DIAGNÓSTICO RESERVADO

Publicado en EL NUEVO HERALD - 5 de marzo de 2010

RAFAEL GUARÍN

El escenario político en Colombia cambió drásticamente con la decisión de la Corte Constitucional de negar el referendo reeleccionista. La oposición tiene sobrados motivos para celebrar, pues las encuestas registraban que no tenía ninguna opción si Uribe se presentaba. Los candidatos del Partido Liberal, Rafael Pardo, y del Polo Democrático, Gustavo Petro, no llegaban al 10%. Están también satisfechos los propios coroneles de Uribe. Condenados a papeles secundarios, aunque formalmente respaldaban el referendo, siempre estuvieron atentos a que se hundiera.

Las nuevas condiciones hacen mucho más interesante el juego político. Todo puede ocurrir. Mientras la oposición gana espacio, al otro lado, se pasó de la “encrucijada en el alma” del presidente, a la encrucijada uribista. La coalición gobernante probablemente irá dividida a las elecciones. El Partido de la U postulará a Juan Manuel Santos, mientras su socio en el gobierno, el Partido Conservador, definirá el 14 de marzo en una consulta popular si el candidato es Andrés Felipe Arias, fiel escudero de Uribe, o Noemí Sanín, ex embajadora del actual gobierno, que ha demostrado independencia y autonomía, sin ser nunca antiuribista.

Algunos opinan que el “guiño” del mandatario saliente será suficiente para garantizar la continuidad del uribismo. En realidad la cuestión es más compleja. Se requiere primero que Arias gané la candidatura conservadora y luego un acuerdo político con Santos. Aún así, no se puede afirmar que tengan asegurado el triunfo electoral. Arias no ha podido sacudirse de uno de los más grandes escándalos de corrupción del gobierno y Santos, siendo de todos el más capacitado para gobernar, es difícil de vender.

El panorama se enreda más si Sanín gana la consulta. En ese evento, Santos irá solo con su partido a las elecciones y deberá enfrentar a la candidata conservadora, al igual que al Partido Liberal, al Polo Democrático y a Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, un exponente de la mano dura contra el terrorismo. También a un aspirante revelación, Sergio Fajardo, que tiene la ventaja de ser menos conocido, mucho mejor comunicador y muy buen candidato en términos de marketing electoral.

Si Santos no logra consolidar su liderazgo rápidamente, puede verse superado en las encuestas, lo que producirá literalmente pánico en el uribismo. Esa hipotética situación deja espacio a cualquier candidato que con un discurso vertical contra la violencia y en defensa de la seguridad, sea visto con más posibilidades de triunfo.

Una segunda vuelta presidencial entre Santos y Fajardo es de diagnóstico reservado, igual ocurre si debe enfrentar a Sanín o Vargas Lleras. La razón de que el uribismo siendo mayoritario pueda salir del poder en las elecciones de mayo es que hasta ahora su mejor candidato, es su peor carta en la competencia por conseguir el apoyo ciudadano y el más fácil de derrotar por los demás aspirantes.

Además, el uribismo no es un partido y es mucho más que la coalición de partidos que acompañan al gobierno, lo que implica que sin su líder en la arena, una gran parte de los ciudadanos que lo respaldan se sienten libres de optar por cualquier alternativa que les garantice el mantenimiento de la política de seguridad. Para complicar el tema, es previsible que para derrotar a Santos en una segunda vuelta se selle una alianza entre la oposición y sectores uribistas.

Uribe no debe apresurarse a hacer un “guiño”, tampoco permitir que sus opositores le gradúen de contradictores a candidatos que han sido su apoyo durante sus casi 8 años de gobierno. Las cosas serán más oscuras si se insiste en descalificar a dirigentes que acompañaron a Uribe mientras se pretende que solamente los seguidores de Santos y Arias son uribistas. ¡Monumental estupidez!

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HABLAR DE CANO EN EUROPA

Alfonso Cano

Publicado el 26 de diciembre de 2009

RAFAEL GUARÍN

Exótica la propuesta del Cardenal Dario Castrillón de dialogar con Alfonso Cano en Europa, pero mucho más absurdo el supuesto "aval" del gobierno colombiano. ¿Se levantaran las ordenes de captura en ese continente y en Colombia? ¿El presidente Uribe le expedirá una especie de "salvoconducto"? ¿Lo llevaran en avión diplomático?

En la práctica es reconocerle a las Farc una legítima vocería política y hacerlo, nada más ni nada menos, que en la Unión Europea. Es muy difícil no recordar al periplo del gobierno Pastrana con Raúl Reyes de la mano por el viejo continente.

Uno de los pilares fundamentales de la Política de Seguridad Democrática es precisamente no conceder estatus político alguno a las Farc, entre otras cosas, debido a su vinculación con el natrcotráfico y su permanente acción contra la población civil.

Además, porque la guerra irregular es una lucha por la legitimidad. Reconocerlos como actores políticos es una ganancia enorme para ese grupo armado y un paso atrás inaceptable para la institucionalidad democrática. Es darle la razón a Hugo Chávez y una estupenda plataforma para quienes en Europa, como en América, reclaman la calificación de "fuerza beligerante" para la guerrilla.

Desde esa perspectiva el mensaje que envía la reunión es contraproducente y mina directamente las bases de la Política de Seguridad.

Mi impresión:

Álvaro Uribe sabe que no existen condiciones para adelantar un diálogo con las Farc hasta que esa guerrilla no manifieste su voluntad de abandonar la violencia, pero también conoce el esfuerzo de Cano y de sectores de la oposición por convertir el "diálogo y la negociación" en una bandera electoral, que en un momento dado pueda llevar a los colombianos a elegir un nuevo gobierno que apueste a ese camino.

Las consecuencias de ese escenario son las de reeditar las experiencias de Betancur y el Caguán, permitir de nuevo el fortalecimiento militar y político de las guerrillas, abrirles las puertas de la comunidad internacional y colocar en entredicho una política que sigue mereciendo el respaldo mayoritario de los ciudadanos.

El presidente puede pensar que la mejor manera de evitarlo es mostrando que con su gobierno sí se puede negociar; el problema es que el costo es demasiado alto y no se compensa con el objetivo electoral buscado.

Nota final: La facilidad de Alfonso Cano para llegar a Europa solo se explica porque estuviera en Venezuela. No es raro, pues el último video tuvo tecnologia imposible de acceder si se encontrara en el "Cañon de las Hermosas". ¿Será que el gobierno de Hugo Chávez lo llevaría en avión a Europa con pasaporte diplomático?

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TRES MODELOS PARA ARMAR(SE)

Foto: Tomada por Rafael Guarín - Museo Militar. París.

EL NUEVO HERALD - 24/09/2009

EDUARDO ULIBARRI

Brasil, Colombia y Venezuela son el pelotón de punta en la carrera armamentista latinoamericana. Sus adquisiciones y pedidos de artefactos bélicos tienen en común las cifras multimillonarias y el temor que ello infunde en el entorno.

Pero cada uno sigue modelos muy distintos en su estrategia de crecimiento militar. Ninguno es esencialmente bueno. Todos suponen riesgos. Sin embargo, hay que explorarlos con sentido de realidad para entender su ``lógica'' y ponderar sus verdaderos efectos.

La apuesta brasileña es de largo plazo. No responde a la percepción de un desafío actual y preciso, ni la dispara el desafío directo de algún vecino, aunque el armamentismo venezolano genera preocupación.

Su horizonte es de futuro, y se vincula con un creciente protagonismo --y reconocimiento-- de Brasil como potencia media de proyección global; el único país latinoamericano que aspira a ese papel.

Los multimillonarios contratos suscritos con Francia no sólo responden al deseo de equiparse con tecnología bélica de punta (submarino nuclear incluido). Esto es sólo una parte. La otra consiste en impulsar un verdadero complejo industrial-militar de amplio aliento, algo que se remonta hacia décadas atrás y se une con las pretensiones de sus regímenes militares. De aquí que esos acuerdos incluyan transferencia tecnológica y manufacturas binacionales, y la participación, junto a sus gobiernos, de grandes grupos empresariales brasileños y franceses.

Para Brasil, la inversión militar es consustancial con sus objetivos políticos y económicos. Forma parte de un ``proyecto país'' que también incluye la inminente explotación de sus fantásticos yacimientos submarinos de hidrocarburos.

En las alianzas público-privadas que contemplan ambos planes (el petrolero y el militar) los conglomerados locales de diseño, ingeniería, energía, aeronáutica, siderurgia y construcción cumplirán tareas esenciales y garantizarán su crecimiento bajo tutela oficial. La lógica económica resulta discutible, pero el diseño geopolítico es claro.

Para Colombia, en cambio, el incremento del potencial bélico tiene un carácter más circunstancial. No forma parte de una visión nacional profunda. Es la respuesta inevitable ante un agudo problema local con repercusiones hemisféricas: el narcoterrorismo y sus irradiaciones; una decisión esencialmente reactiva.

El papel de Estados Unidos como proveedor de financiamiento, armas, entrenamiento y logística, y como usuario de siete bases colombianas, está claramente enmarcado por ese objetivo.

Suponer que forma parte de un esquema expansionista o de una visión bélica de largo aliento es una simple fantasía ideológica. Desconoce la especificidad del ``Plan Colombia'' y los límites impuestos por el Congreso en Washington, siempre receloso del uso que pueda darse a sus aviones, helicópteros e informes de inteligencia.

El armamentismo venezolano es otra cosa. Su objetivo es dar músculo a la opción político-ideológica del presidente Hugo Chávez, un proyecto autoritario hacia adentro, intervencionista hacia afuera y enmarcado en delirios hegemónicos.

Su dimensión interna se orienta a alimentar grupos armados paralelos, afines al régimen (milicias de factura represiva controladas por Chávez), mientras corteja a las fuerzas armadas, más institucionales, con sofisticados juguetes bélicos.

La externa, además de fortalecer su turbia alianza estratégica con Rusia, como aguijón en el ``traspatio'' estadounidense, pretende convertir a Venezuela en un foco de irradiación militar en el entorno regional.

Este crecimiento bélico es el cuarto pilar de una estrategia en la que el ALBA es el sostén político, PETROCARIBE el económico y el Congreso Bolivariano de los Pueblos el informal y ``social''.

De los tres modelos armamentistas, el venezolano es, por mucho, el más inquietante. Forma parte de un proyecto claramente antidemocrático, sin controles internos ni contenciones externas. A ello se añaden los nexos de Chávez con Irán, Siria y Libia.

Esto no implica aplaudir las otras dos opciones de crecimiento bélico. Cada una tiene justificaciones: más urgentes las de Colombia; menos convincentes, aunque más sofisticadas, las de Brasil. Pero ambas, también, son inevitables detonantes de inquietud en el entorno regional.

Países como Argentina, Chile, Ecuador y Perú tienen derecho a ponderar los tres modelos con creciente alarma. Por esto, la carrera armamentista latinoamericana ya luce incontenible.

EL DEBATE EN UNASUR

27 de agosto de 2009
- Especial para Un Millón de Voces en Facebook -

Rafael Guarín

El próximo viernes se reunirá nuevamente la Unión de Naciones Suramericana para examinar el acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia. Chávez llegará o saldrá cantando (mancillará un tango de Gardel), presentará un supuesto documento “secreto” que revelará los alcances del acuerdo militar y la gravedad de la amenaza, al tiempo que pretenderá que le creamos que infiltro el Pentágono, mientras es incapaz de desmantelar el cartel de los generales de su fuerza armada, dedicado al narcotráfico. Luego echara una perorata denunciando que todo es una maniobra del “imperio” para romper el falaz “proceso de unidad latinoamericana”, añadirá que Obama es igual o peor que Bush y que los argumentos de Uribe y los informes sobre el patrocinio de la revolución bolivariana al terrorismo de las Farc, son puro embeleco.

Será otro ejercicio de propaganda destinado a demostrar que el Caín de América es el gobierno colombiano. El auditorio tratará que Uribe repita hasta la saciedad lo que hasta la saciedad ya ha dicho: “que no son bases norteamericanas”, “que el acuerdo no busca atacar a ningún país” y que su propósito es “contra el narcotráfico y el terrorismo”. Nada nuevo, a menos que Uribe sorprenda desvirtuando las mentiras de Chávez respecto a los lanzacohetes venezolanos en manos de las Farc.

La sesión de Unasur debería tener un enfoque totalmente diferente. Partir de identificar la raíz de la crisis diplomática en la región, que no es la política de seguridad colombiana, tampoco el bombardeo en territorio ecuatoriano a un campamento madre de Raúl Reyes, menos la decisión del gobierno Uribe de negar cualquier legitimidad a las Farc y el estatus de beligerancia que han reclamado Chávez, Ortega y Correa para tales criminales de lesa humanidad. La raíz es el expansionismo chavista y el contubernio de su “revolución” con la narcoguerrilla.

Si se trata de garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de Suramérica, el debate debe abordarse en el marco de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y del cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados, de acuerdo a la resolución 1373 de 2001 de la ONU y a la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Pero como aquí no se trata de eso, sino de cómo utilizar Unasur para consolidar un proyecto de izquierda que busca no solo la hegemonía, sino la homogenización absoluta, el tema no aparecerá en ninguna agenda.

Ojalá los jefes de Estado se dieran cuenta que la cumbre de Argentina es definitiva para el futuro de esa incipiente organización. O construyen confianza para convertirla en un foro válido y legítimo donde se puedan resolver los problemas regionales o terminan reduciéndola a ser caja de resonancia de discursos sectarios y de proyectos totalitarios, como el socialismo del siglo XXI.

Si se deciden por la primera opción, que Uribe responda todos los interrogantes y dudas de los gobiernos vecinos, pero también que se haga una investigación seria sobre las relaciones de gobiernos de la región, comenzando por el de Chávez y Correa, con las Farc, lo que el flamante secretario de la OEA, José Miguel Insulza, evadió. Es indispensable que se acepte de una vez por todas que esa es una organización terrorista, a la cual los países deben responder apoyando las instituciones democráticas colombianas y no brindándoles armas, recursos económicos, cobertura política o santuarios en su territorio.

Finalmente, los presidentes deberían convenir en mecanismos orientados a garantizar el cumplimiento de las normas que obligan a los Estados a “adoptar medidas necesarias y fortalecer la cooperación” contra el terrorismo. La necesidad y no un capricho ideológico es la que obliga a Colombia a acudir a Estados Unidos; lo ideal hubiera sido un acuerdo militar con Venezuela y Ecuador para combatir a los grupos armados ilegales, similar al existente entre España y Francia que ha permitido los más duros golpes contra ETA.

Unasur debe evaluar todos los convenios de cooperación militar de los países de la región con otras potencias. Chávez señala que Rusia no es una amenaza. Y es cierto, en principio. Lo que no dice el teniente coronel es que las armas rusas refuerzan su proyecto totalitario que sí es una amenaza para la independencia y soberanía de Colombia. Al fin de cuentas, toda esta tormenta tiene un único origen: el afán de anexar a ese país a la revolución bolivariana.

EL REFERENDO Y EL DERECHO A DECIDIR

RAFAEL GUARÍN

Eduardo Posada Carbó en su columna de El Tiempo señaló: “¿Puede el Congreso rechazar un proyecto de referendo originado en la iniciativa ciudadana? Claro que sí. En caso de tal rechazo, ¿se estarían vulnerando los derechos ciudadanos? Claro que no”. Parece contundente, pero es en exceso simplista e insuficiente para un análisis serio del tema.

Por supuesto que el Congreso puede rechazar la iniciativa presentada por los ciudadanos. ¡Ni más faltaba! Sugerir lo contrario es un flagrante desconocimiento de la Constitución. No tendría sentido la intervención del legislativo, además de ser una peligrosa forma de aniquilar la democracia representativa, los partidos políticos y el propio Congreso. Estaríamos, ahí sí, no ante un mecanismo de profundización de la democracia, sino frente a un instrumento ideal para una dictadura plebiscitaria.

Pero también hay que considerar que los ciudadanos al estampar su firma en señal de respaldo a una iniciativa de referendo, lo que hacen es ejercer un derecho fundamental, cuya observancia depende de que los diferentes órganos del Estado que deben intervenir en su trámite cumplan su función de acuerdo al ordenamiento constitucional y legal.

¿Qué pasa si observado todo el procedimiento la Organización Nacional Electoral decide arbitrariamente no cumplir con su rol e impedir la realización de un referendo? ¿O si recolectadas las firmas, se niega a revisarlas o lo hace de forma equivocada? ¿Qué implicación tiene que por presión criminal a la Corte Constitucional, ésta declare inconstitucional la ley de referendo, a pesar de haber sido adoptada conforme a la carta política y las normas legales. ¿Acaso en dichos eventos no se violenta el derecho fundamental a la participación de quienes lo respaldaron con su firma?

Lo mismo sucede si un Presidente de la República, por razones ideológicas, rechaza expedir el decreto de convocatoria de un referendo, como el referido al agua o uno que busque adoptar el matrimonio de parejas del mismo sexo, casos en los cuales se afecta la “posibilidad” de los ciudadanos de participar” y decidir, posibilidad que “tiene naturaleza de derecho político fundamental de origen constitucional”, según sentencia C 180 de 1994 de la Corte Constitucional.
Cuando se trata de referendos de iniciativa popular, el derecho a participar no desaparece con la firma de los ciudadanos y reaparece por arte de magia el día de la votación. Ese derecho permea todos los pasos que se deben surtir, al punto que su eficacia depende del cumplimiento del trámite constitucional y legal del referendo, lo que implica, ciertamente, que la Registraduría podría establecer la no obtención de las firmas requeridas, el Congreso no aprobar el proyecto de ley o la Corte encontrar que contraviene la constitución.

Siendo lo anterior claro, salta a la vista que el planteamiento del articulista es incompleto. No obstante que el Congreso puede rechazar el referendo, esa decisión debe ser el resultado del debate parlamentario y adoptarse de manera libre, sin apremio y bajo ninguna coacción que rompa el estado de derecho.

No hay que olvidar que respecto al trámite del proyecto de referendo, el Congreso perdió por completo su libertad, consecuencia de una estrategia de terror implementada por el Polo Democrático y el Partido Liberal, con ayuda del Registrador Nacional y de la sala penal de la Corte Suprema. El objetivo político: maniatar a los parlamentarios para que rechacen el referendo, bajo la amenaza de cárcel. Ese pequeño detalle, que olvida Posada Carbó, coloca su razonamiento completamente fuera de contexto.

Por esa razón, la segunda pregunta del columnista no tiene la respuesta tan obvia, simple y contundente que ofrece. Lo riguroso sería que cambiara “claro”, por “depende”. Si bien, en principio, en el marco de la Constitución el rechazo del Congreso de un proyecto de referendo no conlleva vulneración de los derechos, cuando ese rechazo es producto del rompimiento del orden constitucional y de una coerción suficientemente capaz de anular la libertad del legislativo para votarlo, no se puede llegar a la misma conclusión. Ese el motivo por el que la actuación de la Corte Suprema de Justicia, al someter por miedo al Congreso, no solo acaba con el equilibrio de poderes sino que pisotea el derecho a la participación de quienes firmaron la iniciativa de referendo.

Finalmente, equivocado y absurdo es condenar el reclamo, la fiscalización y la presión que pueden y deben ejercer los ciudadanos ante sus representantes en las corporaciones de elección popular. Esto, a diferencia de lo que opina Posada Carbó, sí lo autoriza la Constitución, no choca con el sistema democrático y mucho menos es “un escenario de hechos políticos indeseables para el orden y la seguridad institucionales”, como él lo describe. En realidad, es de la esencia del modelo político adoptado por la Asamblea Constituyente de 1991. Aquí y en cualquier democracia, los comicios son oportunidades en que los partidos y los políticos rinden cuentas y el pueblo los premia o castiga.

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GOLPE DE ESTADO JUDICIAL

Palacio de Justicia -Bogotá.

3 de agosto de 2009 - Semana.com

RAFAEL GUARÍN

Me resistía a creer que la Corte Suprema de Justicia estuviera cometiendo las múltiples arbitrariedades que le endilgaban. Empero, he podido comprobar que sí existen y que es cierto que dejó de encarnar la majestad de la Justicia para transformarse en un actor político, tan controvertido como los que pululan por ahí.

Al sustituir la recta administración de justicia por el cálculo político, en vez de un honorable tribunal constituido por excelsos magistrados, la Corte parece más un partido político que vestido de toga pretende doblegar las demás ramas del poder público y los órganos de control del Estado. ¡

No tenemos una Corte llena de magistrados sino de manzanillos judiciales! Suena duro, pero así es. No es nuevo utilizar el aparato judicial para manipular las decisiones políticas, hacer trampa a la democracia y montar una estrategia de terror. Solo hay que ver cómo se emplean argucias jurídicas para sacar alcaldes y gobernadores, con el fin de capturar la administración pública, el presupuesto y las regalías. Es muy grave, que tal aberración suceda en aquellos municipios donde farianos, carteles criminales y políticos se disputan el tesoro público. Pero que ocurra con el más alto tribunal de justicia, no solo es una perversa desviación de su sagrada misión, sino una ruptura del Estado Social de Derecho, que no debería nunca quedar impune.

Como no se trata de calumniar, sino de develar tan reprobable hecho para defender los derechos humanos, las instituciones jurisdiccionales y la Constitución, basta revisar la conducta de la Corte respecto al trámite del proyecto de ley de referendo. La puesta en escena se hizo con una denuncia, sin fundamento jurídico, contra los Representantes a la Cámara que se atrevieron a votar positivamente el proyecto de ley; el objetivo: aniquilar la libertad del Congreso, maniatarlo y someterlo hasta su anulación. Que el congresista Germán Navas Talero la presentara, solo certificaba su habilidad de leguleyo, ahora, complementada con un doctorado en politiquería; pero que esto diera lugar a la apertura de una indagación preliminar contra los parlamentarios es, por varias razones, una abominación.

En una sentencia la Corte Constitucional señaló que la garantía de inviolabilidad del voto (porque es una garantía para el funcionamiento libre del Congreso y no un privilegio de sus integrantes), “priva, de manera absoluta, a la Corte Suprema de competencia para investigar como delitos los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos”. Fallo que pasó por alto la Sala Penal de ese tribunal. Así, la indagación preliminar además de violentar la libertad de los parlamentarios quiere aniquilar la Rama Legislativa, para efectos del trámite del referendo. Por supuesto, no es un error de juicio. Es una acción premeditada que busca impedir que la iniciativa de referendo pueda ser aprobada. ¿Qué explica que careciendo de competencia los “honorables magistrados” hayan omitido ese detalle? ¿Esa es la actuación de un juez?

Por otro lado, el auto de rechazo a la acción de tutela que busca amparar el derecho a la participación política de quienes firmamos la iniciativa popular de referendo es un monumento a la manzanilla judicial. Con el fin de evitar que la Corte Constitucional revise el fallo de tutela y a sabiendas que ésta ampararía el derecho violado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el contradictor del presidente Uribe, Valencia Copete, opta por rechazarla de plano, desconociendo su texto y argumentando falazmente que carezco del derecho que alego, es decir, del derecho a participar que consagra la Constitución. ¡Increíble! Un típico caso de denegación de justicia.

Estas acciones las hubieran podido hacer Augusto Pinochet o Fidel Castro. Cuando una rama del poder público rompe el Estado de Derecho para someter a su arbitrio a las demás, aquí y en cualquier parte, se trata de un golpe de Estado, en este caso, un golpe de Estado judicial. Razón tienen los revolucionarios franceses al consagrar, en 1789, que “toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

No se puede admitir la impunidad frente a tales actuaciones, menos cuando son instrumento de miedo y buscan destrozar la Constitución y las bases de la democracia. La seguridad de que la impunidad cobija a los magistrados ante una amedrentada, mediocre e incapaz Comisión de Acusaciones, les da licencia para continuar violentando la ley y la Constitución. Esto solo parece resolverse con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que revise los pesos y contrapesos, impida la dictadura judicial y garantice que tales conductas no se repitan.

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DISOLVER EL URIBISMO

Capitolio Nacional. Sede del Congreso de Colombia.

Foto tomada de http://www.elturbion.modep.org/

Publicado en Semana.com - 2 de mayo de 2008

RAFAEL GUARÍN

El problema no es Uribe, es el uribismo. Así parece que lo perciben los ciudadanos. El creciente repudio a los miembros de la coalición de gobierno comprometidos con los narcoparamilitares, contrasta con la favorabilidad del Presidente. Después de la crisis internacional de marzo pasado ascendió a 84% y se acaba de revelar una encuesta, en que el 68% dice que votaría por él, si se presentara en las próximas elecciones presidenciales.

La verdad es que los congresistas y los partidos denominados “uribistas” siempre han sido más una carga que otra cosa. En 2002, fue mayor el beneficio que obtuvieron los que a última hora apoyaron a Uribe, que el conseguido por la campaña presidencial. En 2006 se repitió la historia. El Partido Conservador, la U, Cambio Radical y pequeñas colectividades como Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia, han servido más para mantener y profundizar viejos vicios de la política, que para respaldar la gestión gubernamental.

Es increíble que un gobierno con esos niveles de apoyo ciudadano esté en una inmensa soledad. En el Congreso son contados quienes son capaces de defender medianamente una tesis del gobierno, en cambio, son más los que levantan argumentos desde la oposición. Junto a los vínculos con el paramilitarismo, campea la mediocridad en las toldas parlamentarias uribistas.

En los partidos de la coalición no existen liderazgos políticos que orienten la actividad legislativa. La bancada uribista es una ficción burocrática, pero no una fuerza política. A las evidentes limitaciones conceptuales de muchos de sus integrantes, se suma la ausencia de inquietudes programáticas y el consabido afán individualista. Pareciera que el “sálvese quien pueda” fuera el único factor dominante en la coalición. Quienes suelen proponer, lo hacen preferentemente buscando registro mediático y no pensando en sus propios partidos o en un proyecto político.

Da grima ver los debates de control político. La mayoría de los que se dicen uribistas se destacan por su falta de preparación y compenetración con las políticas de la administración que respaldan. Ni siquiera ante la amenaza farchavista, el acuerdo humanitario o la implementación de la política de seguridad democrática, surgen planteamientos o sugerencias de esos partidos.

Para colmo de males, la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, de Cambio Radical, y el presidente del Partido de la U, Carlos García, justa o injustamente, están en capilla con destino al Buen Pastor o la cárcel la Picota. Vargas Lleras no aparece. Los otros jefes de los partidos de la coalición están investigados: Habib Merheg, Mario Uribe, Álvaro Araujo, Ciro Ramírez y Alberto Gil.

Pero la indiscutible crisis de legitimidad de los partidos políticos, que afecta la credibilidad del Congreso, no llega a la Casa de Nariño. La razón de un apoyo tan alto al Presidente probablemente obedece a la combinación de una legitimidad de tipo carismático y una basada en el rendimiento. En términos de Max Weber, los ciudadanos reconocen en Uribe cualidades extraordinarias o excepcionales, lo que no es extraño, si se compara con Andrés Pastrana o Ernesto Samper. Al igual, siguiendo al profesor Joseph Valles, es consecuencia de que “funda su legitimidad en el resultado de sus propias actuaciones”.

Lo evidente es que el gobierno está solo y en el gobierno mismo Uribe también. No hay quien lidere la bancada si no es Uribe, prácticamente no hay quien responda los ataques externos que no sea Uribe, tampoco, a la oposición. El gobierno es Uribe y eso, que tantas emociones despierta, resultará fatal cuando no esté.

En parte, es responsabilidad de un liderazgo muy fuerte en cabeza del Presidente, pero ante todo, de la incapacidad de los partidos de la coalición, igual que de la ineptitud del Partido Liberal y el Polo Democrático para generar nuevos liderazgos. Durante la crisis desatada con la muerte de Raúl Reyes, nadie, absolutamente ninguno de los que aspiran a sucederlo y se encuentran fuera del gobierno, respaldaron al Presidente. Muchos quieren aprovechar su popularidad sin hacer gasto alguno.

Por el lado del Partido Liberal la situación no es muy distinta. Finalmente, se disputa con el Partido Conservador la paternidad de los parapolíticos, hoy declarados uribistas. El Liberalismo tiene once parlamentarios y cuatro de sus gobernadores, elegidos en 2003, judicializados por relaciones con las AUC. Del Polo Democrático, con seguridad, pronto sabremos, apenas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía comiencen a investigar políticos y “personalidades” cómplices de las FARC.

Así las cosas, ¿para qué sirve tener las mayorías en el Congreso? ¿A cuento de qué el Presidente asume el desgaste político de los miembros de su coalición de gobierno? ¿Más que aliados, los partidos uribistas son un obstáculo para que el gobierno pueda derrotar el crimen, la pobreza y la corrupción? ¿No será mejor adelantar las elecciones de Congreso? ¿Avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente?

Uribe debería proclamar la disolución del uribismo parlamentario. El uribismo ciudadano sigue existiendo y siente que los parapolíticos, que usufructúan la imagen del Presidente, no sólo no los representan sino que lo afectan gravemente. Si el Presidente quiere salvaguardar su legado y que se reelija la seguridad democrática, debe promover que en las próximas elecciones no haya más partidos, aliados del crimen, asaltando su popularidad. El mejor camino es que desaparezcan, de una vez por todas, las corruptas colectividades uribistas y que surjan nuevas alternativas políticas, con capacidad de defender transparentemente una política de firmeza frente al terrorismo y de realización del estado social de derecho.

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