DIAGNÓSTICO RESERVADO

Publicado en EL NUEVO HERALD - 5 de marzo de 2010

RAFAEL GUARÍN

El escenario político en Colombia cambió drásticamente con la decisión de la Corte Constitucional de negar el referendo reeleccionista. La oposición tiene sobrados motivos para celebrar, pues las encuestas registraban que no tenía ninguna opción si Uribe se presentaba. Los candidatos del Partido Liberal, Rafael Pardo, y del Polo Democrático, Gustavo Petro, no llegaban al 10%. Están también satisfechos los propios coroneles de Uribe. Condenados a papeles secundarios, aunque formalmente respaldaban el referendo, siempre estuvieron atentos a que se hundiera.

Las nuevas condiciones hacen mucho más interesante el juego político. Todo puede ocurrir. Mientras la oposición gana espacio, al otro lado, se pasó de la “encrucijada en el alma” del presidente, a la encrucijada uribista. La coalición gobernante probablemente irá dividida a las elecciones. El Partido de la U postulará a Juan Manuel Santos, mientras su socio en el gobierno, el Partido Conservador, definirá el 14 de marzo en una consulta popular si el candidato es Andrés Felipe Arias, fiel escudero de Uribe, o Noemí Sanín, ex embajadora del actual gobierno, que ha demostrado independencia y autonomía, sin ser nunca antiuribista.

Algunos opinan que el “guiño” del mandatario saliente será suficiente para garantizar la continuidad del uribismo. En realidad la cuestión es más compleja. Se requiere primero que Arias gané la candidatura conservadora y luego un acuerdo político con Santos. Aún así, no se puede afirmar que tengan asegurado el triunfo electoral. Arias no ha podido sacudirse de uno de los más grandes escándalos de corrupción del gobierno y Santos, siendo de todos el más capacitado para gobernar, es difícil de vender.

El panorama se enreda más si Sanín gana la consulta. En ese evento, Santos irá solo con su partido a las elecciones y deberá enfrentar a la candidata conservadora, al igual que al Partido Liberal, al Polo Democrático y a Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, un exponente de la mano dura contra el terrorismo. También a un aspirante revelación, Sergio Fajardo, que tiene la ventaja de ser menos conocido, mucho mejor comunicador y muy buen candidato en términos de marketing electoral.

Si Santos no logra consolidar su liderazgo rápidamente, puede verse superado en las encuestas, lo que producirá literalmente pánico en el uribismo. Esa hipotética situación deja espacio a cualquier candidato que con un discurso vertical contra la violencia y en defensa de la seguridad, sea visto con más posibilidades de triunfo.

Una segunda vuelta presidencial entre Santos y Fajardo es de diagnóstico reservado, igual ocurre si debe enfrentar a Sanín o Vargas Lleras. La razón de que el uribismo siendo mayoritario pueda salir del poder en las elecciones de mayo es que hasta ahora su mejor candidato, es su peor carta en la competencia por conseguir el apoyo ciudadano y el más fácil de derrotar por los demás aspirantes.

Además, el uribismo no es un partido y es mucho más que la coalición de partidos que acompañan al gobierno, lo que implica que sin su líder en la arena, una gran parte de los ciudadanos que lo respaldan se sienten libres de optar por cualquier alternativa que les garantice el mantenimiento de la política de seguridad. Para complicar el tema, es previsible que para derrotar a Santos en una segunda vuelta se selle una alianza entre la oposición y sectores uribistas.

Uribe no debe apresurarse a hacer un “guiño”, tampoco permitir que sus opositores le gradúen de contradictores a candidatos que han sido su apoyo durante sus casi 8 años de gobierno. Las cosas serán más oscuras si se insiste en descalificar a dirigentes que acompañaron a Uribe mientras se pretende que solamente los seguidores de Santos y Arias son uribistas. ¡Monumental estupidez!

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Las Farc intensifican acciones terroristas para ganar visibilidad cada vez que se acercan elecciones

ROMÁN ORTIZ*
EL TIEMPO
21 de FEBRERO DE 2009

Desde hace cuatro décadas, las Farc someten al país al mismo ritual sangriento.

El asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, el pasado diciembre, y el intento de secuestrar al candidato a la gobernación de Guaviare, José Alberto Pérez, hace pocos días, son parte de un patrón de comportamiento bien conocido. Sin embargo, esta vez, la situación interna de la organización y el escenario estratégico al que se enfrenta resultan excepcionales. Los próximos meses serán una prueba decisiva para la ruta estratégica por la que 'Alfonso Cano' ha escogido conducir a las Farc. También serán la primera muestra de la forma que podría tomar el conflicto interno en el futuro.

Lo cierto es que las Farc se encuentran sumidas en una crisis sin precedentes. No solamente han perdido la mitad de los combatientes con que contaban a finales de los 90 (de 17.000 a poco más de 8.000) sino que estructuras completas de la organización han dejado de operar o se encuentran casi colapsadas. Todo ello sin olvidar que la cúpula del grupo presenta fisuras en la medida en que el 'Mono Jojoy' y el propio 'Cano' se encuentran aislados en el interior del país mientras 'Iván Márquez' o Timoleón Jiménez aprovechan su libertad de movimientos en el interior del territorio venezolano para ganar influencia sobre la organización.

En estas circunstancias, el futuro de 'Cano' como cabeza de la guerrilla depende de que pueda presentar éxitos dentro de sus filas. Desde su ascenso a la cúpula del grupo armado, el líder de las Farc ha buscado transformar la organización, haciéndola perder su perfil de ejército irregular para darle un carácter más clandestino, a la usanza de grupos terroristas como ETA. Para ello, la primera condición es cambiar el "Plan estratégico para la toma del poder" que ha permanecido como guía del accionar de las Farc desde su aprobación hace más de 25 años. Sin embargo, para dar un paso que supone abandonar el legado de 'Manuel Marulanda', 'Cano' necesita fortalecer su prestigio dentro del grupo. En este sentido, el liderazgo de la guerrilla parece tener poderosos incentivos para intensificar los ataques terroristas.

Sin embargo, la estrategia de las Farc está atrapada en una encrucijada. Con su capacidad armada muy disminuida, el grupo parece atrapado en un dilema. Por un lado, lanzar acciones terroristas indiscriminadas que incrementarán su rechazo social y marginación política. Por otra parte, conformarse con ataques de pequeña envergadura que lo dejarán reducido a un actor irrelevante. Las posibles salidas de esta disyuntiva permiten vislumbrar hacia dónde podría dirigirse el escalamiento de la organización.

Para empezar, puede recurrir al empleo de armas especiales, como misiles tierra-aire. Recientemente, se conoció una transacción entre las Farc y traficantes de armas peruanos que habría implicado la entrega de 7 de estos sistemas de los modelos Strela-2 o Igla-1. Al mismo tiempo, la adquisición por Venezuela de más de 200 de los más modernos Igla-S deja entreabierta la posibilidad de que algunas de estas armas terminen cayendo en manos de la guerrilla. Sea como sea, si las Farc consiguen algunos misiles podrían dislocar temporalmente las operaciones aéreas de las Fuerza Pública.

Por otra parte, la guerrilla podría apostar por dirigir sus ataques contra la infraestructura civil. Desde luego, esta no es una táctica nueva; pero conviene no olvidar el enorme impacto social que pueden tener estas acciones. Ahí está, por ejemplo, el ataque contra el sistema de acueducto de Villavicencio el pasado marzo, que dejó a medio millón de personas sin agua potable durante más de una semana.

Finalmente, esta la opción del magnicidio. Los ataques contra los líderes de Caquetá y Guaviare son solo una demostración de la voluntad de las Farc en este sentido. A medida que discurra la campaña electoral, es previsible que la organización intensifique sus intentos criminales contra miembros destacados de los sectores políticos, empresariales e intelectuales del país.

Más allá del futuro que le espere a la estrategia de 'Cano' para este periodo electoral, lo cierto es que tanto las ideas de la nueva cúpula guerrillera como el impacto de la actual campaña de seguridad están provocando una transformación sustancial de las Farc.

Así, los vínculos entre las estructuras armadas de la guerrilla -columnas, compañías, etc. - y las milicias de apoyo están cambiando radicalmente. Las formaciones de combate están perdiendo efectividad y tornándose débiles.

Al mismo tiempo, las redes de milicianos integradas por colaboradores clandestinos están cobrando importancia no solo porque proporcionan un apoyo logístico y una información que resulta clave, sino también debido a que actúan como estructuras de control social que mantienen el poder subterráneo de la organización en zonas que formalmente han sido liberadas de la guerrilla. De hecho, en áreas de Meta, Caquetá, Huila, Nariño y otros departamentos, las milicias amedrentan a la población, impiden la colaboración de los ciudadanos con la Fuerza Pública, realizan un número creciente de acciones terroristas y frenan la consolidación de la seguridad.

Este aumento de la importancia de las redes de milicianos es en buena medida un producto de la propia decadencia de las Farc. Incapaces de mantener unidades armadas de manera permanente, los grupos terroristas sometidos a la presión de las fuerzas gubernamentales -desde Sendero Luminoso en Perú hasta los grupos islamistas en Argelia- suelen transformarse en estructuras clandestinas más pequeñas y menos vulnerables. En cualquier caso, esta mutación presenta enormes desafíos de seguridad.

La desarticulación y judicialización de estas redes resulta muy compleja. No solamente necesita de un sustancial esfuerzo de inteligencia, sino que también obliga a contar con jueces y fiscales especializados protegidos de las amenazas de los terroristas.

Entre tanto, los vínculos de las Farc con las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) están dando un respiro financiero al grupo. De hecho, alianzas como las que vinculan al Bloque Noroccidental de la guerrilla con la banda de 'Los Rastrojos' o al Frente 43 con el grupo criminal de Pedro Oliveiro Guerrero, 'Cuchillo' han permitido a la organización mantener activas sus redes de tráfico de droga. De este modo, la conexión con las Bacrim se ha convertido en una pieza clave de la infraestructura logística de las Farc. Un hecho que pone de relieve cómo la derrota de la guerrilla necesita de una estrategia efectiva contra las bandas al servicio del narcotráfico.

De este modo, la larga guerra del Estado contra las Farc está a las puertas de una nueva etapa. Más allá de la previsible escalada durante el periodo electoral, lo cierto es que las Farc están en trance de sufrir un cambio esencial. Frustrado su sueño de construir un ejército irregular, la organización está mutando hacia un conjunto de redes clandestinas conectadas al narcotráfico que apuestan por el terrorismo como única herramienta para compensar su debilidad. Se trata de un enemigo más pequeño; pero que todavía conserva una enorme capacidad de desestabilización. Este es uno de los principales retos de seguridad que tendrá que confrontar el nuevo gobierno de la república.

*Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director del Área de Análisis del Grupo Triarius

ENCUENTRO EN NAVIDAD

RAFAEL GUARÍN

Crónica de un doloroso pero esperanzador encuentro en navidad entre las madres de las víctimas de los “falsos positivos” y el Comandante General de las Fuerzas Militares.

Es la tercera vez que se ven cara a cara. La anterior, hace cuatro meses. Al igual que en esta oportunidad, fue en las instalaciones de la personería de Soacha y a instancias de su titular, Fernando Escobar. En ambas ocasiones el encuentro fue difícil. No puede ser diferente para los familiares de las víctimas, menos en estas fechas, cuando los recuerdos de sus seres queridos y la tragedia de su desaparición los acompaña minuto a minuto. Tampoco fue fácil para el general Freddy Padilla. Percibir el profundo dolor, al igual que su justa indignación con el Ejército Nacional, no pasó inadvertido en el semblante y el ánimo de quien es sin duda uno de los mejores militares de las últimas décadas.

Ambas reuniones han sido una especie de terapia colectiva tanto para las víctimas como para los militares. Sinceridad, franqueza, crudeza y disposición a escuchar han sido el común denominador. De lado y lado se desnudaron pensamientos y emociones.

Las protagonistas son madres, algunas con nietos, pero todas solas, por lo menos en la batalla por la verdad, la justicia y la reparación. En algunos casos su historia se repite en sus hijas: son madres solteras que tienen enormes dificultades, en medio de extrema pobreza, para atender a sus hijos. Los padres literalmente no existen. “Hay padres pero no dan la cara”, me dijeron. Tal vez trabajo y la falta de tiempo o como dijo otra persona, más parece que “esta causa no es de varones” o, simplemente, que “¡no les duele lo mismo los hijos!”.

A pesar que el general inició la reunión resaltando el “espíritu navideño”, no demoró mucho la cascada de reclamos y reproches. Uno, repetido muchas veces, la exigencia de justicia. “Que se conozcan los culpables, se investiguen y procesen”, dijo uno de los asistentes. “Así como los ricos tienen oportunidad (de justicia)… los pobres también”, exclamó.

Una de las madres, llorando pero hablando con firmeza y dignidad, le dijo al general: “Me parece cruel de la vida cuando uno asiste a las audiencias y los señores militares involucrados en las muertes de nuestros hijos, en ese momento ellos no tienen alma, sentimientos, ellos lo que hacen es mirar a las madres y se están burlando”. “Esos militares no tuvieron compasión, corazón, alma, de quitarle la vida a nuestros muchachos”.

Los interrogantes se mantienen. Se preguntan los familiares por la causa y el motivo de lo ocurrido. ¿Por qué lo hicieron? “Mi hijo era un muchacho muy trabajador y humilde”, afirma una madre. Otra: “Yo… que he sido padre y madre con mis hijos, les he enseñado honestidad y respeto”. Razones que esgrime una más para justificar que no perdona “lo que dijo Uribe y Santos sobre los muchachos apenas se conocieron las muertes”, en realidad lo que hicieron fue repetir las palabras del entonces Fiscal Mario Iguarán.

Otras madres anhelan a sus hijos no solo por provenir de sus entrañas, sino porque eran “los hombres de la casa” o “mi mano derecha”. ¿Quién va a criar a mi nieto?”, se pregunta una de ellas, sentada al lado del general, en medio de tremendos sollozos. Antes de caer en los brazos de consuelo de su acompañante, una le confiesa a Padilla que “aunque yo haga el esfuerzo de recuperarme, no puedo, nunca lo haré”.

El general no pasa impávido. Todo lo contrario. Más que un hombre de guerra que cumple una formalidad, que no ha querido convertir en un espectáculo para los medios de comunicación, brota el ser humano consciente del drama y del dolor de las familias. Cada lamento por la ausencia le golpea directamente y este hombre que tiene que tomar decisiones muy duras, parece a veces deshacerse en explicaciones, consejos y reiteradas excusas en nombre de la institución militar.

La indignación ante los asesinatos no la disimula el general. Sabe, sin decirlo, que además de esos jóvenes las Fuerzas Militares también son víctimas. Como señaló un hermano de una de los muertos, que prestó el servicio militar, porto “el uniforme con gusto” y que lamentó darle la mano en esas circunstancias al general: “por unas personas, no pueden pagar todos”.

Ratificó que él y el presidente Uribe lo que quieren es justicia. “Así como hay militares implicados en estos crímenes, hay militares que son víctimas de falsas acusaciones”. “No queremos que a los justos los condenen, ni los delincuentes salgan libres”. Y recuerda que no le “cabía en la cabeza”, tampoco a Uribe, que esos crímenes estuvieran sucediendo y que “una persona de la institución llegara a ese grado de degeneramiento”. Y reitera a las madres: “Yo a ustedes les pedí excusas, les pedí perdón”.

A pesar de todo al final se evidencia que en Soacha la gente quiere, respalda y confía en las Fuerzas Militares. Los ciudadanos reclaman la presencia del ejército. No quieren que por ningún motivo se retiren “las bases de patrullaje” que comenzaron funcionando en carpas y precarias construcciones con tejas de zinc. El general anunció que se comenzará a edificar sus instalaciones, para que sean permanentes.

Una abuela pidió el traslado de un hermano de las víctimas que está en Cimitarra a una guarnición militar cercana a Bogotá para que su familia pueda visitarlo, eso sí, advirtiendo que estaban de acuerdo en que prestara el servicio militar.

En Soacha, como en el Ejército, durante muchas navidades se recordará esta amarga experiencia, pero a diferencia de los “falsos positivos” que se registran desde los años 80, estos asesinatos desataron la más grande crisis en la institución en los últimos años, que comienza a reflejarse favorablemente en informes como los del CINEP o en el generoso reconocimiento de José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fuerte crítico del gobierno, a los avances en materia de derechos humanos de las Fuerzas Militares.

Al final, queda clara la importancia del perdón, de dignificar a las víctimas, conocer la verdad y de que los culpables respondan ante la justicia. A diferencia de lo que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y organizaciones de derechos humanos que, según el personero, se oponen a estos encuentros, tales reuniones son indispensables no solo para las madres y las familias de los jóvenes asesinados, sino para que nunca más se repita esta cruel historia.

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HABLAR DE CANO EN EUROPA

Alfonso Cano

Publicado el 26 de diciembre de 2009

RAFAEL GUARÍN

Exótica la propuesta del Cardenal Dario Castrillón de dialogar con Alfonso Cano en Europa, pero mucho más absurdo el supuesto "aval" del gobierno colombiano. ¿Se levantaran las ordenes de captura en ese continente y en Colombia? ¿El presidente Uribe le expedirá una especie de "salvoconducto"? ¿Lo llevaran en avión diplomático?

En la práctica es reconocerle a las Farc una legítima vocería política y hacerlo, nada más ni nada menos, que en la Unión Europea. Es muy difícil no recordar al periplo del gobierno Pastrana con Raúl Reyes de la mano por el viejo continente.

Uno de los pilares fundamentales de la Política de Seguridad Democrática es precisamente no conceder estatus político alguno a las Farc, entre otras cosas, debido a su vinculación con el natrcotráfico y su permanente acción contra la población civil.

Además, porque la guerra irregular es una lucha por la legitimidad. Reconocerlos como actores políticos es una ganancia enorme para ese grupo armado y un paso atrás inaceptable para la institucionalidad democrática. Es darle la razón a Hugo Chávez y una estupenda plataforma para quienes en Europa, como en América, reclaman la calificación de "fuerza beligerante" para la guerrilla.

Desde esa perspectiva el mensaje que envía la reunión es contraproducente y mina directamente las bases de la Política de Seguridad.

Mi impresión:

Álvaro Uribe sabe que no existen condiciones para adelantar un diálogo con las Farc hasta que esa guerrilla no manifieste su voluntad de abandonar la violencia, pero también conoce el esfuerzo de Cano y de sectores de la oposición por convertir el "diálogo y la negociación" en una bandera electoral, que en un momento dado pueda llevar a los colombianos a elegir un nuevo gobierno que apueste a ese camino.

Las consecuencias de ese escenario son las de reeditar las experiencias de Betancur y el Caguán, permitir de nuevo el fortalecimiento militar y político de las guerrillas, abrirles las puertas de la comunidad internacional y colocar en entredicho una política que sigue mereciendo el respaldo mayoritario de los ciudadanos.

El presidente puede pensar que la mejor manera de evitarlo es mostrando que con su gobierno sí se puede negociar; el problema es que el costo es demasiado alto y no se compensa con el objetivo electoral buscado.

Nota final: La facilidad de Alfonso Cano para llegar a Europa solo se explica porque estuviera en Venezuela. No es raro, pues el último video tuvo tecnologia imposible de acceder si se encontrara en el "Cañon de las Hermosas". ¿Será que el gobierno de Hugo Chávez lo llevaría en avión a Europa con pasaporte diplomático?

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CRISIS COLOMBO - VENEZOLANA

Revista Cambio
Por: RODRIGO PARDO

11/11/09
Memorando al Presidente

Asunto: qué hacer ante las recientes amenazas de guerra del presidente Hugo Chávez.

Señor presidente Álvaro Uribe:

A usted le ha tocado una misión sin antecedentes: construir unas relaciones con una Venezuela que piensa distinto a Colombia en todo lo fundamental y evitar un conflicto que está más cercano que nunca. Hay algunas tradiciones, señor Presidente, que no se pueden perder en estos momentos. La principal es que los colombianos nos unimos en momentos de conflicto externo —un corolario de la guerra contra el Perú—. Lo invito a que convoque como Jefe de Estado a todos los partidos, candidatos y fuerzas uribistas y de oposición.

Ya no funciona, Presidente, la famosa frase del ex presidente Eduardo Santos según la cual “con Venezuela todo nos une y nada nos separa”, que nos sirvió de guía durante décadas a varias generaciones de cancilleres y embajadores en Caracas. Hoy poco nos une y mucho nos separa, aunque sigue siendo cierto que el destino de los dos pueblos debe ser el entendimiento, la cooperación y la integración, por más lejanos que parezcan. Los colombianos y los venezolanos tenemos un mismo padre fundador y pertenecemos a una misma realidad social y geográfica. Una guerra entre Colombia y Venezuela, por muy distintas que sean, sigue siendo una guerra entre hermanos y hay que evitarla con el mismo empeño con que la evitamos en el pasado, cuando nuestras concepciones políticas eran más parecidas.

La Venezuela de Chávez, presidente Uribe, es muy distinta a la del pasado pero solo los venezolanos son arquitectos de su propio destino y solo la historia podrá juzgar la revolución bolivariana. Lo cierto es que su gobierno tiene que tratar con ella. Creo, señor Presidente, que Colombia tiene en juego tres objetivos ligados a sus intereses nacionales: preservar la soberanía para decidir en forma autónoma e interna los parámetros de su cooperación militar con Estados Unidos; contener el apoyo de Chávez a las Farc, y construir una relación con Venezuela que impida el escalamiento del conflicto, controle la proliferación de incidentes y genere espacios para una agenda de cooperación en temas esenciales.

La mejor política para alcanzar estos intereses no es asumir el rol —que nadie más está dispuesto a asumir en el hemisferio— de frenar las extravagancias de Chávez o de atacar su ideario. A Venezuela hay que manejarla como un vecino con un proyecto profundamente distinto, no como a un enemigo. Chávez, por sus posiciones antidemocráticas y estilo agresivo, es incómodo para todos: para Estados Unidos tanto como para los miembros de Unasur. Pero no pueden esperar que el país que tiene más intereses en su relación con Venezuela sea el que asume el precio de frenarlo.

Además, la experiencia indica que no puede esperarse mucho de los ‘terceros actores’: la paz, al final, está en sus manos y en las de Chávez. Celebro sus llamados a la ONU y a la OEA, pero en esos organismos tienen asiento Venezuela y sus aliados, y solo actuarán dentro de mandatos aceptables tanto para Usted como para Chávez. Es verdad que ellos, así como el popular presidente de Brasil, tan bien recibido en Bogotá y en Caracas, pueden ayudar a bajar las tensiones. Pero se necesitará un trabajo prudente y profesional, como el que en forma ejemplar han realizado Usted y el Canciller para normalizar las relaciones con Ecuador. Hay que bajarle el tono a este conflicto. ¿Por qué no apelar al tratado colombo-venezolano de Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de 1939? Recuerde que contempla una comisión binacional de conciliación.

Y una última reflexión: ¿dónde están, Presidente, los Estados Unidos? A ese país le conviene el acuerdo recientemente firmado, y no puede ser que Colombia sea la única que pone el pecho para explicarlo. ¿Por qué no dice nada el presidente Obama para tranquilizar a la región sobre lo que hará en ‘las bases’ colombianas?

Presidente, ábrale espacios amplios a su agenda para contar con el tiempo que requiere pensar y escuchar. Se necesita cabeza fría porque está en juego la paz entre dos países hermanos. Y parece que Chávez no lo entiende.

EL ÉXITO DIPLOMÁTICO CHAVISTA

Foto AP: Reunión de Unasur en Bariloche. Agosto de 2009.

El Nuevo Herald - Miami - 29 de septiembre de 2009

RAFAEL GUARÍN

Hay que aceptarlo, un acierto diplomático innegable de Hugo Chávez es utilizar las organizaciones internacionales para sus propósitos. Así ocurre con la OEA, UNASUR y el Grupo de Río. En los tres casos, tales instancias terminaron siendo útiles al gobierno bolivariano y a sus aliados, mientras evaden el cumplimiento de su papel.

Veamos algunos ejemplos. La pretensión de reincorporar a Cuba al sistema interamericano encontró la plataforma ideal en el Grupo del Río, al cual ingresó en la cumbre celebrada en Brasil en diciembre del 2008. Al referirse a la resolución que revocaba la decisión que excluyó a Cuba de la OEA, en junio pasado, el diario Juventud Rebelde señaló que "lo importante es que el continente le dobló el brazo al imperio''.

Tan sólo un mes después, los mismos que para aceptar la abominable dictadura cubana incineraron la Carta Democrática, sin sonrojarse se convirtieron en los más fervientes defensores de su vigencia. La Carta se invocó en la reacción al golpe y contragolpe que en Honduras produjo la salida del poder de Manuel Zelaya. Hasta el gobierno cubano, en el seno del ALBA, que lidera Chávez, condenó la ``dictadura'' y levantó la bandera de la defensa del régimen democrático en Honduras. ¡Qué cinismo!

Pero hay mucho más. El grupo de Río se abstuvo de debatir las pruebas presentadas por el gobierno Uribe que demostraban las relaciones de la revolución bolivariana con las Farc. Esa actitud se mantuvo en la OEA con el concurso de su flamante secretario, José Miguel Insulza. La misma suerte tuvieron las denuncias impetradas contra la administración de Chávez por la oposición. Tampoco existe ninguna actividad para salvaguardar la democracia venezolana de las veleidades totalitarias del chavismo.

En UNASUR la cosa no es diferente. Durante la crisis boliviana del 2008 los presidentes rodearon a Evo Morales sin reservas, ante lo que se denunció como una tentativa de golpe del "imperio''. Al igual que en el caso de Honduras nunca examinaron la situación interna con imparcialidad, ni se percataron de las arbitrariedades de ambos gobernantes para imponer el socialismo del siglo XXI. Chávez logró que el legítimo rechazo popular a la revolución bolivariana se reprimiera en el escenario internacional.

Por otro lado, el repudio a la injerencia norteamericana en América Latina se convirtió en la bandera, mientras la injerencia chavista se aplaude o se ignora. El principio de no intervención en los asuntos internos, piedra angular del sistema internacional, para la OEA, UNASUR y el Grupo de Río solo existe como elemento de agitación antinorteamericana, nunca para censurar el abierto y grosero involucramiento del gobierno venezolano en las democracias del continente, aun cuando este se realice de la mano de grupos terroristas.

Es la misma conducta frente a los temas militares. Acudiendo al expediente vetusto de la guerra fría, que registra el apoyo a dictaduras por Estados Unidos, se prenden las alarmas respecto al acuerdo de cooperación con Colombia, no obstante la absoluta pasividad frente a la carrera armamentista de Chávez, que no es nueva, a la que se suma Lula con una gigantesca inversión en equipamiento militar. Para la izquierda eso no rompe el equilibrio de poder, pero sí la ayuda contra el narcotráfico y el terrorismo que presta el gobierno Obama a Colombia.

Esto debería ser una cuestión pasajera. La diplomacia chavista encontró un ambiente propicio y una ola de izquierda que la favorece. Quizás cuando la correlación de fuerzas cambie y tengamos gobiernos de otro signo ideológico en Brasil, Argentina y Chile, sea otro cantar. Al igual que si, por fin, la Casa Blanca da prioridad a América Latina. En este tema, no es mucho realmente lo que diferencia a Obama de Bush.

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Reflexiones preliminares: CONSULTAS DEL POLO Y DEL LIBERALISMO OFICIALISTA

RAFAEL GUARÍN

DIEZ REFLEXIONES PRELIMINARES sobre los resultados de las consultas del liberalismo oficialista y el Polo:

1. El Partido Liberal es un partido rural y desconectado de la mayoría de los colombianos que habitan en las ciudades. Su resultado es lamentable, a pesar de la intervención de maquinarias de otros partidos y de parapolíticos.

2. El Polo no tiene mayor relevancia fuera de Bogotá. La baja votación en la capital obedece a la deficiente gestión de Samuel Moreno.

3. Se ratifican las encuestas que reflejan el escaso apoyo popular de los candidatos de la oposición.

4. La especie de plebiscito que impulsó el Liberalismo contra la reelección, utilizando la consulta, fue un fracaso y terminó favoreciendo a Álvaro Uribe.

5. Perdió vergonzosamente el serpo-samperismo que estaba detrás de Alfonso Gómez Méndez.

6. Dentro del Polo perdieron el Partido Comunista Colombiano, el Moir, Samuel Moreno, las Farc y la corrupción y el clientelismo de Jaime Dussán.

7. No solo ganó Petro la candidatura, sino que le ganó el pulso a las Farc, que según el propio Petro querían sacarlo del Polo.

8. Perdió César Gaviria al sacar la mitad de los votos que se propuso en la Consulta. Con tan magros resultados, hasta su propia y oculta aspiración a desplazar al ganador de la consulta, para hacerse a la candidatura presidencial, quedo enredada.

9. Los congresistas liberales deben preocuparse por el oscuro panorama electoral de las elecciones parlamentarias de 2010.

10. Un ganador de hoy, no visible, es Sergio Fajardo, quien queda como la única opción con cierta solidez para enfrentar al uribismo, sea en cabeza del presidente Uribe o de Rodrigo Rivera, Juan Manuel Santos, Nohemí Sanín o Andrés Felipe Arias. Nada raro será ver a Liberales y al Polo haciendo fila detrás de Fajardo, si hay segunda vuelta.

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LOS CAMINOS A LA PAZ - PARTE 1

Conferencia
LOS CAMINOS A LA PAZ - Parte 1
RAFAEL GUARÍN

Foro "LOS UNIVERSITARIOS TIENEN LA PALABRA" - Septiembre de 2009. Fundación Un Millón de Voces.

SALIR DE UNASUR

RAFAEL GUARÍN
Especial para Facebook

20 de septiembre de 2009


Más que un foro adecuado para la gestión de crisis en el subcontinente, Unasur se convirtió en el instrumento ideal para los intereses de Hugo Chávez y Luis Inácio Lula da Silva, al tiempo que en la punta de lanza de una estrategia que busca asfixiar al gobierno de Álvaro Uribe.

Chávez y Lula aparentemente emulan por el liderazgo en la región y aunque son harina de diferente costal coinciden en un trasnochado discurso anti – norteamericano y en el propósito de implantar un proyecto en el que son muchos los puntos de encuentro entre el Socialismo del Siglo XXI y la Plataforma del Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 por Lula, con el apoyo de Fidel Castro.

Para contribuir a ese objetivo Chávez creó el ALBA y Lula lideró la fundación de Unasur. Los hechos demuestran que era justificada la desconfianza del gobierno colombiano ante la insistencia brasileña para que integrara esa organización y se creara el Consejo Suramericano de Defensa. Las recientes reuniones lo ratifican: se concentraron en el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, al tiempo que con el liderazgo de Brasil y Venezuela se excluyeron la lucha contra el terrorismo, la compra inusitada de armas de esos países, las relaciones de gobiernos de la región con las Farc y la necesidad de intensificar la cooperación contra el crimen transnacional. Mientras se impugna a Colombia, tales asuntos solo caben en declaraciones retóricas.

En Unasur Colombia está sometida al guión elaborado por Lula, Chávez y sus amigos. La agenda la impulsa la revolución bolivariana con el silencio cómplice de Lula o la intervención del canciller Celso Amorín, de tal forma que el equilibrio en el tratamiento de los temas no existe, pero sí un afán de convertir a Unasur en un tribunal de acusación contra la política de seguridad de Colombia, que de paso sirve como inaceptable mecanismo de presión e injerencia.

En dicho foro exclusivamente se ve la paja en el ojo ajeno, esto es, en todos aquellos gobiernos o acciones que no armonicen con los intereses de Lula y de Chávez. Es natural que el acuerdo de cooperación militar genere inquietudes y la obligación de informar sobre su alcance, pero también que se exija transparencia frente a los convenios de compra de armamento y asistencia militar, celebrados con Rusia o Francia, cuestión evadida en las sesiones.

Por otro lado, las declaraciones de presidentes y ministros de algunos países permiten afirmar que probablemente en el corto y mediano plazo se utilizará a Unasur para revivir el pacto celebrado en noviembre de 2007, en el Palacio de Miraflores, entre Hugo Chávez e Iván Márquez, en representación de las Farc. En esa oportunidad, en nombre de la liberación de los secuestrados se acordó conformar una “caravana humanitaria” con delegados gubernamentales que, ante el engaño guerrillero, terminó estrellándose en la frustrada Operación Emanuel. Según las palabras del propio Chávez y los emails encontrados en las “laptop” de Raúl Reyes, el siguiente paso era constituir con dichos países una especie de “Grupo Contadora” que diera reconocimiento a las Farc como fuerza beligerante y presionara al gobierno Uribe.

La cosa le puede estar saliendo como anillo al dedo a las Farc y estamos volviendo lenta y casi imperceptiblemente al escenario diseñado por Chávez y Márquez. No solo Unasur no las califica como una organización terrorista, sino que en su seno se escuchan voces que reclaman una negociación gobierno – guerrilla para lograr la paz, lo que implica concederles a éstas un tácito trato de agrupación política e igualarlas con el gobierno colombiano.

La consigna de la paz es el inocente disfraz con el cual algunos gobiernos, que han mantenido relaciones clandestinas con las Farc, pretenden meter la mano en Colombia. El ministro Nicolás Maduro insistió en esa línea al proponer un “plan suramericano de paz para Colombia”. El objetivo no ha cambiado desde 2007: en nombre del diálogo se quiere otorgar legitimidad política a los farianos y contribuir al quiebre de una política de firmeza contra el terrorismo, ambas cosas requisitos indispensables para imponer su modelo.

El gobierno Uribe debe evaluar seriamente su papel en Unasur e incluso su permanencia. Si esa incipiente organización no logra constituirse en un mecanismo efectivo de gestión de crisis, tendría que dar el salto a la OEA o, llegado el caso, al Consejo de Seguridad de la ONU.


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MI VOTO POR PETRO

Foto tomada de www.elespectador.com

Rafael Guarín
SEMANA.COM

23 de septiembre de 2009

Pensé votar el próximo domingo por Gustavo Petro en la Consulta del Polo Democrático Alternativo por las siguientes razones:

Petro decidió quedarse en el Polo para dar la batalla. En las condiciones más adversas se enfrenta a la maquinaria política y clientelista de Jaime Dussan y al control del aparato que tiene el Partido Comunista Colombiano y el Moir.

Petro ha sido el único líder del Polo que ha denunciado la complacencia de algunos sectores de izquierda con el principio leninista de la combinación de todas las formas de lucha, esto es, con el empleo de la violencia. En septiembre de 2008 dijo que las Farc lo querían sacar del Polo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido”. Reconoció que esa guerrilla contaba con elementos dentro del Polo, tan influyentes y poderosos, que podían excluirlo de la lucha democrática. ¿Quiénes son? ¿A quién respaldan en la Consulta?

Petro, en 2007, propuso una hoja de ruta que incluía un pacto democrático que termine “definitivamente el uso de la combinación de las formas de lucha” y una política de seguridad de Estado, resaltando el rol definitivo que tienen las fuerzas militares.

Petro desafió a quienes en su partido decidieron no marchar el histórico 4 de febrero y a quienes se resistieron a apoyar las movilizaciones ciudadanas que condenaron la masacre de los once diputados del Valle del Cauca. Rechazó la falta de contundencia de las directivas del Polo frente a la masacre, al punto de señalar que “la sociedad colombiana no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las Farc".
Le cayeron rayos y centellas, no sólo de copartidarios sino de Raúl Reyes.

Petro, en febrero pasado, repudió la misiva que el Secretariado de las Farc envío al Congreso del Polo, en la que le proponen a ese Partido “acuerdos políticos”. El senador denunció que las Farc tenían la “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”, mientras el Congreso del partido se hizo el de la vista gorda.

Petro, entre otras cosas, es un símbolo de la lucha contra el narcoparamilitarismo que devastó a Colombia. No hay duda de su verticalidad para denunciar este fenómeno y amparar los derechos de las víctimas de masacres, torturas y desplazamientos. Propósito que compartimos.

Petro, también ha dicho que la izquierda debe abandonar “el sectarismo político y cierta enfermedad muy infantil de extremo-izquierdismo que la viene penetrando”, lo cual demuestra al afirmar la semana pasada que “agredir al presidente Álvaro Uribe es agredir a Colombia”, claro, tal afirmación hizo que cundieran ataques cardiacos masivos y simultáneos al interior del Polo.

La otra opción, Carlos Gaviria, es todo lo contrario. Mientras menciona el rechazo a la combinación de las formas de lucha y niega su existencia al interior de la colectividad, en 2002 fue candidato al Senado del Partido Comunista, partido que creó ese esperpento, y ha hecho de esa agrupación la quinta columna con la cual domina la estructura del Polo. Es el protagonista de todos los titubeos frente al terrorismo, objeta calificar de esa forma a las Farc y de participar en las marchas ciudadanas que la condenan. Y para colmo de males, en el proceso electoral de 2006 señaló estar dispuesto a reconocer beligerancia a las Farc.

Ahora bien, hay cosas muy graves que me llevan a recapacitar sobre la posibilidad de mi voto por Petro. Nunca cumplió con el deber de denunciar quiénes son los farianos dentro del Polo y a quién apoyan, tampoco ha renegado del pacto que suscribió con Hugo Chávez, en la Quinta de San Pedro Alejandrino el 18 de Diciembre de 1994, que todo indica que éste sigue vigente, a pesar de su animadversión reciente a la injerencia venezolana en los asuntos colombianos.

En esto hay dudas. Mientras habla de Socialismo del Siglo XXI en Caracas y Quito, al igual que en eventos del Polo, ante la opinión pública colombiana estratégicamente omite ese discurso. ¿Cuál es su verdadera posición ante al Socialismo del Siglo XXI? ¿Sigue apoyándolo pero se disfraza de moderado? ¿Mantiene su relación privilegiada con Chávez? ¿Es un lobo con piel oveja?

Tampoco ha contado lo que conoce sobre los autores intelectuales de la toma del Palacio de Justicia y que puede cobijar a ex guerrilleros del M19 que pelechan hoy en cargos públicos. Ahora que la Corte Suprema de Justicia dijo que procesará por crímenes de lesa humanidad a los parapolíticos, muy bueno sería hacer lo mismo con los ideólogos de esa guerrilla, responsables de esa y otras matanzas.

Pensándolo bien, esas razones son suficientes para que no pueda votar por Petro.

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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HACIA EL CLIMAX DE SU OFENSIVA

Corte Suprema de Justicia. Foto: www.caracol.com.co

Por Eduardo Mackenzie

18 de septiembre de 2009

Lo que hay en este momento no es otro choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Estamos ante el apogeo, el clímax, de una larga ofensiva de la Corte Suprema de Justicia contra un gobierno legalmente constituido. Una ofensiva cuyo objetivo es hacer prevalecer sus atribuciones e intereses sobre los poderes ejecutivo y legislativo. Lo que trata de hacer la Corte Suprema de Justicia, a nivel jurídico, técnico y simbólico, es enorme: imponer su visión política, en materia grave, al presidente de la República de Colombia.

Si la situación es grave es porque no estamos ante una simple divergencia entre esos dos poderes. Ni ante un “nuevo pulso” entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, como dicen algunos editorialistas. Estamos ante algo de mucha más profunda significación.

La situación real es ésta: si el presidente Álvaro Uribe se inclina ante la CSJ y retira la terna presentada y envía una nueva al magistrado Augusto Ibáñez, ello querrá decir que un bloque mayoritario de magistrados de la Corte Suprema de Justicia logró imponer nuevos criterios que no existen en la Constitución colombiana vigente. Querrá ello decir que el poder ejecutivo ha aceptado, de hecho, convertirse en un poder subordinado, inferior, respecto de la Corte Suprema de Justicia, y que las atribuciones que le confiere la Constitución nacional al presidente de la República y a la CSJ en la escogencia del Fiscal general de la nación, pueden ser discutidas, glosadas, modificadas, esquivadas y derogadas por un bloque mayoritario de magistrados de la CSJ.

Tal situación inédita de desquicio jurídico de las grandes instituciones del poder en Colombia no ha sido creada por el jefe del poder ejecutivo. Lo ha sido por un grupo mayoritario y rebelde de magistrados (contra el criterio de una minoría fuerte de magistrados de la misma Corte) que desde unos años para acá viene tratando de imponer una lectura nueva, curiosa y arbitraria, de la Constitución política de Colombia, así como de las leyes y de los principios universales de Derecho.

Pues no es cierto que la Constitución colombiana, ni las leyes, faculten a los magistrados de la CSJ para vetar las ternas enviadas a su consideración por el presidente de la República. El deber de ellos es elegir uno entre tres candidatos, sin entrar en “reflexiones profundas” sobre las “destrezas” de los candidatos, ni en consideraciones ajenas a las exigidas por la carta magna. Tampoco están facultados para juzgar sobre la idoneidad profesional y personal de los miembros de la terna, si éstos cumplen, como es el caso actual, los requisitos exigidos por los artículos 232 y 249 de la Constitución nacional.

La Constitución es taxativa y nadie puede inventarse una nueva taxatividad. La Constitución dice que el Fiscal general de la nación será elegido “por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República”. El artículo 249 de la CN sólo exige, en materia de idoneidad de los miembros de la terna, una cosa: que éstos “reúnan las calidades exigidas para ser magistrado de la CSJ.”

Los integrantes de la terna rechazada cumplen con creces esos requisitos, es decir los previstos por el artículo 232 de la carta magna. Es más, el bloque mayoritario que desde hace dos meses se niega a designar el nuevo Fiscal general no rechaza esto. Ni está lanzando imputación alguna contra ninguno de los candidatos. Lo que pretende el magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la CSJ, y el grupo que lo respalda, es ir más allá de la Constitución colombiana, y agregarle, de hecho, una exigencia más a la Constitución: que los miembros de la terna sean “especialistas en derecho penal”. Eso hace pensar que una Constitución virtual, que nadie ha aprobado, guía los pasos del bloque mayoritario citado.

Tal proceder es inaceptable. La tal exigencia (y otras que son menos explícitas, pero que los medios ya han aireado) no es contemplada por ningún artículo de la Constitución colombiana. Esta es sabia al exigir que los candidatos a ese alto cargo sean colombianos de nacimiento y abogados, que no hayan sido condenados por sentencia judicial, y “haber desempeñado, durante diez años, cargos en la rama judicial o en el ministerio publico, o haber ejercido, con buena credibilidad, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.”

La responsabilidad del presidente de la CSJ en esta crisis es evidente y total. Su empecinamiento en doblegar al jefe del Ejecutivo e imponerle la obligación de enviarle una terna de candidatos a la Fiscalía general que sea afín a los gustos personales, profesionales y políticos del bloque que respalda a Augusto Ibáñez, es decir coincidente con los designios de las corrientes políticas minoritarias que apoyan esta dudosa empresa, ha llevado a una división de esa alta institución (una brecha existe entre una mayoría de 13 magistrados contra una minoría de ocho magistrados), a la semi parálisis de la Fiscalía general y, lo que es peor, a una crisis política nacional sin precedentes.

El apoyo sin falla que Augusto Ibáñez recibe de Carlos Gaviria, la eminencia gris del Polo Democrático, muestra que la batalla no es únicamente jurídica sino que ambiciones políticas de gran calado están jugando aquí un papel central. Los lazos de Carlos Gaviria con el régimen venezolano es otro de los elementos que hacen de este asunto realmente explosivo, lo que exige de los colombianos la más alta vigilancia.

Si el gobierno elegido dos veces por los colombianos es substituido de hecho por un gobierno de los jueces, que la Constitución no contempla ni permite, tendremos que asumir conductas que partan de esa constatación, es decir del hecho de que los equilibrios estratégicos del país han sido destruidos y de que las reglas del juego que todos acatábamos han sido abolidas.

LAS OTRAS ARMAS DE CHÁVEZ

Semana.com - 7 de septiembre de 2009

Rafael Guarín

La confrontación de Hugo Chávez contra Colombia tiene varias dimensiones. Además de las de índole bélica y diplomática, que combinan diversas formas de apoyo a la guerra irregular de las Farc, existe un frente, menos vistoso y espectacular, que puede llegar a ser muy eficaz: las jugadas políticas destinadas a crear un ambiente favorable a la “revolución bolivariana”.

Son por lo menos cinco las maniobras empleadas. Primero, se trata de capitalizar y profundizar las contradicciones en el seno de la democracia colombiana, para eso Chávez procura estrechar vínculos con los sectores más radicales de la oposición a Uribe y transmitir un mensaje: los problemas con Venezuela se resolverán cuando éste salga del gobierno y se desmonte la Política de Seguridad Democrática. Cuenta con la ayuda del Polo Democrático y un amplio sector del Partido Liberal.

Segundo, las medidas que afectan principalmente a quienes residen en la frontera se acompañan de discursos orientados a levantar a los colombianos contra su propio gobierno. El trabajo que durante años hacen los chavistas en la línea que separa a ambos países tiene entre sus objetivos una situación similar a la actual y busca ejercer presión desde adentro contra Uribe. La misma lógica asiste a las restricciones que impactan negativamente en sectores de la industria y a empresarios impulsados a elevar reclamos a la Casa de Nariño y no al Palacio de Miraflores.

Tercero, el anuncio de la instalación de setenta “bases de paz” en territorio colombiano, organizadas y financiadas por el gobierno venezolano, es una variante de las Casas del Alba señaladas por Alán García de instrumento de la expansión “bolivariana” en Perú. La iniciativa depende de la organización “Colombianos y Colombianas por la Paz” que sigue el juego planteado por las Farc, mientras busca convertirse en un movimiento político aliado de Chávez.

Cuarto, movilizaciones populares. Ya se propuso una marcha por el acuerdo humanitario, que no es otra cosa que legalizar el secuestro y un paso en el estatus de beligerancia que reclama las Farc. En los años ochenta la consigna de movilización fue inicialmente el reclamo de amnistía, en los noventa la desmilitarización de territorios y ahora el acuerdo humanitario. En ese contexto, deben interpretarse la entrega a cuentagotas de “pruebas de supervivencia” de los secuestrados, acompañadas de absurdos reproches que culpan al gobierno de que estén confinados en la selva.

Quinto, quienes estudian a las Farc saben que desde los años ochenta la “negociación de la paz”, ideada inicialmente por el Partido Comunista, la incorporó la guerrilla como elemento táctico y estratégico. Coincidente con esa línea, se quiere una papeleta electoral para que en los comicios de marzo de 2010, en los que se escogen los integrantes del Congreso, los ciudadanos exijan una “salida negociada al conflicto”.

Chávez sabe que su llave de entrada a Colombia pasa por un proceso de paz, por eso, Piedad Córdoba ha dicho que “la paz pasa por Chávez”. Ambos tienen claro que deben “repolitizar” a las Farc y que las actuales condiciones de la región favorecen sus objetivos.

Ninguna de tales acciones esta desarticulada, por el contrario, hacen parte de un plan cuidadosamente diseñado con el fin de abrir el camino al socialismo del siglo XXI en Colombia, punto de encuentro entre las Farc, el Eln, Chávez, el Polo Democrático y un amplio sector del liberalismo. Para lograrlo hay que actuar sobre el imaginario colectivo y doblegar la voluntad de lucha de los ciudadanos contra el terrorismo.

La Política de Seguridad Democrática debe irse como llegó: a través de las urnas, así, es imperioso conseguir la elección de un gobierno que consagre las “causas objetivas del conflicto”, desdeñe el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado y propugne por el “diálogo”, envíe a los cuarteles a las tropas militares, desmonte la política de seguridad, reconozca a las Farc carácter político y suprima la cooperación con Estados Unidos.

A pesar de la denuncia ante la OEA sobre injerencia del gobierno venezolano y que el presidente Álvaro Uribe la describiera como una amenaza ante Unasur, el tema sigue sin tener la atención de los diferentes organismos de la región. Más aún, el silencio con que se responden tales reclamos es la licencia que necesita la expansión de la “revolución bolivariana”. Las manifestaciones en contra de Chávez, que se realizaron el 4 de septiembre, son un buen comienzo para decirle no más a su patrocinio al terrorismo y al asedio que hace a la democracia colombiana.

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EL REFERENDO Y EL DERECHO A DECIDIR

RAFAEL GUARÍN

Eduardo Posada Carbó en su columna de El Tiempo señaló: “¿Puede el Congreso rechazar un proyecto de referendo originado en la iniciativa ciudadana? Claro que sí. En caso de tal rechazo, ¿se estarían vulnerando los derechos ciudadanos? Claro que no”. Parece contundente, pero es en exceso simplista e insuficiente para un análisis serio del tema.

Por supuesto que el Congreso puede rechazar la iniciativa presentada por los ciudadanos. ¡Ni más faltaba! Sugerir lo contrario es un flagrante desconocimiento de la Constitución. No tendría sentido la intervención del legislativo, además de ser una peligrosa forma de aniquilar la democracia representativa, los partidos políticos y el propio Congreso. Estaríamos, ahí sí, no ante un mecanismo de profundización de la democracia, sino frente a un instrumento ideal para una dictadura plebiscitaria.

Pero también hay que considerar que los ciudadanos al estampar su firma en señal de respaldo a una iniciativa de referendo, lo que hacen es ejercer un derecho fundamental, cuya observancia depende de que los diferentes órganos del Estado que deben intervenir en su trámite cumplan su función de acuerdo al ordenamiento constitucional y legal.

¿Qué pasa si observado todo el procedimiento la Organización Nacional Electoral decide arbitrariamente no cumplir con su rol e impedir la realización de un referendo? ¿O si recolectadas las firmas, se niega a revisarlas o lo hace de forma equivocada? ¿Qué implicación tiene que por presión criminal a la Corte Constitucional, ésta declare inconstitucional la ley de referendo, a pesar de haber sido adoptada conforme a la carta política y las normas legales. ¿Acaso en dichos eventos no se violenta el derecho fundamental a la participación de quienes lo respaldaron con su firma?

Lo mismo sucede si un Presidente de la República, por razones ideológicas, rechaza expedir el decreto de convocatoria de un referendo, como el referido al agua o uno que busque adoptar el matrimonio de parejas del mismo sexo, casos en los cuales se afecta la “posibilidad” de los ciudadanos de participar” y decidir, posibilidad que “tiene naturaleza de derecho político fundamental de origen constitucional”, según sentencia C 180 de 1994 de la Corte Constitucional.
Cuando se trata de referendos de iniciativa popular, el derecho a participar no desaparece con la firma de los ciudadanos y reaparece por arte de magia el día de la votación. Ese derecho permea todos los pasos que se deben surtir, al punto que su eficacia depende del cumplimiento del trámite constitucional y legal del referendo, lo que implica, ciertamente, que la Registraduría podría establecer la no obtención de las firmas requeridas, el Congreso no aprobar el proyecto de ley o la Corte encontrar que contraviene la constitución.

Siendo lo anterior claro, salta a la vista que el planteamiento del articulista es incompleto. No obstante que el Congreso puede rechazar el referendo, esa decisión debe ser el resultado del debate parlamentario y adoptarse de manera libre, sin apremio y bajo ninguna coacción que rompa el estado de derecho.

No hay que olvidar que respecto al trámite del proyecto de referendo, el Congreso perdió por completo su libertad, consecuencia de una estrategia de terror implementada por el Polo Democrático y el Partido Liberal, con ayuda del Registrador Nacional y de la sala penal de la Corte Suprema. El objetivo político: maniatar a los parlamentarios para que rechacen el referendo, bajo la amenaza de cárcel. Ese pequeño detalle, que olvida Posada Carbó, coloca su razonamiento completamente fuera de contexto.

Por esa razón, la segunda pregunta del columnista no tiene la respuesta tan obvia, simple y contundente que ofrece. Lo riguroso sería que cambiara “claro”, por “depende”. Si bien, en principio, en el marco de la Constitución el rechazo del Congreso de un proyecto de referendo no conlleva vulneración de los derechos, cuando ese rechazo es producto del rompimiento del orden constitucional y de una coerción suficientemente capaz de anular la libertad del legislativo para votarlo, no se puede llegar a la misma conclusión. Ese el motivo por el que la actuación de la Corte Suprema de Justicia, al someter por miedo al Congreso, no solo acaba con el equilibrio de poderes sino que pisotea el derecho a la participación de quienes firmaron la iniciativa de referendo.

Finalmente, equivocado y absurdo es condenar el reclamo, la fiscalización y la presión que pueden y deben ejercer los ciudadanos ante sus representantes en las corporaciones de elección popular. Esto, a diferencia de lo que opina Posada Carbó, sí lo autoriza la Constitución, no choca con el sistema democrático y mucho menos es “un escenario de hechos políticos indeseables para el orden y la seguridad institucionales”, como él lo describe. En realidad, es de la esencia del modelo político adoptado por la Asamblea Constituyente de 1991. Aquí y en cualquier democracia, los comicios son oportunidades en que los partidos y los políticos rinden cuentas y el pueblo los premia o castiga.

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GOLPE DE ESTADO JUDICIAL

Palacio de Justicia -Bogotá.

3 de agosto de 2009 - Semana.com

RAFAEL GUARÍN

Me resistía a creer que la Corte Suprema de Justicia estuviera cometiendo las múltiples arbitrariedades que le endilgaban. Empero, he podido comprobar que sí existen y que es cierto que dejó de encarnar la majestad de la Justicia para transformarse en un actor político, tan controvertido como los que pululan por ahí.

Al sustituir la recta administración de justicia por el cálculo político, en vez de un honorable tribunal constituido por excelsos magistrados, la Corte parece más un partido político que vestido de toga pretende doblegar las demás ramas del poder público y los órganos de control del Estado. ¡

No tenemos una Corte llena de magistrados sino de manzanillos judiciales! Suena duro, pero así es. No es nuevo utilizar el aparato judicial para manipular las decisiones políticas, hacer trampa a la democracia y montar una estrategia de terror. Solo hay que ver cómo se emplean argucias jurídicas para sacar alcaldes y gobernadores, con el fin de capturar la administración pública, el presupuesto y las regalías. Es muy grave, que tal aberración suceda en aquellos municipios donde farianos, carteles criminales y políticos se disputan el tesoro público. Pero que ocurra con el más alto tribunal de justicia, no solo es una perversa desviación de su sagrada misión, sino una ruptura del Estado Social de Derecho, que no debería nunca quedar impune.

Como no se trata de calumniar, sino de develar tan reprobable hecho para defender los derechos humanos, las instituciones jurisdiccionales y la Constitución, basta revisar la conducta de la Corte respecto al trámite del proyecto de ley de referendo. La puesta en escena se hizo con una denuncia, sin fundamento jurídico, contra los Representantes a la Cámara que se atrevieron a votar positivamente el proyecto de ley; el objetivo: aniquilar la libertad del Congreso, maniatarlo y someterlo hasta su anulación. Que el congresista Germán Navas Talero la presentara, solo certificaba su habilidad de leguleyo, ahora, complementada con un doctorado en politiquería; pero que esto diera lugar a la apertura de una indagación preliminar contra los parlamentarios es, por varias razones, una abominación.

En una sentencia la Corte Constitucional señaló que la garantía de inviolabilidad del voto (porque es una garantía para el funcionamiento libre del Congreso y no un privilegio de sus integrantes), “priva, de manera absoluta, a la Corte Suprema de competencia para investigar como delitos los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos”. Fallo que pasó por alto la Sala Penal de ese tribunal. Así, la indagación preliminar además de violentar la libertad de los parlamentarios quiere aniquilar la Rama Legislativa, para efectos del trámite del referendo. Por supuesto, no es un error de juicio. Es una acción premeditada que busca impedir que la iniciativa de referendo pueda ser aprobada. ¿Qué explica que careciendo de competencia los “honorables magistrados” hayan omitido ese detalle? ¿Esa es la actuación de un juez?

Por otro lado, el auto de rechazo a la acción de tutela que busca amparar el derecho a la participación política de quienes firmamos la iniciativa popular de referendo es un monumento a la manzanilla judicial. Con el fin de evitar que la Corte Constitucional revise el fallo de tutela y a sabiendas que ésta ampararía el derecho violado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el contradictor del presidente Uribe, Valencia Copete, opta por rechazarla de plano, desconociendo su texto y argumentando falazmente que carezco del derecho que alego, es decir, del derecho a participar que consagra la Constitución. ¡Increíble! Un típico caso de denegación de justicia.

Estas acciones las hubieran podido hacer Augusto Pinochet o Fidel Castro. Cuando una rama del poder público rompe el Estado de Derecho para someter a su arbitrio a las demás, aquí y en cualquier parte, se trata de un golpe de Estado, en este caso, un golpe de Estado judicial. Razón tienen los revolucionarios franceses al consagrar, en 1789, que “toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

No se puede admitir la impunidad frente a tales actuaciones, menos cuando son instrumento de miedo y buscan destrozar la Constitución y las bases de la democracia. La seguridad de que la impunidad cobija a los magistrados ante una amedrentada, mediocre e incapaz Comisión de Acusaciones, les da licencia para continuar violentando la ley y la Constitución. Esto solo parece resolverse con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que revise los pesos y contrapesos, impida la dictadura judicial y garantice que tales conductas no se repitan.

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EL BAUTIZO DE MANUEL MARULANDA

RAFAEL GUARÍN

Toda organización terrorista necesita un discurso que explique su existencia y justifique el empleo de la violencia. Las Farc no son la excepción. Para eso realizan intensas campañas de propaganda que subrayan supuestas “causas estructurales” que dan origen y mantienen el conflicto, al igual que se arrogan ser una respuesta a la agresión del Estado. Que esa sea la argumentación guerrillera, vaya y venga, están en lo que están. Lo curioso es que la abrumadora mayoría de quienes escriben sobre estos temas terminan, por falta de investigación, deformación ideológica o ignorancia (otros por complicidad), repitiendo el enfoque fariano.

Dedicaré algunas columnas al tema. Un primer ejemplo, muy significativo, es la iniciación de Pedro Antonio Marín en las guerrillas comunistas. Si bien es cierto que luego del 9 de abril de 1948 Tirofijo integró con familiares un primer grupo armado liberal, en medio de la cruenta violencia bipartidista, no es menos cierto que su decisión de convertirse en guerrillero se enmarcó dentro de la estrategia de combinación de todas las formas de lucha, aplicada por el Partido Comunista.

La decisión de organizar guerrillas para adelantar la revolución se disfrazó, a finales de los años cuarenta, bajo la consigna de autodefensas campesinas. En realidad, se trataba de una estrategia orientada a organizar colectivos armados y otorgar legitimidad al uso de la violencia, excusándose en la problemática social y la ausencia de Estado. Los comunistas con destreza manipularon y convirtieron en insurgentes a algunos de los grupos que expresaban el sectarismo liberal – conservador.

Hacia 1952 Pedro Antonio Marín, Tirofijo, no tenía idea de la lucha de clases, tampoco de los señores Marx, Engels y Lenin. Ni siquiera sabía dónde quedaba la URSS, mucho menos se alcanzaba a imaginar que el Manifiesto Comunista sacraliza la violencia como instrumento de acción política. No fue iluminación divina la que le trajo a ese campesino las convicciones revolucionarias. Tampoco el Partido Liberal de sus ancestros. Fue el Partido Comunista.

De hecho, ese partido es quien se inventó a las Farc y al propio Manuel Marulanda. No lo digo yo. Lo dice el biógrafo e historiador oficial de Tirofijo y de la guerrilla, Arturo Alape. Leerlo no es precisamente un placer, es más bien un fastidioso sacrificio, pero, ante todo, una obligación si se quiere conocer la trayectoria fariana. Alape, cuenta en uno de sus libros el surgimiento de Marulanda, capítulo que omiten los “analistas del conflicto” y la escasa literatura sobre la guerrilla.

En el asentamiento armado de El Davis, dos miembros del Partido Comunista al clausurar un curso de formación política le hicieron una propuesta a Pedro Antonio Marín. Según las palabras de éste, que trascribe Alape, le dijeron:

“Hola, por qué vos no te ponés el nombre de Manuel Marulanda Vélez y te bautizamos aquí mismo en la escuela de cuadros del partido; la escuela marxista leninista te deja ese nombre como una cuestión de estímulo, para que lleves el nombre del dirigente obrero asesinado y lo lleves bien en alto”.

Tirofijo, le dijo a Alape que les contestó de la siguiente forma:

“El nombre me parece muy bueno, pero que lo pueda llevar yo, no sé, es demasiada la responsabilidad. Pero con tal de que me quiten ese apodo de Tirofijo – nadie en absoluto me bajaba de Tirofijo – y en mi interior era mi ánimo el de quitarme ese apodo, por ello estaba dispuesto a aceptar el nombre de Manuel…”

“¡Claro! Lo bautizamos Manuel Marulanda Vélez y el Pedro Antonio Marín pasará al olvido y así quedará en las actas de clausura del curso para el futuro de la revolución y quedarás nombrado desde hoy, nombrado con un nuevo nombre, dijeron ellos.

Se pararon los estudiantes y los profesores y me dieron un fuerte abrazo. ¡Felicitaciones Manuel Marulanda Velez! Así me bautizaron políticamente Manuel Marulanda Vélez.”

Frente a la adopción de su alias, Tirofijo narró que no lo hizo “por voluntad propia…, sino por voluntad de otros”. Esos otros eran los miembros del Partido Comunista. Al bautizarlo le endilgaron la responsabilidad de construir el aparato armado de la revolución. El terrorismo, las masacres, las minas antipersonales, las emboscadas, los desplazamientos, los secuestros y las actividades de narcotráfico, no obedecen a “las causas estructurales que le dieron origen al conflicto armado”, de acuerdo al discurso de las Farc, sino a la decisión libre y voluntaria del Partido Comunista de tomarse el poder, combinando su actividad legal con acciones ilegales, a través de un grupo armado que solo hasta 1964 se presentó públicamente: las Farc.

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