martes, 27 de abril de 2010
lunes, 12 de abril de 2010
CANO: ESTRATEGIA FALLIDA
Juan Manuel Santos y Antanas MockusRAFAEL GUARÍN
12 de abril de 2010
La estrategia de las Farc ha sido darle tiempo al tiempo. Acostumbrados durante medio siglo a los vaivenes de los gobiernos en materia de seguridad y paz, toda su apuesta se concentró en aguantar la ofensiva política y militar de la administración de Álvaro Uribe, al tiempo que trabajar en la creación de condiciones propicias para volver a iniciar diálogos de paz.
Clausurado el santuario de El Caguán, el Mono Jojoy pretendió derrotar al ejército en las zonas en que mantuvo control. Quería demostrar la capacidad bélica de las Farc y convencer a la opinión pública y al gobierno de la imposibilidad de una victoria militar. Pero las cosas no salieron como pensaba. A medida que las operaciones militares se desplegaron, se evidenció su fracaso y la eficacia de la fuerza pública. La decisión entonces fue el repliegue y tratar de preservar fuerzas, optando, principalmente, por la utilización de artefactos explosivos improvisados y francotiradores.
Si en lo militar lo único viable era acudir a las acciones terroristas y retroceder a la típica guerra de guerrillas, en el plano político tenían muchas más cartas: un discurso entronizado que les concedía un ramillete de justificaciones a su existencia, el cuento generalizado de las “causas objetivas de la violencia”, sectores y líderes políticos amigos, la consigna del “acuerdo humanitario”, gobiernos cómplices de países vecinos, pasividad regional y todo un entramado político nacional e internacional dedicado a prestar soporte bajo el camuflado de la “salida política”.
Los documentos internos de esa organización permiten señalar que el esfuerzo del Secretariado fariano y toda su habilidad de maquinación se ha orientado a armonizar esos instrumentos para romper el aislamiento a que están sometidas las Farc, destruir el apoyo a la política de firmeza en su contra, agrietar la legitimidad del Estado, obtener reconocimiento como organización política alzada en armas y, emplear, una vez más, la táctica de la negociación.
La idea es sencilla: ante la incapacidad militar de derrotar al Estado, la vía adecuada es golpear con decisión el centro de gravedad de la política de seguridad, esto es, actuar sobre la voluntad de los ciudadanos y los gobiernos, con el propósito de frenar y desmontar la estrategia política y militar que paulatinamente los está acabando.
Desde la óptica de la guerra irregular el razonamiento es impecable, empero, todo indica que los Cano, Jojoy, Márquez y sus cómplices mimetizados en la legalidad, quedaran frustrados. La idea de una “convergencia y Acuerdo Nacional” con fuerzas políticas y sociales para “crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno”, fracasó. Ocurrió lo mismo con el objetivo de que se eligiera en 2010 un nuevo “gobierno cuya divisa en política internacional sea la patria Grande y el Socialismo”, es decir, un satélite de Hugo Chávez.
La razón es que los candidatos presidenciales con mayor opción coinciden en que se debe mantener la dureza frente al terrorismo. A diferencia del pasado, en el que las campañas compitieron en dádivas y concesiones a las guerrillas, ahora es difícil distinguir quien es más vertical contra el crimen. Juan Manuel Santos ha sido el principal látigo y quien más resultados muestra en el combate a la guerrilla. Por su parte, Antanas Mockus ha dicho que “no hay nada que negociar con las Farc” y una de sus banderas es la “legalidad democrática”.
Ambos, Mockus y Santos, proscriben la violencia como método de acción política, de ahí, que juntos rechacen, al lado del PIN, al Polo Democrático, que difunde un discurso justificativo de la violencia y mantiene en su seno al Partido Comunista Colombiano, agrupación que sigue enarbolando la táctica y estrategia de la “combinación de todas las formas de lucha”, legales e ilegales.
Así, pues, Cano y compañía terminarán extrañando a Uribe. ¡Así es la vida, camaradas! Lo mejor que les podía pasar era su reelección. Tenían discurso para impugnarlo. Ahora, la cosa es a otro y más gravoso precio. Las próximas elecciones presidenciales prometen un fuerte liderazgo y una revolución ciudadana en las urnas, que se traducirá en mayor aislamiento de la guerrilla y en continuidad de la política de firmeza contra el terrorismo. Al final, todo no es más que una prueba de la estrategia fallida de las Farc.
*Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
www.politicayseguridad.blogspot.com
12 de abril de 2010
La estrategia de las Farc ha sido darle tiempo al tiempo. Acostumbrados durante medio siglo a los vaivenes de los gobiernos en materia de seguridad y paz, toda su apuesta se concentró en aguantar la ofensiva política y militar de la administración de Álvaro Uribe, al tiempo que trabajar en la creación de condiciones propicias para volver a iniciar diálogos de paz.
Clausurado el santuario de El Caguán, el Mono Jojoy pretendió derrotar al ejército en las zonas en que mantuvo control. Quería demostrar la capacidad bélica de las Farc y convencer a la opinión pública y al gobierno de la imposibilidad de una victoria militar. Pero las cosas no salieron como pensaba. A medida que las operaciones militares se desplegaron, se evidenció su fracaso y la eficacia de la fuerza pública. La decisión entonces fue el repliegue y tratar de preservar fuerzas, optando, principalmente, por la utilización de artefactos explosivos improvisados y francotiradores.
Si en lo militar lo único viable era acudir a las acciones terroristas y retroceder a la típica guerra de guerrillas, en el plano político tenían muchas más cartas: un discurso entronizado que les concedía un ramillete de justificaciones a su existencia, el cuento generalizado de las “causas objetivas de la violencia”, sectores y líderes políticos amigos, la consigna del “acuerdo humanitario”, gobiernos cómplices de países vecinos, pasividad regional y todo un entramado político nacional e internacional dedicado a prestar soporte bajo el camuflado de la “salida política”.
Los documentos internos de esa organización permiten señalar que el esfuerzo del Secretariado fariano y toda su habilidad de maquinación se ha orientado a armonizar esos instrumentos para romper el aislamiento a que están sometidas las Farc, destruir el apoyo a la política de firmeza en su contra, agrietar la legitimidad del Estado, obtener reconocimiento como organización política alzada en armas y, emplear, una vez más, la táctica de la negociación.
La idea es sencilla: ante la incapacidad militar de derrotar al Estado, la vía adecuada es golpear con decisión el centro de gravedad de la política de seguridad, esto es, actuar sobre la voluntad de los ciudadanos y los gobiernos, con el propósito de frenar y desmontar la estrategia política y militar que paulatinamente los está acabando.
Desde la óptica de la guerra irregular el razonamiento es impecable, empero, todo indica que los Cano, Jojoy, Márquez y sus cómplices mimetizados en la legalidad, quedaran frustrados. La idea de una “convergencia y Acuerdo Nacional” con fuerzas políticas y sociales para “crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno”, fracasó. Ocurrió lo mismo con el objetivo de que se eligiera en 2010 un nuevo “gobierno cuya divisa en política internacional sea la patria Grande y el Socialismo”, es decir, un satélite de Hugo Chávez.
La razón es que los candidatos presidenciales con mayor opción coinciden en que se debe mantener la dureza frente al terrorismo. A diferencia del pasado, en el que las campañas compitieron en dádivas y concesiones a las guerrillas, ahora es difícil distinguir quien es más vertical contra el crimen. Juan Manuel Santos ha sido el principal látigo y quien más resultados muestra en el combate a la guerrilla. Por su parte, Antanas Mockus ha dicho que “no hay nada que negociar con las Farc” y una de sus banderas es la “legalidad democrática”.
Ambos, Mockus y Santos, proscriben la violencia como método de acción política, de ahí, que juntos rechacen, al lado del PIN, al Polo Democrático, que difunde un discurso justificativo de la violencia y mantiene en su seno al Partido Comunista Colombiano, agrupación que sigue enarbolando la táctica y estrategia de la “combinación de todas las formas de lucha”, legales e ilegales.
Así, pues, Cano y compañía terminarán extrañando a Uribe. ¡Así es la vida, camaradas! Lo mejor que les podía pasar era su reelección. Tenían discurso para impugnarlo. Ahora, la cosa es a otro y más gravoso precio. Las próximas elecciones presidenciales prometen un fuerte liderazgo y una revolución ciudadana en las urnas, que se traducirá en mayor aislamiento de la guerrilla y en continuidad de la política de firmeza contra el terrorismo. Al final, todo no es más que una prueba de la estrategia fallida de las Farc.
*Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
www.politicayseguridad.blogspot.com
jueves, 8 de abril de 2010
INTERCAMBIO HUMANITARIO
Por ROMÁN ORTIZ
EL TIEMPO
La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.
Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.
En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.
Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.
* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius
EL TIEMPO
La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.
Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.
En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.
Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.
* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius
INTERCAMBIO HUMANITARIO
- Por ROMÁN ORTIZ -
EL TIEMPO
La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.
Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.
En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.
Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.
* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius
jueves, 1 de abril de 2010
DEBATE: ACUERDO HUMANITARIO
En Hora 20 de Caracol Radio, respecto a la demanda de las Farc de un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados por ese grupo:
“Aquí lo que ha colocado las Farc son condiciones para perpetuar el secuestro. Lo humanitario es no ceder al acuerdo humanitario en las condiciones de las Farc, sino defender la libertad de los millones de colombianos que pueden ser víctimas de secuestro”.
Rafael Guarín.
Debate del 30 de marzo de 2010
Se puede escuchar en: http://www.caracol.com.co/programa.aspx?id=130992&au=981876
Participantes: Juan Carlos Flórez, Juan Manuel Acevedo, Jorge Bustamante, Rafael Guarín
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