REVISTA ITALIANA LEF

COLOMBIA - REINSERIMENTO PER I NARCOS

Registro de prensa, mayo de 2007.

http://www.avvenimentionline.it/pdf/17_27-04-2007.pdf

"Mentre la Colombia dichiara guerra al narcotrafico e ai paramilitari che hanno creato delle vere imprese dell`eroina e della cocaina, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sperimenta un programma di "risocializzazione" dei trafficanti di droga", scrive Rafael Guarin sule pagine di El Nuevo Herald. Guarin denuncia la doppia morale della politica internazionale contro il narcotraffico, che "impone misure di controllo ai Paesi produttori, rese però vane dagli accordi segreti che alcuni criminali raggiungono con le autorità statunitensi".

Guarin sostiene che le trattative con i trafficanti hanno portato alla liberazione di più di trecento colpevoli. "Non è possibile che i colombiani paghino la guerra alla droga con migliaia di morti, mentre ai paramilitari che commerciano cocaina è permesso emigrare a Miami". Il programma di reinserimento degli ex narcos promette un visto per entrare negli Stati Uniti e il mantenimiento del proprio patrimonio, in cambio di una confessione e del pagamento di una multa di milioni di dollari.

LAS TERRORISTAS FARC

LA ESTRATEGIA DE LAS FARC

Publicado el sábado 7 de julio de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

Mientras algunos grupúsculos en el exterior pretenden convencer que las FARC luchan por la libertad y defienden a los oprimidos, el pasado jueves los colombianos nos movilizamos masivamente para rechazar el secuestro. Las calles se invadieron con pancartas que reclamaban la libertad inmediata de quienes están encadenados en las selvas a merced de las FARC, también apoyos al acuerdo humanitario o incluso rechazos a que el gobierno desmilitarice una zona del territorio nacional. A pesar de las diferencias políticas de quienes marcharon existió un común denominador: una severa descalificación a la guerrilla.

Esa actitud colectiva es respuesta al terrorismo y demostración de rechazo a una estructura criminal a la que no interesa la reconciliación y la paz. Por el contrario, el asesinato de los diputados del Valle del Cauca y el plan ideado que utiliza el secuestro como instrumento, dibujan una de las más grandes y largas estrategias terroristas que se hayan conocido.

Al examinar cuidadosamente esos hechos se evidencian los elementos del cálculo terrorista clásico. El primero de ellos es que tanto el secuestro de políticos y miembros de la fuerza pública como su fusilamiento son acciones planificadas. No hay que olvidar que las FARC amenazaron con asesinar a los plagiados ante un hipotético rescate. En este caso, ni siquiera existió una operación de las fuerzas militares como se reconoce en su comunicado. Segundo, con tales actos intentan provocar en la sociedad desconcierto y miedo y, por último, obtener una reacción que modifique el comportamiento del Estado y los ciudadanos.

Tampoco hay duda de que esos crímenes portan un mensaje que se ratifica con la ''oportuna'' aparición de un video en que víctimas objetan el rescate y piden un acuerdo humanitario. El propósito salta a la vista: generar presión nacional e internacional sobre el gobierno Uribe, restarle capacidad de maniobra, obligarlo a acceder a un arreglo bajo las condiciones de la guerrilla y ocasionarle el mayor desgaste posible.

A menos que se entreguen los cadáveres y se demuestre otra cosa, la lógica terrorista de las FARC no permite descartar que la matanza haya sido a sangre fría y sin que mediara acción militar alguna. Su justificación estaría en la utilidad para disuadir cualquier rescate, procurar manipular a los ciudadanos y empujarlos a favorecer el acuerdo humanitario y condenar el gobierno, manosear a éste afirmando que se trató de una acción coordinada con paramilitares o mercenarios y generar declaraciones en tonos poco diplomáticos como la de la protagónica Francia. Finalmente, como lo señala Peter Waldmann, el terrorismo tiene una dimensión política que se expresa en ''las intenciones y finalidades políticas'' de sus autores.

No sería extraño. Las FARC menosprecian la opinión pública favorable y deben pensar que no tienen nada que perder, al igual que no creen haber perdido con la bomba en el Club El Nogal, el asesinato de nueve concejales del municipio de Rivera o del grupo de secuestrados en que se encontraba el gobernador de Antioquia.

Paradójicamente, las terroristas FARC se explican, entre otras cosas, por el éxito de la ''política de seguridad democrática''. Ante la fortaleza del Estado optaron por el terrorismo como principal método para resistir y preservar fuerzas, lo que hizo depender su capacidad de perturbación enteramente de su práctica.

El perfil terrorista se vincula también con su derrota estratégica. El drama, del cual difícilmente podrán reponerse, es que si bien fueron capaces de construir una organización armada son cada vez más repudiadas, desconectadas de la sociedad y están políticamente a un paso de la aniquilación. El único salvavidas que se les ofrece es la candidez de gobiernos hábilmente enredados por la retórica fariana y de sectores políticos que pregonan el apaciguamiento y silenciosamente esperan terminar beneficiándose del terrorismo.

Si a las FARC les disgusta que los llamen terroristas, liberen sin condiciones a los secuestrados y no atenten contra los civiles. Si les incomoda el epíteto de narcoguerrilla, abandonen el narcotráfico. Si quieren una negociación, valídense primero ante los colombianos como actores políticos. Nada de eso ocurrirá, pues su inmersión en el negocio de la coca los convirtió en alumnos aventajados del terrorismo del Cartel de Medellín.

Nota: El presidente Uribe y los partidos de gobierno y oposición deben dejar de lado sus cálculos políticos y comprender que solamente su unidad podrá derrotar a los violentos.
http://www.rafaelguarin.blogspot.com/

LA PROTAGÓNICA FRANCIA

Publicado el domingo 24 de junio 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Sarkozi y Chirac. Foto de http://news.bbc.co.uk/hi

RAFAEL GUARIN


Un video filmado hace cerca de ocho años en algún lugar de las selvas de Colombia registra el momento en que el cabecilla de las FARC, Mono Jojoy, anuncia a un numeroso grupo de policías secuestrados que emprenderían ''una campaña nacional e internacional buscando gente, países, lo que sea'' y que ''las familias debían presionar es al Estado'' a efecto de lograr lo que denominó un ``canje de prisioneros''.

Desde tiempo atrás la guerrilla hizo del secuestro, la desmilitarización de territorios y el ''canje'' instrumentos centrales de su estrategia, mientras del narcotráfico su bastión para el fortalecimiento militar. Tales asuntos son parte de un meticuloso plan destinado a conseguir que se les reconozca el carácter de organización política alzada en armas y el estatus de beligerancia.

Las FARC se sirven de una férrea disciplina en el mensaje. Cada uno de sus pronunciamientos y principales acciones son notas de una partitura escrita con mucha antelación. No improvisan, ni se dejan provocar por el gobierno o la opinión pública, tampoco tentar por los países amigos del acuerdo humanitario o el discurso de ongs de derechos humanos. Son voluntariamente autistas y confían ciegamente en los planes de mediano y largo plazo orientados a erigir un ``Estado alternativo de nuevo tipo''.

Hábilmente elaboraron un lenguaje que procura manipular la percepción de los ciudadanos y de la comunidad internacional. Hablan de prisioneros de guerra cuando se refieren a víctimas del secuestro en su poder o a secuestradores, terroristas, asesinos, violadores, extorsionistas o narcotraficantes que engrosan sus filas y están recluidos en las cárceles, invocan una supuesta guerra civil cuando tienen más del 98% de rechazo de los colombianos, lo que no cohíbe su búsqueda de interlocución con gobiernos extranjeros.

En esa puesta en escena Francia ocupa un papel protagónico. En el afán de liberar a Ingrid Betancourt, Jacques Chirac se dejó enredar en la telaraña tejida por las FARC, aumentó la rentabilidad de su secuestro y la condenó a ser su ''activo'' más preciado. Raúl Reyes no se cansa de recordar que de su parte recibieron un emisario y de pedir nuevos encuentros. Eso sin comentar la reciente declaración del G8, impulsada por Francia, que califica de ''combatientes'' a los ''farianos'' e insta una ``solución humanitaria''.

Chirac parece que nunca se percató de que las presiones abiertas y veladas contra el gobierno de Uribe, lejos de viabilizar el acuerdo humanitario, fortalecían la intransigencia guerrillera ante las obvias ganancias. No inocentemente las FARC resaltaron positivamente sus gestiones y piden mantenerlas con el gobierno de Nicolás Sarkozy.

Todo eso ayudó a convencer a los secuestradores que el precio de la libertad de Ingrid y de los demás cautivos únicamente sería su reconocimiento como ''actor político'', lo que es posible a partir de uno de tres eventos, el quiebre de la Política de Seguridad Democrática en las urnas, su desmonte por Alvaro Uribe o la atribución de la calidad de beligerante que haga un tercer Estado. Lo primero otorgaría a las FARC, pero sólo hasta el 2010, una victoria al colocar las condiciones del acuerdo humanitario; lo segundo, es un absurdo suicidio político del presidente.

Pero si las FARC continúan avanzando en la pretensión de beligerancia en la comunidad internacional, previsión seguramente hecha por Uribe, la verdadera razón de Estado que explica la liberación de Rodrigo Granda estaría ligada a una serie de gestos humanitarios destinados a justificar como última opción, sin la oposición francesa y estadounidense, un rescate que prive a las FARC del instrumento con el cual pueden eliminar de un tajo los logros de la política de seguridad: los secuestrados.

No es una especulación. Es difícil creer que el gobierno observe impávido que la guerrilla logre en el exterior el reconocimiento político que se le niega en Colombia por las acciones terroristas, la inmersión en el negocio de las drogas y la falta de legitimidad. Tampoco es razonable descartar que Bush y Sarkozy avalen un rescate luego de la demostrada voluntad de Uribe, la reiterada negativa de las FARC y agotados todos los esfuerzos de acuerdo humanitario. Finalmente, después de nueve años de estar encadenado en la profundidad de la selva, hasta la acción militar resulta ser una ''solución más humanitaria'' que el sometimiento indefinido a esa indigna condición.

Nota: Presidente Uribe: ¿qué pasó con las interceptaciones telefónicas?

LA MANO DEL TENIENTE CORONEL

Publicado el 07 de junio 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto AP

RAFAEL GUARIN

Es cada vez más evidente la injerencia de Venezuela en la política colombiana. En febrero el embajador Pavel Rondón asistió a un acto en que consignas a favor del Polo Democrático y del camarada Chávez le sirvieron de fondo para decretar la futura desaparición del Partido Liberal. Hace poco trascendieron sospechas de vínculos de militares activos con círculos bolivarianos y se descubrió que políticos de ese país intervienen en el proceso electoral que culminará en octubre próximo.

No son hechos aislados, sino eventos que se intensificarán en la nueva etapa de la revolución. Consolidada en Venezuela y aplastados los “reaccionarios”, lo que viene es avanzar en la construcción de un “Bloque Regional de Poder” según la definición del ideólogo del régimen, Heinz Dieterich Steffan, en su libro “El Socialismo del Siglo XXI”. La “Patria Grande” sólo se puede edificar con un mercado y Estado regional capaz de enfrentar a Estados Unidos y la UE.

La internacionalización de la revolución, buscada con el ALBA, TELESUR, la diplomacia petrolera y otras iniciativas, se dirige a realizar ese bloque regional con gobiernos coincidentes en un “horizonte estratégico” socialista. Esa visión se reforzó con la creciente influencia en Cuba y los resultados electorales en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En la fase iniciada con la reelección de Chávez el vecindario concentrará aún más sus esfuerzos y dispensará especial atención a Colombia por la “alianza” con Estados Unidos y el innegable contrapeso que ejerce.

La expansión por América Latina incluye el empleo de la combinación de todas las formas de lucha. Nada nuevo. Se trata de la vieja formula empleada por las guerrillas comunistas para ganar aliados y utilizar todos los medios legales e ilegales posibles. Entre estás se circunscriben la clandestina intromisión en elecciones (principalmente con financiación), la simpatía con las narcoguerrillas y en otras latitudes con organizaciones que buscan desestabilizar o tumbar gobiernos.

No es un embuste del imperialismo. Precisamente son cabecillas de las narcoguerrillas los que otorgan veracidad tanto a las denuncias que las relacionan con Chávez como al reciente informe del gobierno estadounidense que lo acusa de tener con ellas afinidad ideológica. El ELN, por ejemplo, además de encontrar una nueva fuente de inspiración, en su IV Congreso Nacional dijo estar en disposición de responder con las armas a una hipotética intervención militar contra la revolución bolivariana.

Las FARC sigue la misma línea. El año pasado ofrecieron reiteradamente su ayuda: “si los halcones de Washington llegaren a agredir al bravo pueblo (de Venezuela)” y “a la esperanza del continente contenida en su revolución”. Raúl Reyes resaltó que estaban "obligados como bolivarianos a prestar solidaridad a un gobierno bolivariano”.

Del mismo modo, Bolivia y Ecuador ilustran el patrocinio chavista a revueltas contra gobiernos elegidos democráticamente, presididos por “enemigos de clase”, y el ascenso de sus reemplazos afines al proyecto revolucionario. Todo esto no debe pasar inadvertido. Estamos ante un conjunto de acciones capaces de penetrar paulatina y astutamente los diferentes sectores de la sociedad y de colocar en entredicho las conquistas democráticas de la región.

En Colombia hacia el 2010 convergen todo tipo de intereses. Con terrorismo las FARC se proponen quebrar en las urnas la Política de Seguridad Democrática y con guerra política el desmonte del Plan Colombia, calificado por los chavistas como un paso en la anexión de América Latina a Estados Unidos. Por otro lado, la interferencia política es ya patente a través de los restos insepultos del partido comunista, camuflado en el Polo Democrático, en la innegable “química” del senador Gustavo Petro con el presidente venezolano y en el discurso de los sectores populistas del Partido Liberal.

Enfrentar la larga mano del teniente coronel exige por lo menos fortalecer la capacidad estatal para garantizar la pureza de los comicios y prohibir financiación del exterior a campañas políticas y organizaciones de fachada de la revolución. También proscribir la acción política a extranjeros.

Segundo, es urgente la actuación de la OEA en el marco de la Carta Democrática y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con mayor razón si Chávez amenaza con retirarse. Pero, sin duda, el mejor camino es dar énfasis social al Estado, al tiempo que mostrar a los ciudadanos el espejo venezolano, la restricción de la democracia y el valor de la libertad.

SOBRE LA LIBERACIÓN DE GUERRILLEROS

Registro de prensa:

Publicado el 26 de mayo 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Fragmento del artículo titulado "Uribe liberará a guerrilleros de las FARC" del corresponsal en Colombia Gonzalo Guillén:

"Para el catedrático colombiano y columnista de El Nuevo Herald, Rafael Guarín, ``el intercambio humanitario no es un fin, sino un medio para las FARC. Es un instrumento para desgastar al gobierno dentro del país y ante la comunidad internacional, al cual no renunciará, así el presidente Uribe excarcele unilateralmente centenares de guerrilleros.

Si bien deja la decisión en el campo de la guerrilla, ésta encontrará argumentos para no entregar a los secuestrados y mantener la exigencia de despejar dos municipios y conseguir su objetivo principal: reconocimiento como actor político''. Guarín sostiene que el anuncio de Uribe, ``hasta ahora sin condiciones, es un giro radical que en la actual coyuntura puede ser visto como debilidad y una dádiva inadmisible, que además de haber sido rechazada inmediatamente por alias Raúl Reyes (vocero de las FARC), con seguridad no es bien vista al interior de las fuerzas militares''.

"PARAPREGUNTANDO"

CONVULSIÓN EN COLOMBIA*
Publicado el 26 de mayo 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto tomada de www.semana.com

RAFAEL GUARIN

La coyuntura actual es de las más convulsionadas en los últimos años en Colombia. A las escandalosas revelaciones que vinculan al paramilitarismo a funcionarios del gobierno, generales, multinacionales y grupos económicos, se sumó la captura del gobernador del César y de políticos que pactaron con las AUC un acuerdo para ``refundar la república''.

También trascendió que paramilitares delinquen desde su lugar de reclusión y un plan de espionaje a líderes de oposición, funcionarios y periodistas que data de hace más de dos años. La confusión aumentó con la absurda propuesta del presidente Alvaro Uribe de liberar unilateralmente guerrilleros presos, rápidamente rechazada por las FARC, y la de conceder libertad a quienes digan la verdad sobre sus relaciones con los paramilitares.

El momento es propicio para plantear las siguientes preguntas:

¿Qué pensará el embajador en México, el exfiscal Luis Camilo Osorio, de haber precluido precipitadamente el proceso que se adelantaba al general Rito Alejo del Río y de su pasividad ante las denuncias de intervención de los paras en las elecciones del 2002? ¿Qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para presentar resultados en la investigación a Osorio? Existiendo nuevos hechos, ¿el fiscal Mario Iguarán no deberá investigar la conducta de su antecesor y de los funcionarios de esa administración?

¿Por qué si el procurador general, Edgardo Maya Villazón, niega enfáticamente haber tenido vinculación alguna con la campaña de Hernando Molina a la gobernación del César en el 2003, en esa oportunidad llamó entusiasmado a miembros de la Dirección Nacional del Partido Liberal para agradecer el apoyo recibido? ¿Existe alguna diferencia entre la situación que llevó a renunciar a la canciller Araujo de la que tiene el procurador respecto a sus hijastro y sobrino en la cárcel?

Si el presidente Uribe se muestra neutral frente a la actuación de la justicia contra los parapolíticos, no ha sido igual en el caso del exdirector del DAS Jorge Noguera. ¿Podrá abstenerse de intervenir cuando las acusaciones apuntan contra los primos Santos, vicepresidente y ministro de Defensa?

¿Será cierta la versión que el exgeneral Iván Ramírez, sindicado por Mancuso como promotor de la conformación de grupos paramilitares, tiene al día de hoy vínculos con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS? ¿Responderá su Director?

¿Mancuso contará si el gobierno estadounidense mantuvo relaciones con los paramilitares? ¿Es creíble que la embajada de Estados Unidos no tuviera información de los pagos de multinacionales a los paras? ¿Ha sido tan fútil la defensa de sus empresarios que tampoco se enteró de los problemas de Chiquita Brands y de su complicidad en el tráfico de 3,000 fusiles con destino a Carlos Castaño? ¿Es veraz lo dicho por Vicente Castaño sobre la participación de un miembro de la CIA en reuniones con la cúpula paramilitar? ¿En todo esto tuvo algún papel esa agencia?

Por otro lado, ¿es cierto que el gobierno colombiano no estaba enterado que inteligencia de la Policía realizaba interceptaciones telefónicas a los narcoparamilitares presos en Itagüí? ¿Lo prudente no era precisamente que se efectuaran dichas interceptaciones para evitar una nueva ''Catedral''? ¿Debe el gobierno hacer pública la lista de personas espiadas? ¿Quién tiene las grabaciones? ¿Si los mandos de la policía no conocían la operación, estaremos en un caso de infiltración paramilitar? ¿Qué opinará el coronel Mauricio Santoyo, antiguo secretario de seguridad de la Presidencia y experto en ''chuzar'' las comunicaciones de las ONG en Antioquia?

Más interrogantes surgirán de las confesiones paras mientras los involucrados tratan de evitar que la justicia toque a sus puertas. En esa línea, la extradición, contrario a lo que creíamos, puede terminar siendo una salida para todos los involucrados. Activarla da oportunidad de negociar una baja pena en Estados Unidos por narcotráfico, al tiempo que callar la verdad y proteger a sus socios en la política, economía y fuerzas militares.

De comprobarse que los narcoparamilitares delinquieron en prisión, lo que procede es aplicar las penas ordinarias, mucho más severas con sus delitos que la ''ley de justicia y paz'', y extraditarlos una vez se hayan cumplido. Es una nueva prueba para el liderazgo del presidente Uribe y un reto histórico para la sociedad colombiana.

Nota: Otorgar libertad a cómplices de las AUC a cambio que reconozcan sus delitos es impunidad. Y excarcelar gratuitamente guerrilleros, debilidad e impunidad.

*Título con el que apareció la columna en El Nuevo Herald.

DETRÁS DE LOS APRIETOS DE URIBE

Publicado el 11 de mayo de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Casa de Nariño - Bogotá D. C.

RAFAEL GUARIN

Cuando faltan más de tres años del segundo período del gobierno de Alvaro Uribe, el ''desaire'' de Al Gore y los reclamos de congresistas demócratas durante su visita a Washington dejan claro que las cosas ya no serán como antes.

La penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en las instituciones lesiona gravemente una relación calificada por ambos países como estratégica. No hay que olvidar que Colombia ha sido el principal aliado en América Latina de la administración Bush y punto de contención de la ''revolución'' chavista. Tampoco que los exitosos resultados en materia de seguridad se deben principalmente a la modernización de la fuerza pública, imposible sin el concurso estadounidense. Los acontecimientos recientes y el innegable ambiente propicio a las aspiraciones demócratas de reconquistar la Casa Blanca ponen esa alianza en entredicho.

Las acusaciones de confabulación de narcoparamilitares con oficiales del ejército, la coalición de gobierno y el propio Uribe no son nuevas. En el caso del presidente, aun antes de ser gobernador de Antioquía (1994) y durante su campaña en 2002 se le adjudicaron muchas de las críticas que se reciclan hoy, lo que no impidió el masivo respaldo en las urnas. Siguiendo El nuevo príncipe de Dick Morris, probablemente esto contribuye a que su liderazgo no se resienta en medio del escándalo y aumente 10 puntos en las encuestas, hasta llegar a 75% de favorabilidad.

Esa aparente inmunidad convierte los escenarios foráneos en el campo para los ataques de la oposición democrática y la guerra política de las guerrillas. Sin pretender sugerir complicidades, en ello coinciden, consciente e inconscientemente, unos y otros.

Desde el Polo Democrático y sectores populistas del Partido Liberal se considera que destruir la seguridad democrática es indispensable para sus tesis de apaciguamiento y abrir las puertas a lo que con las FARC denominan la ''solución política al conflicto social y armado''. Su cálculo les puede dar réditos en el corto y mediano plazo, pero a la larga, si obtuvieran su propósito, las consecuencias serían nefastas en el combate a los grupos armados ilegales.

Por su parte, para las FARC se trata de avanzar en el quiebre de la política de seguridad abonando un paulatino desmonte del Plan Colombia, a través de una lenta y persistente campaña que combina acciones políticas, propaganda y satanizaciones. En ese sentido, se mina la cooperación militar aprovechando hábilmente las contradicciones de republicanos y demócratas. En el fondo, hay un presupuesto similar al que anima a los terroristas en Irak, conseguir por la vía política lo que son incapaces en el terreno militar.

Esto permite comprender mejor el alcance de la campaña de desprestigio y la aparición de nuevas ONGs que replican en inglés el discurso subversivo. Todo hace parte de una estrategia que busca apalancarse en el exterior para obtener un viraje en la opinión ciudadana y en la actitud norteamericana, con la ambición de beneficiarse en el futuro cambio de ambos gobiernos o ganar el pulso militar.

De igual manera la parapolítica alcanza el TLC. La hipotética negativa del Congreso pulverizaría el carácter especial dado al vínculo que une a Washington y Bogotá. Pero puede ser peor. No es descartable que los demócratas quieran salvaguardar los lazos con Colombia, pero no con Uribe. En otras palabras, que se apruebe el TLC con la aclaración que no representa un respaldo al presidente. Su impacto sería muy negativo en un gobierno que metió todos los huevos en una sola canasta, dejó en plano secundario al resto del mundo y alineó su política exterior con la guerra contra el terrorismo.

Sin duda un deterioro de las relaciones arrojará un ganador, las FARC, y como lo señaló la analista Laura Gil, la posible reorganización de grupos paramilitares. Aún se puede evitar, si los demócratas entienden que su válida exigencia de justicia debe acompañarse de individualizar responsabilidades y no de medidas que afectaran indiscriminadamente a los colombianos. También, insistimos, si las bases de la política de seguridad democrática se despersonalizan y convierten en una política de Estado. En esto el Partido Liberal podría tomar la iniciativa.

Por lo pronto, lo que parece evidente es que si alguien pensó en algún momento en extender el gobierno Uribe hasta 2019, como lo sugirió Belisario Betancur, los demócratas ya hicieron saber su oposición.