domingo, 28 de enero de 2007

COLOMBIA: DEMOCRACIA INCOMPLETA


Haga click en el título de color naranja para bajar el texto de Rafael Guarín sobre oposición política en Colombia.

El índice lo encontrará en:

http://www.escuelavirtual.registraduria.gov.co/theme/registraduria/libroPNUD/Tomo_II/Tomo_II-INICIO.pdf

miércoles, 24 de enero de 2007

PATRIA, TOTALITARISMO O MUERTE

Published on Tue, Jan. 24, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto tomada de www.semana.com


Por: RAFAEL GUARIN

La consolidación de un bloque de países liderado por Hugo Chávez y su afán exportador de la “revolución”, deben alertarnos sobre la posible propagación de gobiernos populistas y del paulatino menoscabo de la democracia en la región. Hasta ahora, la ruta venezolana dibuja mas que un camino al socialismo una verdadera autopista al totalitarismo.

La mayoría de latinoamericanos coincidimos en promover profundos cambios y en la urgencia de eliminar la pobreza, exclusión, desigualdad de oportunidades y la injusta distribución de la riqueza y del ingreso, pero también en defender la democracia. Al contrario, las demagógicas promesas de Chávez imponen el sacrificio de la libertad y los derechos a nombre de la pretendida igualdad. En ese sentido, la “revolución” terminará siendo un salto al pasado dictatorial.

Esa consideración no importa a pro - chavistas foráneos que reciben con gozo “el socialismo del siglo XXI”. Con ignorancia supina o creyendo idiotas a los demás, asimilan la socialdemocracia europea o la izquierda moderna de Bachelet o Lula con el modelo venezolano. Pasan por alto que Chávez acogió los procedimientos democráticos para desvirtuar la propia democracia. Adoptó una Constitución para hacer mofa del estado de derecho, centralizar absurdamente el poder y anular el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza un régimen democrático.

La reforma constitucional que incorporará la reelección indefinida y modificará el marco de la actividad económica, la reciente aprobación de poderes extraordinarios a través de una “ley habilitante”, el vasto programa de educación (reeducación) socialista y la restricción a la libertad de prensa, profundizarán el deterioro democrático. Su resultado será la perpetuación en el poder de un partido comandado por el Teniente Coronel, la ideologización de la educación destinada a un nuevo hombre y mujer venezolanos y el desarrollo de un singular estado paternalista sustentado en los recursos del petróleo. Todo parece tolerable a los “trasnochados” izquierdistas latinoamericanos, con tal de hacer la revolución socialista.

Hay suficientes elementos que indican que un totalitarismo de extrema izquierda, diferente al estalinismo, asoma sus orejas en el continente. Con la excusa de la unidad latinoamericana el proyecto bolivariano disimula su naturaleza de pequeño imperialismo en ciernes. Chávez no cesa los esfuerzos por conseguir injerencia, influencia y dominio sobre los países cercanos por medios económicos, políticos y militares. A la diplomacia petrolera añadió la posibilidad, que le otorga la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional LOFAN, de realizar acciones militares en otros países del continente con el fin de salvaguardar la supuesta integración.

Otro elemento que preocupa son sus socios. La coincidencia discursiva de Chávez y las FARC proviene de la década pasada, así como su relación con el ELN. Existen denuncias de la presencia de campamentos guerrilleros en territorio venezolano y del abastecimiento de armamento y material de intendencia a esos grupos por parte del gobierno. De la misma manera, inquieta la acogida de representantes de la subversión en el país. Eso, sin comentar las relaciones con movimientos que han desestabilizado otros gobiernos. Finalmente, Chávez es fiel discípulo de la combinación de todas las formas de lucha.

El hemisferio y especialmente sus vecinos deben observar con atención el bloque Castro, Chávez, Evo, Correa y Ortega. Su capacidad de perturbación está probada y el riesgo que se consolide un modelo totalitario en esos países y se siga extendiendo, no es una fantasía. Ya sabemos cual es el itinerario: pobreza, partidos en crisis, corrupción, populismo, victoria electoral, asamblea constituyente y “revolución”. Con sumo cuidado hay que observar sus programas militares y las actividades encubiertas que pueden adelantar.

El cambio social es imperativo. Lo inadmisible es que sobre el lomo de la pobreza y las penurias los demagogos de izquierda y derecha cabalguen sin límites, que crean que solo con ellos es posible el bienestar y que “cueste lo que cueste” resguarden su poder. Aceptarlo equivale a consentir la supresión del estado de derecho y la democracia.

La frase "L'État, c'est moi, que se debate si es de Luis XIV o sus enemigos, le va como anillo al dedo a Chávez; ojalá que no duré tanto en el trono como el monarca francés y que al final triunfe la democracia. Mientras tanto, por fortuna, la OEA y la Carta Democrática Interamericana tienen instrumentos para frenar la excitación totalitaria.

*Analista político

martes, 16 de enero de 2007

PROTEGER EL PLURALISMO INFORMATIVO ES PROTEGER LA DEMOCRACIA

RAFAEL GUARIN

Hace unos instantes conocimos la lamentable decisión del periódico Portafolio de eliminar la columna del periodista Vladdo.

Si bien toda publicación tiene la libertad de tomar decisiones relacionadas con las columnas, no se debe dejar de lado que dicha prerrogativa tiene que ajustarse en un todo a la responsabilidad social de la prensa en un sistema democrático.

Los medios de comunicación tienen derecho y deber de informar, pero también es deseable que reflejen el pluralismo que caracteriza la democracia.

Colombia está enfrentando una etapa de crisis política resultado del destape de la relación entre dirigentes y grupos narcoparamilitares. En este momento, la mejor contribución que se puede hacer es velar por la libertad de prensa, la libertad de opinión y el pluralismo informativo.

Escríbame a rafaguarin@gmail.com

martes, 9 de enero de 2007

ESPAÑA Y COLOMBIA, LA RESPUESTA TERRORISTA

Published on Tue, Jan. 09, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)



Foto de manifestación en Pamplona. EFE - tomada de www.elpais.es

RAFAEL GUARIN
La banda terrorista ETA dio la bienvenida al 2007 con un coche bomba en las instalaciones del aeropuerto de Barajas en Madrid. El atentado causó la muerte de dos inmigrantes ecuatorianos y la destrucción total del área T4. Por su parte, antes de finalizar el año, las FARC asesinaron a cerca de veinte soldados al sur de Colombia.

Ambos grupos tienen similitudes. Atentan contra la población civil, asesinan selectivamente políticos y emplean el terror. Su ideología se vincula estrechamente al marxismo-leninismo, condimentada con aditivos maoístas, castristas y guevaristas, esto les da un método de análisis y acción incompatibles con la convivencia democrática y el estado constitucional.

Las recientes actuaciones no deben sorprender a nadie. En el caso español, la respuesta al PSOE es la misma dada al gobierno anterior del Partido Popular. El deseo de diálogo de Aznar, tan loable pero irrealista, igual al de Zapatero, se estrelló con el terrorismo. Basta recordar los esfuerzos del gobierno y la oposición para sacar adelante un proceso de paz, a finales de la década pasada, en medio de una absurda escalada violenta que culminó con la renuncia a la tregua de ETA.

Las FARC operan con la misma lógica. Con feroz arremetida contestaron la decisión del gobierno de concertar las condiciones de una zona de encuentro para el acuerdo humanitario y el inicio de un proceso de paz. Saliéndose de su guión y arriesgando su tradicional discurso, Uribe había ofrecido la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Esa conducta es típica. La tregua suscrita con el gobierno Betancur la rompieron en el siguiente, con emboscadas a miembros de la fuerza pública en 1987. Años después, las FARC le dieron un portazo a la paz, luego de convertir la zona de distensión en un refugio de terrorismo, narcotráfico y secuestro.

A las FARC y a ETA los gobiernos les han otorgado innumerables pruebas de su compromiso con la paz. Aznar excarceló a más de 200 presos ''etarras'', permitió el retorno de más de trescientos que se encontraban fuera de España y replanteó la política penitenciaria. Su ministro del interior llegó al extremo de afirmar que el gobierno estaba dispuesto a ''hacer lo que sea necesario, sin exigencias previas, sin negociar la entrega de armas''. En Colombia, durante 1,565 días se concedió a esa guerrilla 42,000 kilómetros cuadrados, se hizo reconocimiento temporal de su carácter político y se paseo a sus voceros por toda Europa.

Se pensó incluso que el problema era también de sensibilidad semántica. Los gobiernos moderaron su discurso y cambiaron los calificativos. Aznar llamó a ETA ''Movimiento Vasco de Liberación'' y Pastrana coincidió parcialmente con el mensaje subversivo, entretanto que sus interlocutores afilaban su retórica falaz y deslegitimadora de las instituciones democráticas.

La cuestión está en que los terroristas equívocamente asimilan como debilidad, los gestos y la generosidad del Estado y de la sociedad. Sólo comprenden en su relación con los ''otros'' el lenguaje de la violencia y creen que sólo ella permitirá cumplir sus objetivos. Parodiando a Lenin, ''la enfermedad infantil'' de los autoproclamados ''revolucionarios'' es hacer del proceder violento el único medio para imponerse y concebir el diálogo desde una perspectiva utilitaria a sus propósitos.

Estos antecedentes dejan lecciones. En las actuales circunstancias, en España y en Colombia, no es posible aspirar a la paz a través de la negociación. Hacerlo es pensar con el deseo. Pretenderlo es conferir réditos políticos a aparatos bélicos que en el mundo carecen de justificación. Es brindar una nueva ocasión para que la buena fe de una de las partes se emplee en la estrategia de fortalecimiento de la otra.

En el estado de derecho la fuerza se enfrenta con la fuerza legítima y no con sermones, ni vigilias rebosantes de buenas intenciones.

Mientras ''etarras'' y ''farianos'' mantengan su credo en los fusiles y cedan a la tentación terrorista, no existirá gobierno capaz de negociar su desmovilización. Mientras la sociedad no los enfrente unida, el establecimiento político no los condene en una sola voz y no se doblegue su voluntad de lucha, los violentos tendrán siempre oportunidad de continuar su accionar. El único camino es la firmeza en el ejercicio de la autoridad del Estado democrático y la plena vigencia de la Constitución.

Escríbame a: rafaguarin@gmail.com

domingo, 17 de diciembre de 2006

LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA GUERRA

Published on December 20, 2006, Page PAGE: 21A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
www.semana.com - Fecha: 12/17/2006
Foto tomada de www.semana.com

Rafael Guarín* pinta un doloroso retrato: 11.000 niños y adolescentes pasarán esta Navidad en las montañas, con fusil al cinto, a la espera del combate.

Por Rafael Guarín

Cerca del nevado del Tolima, en un caserío a cuatro horas de Bogotá, un hombre llora todos los fines de año la pérdida de sus dos hijos. El mayor fue reclutado por los paramilitares y el menor engrosó las filas de las Farc. Ambos fueron muertos. Esa escena se repite a lo largo y ancho de Colombia.

Mientras en el mundo los pequeños aguardan con ilusión la Navidad y la sonrisa ilumina sus caras, miles la recibirán en la selva, sometidos al poder de los grupos armados ilegales. Tales organizaciones criminales revivieron la esclavitud y las mayores ignominias en niños que habitan zonas rurales, pueblos pequeños o los cordones de miseria que rodean a las ciudades.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 14.000 niños y adolescentes hacen parte de los grupos armados ilegales; según Human Rights Watch, la cifra es de 11.000. Este no es un caso de prematuro afán revolucionario o de precoz lucha antisubversiva, sino el rostro más desgraciado de la guerra. La mayoría se enlistan bajo amenazas contra su vida y la de sus familiares. Para ellos, Marx y Lenin no se encarnan en la utopía comunista, sino en miserables bandoleros y narcotraficantes que los sacan de sus hogares y escuelas, los desplazan de sus pueblos o los asesinan por negarse a participar en la vendetta en que se convirtió el país.

El informe sobre niños desvinculados de los grupos armados, presentado hace unos días por Unicef y la Defensoría del Pueblo indica que “el promedio de edad de reclutamiento bajó de 13,8 años en el 2001 a 12,8 años en el 2005”. Una edad en que los esfuerzos deben orientarse a la educación termina destinada a largos períodos de instrucción bélica. Cuando deben prepararse para edificar una sociedad cada vez mejor, se dedican a realizar emboscadas, entrenarse en hacer bombas, disparar bazucas, morteros y lanzar granadas.

En la confrontación, los niños son víctimas de masacres, secuestros, torturas, desapariciones y de las minas antipersona, sembradas cobardemente por ‘Tirofijo’. Quienes son reclutados ilícitamente soportan tratos humillantes y degradantes, se les obliga a cumplir las mismas actividades que los combatientes, y sus captores pretenden transformarlos de tiernos e inocentes infantes en monstruos capaces de similares atrocidades.

Los abusos sexuales son deplorables. Vulnerándose su dignidad, los menores son objeto libidinoso para guerrilleros y paramilitares adultos. El 97% de los niños desvinculados de esos grupos señalaron haber tenido relaciones sexuales. El 95,6% “tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años” y el 71,8% la “tuvo entre los 5 y los 13 años de edad”.

Toda esta situación se facilita por la complejidad social y económica de muchas regiones del país. En algunas no existe suficiente acceso al sistema educativo, en otras, no hay fuentes de ingreso para las familias, lo que empuja a los menores a trabajar en la cadena de producción de narcóticos. La violencia aporta al dejar desprotegidos niños que encuentran en los grupos armados un fatal refugio.

El reclutamiento forzoso de las guerrillas refleja su derrota política y el rechazo masivo de los ciudadanos. Con el final de la guerra fría y la aparición de la narcoguerrilla, quedó atrás la época en que la juventud pudo creer que el alzamiento violento era el camino. Hoy no existe ninguna razón para tomar las armas y combatir el Estado, mucho menos para atacar a la población civil. Tampoco hay un solo motivo que legitime la lucha guerrillera. En Centroamérica lo comprendieron hace más de una década. En Colombia, gracias a la maldición del narcotráfico, la “revolución” es un eslabón del más rentable de los negocios.

Ahora que estamos hablando de la impunidad en que la muerte de Pinochet sumió sus delitos, qué bueno sería que el gobierno de Álvaro Uribe renunciara a la reserva de la cláusula 124 del Estatuto de Roma, que impide hasta 2009 que estos casos sean de competencia de la Corte Penal Internacional. El reclutamiento de niños menores de 15 años y su utilización para participar activamente en hostilidades es un crimen de guerra que no puede quedar impune.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo falta para que los niños de Colombia compartan en paz la llegada de la Navidad?

LEGISLADORES PARACRIMINALES

Published on November 28, 2006, Page PAGE: 17A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
www.semana.com - Fecha: 11/25/2006 - Edición: 1282


Por: RAFAEL GUARIN

A menos que la corrupción y la impunidad encubran la verdad, la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia contra legisladores, por pertenecer o apoyar grupos paramilitares, puede comenzar a esclarecer los vínculos entre la clase política, el narcotráfico y los grupos armados ilegales en Colombia.

Dos días después de las elecciones parlamentarias del 2002, el cabecilla de las AUC, Salvatore Mancuso, señaló que la primera victoria de su organización era ''superar con creces el 35 por ciento de los congresistas'' y que estos surgieron ''en su mayoría de nuestras bases sociales y políticas, y como tales, fruto de un vasto y firme esfuerzo formativo por parte de las autodefensas''. Los sucesos recientes demuestran sus palabras.

En varias regiones, junto con mafiosos y paramilitares, los políticos conforman una tríada maldita. En otras, la asociación se hizo con las FARC o el ELN. Tales alianzas tienen la misma misión: proteger el cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes, mantener y acrecentar el poder electoral y someter al Estado.

El caso de los parlamentarios es una pequeña muestra de hasta donde sectores de la dirigencia política comulgan con la ilegalidad. En su afán de controlar el aparato estatal no les importa unirse con autores de masacres y crímenes de lesa humanidad, ni objetan coordinar sus acciones con narcotraficantes, al tiempo que legislan a su favor.

A pesar de su importancia, los políticos involucrados son de poca monta frente a los auténticos padrinos del paramilitarismo que permanecen en la sombra. Carlos Castaño lo dijo en su libro: Se trata de ''hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!'', encargados de señalar la lista de asesinatos y dirigir sus acciones.

El contubernio de la para-política no es un tema nuevo, pero la decisión de una instancia judicial sí. En el 2002, uno de los candidatos presidenciales denunció ante el fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, la intervención de los paramilitares en las campañas electorales de los congresistas. La respuesta de Osorio fue un absoluto y sospechoso silencio.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación no se quedó atrás. La investigación contra el senador Alvaro García, acusado de tener parte en una masacre paramilitar, terminó archivada. A punta de formalismos jurídicos descartó cualquier irregularidad en la conducta de tan deplorable personaje.

Debemos preguntarnos: ¿quién o qué está detrás de la omisión del fiscal Osorio? ¿Qué poderosos intereses se mueven debajo de la mesa? ¿Qué hace que un fiscal y un procurador pasen por alto sindicaciones tan graves? ¿Podrá el procurador ser indiferente a la suerte de su hijastro, el actual gobernador del César, otro departamento paramilitarizado de arriba a abajo?

Por otro lado, de estos hechos son responsables también los partidos políticos. La coalición de gobierno debe asumir lo que le corresponde y pagar el precio del pragmatismo desbordado a la hora de conseguir votos. Gravísimo error que puede tener impredecibles alcances. El presidente Uribe tiene que salir al paso y ser tan duro con los socios de los paramilitares-narcotraficantes, como lo es con los terroristas.

A la otra orilla no escasearán los cuestionamientos. A pesar de los esfuerzos de César Gaviria por blindar a su partido, el liberalismo no puede negar su pasado. A él pertenecieron muchos políticos emparentados con el nacimiento y expansión del paramilitarismo y el narcotráfico. El propio Alvaro García hizo parte de sus filas y en el 2003 su Dirección Nacional avaló las candidaturas únicas a la gobernación del Magdalena y César. Según varios medios de comunicación, no hubo pluralidad de candidatos por presión de los paramilitares.

Finalmente, con igual vehemencia los ciudadanos debemos reclamar la verdad sobre relaciones pasadas y actuales de políticos con grupos guerrilleros. Con seguridad éstas existen y se extienden a algunas organizaciones que con fachada democrática hacen parte de la estrategia de guerra política que adelantan los violentos.
Los congresistas procesados por la Corte son apenas el primer eslabón de una cadena de confabulaciones que hizo de este país, con la barbarie subversiva, un gigantesco campo de muerte. Ojalá la corte mantenga la valentía y llegue hasta las últimas consecuencias. Esperamos que la Fiscalía haga lo propio, después de su prolongado y cómplice silencio.

Pregunta: ¿qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar al ex fiscal Osorio?

OJO, PRESIDENTE URIBE

Published on October 28, 2006, Page PAGE: 23A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Por: RAFAEL GUARIN

La Política de Seguridad Democrática tiene el apoyo de los colombianos desde el 2002 y es la columna vertebral del gobierno Uribe. Aunque ese respaldo se mantiene, diversos hechos crean grietas que amenazan con echar al traste los esfuerzos realizados. La gran paradoja es que los golpes a la confianza ciudadana no provienen aparentemente de las FARC, sino de las propias fuerzas militares.

El carro bomba detonado en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá constituye otro golpe a esa política. Más que mérito terrorista es un error imperdonable de seguridad, como lo reconoció el vicepresidente Francisco Santos, y hace parte de una larga lista de equivocaciones.

El problema es que vamos error tras error. A la tortura de los soldados, en febrero de este año, se agregan falsos ''positivos'', la matanza de una decena de policías antinarcóticos por miembros del ejército, supuestos montajes de atentados terroristas y relaciones non sanctas con el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción, sin olvidar el enfrentamiento entre la policía y las demás fuerzas. Todo conduce a pensar que existen ruedas sueltas.

Tirofijo debe estar celebrando a sus anchas. Sabe que tales episodios y las fallas tácticas perforan, lenta pero eficazmente, la legitimidad y el respaldo a la seguridad democrática. Esta no es una cuestión menor, pues afecta el centro de gravedad ubicado en la credibilidad de las fuerzas armadas y del gobierno. En los cálculos ''farianos'' la consecuencia de ese deterioro será que el péndulo lleve, en un nuevo gobierno, a reducir la contundencia de la respuesta militar y a reiniciar una política de apaciguamiento.

Así, el círculo se volverá a cerrar, dirán que salieron ''airosas'' de la ''fracasada'' arremetida estatal y ejecutarán una contraofensiva. Una dinámica de este tipo explica que la guerrilla se repliegue, evite el enfrentamiento directo, efectúe acciones esporádicas y prefiera emplear explosivos, tan ridículamente baratos como excepcionalmente efectivos. Los alzados en armas saben que es posible obtener altos beneficios políticos con bajo costo militar. Esa lógica revela las razones por las cuales utilizan a los secuestrados como clave de su estrategia de guerra política y su interés en alimentar la división de la sociedad. Interés con el cual, consciente e inconscientemente, algunos terminan contribuyendo.

Mantener el respaldo ciudadano pasa por la superación de dos retos: la transparencia y la eficacia de las fuerzas militares y de policía. Respecto del primero es urgente depurar la institución de cómplices del narcotráfico y el paramilitarismo. También que la justicia actúe ejemplarmente en aquellos eventos en que sus miembros se vean involucrados en delitos. La legitimidad de la fuerza pública se debe basar no sólo en las encuestas, sino en la observancia rigurosa del estado de derecho.

Por otro lado, la ciudadanía será más vulnerable a un cambio de curso en la acción contra los violentos si a lo largo del cuatrienio se impone la idea de que el Estado no es capaz de doblegar la voluntad de lucha de la subversión. Ocurrirá lo mismo en caso de no eliminar las nacientes bandas prohijadas por paramilitares-narcotraficantes desmovilizados (ejemplo: las Aguilas Negras) y no consolidar los éxitos alcanzados.

Aumentar la eficacia exige una segunda etapa del Plan Patriota que permita golpear definitivamente a la guerrilla. Es urgente presentar nuevos resultados, principalmente la captura de cabecillas y mandos medios, al igual que la reducción real del narcotráfico. No se puede considerar que esa exigencia sea una licencia para cometer atropellos o hacer montajes.

Finalmente, se requiere optimizar la transmisión del mensaje gubernamental. Pareciera que los graves errores mencionados se amplifican por la ausencia de una estrategia de comunicaciones, que a la vez de garantizar la libertad absoluta de prensa, sea útil para la cohesión de la sociedad en la lucha contra los grupos armados ilegales.

Uribe tiene un amplio saldo de popularidad, contra el cual viene girando, aun antes del comienzo de su segundo mandato. De no concretarse en hechos sus palabras de ''asepsia interna y eficacia externa'' en la acción de la fuerza pública, llegará el momento en que su liderazgo no podrá contener la desconfianza ciudadana y se traducirá en descontento general.