martes, 27 de noviembre de 2007

LA VERDAD, PRESIDENTE

Publicado el martes 27 de noviembre del 2007
El Nuevo Herald - Miami / www.semana.com
Foto AP - Noviembre 8 de 2007

RAFAEL GUARÍN

''Sus palabras, sus actitudes dan la impresión de que usted no está interesado en la paz de Colombia sino en que Colombia sea víctima de un gobierno terrorista de las FARC'', respondió Alvaro Uribe a la decisión de Hugo Chávez de congelar las relaciones en represalia por la decisión de finiquitar su papel en un acuerdo humanitario.

Como lo escribimos en esta columna, la verdad, presidente Chávez, es que su intervención siempre estuvo atravesada por la pretensión de expandir la revolución bolivariana y de una doble agenda que comprendía el apoyo al plan estratégico de las FARC. Era ingenuo pensar que se trataba de un acto de humanidad al margen de la construcción del ''bloque regional de poder'' que requiere el socialismo del siglo XXI. Más que la liberación de los secuestrados usted vio una oportunidad de construir las condiciones propicias para que su modelo se abriera paso en Colombia.

Desde un comienzo la puesta en escena se confeccionó con mentiras humanitarias. Una fue su encuentro en Miraflores con las FARC. ¡No fue un encuentro, fue un reencuentro! Raúl Reyes dijo al diario La Jornada de México el 3 de septiembre pasado que lo conocía y que habría ''muchas veces más para estar personalmente'' con usted, además que es un hombre ''afable''. Qué bueno que le cuente al mundo ¿cuántas veces se han reunido? ¿Dónde? ¿Acaso en el campamento de las FARC en Venezuela, del cual le informó el gobierno colombiano hace varios meses? ¿Con qué propósito? ¿Será todo esto resultado de su afabilidad?

Uribe no podía tomar una decisión distinta. Usted se dedicó a mostrarlo como el obstáculo para el acuerdo humanitario, desconoció su propia palabra al omitir informar sobre la reunión con el delegado de la guerrilla y violar la confidencialidad de las conversaciones. Pero el límite se cruzó al evidenciarse que con la senadora Piedad Córdoba se dedicó a tejer un cerco de presión internacional sobre Uribe, que a la postre significaría el quiebre de la política de seguridad democrática, una victoria para las FARC y un avance en su reconocimiento de beligerancia.

No hubo ni un solo progreso concreto a favor de los secuestrados, en cambio sí muchos para las FARC. En vez de trabajar con prudencia y sigilo, presidente Chávez, se esmeraron por dar carácter político a ese grupo, al punto de pedir al mandatario francés su exclusión de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

También consiguieron que éste se comprometiera a pedir a Bush que apoyara la exigencia de las FARC de una reunión entre Marulanda y usted, con la asistencia del mismo Sarkozy, posibilidad que había sido enfáticamente negada por el gobierno. Es decir, convirtieron la mediación humanitaria en el brazo diplomático de las FARC y en un instrumento con el que buscaban arrodillar a Uribe y a Colombia entera.

Además, trascendió que para las FARC el ''intercambio tiene que confluir en un proceso de paz a través de una Asamblea Constituyente'', lo que patenta que el acuerdo no tiene nada de humanitario pero sí mucha importancia dentro del plan estratégico de la guerrilla que incluye un gobierno tran-
sitorio, del cual su obsecuente mensajera habló con el guerrillero Simón Trinidad, preso en Estados Unidos.

Asimismo, presidente Chávez, las pruebas de supervivencia prometidas no llegaron, aunque con seguridad aparecerán ''inocentemente'' en manos de Córdoba cuando las FARC crean que son más efectivas para erosionar y constreñir al gobierno, incluso, en esa lógica, es predecible la liberación de algunos secuestrados, a lo que Uribe se anticipó con la bienvenida a gestos unilaterales.

Tampoco, teniente coronel, nada se adelantó en cuanto al despeje de Florida y Pradera. Las FARC lo exigen para negociar el acuerdo y reclamarán probablemente desmilitarizar nuevos territorios para efectuar la liberación. Igualmente, se conserva la demanda de excarcelar a todos los guerrilleros para que vuelvan a delinquir, nada más ni nada menos que 1,656 criminales, según datos del INPEC.

Uribe erró, o tal vez calculó mejor. Es factible que sabiendo que su participación tarde o temprano era inevitable, prefirió que se diera ahora y no como usted hubiera querido: 6 meses antes de la elección presidencial del 2010. La verdad, camarada Chávez, queda claro que no fue una ''tonta'' excusa ni una ''traición'' la que produjo su retiro como mediador, sino transformar un acto humanitario en una plataforma de guerra política de las FARC.

sábado, 17 de noviembre de 2007

EMPUJON DEMOCRATA

Publicado el sábado 17 de noviembre del 2007,
EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.
AP La Prensa

RAFAEL GUARIN

¿Alguien imagina una estrecha alianza entre Alvaro Uribe y Hugo Chávez? Al comentar esa posibilidad a un reconocido dirigente de la oposición venezolana la calificó de impensable, pero cuando repliqué que una fuente muy cercana a la Casa de Nariño me informó que ''existían voces que sugerían que se evaluara por intereses de Estado y estabilidad del país'', no pudo disimular el desconcierto. No es para menos. A mí me pasó exactamente lo mismo.

Es difícil concebirla. Uribe desprecia los debates ideologizados, reconoce las ventajas del libre mercado y pretende profundizar los vínculos con Estados Unidos, mientras el teniente coronel se empeña en edificar un bloque regional de poder sustentado en el ''socialismo del siglo XXI'', una integración latinoamericana ''antiyanqui'' y la eliminación de las bases de la democracia liberal. Pero por sorprendente que sea, lo cierto, como lo asevera Rubén Sánchez David, profesor de relaciones internacionales, es que ``es un escenario no totalmente descartable si se piensa en términos estratégicos''.

Quienes lo plantean coinciden con un reciente artículo titulado La agonía de Alvaro Uribe, publicado por la revista Foreign Affairs, que señala que ''la política de Estados Unidos hacia Colombia ha llegado a su punto de inflexión''. En otras palabras, creen que el deterioro de la relación amenaza con agudizarse en un gobierno demócrata. Finalmente, así parece indicarlo el rechazo de Hillary Clinton, Barack Obama y John Edwards a un Tratado de Libre Comercio con Colombia y las reiteradas críticas de su bancada, encabezadas por Nancy Pelosi.

Hillary, por ejemplo, dice estar ''muy preocupada por la historia de violencia contra los líderes sindicales'', a lo que otros suman reclamos por derechos humanos, garantías laborales y lazos del paramilitarismo con políticos próximos al gobierno. Todas cuestiones que deben observarse en su contexto.

A pesar de persistentes problemas los avances durante los últimos cinco años son enormes. La ayuda estadounidense contribuyó a revertir la adversa situación militar, retomar el control de territorios dominados por grupos armados ilegales y defender la población del terrorismo. Se desmovilizaron más de 30,000 paramilitares y cerca de 40 congresistas están presos o ad portas de serlo por complicidad con estas organizaciones.

La lucha contra el narcotráfico está dando resultados. Se extraditaron 567 traficantes y de acuerdo con Karen Tandy, directora de la DEA, la cocaína escasea en las calles de 37 ciudades, su pureza se redujo en 15% y su costo es 44% superior al de comienzo de año.

Por otro lado, en el 2002 murieron asesinados 123 sindicalistas y 6 únicamente de enero a octubre del 2007, sin ser clara la causa de tales crímenes. Actualmente hay 1,630 sindicalistas beneficiados directamente con medidas de protección por parte del gobierno. Los homicidios anuales disminuyeron en 11,358 entre el 2002 y el 2006 y los secuestros de 2,883 a 394 en este año. Estos logros explican por qué Uribe califica la situación como ``una imperdonable incomprensión con Colombia''.

Esa incomprensión obvia que Colombia es fundamental para construir la ''patria grande'' y Uribe su principal obstáculo. Una alianza le permitiría a Chávez jugar en un tablero al cual no tiene suficiente acceso, además de serle útil en su principal hipótesis de guerra consistente en una intervención estadounidense que involucre territorio colombiano.

De la orilla de Uribe semejante alternativa en principio resulta improbable, rompe la coalición de gobierno, convierte en detractores a sectores del establecimiento, afecta la cooperación norteamericana y favorece las pretensiones totalitaristas de Chávez y las FARC. Empero, no hay que olvidar su pragmatismo y el amplio margen de maniobra que le da la fuerza de su liderazgo y el sólido respaldo ciudadano.

En todo caso, la equivocación demócrata empuja a Colombia a manos de Chávez. Sin el TLC Uribe se obliga a aprovechar el creciente comercio con Venezuela, lo que no implica un alineamiento con la revolución bolivariana pero sí una creciente dependencia. ¿Qué podría hacer Colombia si Miraflores reconoce beligerancia a las FARC cuando su economía está su-
bordinada al mercado venezolano?

Y segundo, los demócratas terminan acogiendo el discurso del chavismo enquistado en el Polo Democrático y en facciones populistas del Partido Liberal que buscan en el 2010, bajo un nuevo gobierno, unirse al proyecto revolucionario, desmontar la política de seguridad democrática y reconocer beligerancia a las FARC, propósitos en que concuerdan, consciente o inconscientemente, con la guerra política de las narcoguerrillas. ¡El camarada Chávez debe estar feliz!

domingo, 11 de noviembre de 2007

¿POR QUÉ NO TE CALLAS?



DISFRUTE el video de la "mandada" a callar del Rey Juan Carlos a Hugo Chávez:

http://www.tu.tv/videos/el-rey-de-espana-se-molesta

¿Cuándo se callará?

jueves, 8 de noviembre de 2007

PRECISIÓN IMPORTANTE

SOLICITUD ENVIADA A JUAN GOSSAIN DE RCN radio:
Estimado señor Juan Gossain:
Reciba mi cordial saludo.
El martes pasado en la emisión de noticias de su prestigiosa cadena radial se mencionó que una columna mía publicada en El Nuevo Herald de Miami había sido reproducida en la página web del señor Salvatore Mancuso.

Quiero expresarle mi total rechazo a que mis análisis y columnas de opinión sean tomadas por medios de comunicación electrónicos o impresos o agencias de noticias afines a grupos armados ilegales, sean estos paramilitares o guerrilleros.

Tengo una posición de absoluta condena al crimen y al terrorismo que representan tales organizaciones. No quiero que el silencio pueda ser interpretado como complaciente.

Por esta razón le ruego, por favor, hacer pública mi posición en un corto comentario que sirva para hacer esta precisión.

Aprovecho para enviarle una columna del 25 de agosto de 2006 en la que pido la extradición a Estados Unidos de los paramilitares. No puede ser más clara mi posición:


Le manifiesto mi respeto y admiración. Rafael Guarín.

martes, 30 de octubre de 2007

SÍ A LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Publicado el martes 30 de octubre del 2007, EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.
RAFAEL GUARIN

En noviembre del 2002 el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y consagra su competencia frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión entró en vigor respecto a Colombia, pero no con relación a crímenes de guerra. Se pensó que no acoger la cláusula 124 del estatuto, que aplaza hasta el 2009 la investigación y juzgamiento de esos delitos, obstaculizaría los procesos de paz. Ahora el presidente Alvaro Uribe sorprende con la propuesta de retirar dicha reserva.


Las consecuencias son diversas. Si bien el campo de maniobra con las guerrillas se restringe, no es mayor su impacto si se tiene en cuenta la ausencia de voluntad de paz de las FARC y la inexistencia de avances con el ELN. Además, la historia colombiana demuestra que recurrentes episodios de violencia se resolvieron a través de amnistías e indultos que terminaron por alentar nuevas oleadas delictivas.


Eliminar esa posibilidad y otras que buscan la impunidad a través de referendos, plebiscitos o asambleas constituyentes fortalece la justicia y deja a las guerrillas dos escenarios. El primero, aceptar que lo que llaman eufemísticamente la ''salida negociada al conflicto armado'' implica la observancia del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977, no realizar delitos de lesa humanidad y comparecer frente a tribunales nacionales y eventualmente ante la CPI.


En teoría el efecto disuasorio del Estatuto debe empujar a estos grupos a ese camino, pero a diferencia del ELN, que prácticamente está en una tregua no declarada, y de los paramilitares, hoy desmovilizados, que lo entendieron en su momento, los patrones de conducta de las FARC no permiten ser tan optimistas. Al comienzo de los diálogos con la administración Pastrana, Raúl Reyes señaló que ''mientras exista la confrontación es imposible humanizar la guerra'' y que ''cumplir el derecho internacional humanitario no sirve de mucho''. Eso no ha cambiado.


Una guerrilla que encerrada en sí misma no se siente derrotada, mantiene su retaguardia apoyada en el narcotráfico y confía en la combinación de todas las formas de lucha, es probable que prefiera arreciar la acción bélica, replicar masacres como la de los 11 diputados y asesinatos selectivos, similares a los cometidos recientemente contra cerca de treinta candidatos a cargos de elección popular.


Esa segunda opción es una ''salida sin salida''. De la corte ni siquiera un nuevo orden revolucionario los puede sustraer y exige una condición no factible: la derrota militar y política del Estado. Adicionalmente, arruinará su diplomacia, les representará aislamiento internacional y el merecido tratamiento de criminales en el exterior. Es el verdadero principio del fin.
Pareciera que a las guerrillas no les queda otra cosa que negociar tarde o temprano su sometimiento a la justicia, así se haga bajo el rótulo de un proceso político. Lamentablemente, esto exige una lógica diferente a la que tienen. Mientras tanto, su demencial acción impone mantener una política de firmeza que doblegue su voluntad de lucha y las obligue no sólo a desmovilizarse, sino a enfrentar la justicia.



Por otro lado, de la CPI no se excluyen los jefes de gobierno, congresistas, ministros, generales o comandantes de las fuerzas militares. Esto abre una ventana de oportunidad para que políticos vinculados con los narcoparamilitares, que hasta ahora sólo son acusados por concierto para delinquir y delitos electorales, respondan por complicidad en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. No se debe olvidar que en varios casos las alianzas non sanctas coincidieron o estuvieron presididas de masacres en sus circunscripciones electorales.


La justicia colombiana no puede negarse a penalizar ejemplarmente a paramilitares y a sus colaboradores en las fuerzas armadas o en los sectores económicos. Tampoco al propio ex fiscal Luis Camilo Osorio, quien es investigado por el templo de la impunidad que es la Cámara de Representantes. Igual deberá suceder con los farcpolíticos y los cómplices del ELN. De lo contrario, bienvenida la justicia internacional.


Uribe sabe que la vigencia de la CPI y su decisión de acudir a esa instancia es en últimas un respaldo a su política de seguridad. También que el tiempo le dará la razón en que no se puede seguir justificando en nombre de supuestas causas políticas la barbarie y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos.

martes, 23 de octubre de 2007

CORTE PENAL INTERNACIONAL



Que bueno que el gobierno esté considerando que la Corte Penal Internacional conozca desde ya crímenes de guerra cometidos en Colombia. Al respecto habíamos escrito en una columna de diciembre de 2006 lo siguiente:


"LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA GUERRA"


"Ahora que estamos hablando de la impunidad en que la muerte de Pinochet sumió sus delitos, qué bueno sería que el gobierno de Álvaro Uribe renunciara a la reserva de la cláusula 124 del Estatuto de Roma, que impide hasta 2009 que estos casos sean de competencia de la Corte Penal Internacional. El reclutamiento de niños menores de 15 años y su utilización para participar activamente en hostilidades es un crimen de guerra que no puede quedar impune".



sábado, 13 de octubre de 2007

ALIANZAS NON SANCTAS

Publicado el sábado 13 de octubre del 2007. EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.

RAFAEL GUARIN


La acusación del expresidente Andrés Pastrana de pactos secretos del gobierno de Alvaro Uribe con los paramilitares no cae en el vacío. Así de éstos no haya prueba, se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para negar la existencia de compromisos de políticos de la coalición gubernamental con el narcoparamilitarismo. Son ya cerca de cuarenta los congresistas procesados judicialmente por dichos vínculos y que participaron en la aprobación de penas simbólicas para sus amigos en armas.


Los involucrados jugaron del lado de las autodefensas al tiempo que pretendieron usufructuar la coyuntura. Hasta ahora ninguno ha sido capaz de defender su actuación, ni siquiera de argumentar que obedeció a una convicción antisubversiva, lo que deja claro que se trató y sigue tratándose en la mayoría de los casos de un burdo pacto delincuencial. ¡No hay duda! Resultaron peores los políticos que quieren pasar de víctimas que los autores de decenas de masacres.


No obstante, llama la atención que Pastrana olvide el pacto de su campaña con las FARC para ser elegido presidente en 1998. Clandestinamente su campaña concertó el encuentro de uno de sus miembros con Manuel Marulanda y el Mono Jojoy. Incluso trascendió que previamente representantes de esa guerrilla asistieron a la presentación de su política de paz y que el propio discurso leído por el candidato consultaba las expectativas farianas. También se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para pensar que la foto tomada a Tirofijo con publicidad electoral de Pastrana y las declaraciones favorables de Raúl Reyes no fueron consecuencia de una oscura maniobra, con su debida contraprestación.


Ese episodio no fue el punto de partida de los diálogos de paz, sino el primer resultado de un arreglo que pasaba por la derrota del Partido Liberal. ¿Qué fue lo que negoció previamente Pastrana y su campaña con las FARC? ¿Acaso la desmilitarización sin condiciones de 42,000 kilómetros cuadrados como efectivamente se hizo? ¿Tal vez el abandono del Estado a miles de ciudadanos que vivían en la zona? ¿O el establecimiento de un refugio del crimen bajo la fachada de un proceso de paz?


Aunque son casos diferentes, las alianzas non sanctas de uribistas y pastranistas demuestran, entre otras cosas, que cuando la paz y la seguridad se convierten en bandera electoral y no en propósito nacional, nos alejamos de ellas cada vez más. Las FARC afirmaron sentirse traicionadas por el gobierno de Pastrana y los paramilitares por el de Uribe. ¿A qué se refieren? ¿En qué les faltaron los gobiernos?


Someter al escrutinio público las cuestiones más sensibles en las negociaciones con grupos ilegales beneficia la paz. Ventilarlas públicamente les otorga sostenibilidad política a los acuerdos y rodea de legitimidad las decisiones. Parece olvidarse que de la transparencia en temas delicados como las penas, la extradición, el indulto, la amnistía, la verdad y la reparación a las víctimas, depende la confianza y el apoyo nacional e internacional.


La historia lo ratifica. Los exitosos procesos de paz celebrados por las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria con el M19, PRT, EPL, Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, a comienzo de la década pasada, se concretaron de frente al país. Respecto a los primeros la participación ciudadana fue decisiva y desembocó en una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, las guerrillas entendieron que las negociaciones necesitaban amplio respaldo y que era un error despreciar la opinión pública, cosa que no tienen suficientemente claro el ELN y mucho menos las FARC.


Finalmente, es interesante advertir que mientras los parapolíticos son investigados y encarcelados, los miembros de la campaña pastranista gozaron de las mieles del poder y ni siquiera se les reclamó responsabilidad política por los pactos secretos, tampoco por sus deplorables resultados.


De esto hay que sacar lecciones. Ni siquiera con la excusa de la paz o de la seguridad los partidos y los políticos pueden consentir contactos ocultos con organizaciones al margen de la ley. Su búsqueda debe ser objeto de una agenda nacional que incorpore a todos las colectividades políticas y no instrumento de ventajismo electoral. Y tercero, los procesos de paz y de sometimiento de la delincuencia a la justicia se deben hacer con las cartas sobre la mesa.


Nota al margen: gravísimo para la libertad de prensa en Colombia el exilio de Gonzalo Guillén, corresponsal de El Nuevo Herald.