ENCUENTRO EN NAVIDAD

RAFAEL GUARÍN

Crónica de un doloroso pero esperanzador encuentro en navidad entre las madres de las víctimas de los “falsos positivos” y el Comandante General de las Fuerzas Militares.

Es la tercera vez que se ven cara a cara. La anterior, hace cuatro meses. Al igual que en esta oportunidad, fue en las instalaciones de la personería de Soacha y a instancias de su titular, Fernando Escobar. En ambas ocasiones el encuentro fue difícil. No puede ser diferente para los familiares de las víctimas, menos en estas fechas, cuando los recuerdos de sus seres queridos y la tragedia de su desaparición los acompaña minuto a minuto. Tampoco fue fácil para el general Freddy Padilla. Percibir el profundo dolor, al igual que su justa indignación con el Ejército Nacional, no pasó inadvertido en el semblante y el ánimo de quien es sin duda uno de los mejores militares de las últimas décadas.

Ambas reuniones han sido una especie de terapia colectiva tanto para las víctimas como para los militares. Sinceridad, franqueza, crudeza y disposición a escuchar han sido el común denominador. De lado y lado se desnudaron pensamientos y emociones.

Las protagonistas son madres, algunas con nietos, pero todas solas, por lo menos en la batalla por la verdad, la justicia y la reparación. En algunos casos su historia se repite en sus hijas: son madres solteras que tienen enormes dificultades, en medio de extrema pobreza, para atender a sus hijos. Los padres literalmente no existen. “Hay padres pero no dan la cara”, me dijeron. Tal vez trabajo y la falta de tiempo o como dijo otra persona, más parece que “esta causa no es de varones” o, simplemente, que “¡no les duele lo mismo los hijos!”.

A pesar que el general inició la reunión resaltando el “espíritu navideño”, no demoró mucho la cascada de reclamos y reproches. Uno, repetido muchas veces, la exigencia de justicia. “Que se conozcan los culpables, se investiguen y procesen”, dijo uno de los asistentes. “Así como los ricos tienen oportunidad (de justicia)… los pobres también”, exclamó.

Una de las madres, llorando pero hablando con firmeza y dignidad, le dijo al general: “Me parece cruel de la vida cuando uno asiste a las audiencias y los señores militares involucrados en las muertes de nuestros hijos, en ese momento ellos no tienen alma, sentimientos, ellos lo que hacen es mirar a las madres y se están burlando”. “Esos militares no tuvieron compasión, corazón, alma, de quitarle la vida a nuestros muchachos”.

Los interrogantes se mantienen. Se preguntan los familiares por la causa y el motivo de lo ocurrido. ¿Por qué lo hicieron? “Mi hijo era un muchacho muy trabajador y humilde”, afirma una madre. Otra: “Yo… que he sido padre y madre con mis hijos, les he enseñado honestidad y respeto”. Razones que esgrime una más para justificar que no perdona “lo que dijo Uribe y Santos sobre los muchachos apenas se conocieron las muertes”, en realidad lo que hicieron fue repetir las palabras del entonces Fiscal Mario Iguarán.

Otras madres anhelan a sus hijos no solo por provenir de sus entrañas, sino porque eran “los hombres de la casa” o “mi mano derecha”. ¿Quién va a criar a mi nieto?”, se pregunta una de ellas, sentada al lado del general, en medio de tremendos sollozos. Antes de caer en los brazos de consuelo de su acompañante, una le confiesa a Padilla que “aunque yo haga el esfuerzo de recuperarme, no puedo, nunca lo haré”.

El general no pasa impávido. Todo lo contrario. Más que un hombre de guerra que cumple una formalidad, que no ha querido convertir en un espectáculo para los medios de comunicación, brota el ser humano consciente del drama y del dolor de las familias. Cada lamento por la ausencia le golpea directamente y este hombre que tiene que tomar decisiones muy duras, parece a veces deshacerse en explicaciones, consejos y reiteradas excusas en nombre de la institución militar.

La indignación ante los asesinatos no la disimula el general. Sabe, sin decirlo, que además de esos jóvenes las Fuerzas Militares también son víctimas. Como señaló un hermano de una de los muertos, que prestó el servicio militar, porto “el uniforme con gusto” y que lamentó darle la mano en esas circunstancias al general: “por unas personas, no pueden pagar todos”.

Ratificó que él y el presidente Uribe lo que quieren es justicia. “Así como hay militares implicados en estos crímenes, hay militares que son víctimas de falsas acusaciones”. “No queremos que a los justos los condenen, ni los delincuentes salgan libres”. Y recuerda que no le “cabía en la cabeza”, tampoco a Uribe, que esos crímenes estuvieran sucediendo y que “una persona de la institución llegara a ese grado de degeneramiento”. Y reitera a las madres: “Yo a ustedes les pedí excusas, les pedí perdón”.

A pesar de todo al final se evidencia que en Soacha la gente quiere, respalda y confía en las Fuerzas Militares. Los ciudadanos reclaman la presencia del ejército. No quieren que por ningún motivo se retiren “las bases de patrullaje” que comenzaron funcionando en carpas y precarias construcciones con tejas de zinc. El general anunció que se comenzará a edificar sus instalaciones, para que sean permanentes.

Una abuela pidió el traslado de un hermano de las víctimas que está en Cimitarra a una guarnición militar cercana a Bogotá para que su familia pueda visitarlo, eso sí, advirtiendo que estaban de acuerdo en que prestara el servicio militar.

En Soacha, como en el Ejército, durante muchas navidades se recordará esta amarga experiencia, pero a diferencia de los “falsos positivos” que se registran desde los años 80, estos asesinatos desataron la más grande crisis en la institución en los últimos años, que comienza a reflejarse favorablemente en informes como los del CINEP o en el generoso reconocimiento de José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fuerte crítico del gobierno, a los avances en materia de derechos humanos de las Fuerzas Militares.

Al final, queda clara la importancia del perdón, de dignificar a las víctimas, conocer la verdad y de que los culpables respondan ante la justicia. A diferencia de lo que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y organizaciones de derechos humanos que, según el personero, se oponen a estos encuentros, tales reuniones son indispensables no solo para las madres y las familias de los jóvenes asesinados, sino para que nunca más se repita esta cruel historia.

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EL REFERENDO Y EL DERECHO A DECIDIR

RAFAEL GUARÍN

Eduardo Posada Carbó en su columna de El Tiempo señaló: “¿Puede el Congreso rechazar un proyecto de referendo originado en la iniciativa ciudadana? Claro que sí. En caso de tal rechazo, ¿se estarían vulnerando los derechos ciudadanos? Claro que no”. Parece contundente, pero es en exceso simplista e insuficiente para un análisis serio del tema.

Por supuesto que el Congreso puede rechazar la iniciativa presentada por los ciudadanos. ¡Ni más faltaba! Sugerir lo contrario es un flagrante desconocimiento de la Constitución. No tendría sentido la intervención del legislativo, además de ser una peligrosa forma de aniquilar la democracia representativa, los partidos políticos y el propio Congreso. Estaríamos, ahí sí, no ante un mecanismo de profundización de la democracia, sino frente a un instrumento ideal para una dictadura plebiscitaria.

Pero también hay que considerar que los ciudadanos al estampar su firma en señal de respaldo a una iniciativa de referendo, lo que hacen es ejercer un derecho fundamental, cuya observancia depende de que los diferentes órganos del Estado que deben intervenir en su trámite cumplan su función de acuerdo al ordenamiento constitucional y legal.

¿Qué pasa si observado todo el procedimiento la Organización Nacional Electoral decide arbitrariamente no cumplir con su rol e impedir la realización de un referendo? ¿O si recolectadas las firmas, se niega a revisarlas o lo hace de forma equivocada? ¿Qué implicación tiene que por presión criminal a la Corte Constitucional, ésta declare inconstitucional la ley de referendo, a pesar de haber sido adoptada conforme a la carta política y las normas legales. ¿Acaso en dichos eventos no se violenta el derecho fundamental a la participación de quienes lo respaldaron con su firma?

Lo mismo sucede si un Presidente de la República, por razones ideológicas, rechaza expedir el decreto de convocatoria de un referendo, como el referido al agua o uno que busque adoptar el matrimonio de parejas del mismo sexo, casos en los cuales se afecta la “posibilidad” de los ciudadanos de participar” y decidir, posibilidad que “tiene naturaleza de derecho político fundamental de origen constitucional”, según sentencia C 180 de 1994 de la Corte Constitucional.
Cuando se trata de referendos de iniciativa popular, el derecho a participar no desaparece con la firma de los ciudadanos y reaparece por arte de magia el día de la votación. Ese derecho permea todos los pasos que se deben surtir, al punto que su eficacia depende del cumplimiento del trámite constitucional y legal del referendo, lo que implica, ciertamente, que la Registraduría podría establecer la no obtención de las firmas requeridas, el Congreso no aprobar el proyecto de ley o la Corte encontrar que contraviene la constitución.

Siendo lo anterior claro, salta a la vista que el planteamiento del articulista es incompleto. No obstante que el Congreso puede rechazar el referendo, esa decisión debe ser el resultado del debate parlamentario y adoptarse de manera libre, sin apremio y bajo ninguna coacción que rompa el estado de derecho.

No hay que olvidar que respecto al trámite del proyecto de referendo, el Congreso perdió por completo su libertad, consecuencia de una estrategia de terror implementada por el Polo Democrático y el Partido Liberal, con ayuda del Registrador Nacional y de la sala penal de la Corte Suprema. El objetivo político: maniatar a los parlamentarios para que rechacen el referendo, bajo la amenaza de cárcel. Ese pequeño detalle, que olvida Posada Carbó, coloca su razonamiento completamente fuera de contexto.

Por esa razón, la segunda pregunta del columnista no tiene la respuesta tan obvia, simple y contundente que ofrece. Lo riguroso sería que cambiara “claro”, por “depende”. Si bien, en principio, en el marco de la Constitución el rechazo del Congreso de un proyecto de referendo no conlleva vulneración de los derechos, cuando ese rechazo es producto del rompimiento del orden constitucional y de una coerción suficientemente capaz de anular la libertad del legislativo para votarlo, no se puede llegar a la misma conclusión. Ese el motivo por el que la actuación de la Corte Suprema de Justicia, al someter por miedo al Congreso, no solo acaba con el equilibrio de poderes sino que pisotea el derecho a la participación de quienes firmaron la iniciativa de referendo.

Finalmente, equivocado y absurdo es condenar el reclamo, la fiscalización y la presión que pueden y deben ejercer los ciudadanos ante sus representantes en las corporaciones de elección popular. Esto, a diferencia de lo que opina Posada Carbó, sí lo autoriza la Constitución, no choca con el sistema democrático y mucho menos es “un escenario de hechos políticos indeseables para el orden y la seguridad institucionales”, como él lo describe. En realidad, es de la esencia del modelo político adoptado por la Asamblea Constituyente de 1991. Aquí y en cualquier democracia, los comicios son oportunidades en que los partidos y los políticos rinden cuentas y el pueblo los premia o castiga.

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GOLPE DE ESTADO JUDICIAL

Palacio de Justicia -Bogotá.

3 de agosto de 2009 - Semana.com

RAFAEL GUARÍN

Me resistía a creer que la Corte Suprema de Justicia estuviera cometiendo las múltiples arbitrariedades que le endilgaban. Empero, he podido comprobar que sí existen y que es cierto que dejó de encarnar la majestad de la Justicia para transformarse en un actor político, tan controvertido como los que pululan por ahí.

Al sustituir la recta administración de justicia por el cálculo político, en vez de un honorable tribunal constituido por excelsos magistrados, la Corte parece más un partido político que vestido de toga pretende doblegar las demás ramas del poder público y los órganos de control del Estado. ¡

No tenemos una Corte llena de magistrados sino de manzanillos judiciales! Suena duro, pero así es. No es nuevo utilizar el aparato judicial para manipular las decisiones políticas, hacer trampa a la democracia y montar una estrategia de terror. Solo hay que ver cómo se emplean argucias jurídicas para sacar alcaldes y gobernadores, con el fin de capturar la administración pública, el presupuesto y las regalías. Es muy grave, que tal aberración suceda en aquellos municipios donde farianos, carteles criminales y políticos se disputan el tesoro público. Pero que ocurra con el más alto tribunal de justicia, no solo es una perversa desviación de su sagrada misión, sino una ruptura del Estado Social de Derecho, que no debería nunca quedar impune.

Como no se trata de calumniar, sino de develar tan reprobable hecho para defender los derechos humanos, las instituciones jurisdiccionales y la Constitución, basta revisar la conducta de la Corte respecto al trámite del proyecto de ley de referendo. La puesta en escena se hizo con una denuncia, sin fundamento jurídico, contra los Representantes a la Cámara que se atrevieron a votar positivamente el proyecto de ley; el objetivo: aniquilar la libertad del Congreso, maniatarlo y someterlo hasta su anulación. Que el congresista Germán Navas Talero la presentara, solo certificaba su habilidad de leguleyo, ahora, complementada con un doctorado en politiquería; pero que esto diera lugar a la apertura de una indagación preliminar contra los parlamentarios es, por varias razones, una abominación.

En una sentencia la Corte Constitucional señaló que la garantía de inviolabilidad del voto (porque es una garantía para el funcionamiento libre del Congreso y no un privilegio de sus integrantes), “priva, de manera absoluta, a la Corte Suprema de competencia para investigar como delitos los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos”. Fallo que pasó por alto la Sala Penal de ese tribunal. Así, la indagación preliminar además de violentar la libertad de los parlamentarios quiere aniquilar la Rama Legislativa, para efectos del trámite del referendo. Por supuesto, no es un error de juicio. Es una acción premeditada que busca impedir que la iniciativa de referendo pueda ser aprobada. ¿Qué explica que careciendo de competencia los “honorables magistrados” hayan omitido ese detalle? ¿Esa es la actuación de un juez?

Por otro lado, el auto de rechazo a la acción de tutela que busca amparar el derecho a la participación política de quienes firmamos la iniciativa popular de referendo es un monumento a la manzanilla judicial. Con el fin de evitar que la Corte Constitucional revise el fallo de tutela y a sabiendas que ésta ampararía el derecho violado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el contradictor del presidente Uribe, Valencia Copete, opta por rechazarla de plano, desconociendo su texto y argumentando falazmente que carezco del derecho que alego, es decir, del derecho a participar que consagra la Constitución. ¡Increíble! Un típico caso de denegación de justicia.

Estas acciones las hubieran podido hacer Augusto Pinochet o Fidel Castro. Cuando una rama del poder público rompe el Estado de Derecho para someter a su arbitrio a las demás, aquí y en cualquier parte, se trata de un golpe de Estado, en este caso, un golpe de Estado judicial. Razón tienen los revolucionarios franceses al consagrar, en 1789, que “toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

No se puede admitir la impunidad frente a tales actuaciones, menos cuando son instrumento de miedo y buscan destrozar la Constitución y las bases de la democracia. La seguridad de que la impunidad cobija a los magistrados ante una amedrentada, mediocre e incapaz Comisión de Acusaciones, les da licencia para continuar violentando la ley y la Constitución. Esto solo parece resolverse con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que revise los pesos y contrapesos, impida la dictadura judicial y garantice que tales conductas no se repitan.

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EL NARCOMILITARISMO

PUBLICADO EN EL NUEVO HERALD DE MIAMI - 7 DE NOVIEMBRE DE 2008

RAFAEL GUARIN

Hace 14 meses, en esta columna, denunciamos que ''sectores de las fuerzas militares y de policía en Colombia no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma''. Estábamos en lo cierto. El propio presidente Alvaro Uribe, al relevar de su cargo por negligencia a 27 oficiales y suboficiales, aceptó que existe una confabulación orientada a aparentar que se combate a las bandas armadas del narcotráfico cuando en realidad se garantiza su operación.

Se trata de un espantoso triángulo criminal que conforman miembros de la fuerza pública, las FARC y grupos ilegales como los de el Loco Barrera, Cuchillo, Don Mario, las Aguilas Negras o la Organización Nueva Generación. Antiguos paramilitares son socios de cuadrillas guerrilleras dedicadas por completo al narcotráfico. Hay una distribución del trabajo: unos prestan seguridad a los cultivos de coca y a los laboratorios, mientras otros se encargan de las rutas de exportación del alcaloide. Por esa vía, la protección que militares y policías corruptos otorgan a las bandas criminales termina extendiéndose a las FARC. ¡Inadmisible!

En el caso de Ocaña hay muchas contradicciones, mentiras, tergiversaciones y asuntos sin aclarar. Hubiera sido sano esperar el resultado de las investigaciones judiciales para no desconocer la presunción de inocencia. Aun así, el reconocimiento que hace el gobierno es suficiente para afirmar que el principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.

Las denuncias no son nuevas, lo nuevo es la severidad con la cual actuó el gobierno. Una fuerte reacción ante graves irregularidades debió darse mucho antes. En otro artículo de 2006, ante la evidente infiltración de carteles de la droga, pedíamos que se revisaran ''los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército e iniciara una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles''. La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2004 alertó sobre la muerte de civiles a manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo tan sólo el año pasado el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto.

Es factible que en la reacción del gobierno haya cierto tufillo de ''efecto Obama''. En un momento en que se perfilaba ya para suceder a George W. Bush, que los demócratas critican las violaciones a los derechos humanos y mantienen en suspenso la aprobación del tratado de libre comercio con Colombia, resultaba nefasto quedarse con los brazos cruzados.

Pero no son suficientes las destituciones, ni la renuncia del general Mario Montoya, comandante del ejército, tampoco la retórica gubernamental de ''eficacia con transparencia''. Ante la comunidad internacional se necesita mucho más que movimientos audaces, espectáculos mediáticos, directivas ministeriales o discursos. El gobierno tiene que ser consciente que acaba de explotar en su cara un tema que puede dar al traste con los esfuerzos de los últimos diez años y que le cae de perlas a la estrategia de las FARC.

El narcomilitarismo golpea la legitimidad de la seguridad democrática y puede colapsarla. La guerrilla tiene por lo menos tres cartas: apuesta a la vía electoral para lograr un giro político que implique su desmonte, aspira a que un gobierno demócrata presione a Uribe para que caiga en la trampa de negociar con las FARC y busca agotar la capacidad de las fuerzas militares cercenando su fuente de recursos. Esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Al fin y al cabo, si usted fuera congresista estadounidense se cuestionaría sobre el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos. No es posible que a través del Plan Colombia se financien unidades militares convertidas en brazos armados de la mafia y en cómplices de grupos calificados como terroristas por el Departamento de Estado.

La campaña por la eliminación de la ayuda militar a Colombia toma un nuevo impulso. La semana pasada Amnistía Internacional pidió que se retirara ese apoyo. A eso se suma la izquierda internacional que cree que las FARC no son una organización terrorista y que sus demandas son legítimas. La paradoja es que el principal empujón lo ha recibido del ejército a través de una minoría de putrefactos militares.

Una nueva visión más integral del Plan Colombia es necesaria. Es conveniente que los demócratas eleven las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos sin caer en el error de su desmonte. Hacerlo sería dar una victoria decisiva al cartel de las FARC y a las bandas criminales de la mafia, verdugos no sólo de Colombia, sino de la sociedad norteamericana.

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CONCIERTO PARA DELINQUIR

COLUMNA PUBLICADA EL 24 DE AGOSTO DE 2007

EN EL NUEVO HERALD DE MIAMI

RAFAEL GUARÍN

El gobierno y el Congreso estadounidenses deben preguntarse lo mismo que millones de colombianos. ¿Por qué el narcotráfico no disminuye después de siete años de Plan Colombia y de fortalecimiento de la fuerza pública? La respuesta comienza a conocerse con la orden de captura de 13 oficiales de las fuerzas militares por relaciones con el narcotráfico.

En mayo del año pasado con ocasión del asesinato del mejor grupo antinarcóticos de la policía a manos de soldados, en una columna encendimos las alarmas sobre el peligro de la corrupción para la política de seguridad democrática. Propusimos que, ''con una óptica de prevención'', se hiciera un estudio detenido de las vulnerabilidades de las fuerzas armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y del paramilitarismo, se revisaran los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército y se iniciara una purga integral.

Nada de eso se ha hecho y la crisis se torna estructural mientras el gobierno insiste en que se trata de casos aislados, a pesar de que son oficiales de alto rango quienes colocan a cientos de hombres bajo sus órdenes al servicio de la mafia, lo que explica, entre otras cosas, la inefectividad de las recompensas para encarcelar a los capos.

La realidad, por dura que sea, es que sectores de las fuerzas militares y de policía no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma. De tratos esporádicos pasaron a socios de los carteles de drogas. Eso explica la conducta de coroneles involucrados en el Valle del Cauca con alias Don Diego, los bajos resultados en su área de operación y que las acciones en su contra se tuvieran que adelantar con policías provenientes de Bogotá.

Nada valdrá haber invertido (hasta 2005) en el Plan Colombia 10,732 millones de los cuales 3,782 fueron contribución de Estados Unidos, como tampoco servirá aumentar en 2008 el presupuesto militar en 163%, si no se depuran los cuerpos armados. ¿Cómo reducir el narcotráfico si los impuestos de los colombianos y la ayuda norteamericana termina financiando unidades militares sometidas a los narcos? ¿Será que a estos hombres les importa derrotar a las FARC y capturar a los traficantes cuando de ellos depende enriquecerse?

Es apremiante fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Da la impresión de que el problema se dejó a la milicia, que tiende a tapar y tapar. El gobierno y el Congreso no ejercen rigurosa vigilancia. La comisión parlamentaria encargada del tema, lo recuerda el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero, reacciona únicamente ante escándalos, no hace control permanente, se limita a aprobar ascensos, no examina el presupuesto militar ni su ejecución y carece de especialistas en la materia. Una buena idea es incorporar a inspectores civiles en las fuerzas con independencia de la línea de mando.

Conviene también replantear decisiones gubernamentales que pusieron a los militares al alcance del narcotráfico. Por ejemplo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se le ocurrió en 2002 la genial idea de responsabilizar en los departamentos de mayor producción de cocaína a las fuerzas militares de la fiscalización de sustancias, como gasolina y querosén, que son utilizadas para la producción de alucinógenos.

Esto llevó a que tropas con años de entrenamiento, en vez de combatir las guerrillas se distraigan extorsionando a ciudadanos que comercian legalmente con tales productos. Así lo denunció FEDISPETROL, que no es de la oposición, en febrero de 2005, a los ministros del Interior y Defensa y al comandante del ejército. Nunca hubo respuesta.

Pero, al igual que en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Ahora se dice, en voz baja, que en esas zonas los insumos siguen entrando y toneladas de coca salen con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas. ¡Lo que nos faltaba! El cobro de peajes o ''gramaje'' que efectúan a narcotraficantes las guerrillas y los paramilitares parecen repetirse por parte de pútridos militares.

Y, finalmente, qué bueno sería que Estados Unidos comience a pedir en extradición a los militares socios de los narcos. No puede dudarse del heroísmo y la honestidad de miles de integrantes de las fuerzas armadas. Precisamente, para honrar su sacrificio y el de la sociedad, son necesarias las correcciones y evitar así que al final de este gobierno sea la corrupción interna la que derrote la política de seguridad democrática.

DISOLVER EL URIBISMO

Capitolio Nacional. Sede del Congreso de Colombia.

Foto tomada de http://www.elturbion.modep.org/

Publicado en Semana.com - 2 de mayo de 2008

RAFAEL GUARÍN

El problema no es Uribe, es el uribismo. Así parece que lo perciben los ciudadanos. El creciente repudio a los miembros de la coalición de gobierno comprometidos con los narcoparamilitares, contrasta con la favorabilidad del Presidente. Después de la crisis internacional de marzo pasado ascendió a 84% y se acaba de revelar una encuesta, en que el 68% dice que votaría por él, si se presentara en las próximas elecciones presidenciales.

La verdad es que los congresistas y los partidos denominados “uribistas” siempre han sido más una carga que otra cosa. En 2002, fue mayor el beneficio que obtuvieron los que a última hora apoyaron a Uribe, que el conseguido por la campaña presidencial. En 2006 se repitió la historia. El Partido Conservador, la U, Cambio Radical y pequeñas colectividades como Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia, han servido más para mantener y profundizar viejos vicios de la política, que para respaldar la gestión gubernamental.

Es increíble que un gobierno con esos niveles de apoyo ciudadano esté en una inmensa soledad. En el Congreso son contados quienes son capaces de defender medianamente una tesis del gobierno, en cambio, son más los que levantan argumentos desde la oposición. Junto a los vínculos con el paramilitarismo, campea la mediocridad en las toldas parlamentarias uribistas.

En los partidos de la coalición no existen liderazgos políticos que orienten la actividad legislativa. La bancada uribista es una ficción burocrática, pero no una fuerza política. A las evidentes limitaciones conceptuales de muchos de sus integrantes, se suma la ausencia de inquietudes programáticas y el consabido afán individualista. Pareciera que el “sálvese quien pueda” fuera el único factor dominante en la coalición. Quienes suelen proponer, lo hacen preferentemente buscando registro mediático y no pensando en sus propios partidos o en un proyecto político.

Da grima ver los debates de control político. La mayoría de los que se dicen uribistas se destacan por su falta de preparación y compenetración con las políticas de la administración que respaldan. Ni siquiera ante la amenaza farchavista, el acuerdo humanitario o la implementación de la política de seguridad democrática, surgen planteamientos o sugerencias de esos partidos.

Para colmo de males, la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, de Cambio Radical, y el presidente del Partido de la U, Carlos García, justa o injustamente, están en capilla con destino al Buen Pastor o la cárcel la Picota. Vargas Lleras no aparece. Los otros jefes de los partidos de la coalición están investigados: Habib Merheg, Mario Uribe, Álvaro Araujo, Ciro Ramírez y Alberto Gil.

Pero la indiscutible crisis de legitimidad de los partidos políticos, que afecta la credibilidad del Congreso, no llega a la Casa de Nariño. La razón de un apoyo tan alto al Presidente probablemente obedece a la combinación de una legitimidad de tipo carismático y una basada en el rendimiento. En términos de Max Weber, los ciudadanos reconocen en Uribe cualidades extraordinarias o excepcionales, lo que no es extraño, si se compara con Andrés Pastrana o Ernesto Samper. Al igual, siguiendo al profesor Joseph Valles, es consecuencia de que “funda su legitimidad en el resultado de sus propias actuaciones”.

Lo evidente es que el gobierno está solo y en el gobierno mismo Uribe también. No hay quien lidere la bancada si no es Uribe, prácticamente no hay quien responda los ataques externos que no sea Uribe, tampoco, a la oposición. El gobierno es Uribe y eso, que tantas emociones despierta, resultará fatal cuando no esté.

En parte, es responsabilidad de un liderazgo muy fuerte en cabeza del Presidente, pero ante todo, de la incapacidad de los partidos de la coalición, igual que de la ineptitud del Partido Liberal y el Polo Democrático para generar nuevos liderazgos. Durante la crisis desatada con la muerte de Raúl Reyes, nadie, absolutamente ninguno de los que aspiran a sucederlo y se encuentran fuera del gobierno, respaldaron al Presidente. Muchos quieren aprovechar su popularidad sin hacer gasto alguno.

Por el lado del Partido Liberal la situación no es muy distinta. Finalmente, se disputa con el Partido Conservador la paternidad de los parapolíticos, hoy declarados uribistas. El Liberalismo tiene once parlamentarios y cuatro de sus gobernadores, elegidos en 2003, judicializados por relaciones con las AUC. Del Polo Democrático, con seguridad, pronto sabremos, apenas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía comiencen a investigar políticos y “personalidades” cómplices de las FARC.

Así las cosas, ¿para qué sirve tener las mayorías en el Congreso? ¿A cuento de qué el Presidente asume el desgaste político de los miembros de su coalición de gobierno? ¿Más que aliados, los partidos uribistas son un obstáculo para que el gobierno pueda derrotar el crimen, la pobreza y la corrupción? ¿No será mejor adelantar las elecciones de Congreso? ¿Avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente?

Uribe debería proclamar la disolución del uribismo parlamentario. El uribismo ciudadano sigue existiendo y siente que los parapolíticos, que usufructúan la imagen del Presidente, no sólo no los representan sino que lo afectan gravemente. Si el Presidente quiere salvaguardar su legado y que se reelija la seguridad democrática, debe promover que en las próximas elecciones no haya más partidos, aliados del crimen, asaltando su popularidad. El mejor camino es que desaparezcan, de una vez por todas, las corruptas colectividades uribistas y que surjan nuevas alternativas políticas, con capacidad de defender transparentemente una política de firmeza frente al terrorismo y de realización del estado social de derecho.

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AL POLO DEL POLO

Publicado el sábado 22 de septiembre del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

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RAFAEL GUARIN

La masacre de once diputados secuestrados por las FARC produjo que los colombianos se movilizaran masivamente, mientras el Polo Democrático Alternativo omitió condenar a la guerrilla y preso de un absurdo extremismo no participó en la marcha ciudadana. Su argumento: era impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe.

En plena campaña presidencial las FARC y el ELN propusieron una coalición de oposición para enfrentar a Uribe, sin que se escuchara objeción de los candidatos del Polo y del Partido Liberal. Y hace unas semanas Raúl Reyes insistió en el mismo planteamiento con el fin de llevar al Polo al gobierno.

La guerrilla quiere instrumentalizar esa organización para quebrar la política de seguridad democrática en las urnas y construir un escenario del cual puedan obtener ventaja política y militar. Ese propósito encuentra eco en sectores del Polo que siguiendo el manifiesto de Marx y Engels (1848) creen que sus objetivos sólo se alcanzaran si derrocan ''por la violencia todo el orden social existente''. También en declaraciones como las del senador Jaime Dussan que señalan que ''no son amigos ni enemigos de las FARC'', como si frente a ella existieran puntos intermedios. ¡Hay que ser claro! ¡O se está con ella o contra ella!

Lo que se espera de un partido que se apellida ''democrático'' es el contundente repudio a la tentativa ''fariana'' de combinar las formas de lucha, no ambigüedad, ni que prime el cálculo sobre la reprobación a las guerrillas. Mucho menos que pese más el antiuribismo que el terrorismo. La situación interna ha sido tan delicada que el senador del Polo, Gustavo Petro, admitió que la sociedad colombiana ``no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las FARC''.

Los extremistas riñen con la democracia y el estado de derecho. Emplean los canales destinados a tramitar pacíficamente los conflictos, al tiempo que no censuran la violencia o lo hacen retóricamente. El extremismo suele acompañarse de excusas sobre el uso de las armas, al punto de elevar el crimen a la categoría de acción política. Lo ejemplifica la afirmación de Patricia Lara, excandidata a la vicepresidencia por el Polo: las FARC ''cometen crímenes, pero no son criminales''. ¡Hágame el favor!

Paradójicamente, quien encabeza el extremismo en el Polo fue presidente de la Corte Constitucional. El ex magistrado Carlos Gaviria, senador en 2002 apoyado por el Partido Comunista, no sólo no reconoce el terrorismo de las FARC, sino que macartiza a quienes dentro de su partido osan reclamar verticalidad contra las guerrillas. Esa intolerancia, casi stalinista, evidencia que el problema no se soluciona con comunicados de prensa y que es más grave que simples brotes de simpatía con los grupos ilegales, así se diga, siguiendo al gobierno ante los escándalos militares, que son casos aislados.

Tal conducta agrieta la unidad nacional contra el narcoterrorismo, mina la legitimidad democrática de la izquierda y fortalece la pretensión de legitimidad política de las guerrillas. Y lo más grave para el Polo, cuando rotula de ''uribista'' a todo crítico de las FARC se aleja de la victoria electoral.

Afortunadamente, la presión de la opinión pública y la posibilidad de afectarse en las elecciones de octubre obligaron por fin al Polo a tachar el secuestro y los crímenes guerrilleros. En el papel se impuso el sector moderado sobre los extremistas. Ahora lo que se requiere son hechos que ratifiquen lo dicho, por ejemplo, retirar los candidatos en el Valle del Cauca que con su silencio aceptan que las FARC les hagan campaña electoral.

No hay duda de que Colombia necesita un partido de izquierda y que la consolidación del Polo es benéfica para la democracia, además de una oportunidad para un proyecto político alternativo al establecimiento tradicional. Pero de la misma manera que los partidos de la coalición de gobierno deben continuar depurándose de parapolíticos, el Polo debe iniciar la purga de sus filas de farcpolíticos y no justificar la barbarie guerrillera. Es importante que los ciudadanos tengan la certeza que en su seno sí es posible estar en contra de las FARC.

Nota al margen: Ojalá Piedad Córdoba entienda que para ayudar al acuerdo humanitario no se requiere ser parlante de las Farc.

CONCIERTO PARA DELINQUIR

Publicado el viernes 24 de agosto del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

El gobierno y el Congreso estadounidenses deben preguntarse lo mismo que millones de colombianos. ¿Por qué el narcotráfico no disminuye después de siete años de Plan Colombia y de fortalecimiento de la fuerza pública? La respuesta comienza a conocerse con la orden de captura de 13 oficiales de las fuerzas militares por relaciones con el narcotráfico.

En mayo del año pasado con ocasión del asesinato del mejor grupo antinarcóticos de la policía a manos de soldados, en una columna encendimos las alarmas sobre el peligro de la corrupción para la política de seguridad democrática. Propusimos que, ''con una óptica de prevención'', se hiciera un estudio detenido de las vulnerabilidades de las fuerzas armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y del paramilitarismo, se revisaran los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército y se iniciara una purga integral.

Nada de eso se ha hecho y la crisis se torna estructural mientras el gobierno insiste en que se trata de casos aislados, a pesar de que son oficiales de alto rango quienes colocan a cientos de hombres bajo sus órdenes al servicio de la mafia, lo que explica, entre otras cosas, la inefectividad de las recompensas para encarcelar a los capos.

La realidad, por dura que sea, es que sectores de las fuerzas militares y de policía no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma. De tratos esporádicos pasaron a socios de los carteles de drogas. Eso explica la conducta de coroneles involucrados en el Valle del Cauca con alias Don Diego, los bajos resultados en su área de operación y que las acciones en su contra se tuvieran que adelantar con policías provenientes de Bogotá.

Nada valdrá haber invertido (hasta 2005) en el Plan Colombia 10,732 millones de los cuales 3,782 fueron contribución de Estados Unidos, como tampoco servirá aumentar en 2008 el presupuesto militar en 163%, si no se depuran los cuerpos armados. ¿Cómo reducir el narcotráfico si los impuestos de los colombianos y la ayuda norteamericana termina financiando unidades militares sometidas a los narcos? ¿Será que a estos hombres les importa derrotar a las FARC y capturar a los traficantes cuando de ellos depende enriquecerse?

Es apremiante fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Da la impresión de que el problema se dejó a la milicia, que tiende a tapar y tapar. El gobierno y el Congreso no ejercen rigurosa vigilancia. La comisión parlamentaria encargada del tema, lo recuerda el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero, reacciona únicamente ante escándalos, no hace control permanente, se limita a aprobar ascensos, no examina el presupuesto militar ni su ejecución y carece de especialistas en la materia. Una buena idea es incorporar a inspectores civiles en las fuerzas con independencia de la línea de mando.

Conviene también replantear decisiones gubernamentales que pusieron a los militares al alcance del narcotráfico. Por ejemplo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se le ocurrió en 2002 la genial idea de responsabilizar en los departamentos de mayor producción de cocaína a las fuerzas militares de la fiscalización de sustancias, como gasolina y querosén, que son utilizadas para la producción de alucinógenos.

Esto llevó a que tropas con años de entrenamiento, en vez de combatir las guerrillas se distraigan extorsionando a ciudadanos que comercian legalmente con tales productos. Así lo denunció FEDISPETROL, que no es de la oposición, en febrero de 2005, a los ministros del Interior y Defensa y al comandante del ejército. Nunca hubo respuesta.

Pero, al igual que en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Ahora se dice, en voz baja, que en esas zonas los insumos siguen entrando y toneladas de coca salen con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas. ¡Lo que nos faltaba! El cobro de peajes o ''gramaje'' que efectúan a narcotraficantes las guerrillas y los paramilitares parecen repetirse por parte de pútridos militares.

Y, finalmente, qué bueno sería que Estados Unidos comience a pedir en extradición a los militares socios de los narcos. No puede dudarse del heroísmo y la honestidad de miles de integrantes de las fuerzas armadas. Precisamente, para honrar su sacrificio y el de la sociedad, son necesarias las correcciones y evitar así que al final de este gobierno sea la corrupción interna la que derrote la política de seguridad democrática.

"PARAPREGUNTANDO"

CONVULSIÓN EN COLOMBIA*
Publicado el 26 de mayo 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto tomada de www.semana.com

RAFAEL GUARIN

La coyuntura actual es de las más convulsionadas en los últimos años en Colombia. A las escandalosas revelaciones que vinculan al paramilitarismo a funcionarios del gobierno, generales, multinacionales y grupos económicos, se sumó la captura del gobernador del César y de políticos que pactaron con las AUC un acuerdo para ``refundar la república''.

También trascendió que paramilitares delinquen desde su lugar de reclusión y un plan de espionaje a líderes de oposición, funcionarios y periodistas que data de hace más de dos años. La confusión aumentó con la absurda propuesta del presidente Alvaro Uribe de liberar unilateralmente guerrilleros presos, rápidamente rechazada por las FARC, y la de conceder libertad a quienes digan la verdad sobre sus relaciones con los paramilitares.

El momento es propicio para plantear las siguientes preguntas:

¿Qué pensará el embajador en México, el exfiscal Luis Camilo Osorio, de haber precluido precipitadamente el proceso que se adelantaba al general Rito Alejo del Río y de su pasividad ante las denuncias de intervención de los paras en las elecciones del 2002? ¿Qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para presentar resultados en la investigación a Osorio? Existiendo nuevos hechos, ¿el fiscal Mario Iguarán no deberá investigar la conducta de su antecesor y de los funcionarios de esa administración?

¿Por qué si el procurador general, Edgardo Maya Villazón, niega enfáticamente haber tenido vinculación alguna con la campaña de Hernando Molina a la gobernación del César en el 2003, en esa oportunidad llamó entusiasmado a miembros de la Dirección Nacional del Partido Liberal para agradecer el apoyo recibido? ¿Existe alguna diferencia entre la situación que llevó a renunciar a la canciller Araujo de la que tiene el procurador respecto a sus hijastro y sobrino en la cárcel?

Si el presidente Uribe se muestra neutral frente a la actuación de la justicia contra los parapolíticos, no ha sido igual en el caso del exdirector del DAS Jorge Noguera. ¿Podrá abstenerse de intervenir cuando las acusaciones apuntan contra los primos Santos, vicepresidente y ministro de Defensa?

¿Será cierta la versión que el exgeneral Iván Ramírez, sindicado por Mancuso como promotor de la conformación de grupos paramilitares, tiene al día de hoy vínculos con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS? ¿Responderá su Director?

¿Mancuso contará si el gobierno estadounidense mantuvo relaciones con los paramilitares? ¿Es creíble que la embajada de Estados Unidos no tuviera información de los pagos de multinacionales a los paras? ¿Ha sido tan fútil la defensa de sus empresarios que tampoco se enteró de los problemas de Chiquita Brands y de su complicidad en el tráfico de 3,000 fusiles con destino a Carlos Castaño? ¿Es veraz lo dicho por Vicente Castaño sobre la participación de un miembro de la CIA en reuniones con la cúpula paramilitar? ¿En todo esto tuvo algún papel esa agencia?

Por otro lado, ¿es cierto que el gobierno colombiano no estaba enterado que inteligencia de la Policía realizaba interceptaciones telefónicas a los narcoparamilitares presos en Itagüí? ¿Lo prudente no era precisamente que se efectuaran dichas interceptaciones para evitar una nueva ''Catedral''? ¿Debe el gobierno hacer pública la lista de personas espiadas? ¿Quién tiene las grabaciones? ¿Si los mandos de la policía no conocían la operación, estaremos en un caso de infiltración paramilitar? ¿Qué opinará el coronel Mauricio Santoyo, antiguo secretario de seguridad de la Presidencia y experto en ''chuzar'' las comunicaciones de las ONG en Antioquia?

Más interrogantes surgirán de las confesiones paras mientras los involucrados tratan de evitar que la justicia toque a sus puertas. En esa línea, la extradición, contrario a lo que creíamos, puede terminar siendo una salida para todos los involucrados. Activarla da oportunidad de negociar una baja pena en Estados Unidos por narcotráfico, al tiempo que callar la verdad y proteger a sus socios en la política, economía y fuerzas militares.

De comprobarse que los narcoparamilitares delinquieron en prisión, lo que procede es aplicar las penas ordinarias, mucho más severas con sus delitos que la ''ley de justicia y paz'', y extraditarlos una vez se hayan cumplido. Es una nueva prueba para el liderazgo del presidente Uribe y un reto histórico para la sociedad colombiana.

Nota: Otorgar libertad a cómplices de las AUC a cambio que reconozcan sus delitos es impunidad. Y excarcelar gratuitamente guerrilleros, debilidad e impunidad.

*Título con el que apareció la columna en El Nuevo Herald.

DETRÁS DE LOS APRIETOS DE URIBE

Publicado el 11 de mayo de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Casa de Nariño - Bogotá D. C.

RAFAEL GUARIN

Cuando faltan más de tres años del segundo período del gobierno de Alvaro Uribe, el ''desaire'' de Al Gore y los reclamos de congresistas demócratas durante su visita a Washington dejan claro que las cosas ya no serán como antes.

La penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en las instituciones lesiona gravemente una relación calificada por ambos países como estratégica. No hay que olvidar que Colombia ha sido el principal aliado en América Latina de la administración Bush y punto de contención de la ''revolución'' chavista. Tampoco que los exitosos resultados en materia de seguridad se deben principalmente a la modernización de la fuerza pública, imposible sin el concurso estadounidense. Los acontecimientos recientes y el innegable ambiente propicio a las aspiraciones demócratas de reconquistar la Casa Blanca ponen esa alianza en entredicho.

Las acusaciones de confabulación de narcoparamilitares con oficiales del ejército, la coalición de gobierno y el propio Uribe no son nuevas. En el caso del presidente, aun antes de ser gobernador de Antioquía (1994) y durante su campaña en 2002 se le adjudicaron muchas de las críticas que se reciclan hoy, lo que no impidió el masivo respaldo en las urnas. Siguiendo El nuevo príncipe de Dick Morris, probablemente esto contribuye a que su liderazgo no se resienta en medio del escándalo y aumente 10 puntos en las encuestas, hasta llegar a 75% de favorabilidad.

Esa aparente inmunidad convierte los escenarios foráneos en el campo para los ataques de la oposición democrática y la guerra política de las guerrillas. Sin pretender sugerir complicidades, en ello coinciden, consciente e inconscientemente, unos y otros.

Desde el Polo Democrático y sectores populistas del Partido Liberal se considera que destruir la seguridad democrática es indispensable para sus tesis de apaciguamiento y abrir las puertas a lo que con las FARC denominan la ''solución política al conflicto social y armado''. Su cálculo les puede dar réditos en el corto y mediano plazo, pero a la larga, si obtuvieran su propósito, las consecuencias serían nefastas en el combate a los grupos armados ilegales.

Por su parte, para las FARC se trata de avanzar en el quiebre de la política de seguridad abonando un paulatino desmonte del Plan Colombia, a través de una lenta y persistente campaña que combina acciones políticas, propaganda y satanizaciones. En ese sentido, se mina la cooperación militar aprovechando hábilmente las contradicciones de republicanos y demócratas. En el fondo, hay un presupuesto similar al que anima a los terroristas en Irak, conseguir por la vía política lo que son incapaces en el terreno militar.

Esto permite comprender mejor el alcance de la campaña de desprestigio y la aparición de nuevas ONGs que replican en inglés el discurso subversivo. Todo hace parte de una estrategia que busca apalancarse en el exterior para obtener un viraje en la opinión ciudadana y en la actitud norteamericana, con la ambición de beneficiarse en el futuro cambio de ambos gobiernos o ganar el pulso militar.

De igual manera la parapolítica alcanza el TLC. La hipotética negativa del Congreso pulverizaría el carácter especial dado al vínculo que une a Washington y Bogotá. Pero puede ser peor. No es descartable que los demócratas quieran salvaguardar los lazos con Colombia, pero no con Uribe. En otras palabras, que se apruebe el TLC con la aclaración que no representa un respaldo al presidente. Su impacto sería muy negativo en un gobierno que metió todos los huevos en una sola canasta, dejó en plano secundario al resto del mundo y alineó su política exterior con la guerra contra el terrorismo.

Sin duda un deterioro de las relaciones arrojará un ganador, las FARC, y como lo señaló la analista Laura Gil, la posible reorganización de grupos paramilitares. Aún se puede evitar, si los demócratas entienden que su válida exigencia de justicia debe acompañarse de individualizar responsabilidades y no de medidas que afectaran indiscriminadamente a los colombianos. También, insistimos, si las bases de la política de seguridad democrática se despersonalizan y convierten en una política de Estado. En esto el Partido Liberal podría tomar la iniciativa.

Por lo pronto, lo que parece evidente es que si alguien pensó en algún momento en extender el gobierno Uribe hasta 2019, como lo sugirió Belisario Betancur, los demócratas ya hicieron saber su oposición.

QUE COLOMBIA DESPIERTE

Published on Tue, Feb. 23, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Gráfica tomada de http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Colombia.html

RAFAEL GUARIN

Las revelaciones del ex ministro Fernando Botero sobre dineros del Cartel de Cali en la campaña liberal de 1994, las acciones concertadas de algunos militares con las AUC, la orden de detención contra nueve congresistas (el número aumentará) y la citación a indagatoria de dos gobernadores por vínculos con los paramilitares no han sido suficientes para que los colombianos reaccionen.

Los acontecimientos demuestran el grado de penetración de intereses ilícitos en la política. No son circunstancias coyunturales o hechos aislados, sino expresión de un complejo proceso de captura del Estado por parte de la delincuencia, ante la mirada indiferente o la complicidad de gran parte de la clase dirigente y de la sociedad.

El escándalo afecta gravemente al actual Congreso y con la renuncia de la canciller llegó a los corredores de la Casa de Nariño. En un escenario de exacerbada pugnacidad, algunos proponen el cierre del legislativo, otros la adopción de una ley de punto final o una reforma política. Todas propuestas en las que los ciudadanos no cuentan.

Los ofrecimientos de cerrar el Congreso suelen ser populares. Aun así, esa vía pisotea la Constitución y agravaría la crisis, pues, como es característico de los sistemas presidenciales, en Colombia no existe la disolución del parlamento o el anticipo de elecciones.

Además, la cuestión no se resuelve precipitando la escogencia de un nuevo Congreso o aplazando las votaciones locales. Eso no corregirá nada sin la previa y rigurosa aplicación de la justicia y el desmonte de las estructuras políticas sustentadas en el crimen. Mientras perdure el ascendiente de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y corrupción, las elecciones serán inevitablemente contaminadas por hilos siniestros. Los resultados de esa propuesta generarán frustración: otras figuras aparecerán con fuerzas ocultas en la trastienda.

La segunda ruta, la ley de punto final, tranquiliza a sectores políticos y económicos involucrados, pero es sinónimo de impunidad. Deniega justicia y desconoce los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Las leyes de perdón y olvido del Cono Sur no son garantía para nadie. La experiencia enseña que contribuyen a generar sosiego transitorio sin otorgar seguridad jurídica y burlan el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Una decisión en ese sentido no impide a la postre sentencias judiciales de tribunales nacionales y foráneos por delitos imprescriptibles como los de lesa humanidad. Como si fuera poco, deja heridas abiertas, promueve la fragmentación de la sociedad y da eco al pretendido discurso político de fachada de las antiguas guerrillas, hoy convertidas en multinacionales de la droga.

Por otro lado, es equivocado pensar que es suficiente modificar la Constitución e ingenuo creer que el actual Congreso facilitará reformas de fondo. Aunque es apremiante revisar las reglas de juego, es más lo que se debe reclamar de la conducta de los políticos que de las instituciones mismas.

Las alternativas mencionadas parecen destinadas a enredar y distraer. Los esfuerzos deben apuntar a derribar las telarañas tejidas por los poderes de facto, para lo cual es indispensable que los ciudadanos rodeen a la Corte Suprema de Justicia y coloquen una lupa a la Fiscalía General de la Nación. Ese organismo tiene la obligación de investigar hasta la saciedad los aparatos electorales de los congresistas presos. Los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales militantes de esas organizaciones políticas tienen mucho que decir sobre las relaciones de sus jefes y las propias con los paramilitares. También las directivas de los partidos que los candidatizaron deben esclarecer su responsabilidad.

Pero lo más importante es no esperar a que el protagonismo provenga de los políticos. Es a los ciudadanos a quienes corresponde reaccionar, movilizarse y exorcizar los males colectivos. Se necesita un movimiento de resistencia civil frente a la impunidad y el delito, capaz de reconstruir una cultura que delimite la frontera entre la decencia y la ilegalidad.

Negarse a reconocer que el fondo del problema es la pasividad de la sociedad, su conciencia dormida y la indiferencia o complacencia con la fechoría, nos llevará un día a elegir en las urnas a Mancuso o a Jojoy. Para evitarlo Colombia debe despertar, apoyar la aplicación severa de la ley a los parapolíticos y, con idéntica firmeza, a los políticos relacionados con las guerrillas.

LEGISLADORES PARACRIMINALES

Published on November 28, 2006, Page PAGE: 17A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

www.semana.com - Fecha: 11/25/2006 - Edición: 1282

Por: RAFAEL GUARIN

A menos que la corrupción y la impunidad encubran la verdad, la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia contra legisladores, por pertenecer o apoyar grupos paramilitares, puede comenzar a esclarecer los vínculos entre la clase política, el narcotráfico y los grupos armados ilegales en Colombia.

Dos días después de las elecciones parlamentarias del 2002, el cabecilla de las AUC, Salvatore Mancuso, señaló que la primera victoria de su organización era ''superar con creces el 35 por ciento de los congresistas'' y que estos surgieron ''en su mayoría de nuestras bases sociales y políticas, y como tales, fruto de un vasto y firme esfuerzo formativo por parte de las autodefensas''. Los sucesos recientes demuestran sus palabras.

En varias regiones, junto con mafiosos y paramilitares, los políticos conforman una tríada maldita. En otras, la asociación se hizo con las FARC o el ELN. Tales alianzas tienen la misma misión: proteger el cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes, mantener y acrecentar el poder electoral y someter al Estado.

El caso de los parlamentarios es una pequeña muestra de hasta donde sectores de la dirigencia política comulgan con la ilegalidad. En su afán de controlar el aparato estatal no les importa unirse con autores de masacres y crímenes de lesa humanidad, ni objetan coordinar sus acciones con narcotraficantes, al tiempo que legislan a su favor.

A pesar de su importancia, los políticos involucrados son de poca monta frente a los auténticos padrinos del paramilitarismo que permanecen en la sombra. Carlos Castaño lo dijo en su libro: Se trata de ''hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!'', encargados de señalar la lista de asesinatos y dirigir sus acciones.

El contubernio de la para-política no es un tema nuevo, pero la decisión de una instancia judicial sí. En el 2002, uno de los candidatos presidenciales denunció ante el fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, la intervención de los paramilitares en las campañas electorales de los congresistas. La respuesta de Osorio fue un absoluto y sospechoso silencio.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación no se quedó atrás. La investigación contra el senador Alvaro García, acusado de tener parte en una masacre paramilitar, terminó archivada. A punta de formalismos jurídicos descartó cualquier irregularidad en la conducta de tan deplorable personaje.

Debemos preguntarnos: ¿quién o qué está detrás de la omisión del fiscal Osorio? ¿Qué poderosos intereses se mueven debajo de la mesa? ¿Qué hace que un fiscal y un procurador pasen por alto sindicaciones tan graves? ¿Podrá el procurador ser indiferente a la suerte de su hijastro, el actual gobernador del César, otro departamento paramilitarizado de arriba a abajo?

Por otro lado, de estos hechos son responsables también los partidos políticos. La coalición de gobierno debe asumir lo que le corresponde y pagar el precio del pragmatismo desbordado a la hora de conseguir votos. Gravísimo error que puede tener impredecibles alcances. El presidente Uribe tiene que salir al paso y ser tan duro con los socios de los paramilitares-narcotraficantes, como lo es con los terroristas.

A la otra orilla no escasearán los cuestionamientos. A pesar de los esfuerzos de César Gaviria por blindar a su partido, el liberalismo no puede negar su pasado. A él pertenecieron muchos políticos emparentados con el nacimiento y expansión del paramilitarismo y el narcotráfico. El propio Alvaro García hizo parte de sus filas y en el 2003 su Dirección Nacional avaló las candidaturas únicas a la gobernación del Magdalena y César. Según varios medios de comunicación, no hubo pluralidad de candidatos por presión de los paramilitares.

Finalmente, con igual vehemencia los ciudadanos debemos reclamar la verdad sobre relaciones pasadas y actuales de políticos con grupos guerrilleros. Con seguridad éstas existen y se extienden a algunas organizaciones que con fachada democrática hacen parte de la estrategia de guerra política que adelantan los violentos.
Los congresistas procesados por la Corte son apenas el primer eslabón de una cadena de confabulaciones que hizo de este país, con la barbarie subversiva, un gigantesco campo de muerte. Ojalá la corte mantenga la valentía y llegue hasta las últimas consecuencias. Esperamos que la Fiscalía haga lo propio, después de su prolongado y cómplice silencio.

Pregunta: ¿qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar al ex fiscal Osorio?

FUEGO MAFIOSO

www.semana.com - Fecha: 05/27/2006 - Edición: 1256

“La respuesta del gobierno al episodio de Jamundí fue la adecuada. Bien hace en respaldar la gestión de la Fiscalía y rechazar que la justicia penal militar se encargue del proceso”, afirma Rafael Guarín.

Por Rafael Guarín

Las palabras del presidente Álvaro Uribe y las dudas de Francisco Santos respecto de las versiones iniciales sobre la forma como ocurrió la muerte de 10 policías y un civil por hipotético “fuego amigo” reflejan que algo huele mal, muy mal. Las preguntas hasta ahora sin respuesta generan sospecha sobre la posibilidad de que detrás de la acción se encuentren intereses de los capos de la droga. De establecerse esa relación, sería de suma gravedad para el Ejército y un duro golpe a su credibilidad.

El “fuego amigo” es una expresión acuñada para describir los casos en que tropas del mismo ejército o unidades de distintas fuerzas, pero pertenecientes al mismo bando, se enfrentan accidentalmente. No es una situación nueva. En las dos guerras mundiales muchos soldados cayeron por fuego de sus tropas o aliados. Desgraciadamente, esos errores militares se siguen presentando aún en el ejército más poderoso y con mayor tecnología del mundo. Se ha dicho que en la Guerra del Golfo de 1991, un porcentaje importante de bajas inglesas fueron ocasionadas por “fuego amigo” norteamericano. En Irak, el “fuego amigo” ha dejado muchas víctimas. Por ejemplo, en abril de 2003, un avión de Estados Unidos bombardeó un convoy de civiles kurdos y de fuerzas especiales de su propio país.

El error resulta de información equivocada, incompleta o inexistente. Se produce por déficit de inteligencia y en la individualización del enemigo. Estas fallas dejan entrever falencias de comunicación, planeación y coordinación en las operaciones. En el caso de Jamundí, el hermetismo que debía rodear la acción policial sacrificó la coordinación con el Ejército. Empero, más que “fuego amigo”, las versiones publicadas y las dudas del gobierno parecen indicar que se trató de “fuego mafioso”.

No se comprende cómo las tropas no atendieron los gritos de las víctimas que se identificaron como policías. Tampoco cómo los militares pasaron por alto los distintivos que los acreditaban como tales a plena luz del día, ni qué actividad cumplían en esa zona y mucho menos los supuestos disparos a quemarropa. Pareciera que a los agentes no se les dio oportunidad de rendirse y que no brindaron resistencia efectiva. Todo eso hace evocar más el vil asesinato de la familia Turbay Cote por las FARC, que un típico evento de “fuego amigo”.

La respuesta del gobierno fue la adecuada. Bien hace en respaldar la gestión de la Fiscalía y rechazar que la justicia penal militar se encargue del proceso. Esa decisión contribuye a garantizar la imparcialidad de la administración de justicia, a dar transparencia a la investigación y eventualmente a castigar a quienes puedan ser responsables del presunto crimen. Pero no es suficiente. De comprobarse que la matanza tiene relación con las mafias, quedan al desnudo las flaquezas de las Fuerzas Militares ante el poder de la corrupción. No sería extraño, hacen parte de una sociedad en la que la política, la iglesia, el deporte, los empresarios y hasta la farándula han sido infiltrados por el narcotráfico.

Se debe preservar la institución y no extender un manto de dudas sobre gran parte de la oficialidad que con convicción y rectitud defiende la democracia y el estado de derecho. La coyuntura actual es una excelente oportunidad para que se determinen responsabilidades y por esta vía se depuren las Fuerzas Militares. Es el momento de revisar los mecanismos de seguimiento y control en el seno del Ejército e iniciar una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles.

Es conveniente que con una óptica de prevención se haga un estudio detenido de las vulnerabilidades que presentan las Fuerzas Armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y el paramilitarismo. Aunque no existe una política de Estado o de gobierno que fomente las autodefensas o proteja a los mafiosos, es forzoso reconocer que algunos militares y políticos han cedido ante esos poderes de facto.

La corrupción es un gran peligro para cualquier política de seguridad. Desestimula el trabajo honesto y comprometido de nuestros soldados, quiebra la moral y facilita el olvido de los deberes que tienen en la defensa de la soberanía nacional y seguridad de los ciudadanos. Su presencia cambia la escala de valores y termina reventando cualquier esfuerzo por lograr mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

No se trata de sentar olímpicamente en la silla de los acusados a nuestros oficiales, ni de repetir discursos sectarios y condenatorios que suelen interesar a enemigos de la Constitución. Lo que se propone es tomar el toro por los cuernos. Los colombianos no justificaríamos de ninguna manera los esfuerzos que se hacen si casos como los de Guaitirilla se convierten en pan de cada día.

Nota: ¿Y el Ministro de Defensa dónde está?