Semana.com - 8 de octubre de 2009
RAFAEL GUARÍN
Coincido con la oposición en el debate sobre Agro Ingreso Seguro. No se trata de estar del lado de Uribe o de sus críticos. La cuestión es simple, así como ser antiuribista no puede ser excusa para ser blando con el terrorismo, ser uribista no puede ser excusa para ser blando con la corrupción.
Y corrupción es lo que hay en este caso. No basta con el argumento de legalidad del exministro Andrés Felipe Arias para exorcizar cualquier reproche a su gestión. En una democracia, además de observar el Estado de Derecho, las decisiones deben ser legítimas, atender el escrutinio ciudadano y la responsabilidad política. La forma en que se distribuyeron los subsidios podrá ser muy legal pero es absolutamente inmoral.
La corrupción no se limita a conductas delictivas. Así se ampare en la ley, el favoritismo y el ejercicio del poder al servicio de intereses particulares, en contra del bien general, es también corrupción. Exactamente lo que ocurre al regalar los impuestos de los colombianos a una minoría privilegiada en lo social, poderosa en lo político y rica en lo económico.
La razón de ese vulgar despojo con destino a terratenientes, reinas de belleza, cantantes, familias adineradas e hijos de políticos corruptos, obedece a una tara ideológica y a un afán electorero del ex Ministro.
En el fondo está la perversa idea de que subsidiar a los pobres es botar el dinero. Únicamente los ricos pueden generar riqueza, contribuir al crecimiento económico y crear fuentes de empleo. Desde esa perspectiva, más racional es destinar millones de pesos a quienes tienen tierra y cuantiosos recursos, que pretender apoyar a pequeños emprendedores.
Gracias a dicha tara la propuesta de campaña del presidente Álvaro Uribe de convertir a Colombia en un “país de propietarios” se está cumpliendo, pero no vía promoción del acceso a la propiedad a quienes no la tienen o a aquellos a los que les fue arrebatada por el narcotráfico, el paramilitarismo y las Farc, sino volcando el aparato estatal al servicio de los grandes potentados de la tierra. ¡Una cosa absurda!
Esa misma idea explica que durante el ministerio de “Uribito” no se haya hecho ningún intento de reforma agraria, a pesar de contar con millones de hectáreas que deben expropiarse a las organizaciones criminales.
Se preguntará Arias: ¿Para qué entregar tierras a ineptos e incapaces de hacerlas producir? Y responderá: más eficiente y eficaz es apoyar a los terratenientes y adinerados propietarios que sí generaran riqueza y no a las grandes masas de desharrapados y desplazados que cunden como plaga por las montañas y sabanas del país.
No solo es un concepto elitista, excluyente y que fragmenta más la sociedad, sino una institucionalizada manera de reproducir relaciones de sometimiento en el campo, de control político y de explotación. Dicha política anula la posibilidad de explorar caminos para democratizar la propiedad y de formas de propiedad colectiva de la tierra (así suene socialista) que fomenten el acceso a la misma a los campesinos pobres.
De la igual manera, impide adelantar iniciativas orientadas a enfrentar en las zonas rurales las condiciones de marginamiento y pobreza extrema que aprovechan las organizaciones de narcotraficantes y grupos armados ilegales.
Resulta una estupidez monumental regalar a familias ricas miles de millones de pesos mientras no se invierten los recursos necesarios para construir legitimidad estatal en el sur del Tolima y en otros enclaves históricos de la guerrilla. Para eso no hay plata, ni voluntad política y no puede haberla pues la tara ideológica convierte esa inversión en un gasto irracional.
La segunda razón es mucho menos elaborada. No se trata de pagar apoyos a la elección o reelección de Uribe. Todo el mundo sabe y las encuestas lo demuestran que no necesita de tales maniobras para mantener el apoyo popular. No así la desbocada y loca carrera del joven Andrés Felipe que, al mejor estilo samperista en el proceso 8000, decidió ganar adeptos feriando los impuestos y el Estado.
www.rafaelguarin.blogspot.com
La razón de ese vulgar despojo con destino a terratenientes, reinas de belleza, cantantes, familias adineradas e hijos de políticos corruptos, obedece a una tara ideológica y a un afán electorero del ex Ministro.
En el fondo está la perversa idea de que subsidiar a los pobres es botar el dinero. Únicamente los ricos pueden generar riqueza, contribuir al crecimiento económico y crear fuentes de empleo. Desde esa perspectiva, más racional es destinar millones de pesos a quienes tienen tierra y cuantiosos recursos, que pretender apoyar a pequeños emprendedores.
Gracias a dicha tara la propuesta de campaña del presidente Álvaro Uribe de convertir a Colombia en un “país de propietarios” se está cumpliendo, pero no vía promoción del acceso a la propiedad a quienes no la tienen o a aquellos a los que les fue arrebatada por el narcotráfico, el paramilitarismo y las Farc, sino volcando el aparato estatal al servicio de los grandes potentados de la tierra. ¡Una cosa absurda!
Esa misma idea explica que durante el ministerio de “Uribito” no se haya hecho ningún intento de reforma agraria, a pesar de contar con millones de hectáreas que deben expropiarse a las organizaciones criminales.
Se preguntará Arias: ¿Para qué entregar tierras a ineptos e incapaces de hacerlas producir? Y responderá: más eficiente y eficaz es apoyar a los terratenientes y adinerados propietarios que sí generaran riqueza y no a las grandes masas de desharrapados y desplazados que cunden como plaga por las montañas y sabanas del país.
No solo es un concepto elitista, excluyente y que fragmenta más la sociedad, sino una institucionalizada manera de reproducir relaciones de sometimiento en el campo, de control político y de explotación. Dicha política anula la posibilidad de explorar caminos para democratizar la propiedad y de formas de propiedad colectiva de la tierra (así suene socialista) que fomenten el acceso a la misma a los campesinos pobres.
De la igual manera, impide adelantar iniciativas orientadas a enfrentar en las zonas rurales las condiciones de marginamiento y pobreza extrema que aprovechan las organizaciones de narcotraficantes y grupos armados ilegales.
Resulta una estupidez monumental regalar a familias ricas miles de millones de pesos mientras no se invierten los recursos necesarios para construir legitimidad estatal en el sur del Tolima y en otros enclaves históricos de la guerrilla. Para eso no hay plata, ni voluntad política y no puede haberla pues la tara ideológica convierte esa inversión en un gasto irracional.
La segunda razón es mucho menos elaborada. No se trata de pagar apoyos a la elección o reelección de Uribe. Todo el mundo sabe y las encuestas lo demuestran que no necesita de tales maniobras para mantener el apoyo popular. No así la desbocada y loca carrera del joven Andrés Felipe que, al mejor estilo samperista en el proceso 8000, decidió ganar adeptos feriando los impuestos y el Estado.
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