.

La banda terrorista entonces decide lanzar sus frentes político, cultural y obrero a la legalidad. El objetivo de la ''teoría del desdoblamiento'' era desestabilizar el Estado democrático ''desde sus propias estructuras, aprovechando las fisuras y las anomalías que necesariamente presentaría''. De esa forma, construyó un entramado político, ideológico, internacional, económico y mediático que le servía de soporte. Mientras ETA se encargaba de la acción militar y era la ''vanguardia'' de la dirección política, la Koordinadora Abertzale Sozialista KAS, subordinada al aparato armado, ejercía la codirección política, adelantaba la lucha de masas y controlaba las restantes organizaciones de apoyo. A esto se agregó la ''lucha institucional'' de su brazo político, Herri Batasuna.

El mérito español es haberse dotado de herramientas jurídicas para enfrentar dicha amenaza con respeto absoluto del estado social y democrático de derecho. Otro ejemplo, además del fallo, es la ley orgánica de partidos de 2002 y la posibilidad de ilegalizar una organización política para evitar que atente contra el régimen democrático, justifique el racismo y la xenofobia o sea puntal político de un grupo terrorista. El caso de Batasuna.

Esta medida, coincidente con jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, existe también en Alemania. La ley fundamental la establece cuando el Tribunal Constitucional encuentre que por los ''fines y comportamiento'' de un partido se tiende a prescindir del ordenamiento constitucional liberal. Así sucedió en 1952 con el Sozialistiche Reichspartei y en 1956 con el Kommunistiche Partei Deutschaland.

En Francia la disolución de organizaciones políticas está a cargo del gobierno con base en facultades destinadas a luchar contra grupos de combate y milicias privadas. El evento más reciente es el de la organización ultraderechista y neonazi Unidad Radical.

Lo paradójico es que la democracia colombiana, amenazada por el narcoterrorismo, no cuente con mecanismos similares. En los años ochenta el proceso de paz con las FARC le permitió tener en la Unión Patriótica su brazo político. De acuerdo con la académica de izquierda Socorro Ramírez esa guerrilla no negociaba, ''al menos en principio, con la intención de desmontar el ejército popular, sino para darle una presencia política''. Jacobo Arenas, ideólogo fariano, reconoció que la táctica política de la guerrilla era la combinación de todas las formas de lucha de masas y las campañas electorales una de esas formas.

Igual táctica emplearon narcotraficantes para reformar la Constitución y prohibir la extradición. Pero los más avezados discípulos de las FARC fueron los narcoparamilitares. Partidos como Convergencia Ciudadana y Colombia Democrática, en que pululan parapolíticos, fueron canales para llegar al Congreso, gobernaciones y alcaldías. En cuanto a los partidos liberal y conservador la precariedad de sus controles internos y la complicidad con estructuras delincuenciales en las regiones sirvieron para que también consiguieran elegir parlamentarios y controlar porciones del aparato estatal.

A eso se adicionan los históricos vínculos de la izquierda comunista con las guerrillas. Las FARC, más que un fenómeno campesino surgido en medio de la violencia partidista, son un engendro del Partido Comunista. De este subsisten pedazos camuflados en el Polo Democrático y en reductos populistas del Partido Liberal que se resisten a condenar la ''lucha armada'', aún más, defienden su vigencia. Lo mismo ocurre con organizaciones no gubernamentales y empresas de comunicación vinculadas estrechamente o surgidas del seno de las guerrillas y cuya misión es la misma adjudicada al demolido entorno político de ETA.

En Colombia es apremiante trabajar en blindar las instituciones democráticas. Se necesitan normas que proscriban partidos políticos, estructuras disfrazadas de organizaciones sociales y medios de comunicación que hacen parte de la estratagema del narcotráfico y el terrorismo. Y segundo, está pendiente erradicar definitivamente la teoría general de la justificación del crimen, sólo así superaremos la barbarie de los siglos XIX y XX. En eso Europa va a la delantera.

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EL GOLPE A CHÁVEZ

http://www.semana.com/ - 4 de diciembre de 2007

Foto EFE - Iván Gonzalez

RAFAEL GUARÍN

Lejos de una victoria pírrica, los resultados del referendo representan una calamidad para el proyecto bolivariano. Aunque para Hugo Chávez “por ahora” la nueva “ecuación de poder” quedó aplazada, lo evidente, como me lo dijo Julio Borges –presidente de Primero Justicia–, es que “la agenda política que está presente en ese proyecto de reforma no recoge la esperanza o el sueño ideal que quieren los venezolanos, incluso los chavistas”.

No es cualquier tropiezo sino el golpe más contundente propinado a la revolución desde 1998, aún por encima de los acontecimientos del 11 de abril de 2002. Los escasos dos puntos de diferencia del NO sobre el SÍ disimulan la monumental derrota pero no ocultan que una revolución a través de las urnas no se puede hacer sin el pueblo. Sólo 4.379.392 de ciudadanos, cerca de una cuarta parte del padrón electoral, aprobaron el camino al socialismo del siglo XXI. Al resto no les gusta o no les importa, en todo caso, no están con la revolución.

El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, señaló que es consecuencia de la creencia de Chávez en “que podía implantar un sistema socialista a la cubana, sin contar con la aprobación de la gente, al plantear el referendo como un plebiscito a su gestión”. La conclusión es clara: tal aspiración choca con las ideas y valores predominantes en la sociedad venezolana, en otras palabras, carece de legitimidad en un país que reclama igualdad con respeto a la libertad.

Sin duda, también contribuyó el nuevo rostro de la oposición. El liderazgo estudiantil facilitó que el mensaje por fin llegara a los venezolanos. Su protagonismo neutralizó el desprestigio de los partidos históricos sobre el cual cabalgó Chávez en todas las elecciones. Mientras sus tradicionales detractores representaban el viejo régimen los jóvenes le imprimieron credibilidad y transparencia al NO. A punta de ensayo y error se aprendió que sí se puede ganar cuando se hace oposición inteligente.

De todo lo más importante son los nuevos vientos. Al referirse a la coyuntura de 1998, Ludolfo Paramio afirmó que “Venezuela ejemplifica la renuencia social a aceptar el ajuste y las reformas estructurales” neoliberales, lo cual generó fuerte polarización, afanes de desquite social y repudio al bipartidismo, sentimientos canalizados exitosamente por el outsider Chávez pero que han perdido su capacidad de movilización política.

Una posible explicación de ese cambio es que la invocación a la lucha de clases, motor de la revolución, pasa a un plano secundario cuando se trata de defender el régimen democrático, sin que esto signifique que los factores socioeconómicos de lucha política no sigan siendo un elemento central de la contienda electoral. Si bien el discurso social de Chávez tiene amplia aceptación, no es igual cuando se coloca en cuestión las señas de la democracia liberal con la reelección indefinida, la creación de un partido socialista único, la ideologización del sistema educativo, la restricción de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Ese comportamiento coincide con la actitud de los ciudadanos hacia la democracia. Según Latinobarómetro, en Venezuela su preferencia respecto a cualquier otra forma de gobierno en 1998 era de 60 por ciento y en 2006 de 70 por ciento, a pesar de descender con relación a años anteriores. En 2006 la confianza en los beneficios de la democracia para el desarrollo de ese país ascendió 10 puntos desde el 69 por ciento de 2003. Además, la idea que la democracia genera condiciones para que las personas prosperen con su propio esfuerzo encuentra con 76 por ciento en Venezuela el segundo país con mayor arraigo en la región.

A Chávez le quedan dos caminos. Una Asamblea Constituyente, propuesta por sectores de la oposición que piensan que pueden recortar el periodo presidencial o hasta sacarlo. Ingenuidad absoluta. Aunque se derrumbo el mito de la invencibilidad de Chávez, no es lo mismo una elección de un cuerpo colegiado a un referendo. En cambio, si es la oportunidad institucional para incorporar las propuestas negadas en las urnas y revalidar las mayorías chavistas. En algo tiene razón Chávez, sus detractores tienen que saber administrar la victoria.

El otro es el despeñadero de la dictadura, finalmente, los comunistas enseñan que la revolución sólo es posible empleando la violencia para derrocar todo el orden social existente y no hay que olvidar que el teniente coronel debutó en la arena política con el ropaje de golpista.

EL REFERENDO CHAVISTA

Conversación con Julio Borges
Presidente del Partido Primero Justicia de Venezuela

“Darle más poder al poder y menos poder al pueblo”

“Para Chávez Colombia es la joya de la corona”

Foto tomada del http://www.eluniversal.com/

Rafael Guarín: ¿Tres razones para votar por el no en Venezuela el 2 de diciembre?

Julio Borges: En primer lugar, por el hecho de que el presidente tiene una sola motivación que es la reelección indefinida. En segundo lugar, es una agenda totalmente política que se basa solamente en darle más poder al poder y menos poder al pueblo y, en tercer lugar, porque ha sido un proceso tan atropellado y tan absolutamente arbitrario que incluso los propios chavistas que apoyan al presidente Chávez no les gusta ni la forma ni el fondo de lo que se ha planteado como reforma constitucional. Creo que son tres razones de peso que no son solamente de la oposición sino del país entero.

RG: ¿Si Chávez gana el referendo cómo ve a Venezuela en diez años?

JB: Mira, no se, yo creo que Venezuela entraría en un proceso que más bien de diez años yo le pondría plazos más cortos. A qué me refiero, al hecho de que la constitución que se quiere aprobar es incompatible con Venezuela y siendo incompatible con Venezuela es como si alguien quisiera poner su zapato diez tallas más pequeño, no le queda. Y vamos a entrar en un periodo de crisis crónica y permanente donde cada paso que se dé para tratar de implementar la constitución será un proceso caótico, un proceso de resistencia, un proceso incluso de rebelión del pueblo venezolano y por eso yo nunca me plantearía algo a diez años, sino algo que va a desgastar con mucho más rapidez al régimen que Chávez quiere instalar.

RG: Cuándo usted habla de un proceso de rebelión caben dos posibilidades, sin que usted sugiera ninguna, por eso le pregunto. Una es la resistencia de carácter civil, otra es, como algunas voces se han escuchado de manera aislada, avanzar hacia un escenario de tensión que pueda llevar a una guerra civil. ¿Eso es posible?

JB: Mire, yo si creo que Chávez se ha planteado que el no abandona el poder por vía democrática, eso es una realidad. Pero nosotros, mi partido Primero Justicia, si está muy claro que nosotros tenemos el desafío difícil de vencer democráticamente a un régimen que no es democrático. Y cuando yo digo que debemos rebelarnos, a lo que me refiero es que nosotros no podemos aceptar pasivamente que se nos impongan normas que a conciencia violan los derechos humanos de los venezolanos y violan conquistas históricas de los venezolanos.

RG: ¿Usted cree que es posible la revolución bolivariana llegue a Colombia?

JB: Yo si creo que para Chávez, como han dicho algunos pensadores colombianos, Colombia es la joya de la corona. En este momento Colombia se encuentra totalmente rodeada por todo lo que es el movimiento de Venezuela, de Ecuador, más abajo de Bolivia y estoy seguro que en este momento se está penetrando la política colombiana por parte del chavismo por caminos subterráneos, como es la alianza con las FARC y las alianzas que tienen que ver incluso con todo lo que es la narcoguerrilla y después con todo lo que es la alianza con la izquierda, entre comillas democrática, para buscar cómo se hacen posición dentro de Colombia. Estoy seguro que todo lo que significa la posición del canje humanitario no es otra cosa que convertir a Chávez en un actor político de una gigantesca preponderancia en la política colombiana.

RG: Usted dice que la reforma constitucional no encaja con Venezuela, sin embargo es probable que Chávez gane el referendo, sería una victoria más en una serie de casi dos decenas de victorias de Chávez en las elecciones, ¿cómo se explica que Chávez siga ganando elecciones?

JB: Bueno, aquí hay una gran diferencia. Chávez ha ganado todas las elecciones que se le han presentado porque ha tenido liderazgo y ha tenido la mayoría, aquí hay una gran diferencia, es la primera vez que Chávez frente a algo que le presenta el país sus propios seguidores no lo apoyan y eso resulta para nosotros bien esperanzador, porque la agenda política que está presente en ese proyecto de reforma no recoge la esperanza o el sueño o el ideal de Venezuela, que quieren los venezolanos, incluso los chavistas. Chávez ha ganado las otras elecciones porque la gente quiere que Chávez elimine la pobreza, otorgue más misiones, dé más transferencias de dinero, en cambio ahora nos esta poniendo una agenda política, de poder, de concentración de poder que no le gusta a sus propios seguidores. Es una gran diferencia.

ALIANZAS NON SANCTAS

Publicado el sábado 13 de octubre del 2007. EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.

RAFAEL GUARIN

La acusación del expresidente Andrés Pastrana de pactos secretos del gobierno de Alvaro Uribe con los paramilitares no cae en el vacío. Así de éstos no haya prueba, se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para negar la existencia de compromisos de políticos de la coalición gubernamental con el narcoparamilitarismo. Son ya cerca de cuarenta los congresistas procesados judicialmente por dichos vínculos y que participaron en la aprobación de penas simbólicas para sus amigos en armas.

Los involucrados jugaron del lado de las autodefensas al tiempo que pretendieron usufructuar la coyuntura. Hasta ahora ninguno ha sido capaz de defender su actuación, ni siquiera de argumentar que obedeció a una convicción antisubversiva, lo que deja claro que se trató y sigue tratándose en la mayoría de los casos de un burdo pacto delincuencial. ¡No hay duda! Resultaron peores los políticos que quieren pasar de víctimas que los autores de decenas de masacres.

No obstante, llama la atención que Pastrana olvide el pacto de su campaña con las FARC para ser elegido presidente en 1998. Clandestinamente su campaña concertó el encuentro de uno de sus miembros con Manuel Marulanda y el Mono Jojoy. Incluso trascendió que previamente representantes de esa guerrilla asistieron a la presentación de su política de paz y que el propio discurso leído por el candidato consultaba las expectativas farianas. También se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para pensar que la foto tomada a Tirofijo con publicidad electoral de Pastrana y las declaraciones favorables de Raúl Reyes no fueron consecuencia de una oscura maniobra, con su debida contraprestación.

Ese episodio no fue el punto de partida de los diálogos de paz, sino el primer resultado de un arreglo que pasaba por la derrota del Partido Liberal. ¿Qué fue lo que negoció previamente Pastrana y su campaña con las FARC? ¿Acaso la desmilitarización sin condiciones de 42,000 kilómetros cuadrados como efectivamente se hizo? ¿Tal vez el abandono del Estado a miles de ciudadanos que vivían en la zona? ¿O el establecimiento de un refugio del crimen bajo la fachada de un proceso de paz?

Aunque son casos diferentes, las alianzas non sanctas de uribistas y pastranistas demuestran, entre otras cosas, que cuando la paz y la seguridad se convierten en bandera electoral y no en propósito nacional, nos alejamos de ellas cada vez más. Las FARC afirmaron sentirse traicionadas por el gobierno de Pastrana y los paramilitares por el de Uribe. ¿A qué se refieren? ¿En qué les faltaron los gobiernos?

Someter al escrutinio público las cuestiones más sensibles en las negociaciones con grupos ilegales beneficia la paz. Ventilarlas públicamente les otorga sostenibilidad política a los acuerdos y rodea de legitimidad las decisiones. Parece olvidarse que de la transparencia en temas delicados como las penas, la extradición, el indulto, la amnistía, la verdad y la reparación a las víctimas, depende la confianza y el apoyo nacional e internacional.

La historia lo ratifica. Los exitosos procesos de paz celebrados por las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria con el M19, PRT, EPL, Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, a comienzo de la década pasada, se concretaron de frente al país. Respecto a los primeros la participación ciudadana fue decisiva y desembocó en una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, las guerrillas entendieron que las negociaciones necesitaban amplio respaldo y que era un error despreciar la opinión pública, cosa que no tienen suficientemente claro el ELN y mucho menos las FARC.

Finalmente, es interesante advertir que mientras los parapolíticos son investigados y encarcelados, los miembros de la campaña pastranista gozaron de las mieles del poder y ni siquiera se les reclamó responsabilidad política por los pactos secretos, tampoco por sus deplorables resultados.

De esto hay que sacar lecciones. Ni siquiera con la excusa de la paz o de la seguridad los partidos y los políticos pueden consentir contactos ocultos con organizaciones al margen de la ley. Su búsqueda debe ser objeto de una agenda nacional que incorpore a todos las colectividades políticas y no instrumento de ventajismo electoral. Y tercero, los procesos de paz y de sometimiento de la delincuencia a la justicia se deben hacer con las cartas sobre la mesa.

Nota al margen: gravísimo para la libertad de prensa en Colombia el exilio de Gonzalo Guillén, corresponsal de El Nuevo Herald.

AL POLO DEL POLO

Publicado el sábado 22 de septiembre del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto http://www.semana.com/

RAFAEL GUARIN

La masacre de once diputados secuestrados por las FARC produjo que los colombianos se movilizaran masivamente, mientras el Polo Democrático Alternativo omitió condenar a la guerrilla y preso de un absurdo extremismo no participó en la marcha ciudadana. Su argumento: era impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe.

En plena campaña presidencial las FARC y el ELN propusieron una coalición de oposición para enfrentar a Uribe, sin que se escuchara objeción de los candidatos del Polo y del Partido Liberal. Y hace unas semanas Raúl Reyes insistió en el mismo planteamiento con el fin de llevar al Polo al gobierno.

La guerrilla quiere instrumentalizar esa organización para quebrar la política de seguridad democrática en las urnas y construir un escenario del cual puedan obtener ventaja política y militar. Ese propósito encuentra eco en sectores del Polo que siguiendo el manifiesto de Marx y Engels (1848) creen que sus objetivos sólo se alcanzaran si derrocan ''por la violencia todo el orden social existente''. También en declaraciones como las del senador Jaime Dussan que señalan que ''no son amigos ni enemigos de las FARC'', como si frente a ella existieran puntos intermedios. ¡Hay que ser claro! ¡O se está con ella o contra ella!

Lo que se espera de un partido que se apellida ''democrático'' es el contundente repudio a la tentativa ''fariana'' de combinar las formas de lucha, no ambigüedad, ni que prime el cálculo sobre la reprobación a las guerrillas. Mucho menos que pese más el antiuribismo que el terrorismo. La situación interna ha sido tan delicada que el senador del Polo, Gustavo Petro, admitió que la sociedad colombiana ``no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las FARC''.

Los extremistas riñen con la democracia y el estado de derecho. Emplean los canales destinados a tramitar pacíficamente los conflictos, al tiempo que no censuran la violencia o lo hacen retóricamente. El extremismo suele acompañarse de excusas sobre el uso de las armas, al punto de elevar el crimen a la categoría de acción política. Lo ejemplifica la afirmación de Patricia Lara, excandidata a la vicepresidencia por el Polo: las FARC ''cometen crímenes, pero no son criminales''. ¡Hágame el favor!

Paradójicamente, quien encabeza el extremismo en el Polo fue presidente de la Corte Constitucional. El ex magistrado Carlos Gaviria, senador en 2002 apoyado por el Partido Comunista, no sólo no reconoce el terrorismo de las FARC, sino que macartiza a quienes dentro de su partido osan reclamar verticalidad contra las guerrillas. Esa intolerancia, casi stalinista, evidencia que el problema no se soluciona con comunicados de prensa y que es más grave que simples brotes de simpatía con los grupos ilegales, así se diga, siguiendo al gobierno ante los escándalos militares, que son casos aislados.

Tal conducta agrieta la unidad nacional contra el narcoterrorismo, mina la legitimidad democrática de la izquierda y fortalece la pretensión de legitimidad política de las guerrillas. Y lo más grave para el Polo, cuando rotula de ''uribista'' a todo crítico de las FARC se aleja de la victoria electoral.

Afortunadamente, la presión de la opinión pública y la posibilidad de afectarse en las elecciones de octubre obligaron por fin al Polo a tachar el secuestro y los crímenes guerrilleros. En el papel se impuso el sector moderado sobre los extremistas. Ahora lo que se requiere son hechos que ratifiquen lo dicho, por ejemplo, retirar los candidatos en el Valle del Cauca que con su silencio aceptan que las FARC les hagan campaña electoral.

No hay duda de que Colombia necesita un partido de izquierda y que la consolidación del Polo es benéfica para la democracia, además de una oportunidad para un proyecto político alternativo al establecimiento tradicional. Pero de la misma manera que los partidos de la coalición de gobierno deben continuar depurándose de parapolíticos, el Polo debe iniciar la purga de sus filas de farcpolíticos y no justificar la barbarie guerrillera. Es importante que los ciudadanos tengan la certeza que en su seno sí es posible estar en contra de las FARC.

Nota al margen: Ojalá Piedad Córdoba entienda que para ayudar al acuerdo humanitario no se requiere ser parlante de las Farc.