CONCIERTO PARA DELINQUIR

Publicado el viernes 24 de agosto del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

El gobierno y el Congreso estadounidenses deben preguntarse lo mismo que millones de colombianos. ¿Por qué el narcotráfico no disminuye después de siete años de Plan Colombia y de fortalecimiento de la fuerza pública? La respuesta comienza a conocerse con la orden de captura de 13 oficiales de las fuerzas militares por relaciones con el narcotráfico.

En mayo del año pasado con ocasión del asesinato del mejor grupo antinarcóticos de la policía a manos de soldados, en una columna encendimos las alarmas sobre el peligro de la corrupción para la política de seguridad democrática. Propusimos que, ''con una óptica de prevención'', se hiciera un estudio detenido de las vulnerabilidades de las fuerzas armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y del paramilitarismo, se revisaran los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército y se iniciara una purga integral.

Nada de eso se ha hecho y la crisis se torna estructural mientras el gobierno insiste en que se trata de casos aislados, a pesar de que son oficiales de alto rango quienes colocan a cientos de hombres bajo sus órdenes al servicio de la mafia, lo que explica, entre otras cosas, la inefectividad de las recompensas para encarcelar a los capos.

La realidad, por dura que sea, es que sectores de las fuerzas militares y de policía no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma. De tratos esporádicos pasaron a socios de los carteles de drogas. Eso explica la conducta de coroneles involucrados en el Valle del Cauca con alias Don Diego, los bajos resultados en su área de operación y que las acciones en su contra se tuvieran que adelantar con policías provenientes de Bogotá.

Nada valdrá haber invertido (hasta 2005) en el Plan Colombia 10,732 millones de los cuales 3,782 fueron contribución de Estados Unidos, como tampoco servirá aumentar en 2008 el presupuesto militar en 163%, si no se depuran los cuerpos armados. ¿Cómo reducir el narcotráfico si los impuestos de los colombianos y la ayuda norteamericana termina financiando unidades militares sometidas a los narcos? ¿Será que a estos hombres les importa derrotar a las FARC y capturar a los traficantes cuando de ellos depende enriquecerse?

Es apremiante fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Da la impresión de que el problema se dejó a la milicia, que tiende a tapar y tapar. El gobierno y el Congreso no ejercen rigurosa vigilancia. La comisión parlamentaria encargada del tema, lo recuerda el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero, reacciona únicamente ante escándalos, no hace control permanente, se limita a aprobar ascensos, no examina el presupuesto militar ni su ejecución y carece de especialistas en la materia. Una buena idea es incorporar a inspectores civiles en las fuerzas con independencia de la línea de mando.

Conviene también replantear decisiones gubernamentales que pusieron a los militares al alcance del narcotráfico. Por ejemplo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se le ocurrió en 2002 la genial idea de responsabilizar en los departamentos de mayor producción de cocaína a las fuerzas militares de la fiscalización de sustancias, como gasolina y querosén, que son utilizadas para la producción de alucinógenos.

Esto llevó a que tropas con años de entrenamiento, en vez de combatir las guerrillas se distraigan extorsionando a ciudadanos que comercian legalmente con tales productos. Así lo denunció FEDISPETROL, que no es de la oposición, en febrero de 2005, a los ministros del Interior y Defensa y al comandante del ejército. Nunca hubo respuesta.

Pero, al igual que en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Ahora se dice, en voz baja, que en esas zonas los insumos siguen entrando y toneladas de coca salen con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas. ¡Lo que nos faltaba! El cobro de peajes o ''gramaje'' que efectúan a narcotraficantes las guerrillas y los paramilitares parecen repetirse por parte de pútridos militares.

Y, finalmente, qué bueno sería que Estados Unidos comience a pedir en extradición a los militares socios de los narcos. No puede dudarse del heroísmo y la honestidad de miles de integrantes de las fuerzas armadas. Precisamente, para honrar su sacrificio y el de la sociedad, son necesarias las correcciones y evitar así que al final de este gobierno sea la corrupción interna la que derrote la política de seguridad democrática.

DISFRAZ PARAMILITAR

Publicado el sábado 4 de agosto de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto Revista Cambio

RAFAEL GUARIN

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que priva a los paramilitares de la calificación de sediciosos y la negativa de los cabecillas presos de continuar confesando sus delitos, abrió en Colombia un debate sobre la posibilidad de otorgarles el carácter de delincuentes políticos.

¿A qué se debe esta crisis? Entre otras cosas, al eventual riesgo de extradición y a una política que encubre en un proceso de paz a traficantes. La equivocación del gobierno fue aceptar el disfraz político y no asumir el asunto tal y como era: el sometimiento a la justicia de un grupo de mafiosos con un ejército superior a 30,000 hombres.

Si bien el origen del paramilitarismo se liga al narcotráfico, en su seno hubo auténticos contrainsurgentes cuya influencia cedió en la medida que la organización fue cooptada por narcos. Esa transición se facilitó por las exigencias económicas de la confrontación y su utilidad para el cultivo, procesamiento y comercio de alucinógenos. Además de garantizar seguridad, protección y control territorial a través de la fuerza y la captura de la política, en el mediano plazo los capos metidos a paramilitares pretendían evitar la extradición a Estados Unidos y conseguir benevolencia punitiva.

Lo de hoy no dista mucho del pasado. A final de los años ochenta Pablo Escobar quiso escapar de la extradición, obtener tratamiento político e indulto. Concibió la idea de vestirse de delincuente político para alcanzar los objetivos que se evidencian en los narcoparamilitares. El jefe del cartel de Medellín incluso pensó camuflarse en las guerrillas desmovilizadas bajo el gobierno Barco y relacionó la represión a las drogas con la lucha de clases. Escobar no logró el indulto, pero sí una legislación especial, la prohibición de la extradición y un ''exclusivo'' centro de reclusión.

La coyuntura actual refleja pactos hechos en la mesa de negociación pero a espaldas del país. Cosa muy grave, no sólo por la transparencia indisociable de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sino porque la capacidad del gobierno de dialogar con estructuras criminales se debe sujetar rigurosamente al estado de derecho.

La asociación de Uribe del paramilitarismo a la sedición y la consecuente polémica con la Corte chocan con esa regla democrática. La obligación constitucional de contribuir armónicamente con las demás ramas del poder público a los fines del Estado, verbigracia, la paz, no puede interpretarse como una obligación de los tribunales para obviar la ley. Es innegable, a la luz del código penal, que no están incursos en el delito de sedición y, por tanto, que no son delincuentes políticos; la prueba es que el gobierno anunció un proyecto de ley que modifica el tipo penal para adecuarlo a esos criminales.

De aprobarse la iniciativa se allana el camino a la intención de los ''paras''. Orientados por la negativa a la extradición por delitos políticos buscan posicionar la sedición como su delito principal y dar al narcotráfico la categoría de conducta conexa. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo haber sido primero autodefensa y después emplear el narcotráfico para financiar el aparato bélico, que ser narcotraficante y disfrazarse luego de autodefensa, situación, ésta última, que aparentemente predomina, convirtiendo al tráfico ilícito en la conducta delictiva primaria y a la supuesta sedición en un medio a su servicio. Lo ejemplifica el pago de $1,500,000 que hizo el reconocido narco el ''Tuso'' para su incorporación en la cúpula paramilitar.

Conviene eliminar cualquier diferencia respecto a los delitos comunes, disuadiendo de paso a los narcotraficantes de armar ejércitos y de cometer masacres que justifiquen la demanda de ser actores políticos. No es indispensable dicha característica para conversar con grupos armados, basta la decisión del gobierno. En España no se habla de conflicto armado interno y mucho menos que los integrantes de ETA sean románticos delincuentes políticos, no obstante, con ellos el PP y PSOE han procurado acuerdos.

La amnistía y el indulto serán entonces potestades más parecidas a la figura del perdón presidencial estadounidense, dentro del límite que la proscribe para crímenes contra la humanidad.

Salgámonos de esa discusión, suprimamos los beneficios de tales tipos penales y llamemos a las cosas por su nombre, en el caso de los paramilitares, son asesinos, descuartizadores, narcotraficantes, torturadores, hasta malos hijos, todo lo que se quiera, menos sediciosos.

LA PAZ CON EL ELN

Publicado el el viernes 20 de julio de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

Se retomaron las conversaciones en La Habana entre el gobierno de Alvaro Uribe y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De la ronda de diálogos se esperan hechos concretos que allanen el camino hacia la paz.

En 1988, por encima de las FARC se decía que ELN era la guerrilla de mayor preeminencia en Colombia, al punto que la revista Semana indicó que competía con Pablo Escobar en la calificación de ``enemigo número uno del país''.

Hoy el escenario es distinto. El punto de inflexión lo alcanzó a mediados de los años noventa cuando su adhesión a la teología de la liberación la inhibió de adaptarse a la acelerada degradación del conflicto y de convertirse, siguiendo a las FARC y las AUC, en un cartel del narcotráfico. El resultado fue una guerrilla empobrecida y marginal en lo militar que apuesta a la política. Ese camino comenzó, recuerda el analista Luis Eduardo Celis, con su propuesta de una ''convención nacional'' surgida en 1996 ante la crisis del gobierno Samper.

Pero la paz con ese grupo debe superar muchos obstáculos. El más significativo, posiblemente, es su opuesta interpretación. Mientras para Antonio García ''la negociación se eternizará tanto como se eternice la solución de los problemas del país'', que es igual a decir que sus acciones criminales no tendrán fin, el gobierno cree en una desmovilización y entrega de armas, sin mayores reconocimientos.

Conviene un punto intermedio. No se trata de legitimar la lucha armada, pero sí, con pragmatismo, estar dispuestos a reformas institucionales que además se requieren para frenar la influencia del paramilitarismo, la guerrilla y la mafia. Al ELN se le debe otorgar una justificación para que dé el paso definitivo a la paz.

Eso no implica quebrar la seguridad democrática. El propio Uribe ofreció el año pasado a las FARC una Asamblea Nacional Constituyente, lo que es coherente, pues su política busca doblegar la voluntad de lucha de las guerrillas y conducirlas a una negociación que él sabe que implica concesiones.

Se requieren decisiones urgentes: la primera, retirar el señalamiento de organización terrorista al ELN y concederle estatus político sólo si previamente libera los secuestrados, entrega los niños en sus filas, proscribe la utilización de minas antipersonales, renuncia a los atentados terroristas y se inicia y mantiene un cese de hostilidades.

Segundo, el proceso debe blindarse. Las negociaciones son con el Estado colombiano y para garantizar su resultado se requiere el consenso de todas las fuerzas políticas. Cumplido lo anterior es necesario concitar un gran acuerdo que comprometa al gobierno, los partidos con representación en el Congreso y al ELN en una agenda que parta de la Convención Nacional y termine, previo desarme y desmovilización, con la incorporación de sus iniciativas al ordenamiento constitucional. En esto el Partido Liberal (en la oposición) orientado por el expresidente César Gaviria podría tomar el liderazgo. Aunque el gobierno prefiera no compartir el éxito del proceso, quizás dentro del ELN existen reticencias a darle exclusivamente ese ''triunfo'', lo que eventualmente alargaría hasta una nueva administración la firma de la paz.

Tercero, deben observarse la verdad, justicia y reparación de las víctimas con el cuidado de no cobijar los parapolíticos y asesinos de las AUC con iniciativas legislativas destinadas a la guerrilla, a las que ha hecho referencia el mismo Uribe. Los colombianos estaremos atentos a la verdad de las relaciones de políticos con el ELN.

Cuarto, el anuncio estadounidense de posibles solicitudes de extradición de miembros del ELN muestra su atención al proceso. Como lo fue con los paramilitares, la presión de la extradición constituye un garrote para el gobierno y un incentivo para esa guerrilla. Pero esto no es suficiente. Estados Unidos y la comunidad internacional deben jugar un papel más importante y aprovechar la oportunidad para examinar salidas al narcotráfico, debate colocado en la mesa por los ``elenos''.

El reloj corre en contra. Al gobierno le queda en la práctica algo más de dos años, un poco menos que el tiempo con que cuenta el ELN para participar en las elecciones del 2010. Por esa razón, en esta ronda deben acordar el desarrollo de las etapas posteriores y convencer al país que luego de 17 años tiene al frente lo más parecido a la última guerrilla de América Latina, con real voluntad de paz.

Nota: sobre el mismo tema puede leer en este blog:

http://rafaelguarin.blogspot.com/2006/12/antropofagia-guerrillera-published-on.html

LA REFORMA, DIARIO DE YUCATÁN Y OTROS

Registro periodístico del artículo "Que Colombia despierte". Lealo en la columna de Miguel Ángel Granados Chapa:


http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3574716&f=20070618

REVISTA DE PRENSA INTERNACIONAL

Presidencia del Gobierno de España

Registro de prensa de la columna "Estados Unidos: ¿más cerca o más lejos?"

Lealo en:

http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/_2007/boli20070316.htm

REVISTA ITALIANA LEF

COLOMBIA - REINSERIMENTO PER I NARCOS

Registro de prensa, mayo de 2007.

http://www.avvenimentionline.it/pdf/17_27-04-2007.pdf

"Mentre la Colombia dichiara guerra al narcotrafico e ai paramilitari che hanno creato delle vere imprese dell`eroina e della cocaina, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sperimenta un programma di "risocializzazione" dei trafficanti di droga", scrive Rafael Guarin sule pagine di El Nuevo Herald. Guarin denuncia la doppia morale della politica internazionale contro il narcotraffico, che "impone misure di controllo ai Paesi produttori, rese però vane dagli accordi segreti che alcuni criminali raggiungono con le autorità statunitensi".

Guarin sostiene che le trattative con i trafficanti hanno portato alla liberazione di più di trecento colpevoli. "Non è possibile che i colombiani paghino la guerra alla droga con migliaia di morti, mentre ai paramilitari che commerciano cocaina è permesso emigrare a Miami". Il programma di reinserimento degli ex narcos promette un visto per entrare negli Stati Uniti e il mantenimiento del proprio patrimonio, in cambio di una confessione e del pagamento di una multa di milioni di dollari.

LAS TERRORISTAS FARC

LA ESTRATEGIA DE LAS FARC

Publicado el sábado 7 de julio de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

Mientras algunos grupúsculos en el exterior pretenden convencer que las FARC luchan por la libertad y defienden a los oprimidos, el pasado jueves los colombianos nos movilizamos masivamente para rechazar el secuestro. Las calles se invadieron con pancartas que reclamaban la libertad inmediata de quienes están encadenados en las selvas a merced de las FARC, también apoyos al acuerdo humanitario o incluso rechazos a que el gobierno desmilitarice una zona del territorio nacional. A pesar de las diferencias políticas de quienes marcharon existió un común denominador: una severa descalificación a la guerrilla.

Esa actitud colectiva es respuesta al terrorismo y demostración de rechazo a una estructura criminal a la que no interesa la reconciliación y la paz. Por el contrario, el asesinato de los diputados del Valle del Cauca y el plan ideado que utiliza el secuestro como instrumento, dibujan una de las más grandes y largas estrategias terroristas que se hayan conocido.

Al examinar cuidadosamente esos hechos se evidencian los elementos del cálculo terrorista clásico. El primero de ellos es que tanto el secuestro de políticos y miembros de la fuerza pública como su fusilamiento son acciones planificadas. No hay que olvidar que las FARC amenazaron con asesinar a los plagiados ante un hipotético rescate. En este caso, ni siquiera existió una operación de las fuerzas militares como se reconoce en su comunicado. Segundo, con tales actos intentan provocar en la sociedad desconcierto y miedo y, por último, obtener una reacción que modifique el comportamiento del Estado y los ciudadanos.

Tampoco hay duda de que esos crímenes portan un mensaje que se ratifica con la ''oportuna'' aparición de un video en que víctimas objetan el rescate y piden un acuerdo humanitario. El propósito salta a la vista: generar presión nacional e internacional sobre el gobierno Uribe, restarle capacidad de maniobra, obligarlo a acceder a un arreglo bajo las condiciones de la guerrilla y ocasionarle el mayor desgaste posible.

A menos que se entreguen los cadáveres y se demuestre otra cosa, la lógica terrorista de las FARC no permite descartar que la matanza haya sido a sangre fría y sin que mediara acción militar alguna. Su justificación estaría en la utilidad para disuadir cualquier rescate, procurar manipular a los ciudadanos y empujarlos a favorecer el acuerdo humanitario y condenar el gobierno, manosear a éste afirmando que se trató de una acción coordinada con paramilitares o mercenarios y generar declaraciones en tonos poco diplomáticos como la de la protagónica Francia. Finalmente, como lo señala Peter Waldmann, el terrorismo tiene una dimensión política que se expresa en ''las intenciones y finalidades políticas'' de sus autores.

No sería extraño. Las FARC menosprecian la opinión pública favorable y deben pensar que no tienen nada que perder, al igual que no creen haber perdido con la bomba en el Club El Nogal, el asesinato de nueve concejales del municipio de Rivera o del grupo de secuestrados en que se encontraba el gobernador de Antioquia.

Paradójicamente, las terroristas FARC se explican, entre otras cosas, por el éxito de la ''política de seguridad democrática''. Ante la fortaleza del Estado optaron por el terrorismo como principal método para resistir y preservar fuerzas, lo que hizo depender su capacidad de perturbación enteramente de su práctica.

El perfil terrorista se vincula también con su derrota estratégica. El drama, del cual difícilmente podrán reponerse, es que si bien fueron capaces de construir una organización armada son cada vez más repudiadas, desconectadas de la sociedad y están políticamente a un paso de la aniquilación. El único salvavidas que se les ofrece es la candidez de gobiernos hábilmente enredados por la retórica fariana y de sectores políticos que pregonan el apaciguamiento y silenciosamente esperan terminar beneficiándose del terrorismo.

Si a las FARC les disgusta que los llamen terroristas, liberen sin condiciones a los secuestrados y no atenten contra los civiles. Si les incomoda el epíteto de narcoguerrilla, abandonen el narcotráfico. Si quieren una negociación, valídense primero ante los colombianos como actores políticos. Nada de eso ocurrirá, pues su inmersión en el negocio de la coca los convirtió en alumnos aventajados del terrorismo del Cartel de Medellín.

Nota: El presidente Uribe y los partidos de gobierno y oposición deben dejar de lado sus cálculos políticos y comprender que solamente su unidad podrá derrotar a los violentos.
http://www.rafaelguarin.blogspot.com/